Bibliografía de referencia
II. La protesta social como una cuestión de “seguridad”
La primera gran demostración de fuerza del incipiente movimiento piquetero fue contundente. El primer gran “corte de ruta” se produjo entre el 20 y el 26 de junio de 1996 en las localidades petroleras de Cutral Có y Pla- za Huincul, en la provincia de Neuquén, y fue prota- gonizado por un heterogéneo grupo de manifestantes, integrado por profesionales, jóvenes y opositores al go- bierno provincial. La movilización de la Gendarmería ordenada por el Ministro del Interior, Carlos Corach, sólo logró radicalizar la protesta; la jueza intervinien- te, Margarita Gudiño de Argüelles, calificó al conflicto como “sedición (. . .). Es un levantamiento contra el go- bierno provincial” (La Mañana del Sur, 26/6/1996; cit. en Klachko, 2002: 184), y dispuso el retiro de los efectivos mientras se producían incidentes que concluían con va- rios heridos. El levantamiento del piquete se concretó tras una negociación con el gobernador Sapag y la in- tervención del gobierno nacional mediante el envío de alimentos (Página/12, 27/6/1996). Pocos días después, el presidente Menem le solicitó al Secretario de Inteli- gencia del Estado, Hugo Anzorreguy, la investigación del “estado de ánimo social” de las regiones más po- bres del país, al tiempo que ordenaba “poner en acción a los organismos de seguridad para detectar posibles
9El United States Southern Command (ussouthcom) es el organismo responsable de las operaciones militares norteamericanas en Sudamérica y América Central.
focos, y poner en marcha planes de emergencia en esos lugares” (Página/12, 4/7/1996).
Cutral Có y Plaza Huincul dejaron varias lecciones para el gobierno: entre ellas, que los tiempos de relati- va pasividad social se habían terminado, que la capa- cidad represiva de las fuerzas de seguridad y policia- les podía ser desbordada, y que las características de la protesta permitían “criminalizarla”, esto es, calificarla –y perseguirla– penalmente (cels, 2003).
El segundo gran corte de ruta se produjo nuevamen- te en Cutral Có, el 9 de abril de 1997, protagonizado por gremios docentes y estatales nucleados en la Central de los Trabajadores Argentinos, pero esta vez el conflicto tuvo un tono más opositor que el del año anterior. El juez Oscar Temi decidió no negociar y ordenó a la Gen- darmería y a la Policía provincial el despeje de las rutas, lo que provocó duros enfrentamientos que culminaron con la muerte de Teresa Rodríguez y con numerosos he- ridos y detenidos (Svampa y Pereyra, 2003). Retiradas las fuerzas de seguridad para “evitar una masacre” (La Mañana del Sur, 13/4/1997; cit. en Klachko, 2002: 190), el conflicto sólo pudo ser apaciguado con la intervención del gobierno nacional, y la promesa de fondos, subsi- dios y puestos de trabajo.
Este desborde de la protesta provocó una dura reac- ción del gobierno. El día 16, Menem calificó a los hechos de Neuquén como “un rearme subversivo de izquier- da (. . .) una gimnasia presubversiva que está en estado de germinación” (La Nación, 16/4/1997), mientras dis- tintos “informes de inteligencia” señalaban la responsa- bilidad de las organizaciones Quebracho y Patria Libre (La Nación, 16/4/1997). Pocos días después, sin embar- go, los funcionarios debieron moderar sus propios des- bordes: Corach sostenía que “es cierto que en la Argen- tina la palabra subversión tiene una connotación espe- cial. Pero yo le pregunto: ¿Qué quiere decir subversión? Alterar el orden en un Estado de derecho. ¿Cómo se lla- ma cuando grupos organizados agreden a las fuerzas de seguridad con armas de fuego, bombas molotov, sa- queos de comercios, comisarías tomadas e incendiadas, cortes de ruta nacionales, atemorización de la población civil?” (La Nación, 19/4/1997).
Durante el mes de mayo se produjeron nuevos cor- tes de ruta en las localidades de Tartagal y moscón, en la provincia de Salta, protagonizados por una multitud que incluía desde trabajadores desocupados hasta diri- gentes políticos y empresariales locales. En esta opor- tunidad, la intervención del obispo de Orán impidió la represión de Gendarmería y el corte fue levantado el día 15 (Svampa y Pereyra, 2003). La “solución pacífica” alcanzada en Salta fue aprovechada tanto por Corach, que sostenía que desde el gobierno ya no se hablaba de “subversión”, como por Menem, que aclaraba que “na-
die habló de subversión, hablamos de gimnasia presub- versiva” (La Nación, 16/5/1997).
Más allá de estas “discrepancias semánticas” resulta- ba evidente que la protesta social había irrumpido en la agenda de la seguridad, y que en la dirigencia políti- ca argentina comenzaba a predominar una mirada “du- ra” sobre la protesta. La misma, originada en la concep- ción autoritaria y conservadora de la política que per- meaba a la dirigencia política tradicional se expresaba en una tendencia a “criminalizar” la protesta social y en una sugerente “militarización” de los términos que eran empleados para conceptualizarla –“conspiración”, “subversión”, “sabotaje”, etc.–, característicos de la dsn. Esta unificación entre “criminalización” y “militariza- ción” alentaba una peligrosa confusión entre la seguri- dad interior –el ámbito del “crimen”, los conflictos na- cionales y las fuerzas de seguridad y policiales– y la se- guridad exterior –ámbito de la “guerra”, los conflictos interestatales y las fuerzas militares– (Lutterbeck, 2004), confusión que signaba las controversias que venían ges- tándose alrededor del involucramiento de las Fuerzas Armadas en seguridad interior desde hacía ya tiempo. En julio, y a pesar de la “solución pacífica” alcanzada en Salta en mayo, se produjo un contundente avance de los partidarios de la “militarización” de la seguridad in- terior. La Secretaría de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, en manos de Jorge Pereyra de Olazábal, dis- tribuyó entre los Jefes de Estado Mayor el plan “Siste- ma de Seguridad Común” de las Fuerzas Armadas del mercosur, que incluía un mecanismo para “determinar, prevenir y desalentar (. . .) procesos de desestabilización social, cultural y/o política de los estados parte” (Cla- rín, 28/7/1997). El proyecto proponía la participación de las Fuerzas Armadas en la detección y el control de “infiltración de actividades ilegales y estallidos de vio- lencia por incidencia de distintos factores (indigenismo, factor campesino, subversión, terrorismo, narcotráfico, etc.)” (Clarín, 28/7/1997). Los funcionarios de Defen- sa no sólo desafiaban a las Leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, sino que además emparenta- ban peligrosamente a fenómenos tan disímiles como el “indigenismo”, la “subversión” y el “terrorismo”, inten- tando convertirlos en hipótesis de trabajo de las Fuerzas Armadas.
La oposición partidaria y parlamentaria reaccionó fir- memente, calificando al proyecto como una nueva ver- sión de la dsn, violatoria del marco legal existente. El Frente por un País Solidario (frepaso) sostenía que “el papel de las Fuerzas Armadas no es el de reprimir des- órdenes interiores para lo cual no están preparadas, sino asegurar la defensa nacional”, y el radicalismo pro- ponía a otros partidos de los países miembros del mer- cosur la adopción de una “posición común frente a
10Sain (2001) define al “consenso básico en materia de defensa y seguridad” como un “abarcativo consenso político mayoritario en favor de la no-intervención castrense regular en los asuntos de la seguridad interior, excepto en ciertas circunstancias especiales y excepcionales legal e institucionalmente admitidas, tal como quedó plasmado en la ley 23.554 de Defensa Nacional y en la ley 24.059 de Seguridad Interior, promulgadas en 1988 y 1992 respectivamente”.
cualquier intento de imponer una nueva versión de la Doctrina de Seguridad Nacional” (Clarín, 29/7/1997). Esta reactivación del “consenso básico en materia de de- fensa y seguridad”10(Sain, 2001) obligó al Ministro de Defensa Domínguez a afirmar que el proyecto era sola- mente un análisis “teórico” (Clarín, 29/7/1997).