SERGIO DÍAZ RICCI*
Las constituciones, como dice, Konrad Hesse, se prueban en los momentos de tensión 1 no en los de bonanza y calma. Precisamente, los
hechos políticos de 2001 pusieron a prueba, por primera vez, el orden constitucional alcanzado en 1983 y reafirmado en 1994 2.
En efecto, si un texto constitucional debe apoyarse sobre una reali- dad “constitucional” material, en nuestro país podemos observar cómo en situaciones de profunda crisis política emerge, como piedra basáltica, el sustrato federal de nuestro sistema político, con aparición de las provin- cias como protagonistas principales.
La “crisis de 2001” implicó una importante cuestión de legitimidad. Pues a la par que se expresaba en la frase “que se vayan todos”, los ciudadanos exhibían en sus manos el texto de la Constitución Nacional como una manera de señalar dos cosas: por un lado, que se respeten sus derechos (el derecho de propiedad de aquellos afectados en sus depósi- tos bancarios), pero, por otro lado, que no se interpretara la protesta como una añoranza al régimen autoritario concluido en 1983.
Pero “el desprestigio de la política -acertadamente reflexiona Diego Valadés- tiene un doble efecto en cuanto a la legitimidad: por una parte, los ciudadanos comienzan a ver con recelo a todos aquellos que aspiran a representarlos, y en lugar de apreciarlos por sus mé-
ritos políticos, los valoran justamente por lo contrario, por carecer
de las máculas que trae consigo el ejercicio de la política. Así -con-
tinúa el profesor mejicano describiendo una realidad que refleja nuestra crisis de 2001- acaba atribuyéndose honestidad al inexperto, simple- mente por no haber tenido contacto con el quehacer político. Esto lleva a algunas sociedades a aceptar proposiciones de manifiesta irresponsabilidad y demagogia como las más adecuadas para solu-
cionar los problemas generados por los políticos” 3.
Adelantamos desde ya nuestra hipótesis: las provincias a través de un grupo de gobernadores mantuvo la institucionalidad constitucional, de- bilitada por un proceso que culminó con la renuncia del presidente De la Rúa. Lo que vino después, es historia conocida, no vale la pena repasarla, salvo señalar la manía autoflagelante de hablar de los cinco presidentes cuando en realidad sólo hubo uno más en la lista 4.
Para trazar el cuadro histórico donde se desarrolla la escena debe- mos retrotraer el tiempo un par de años antes de la crisis de 2001. La asunción de De la Rúa (radical) como presidente electo en 1999 tuvo como contrapunto el acceso a la gobernación en numerosas provincias del partido opositor (justicialista).
1 Conf. Konrad HESSE, Escritos de derecho constitucional, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1983, pág. 61 y ss.
2 Vid. Sergio DÍAZ RICCI, “La reforma de 1994 como restitución del poder consti-
tuyente” (art. 30), en A diez años de la reforma constitucional, Buenos Aires, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, 2005, págs. 375-389.
3 Vid. Diego V
ALADES, Problemas constitucionales del Estado de derecho, Méxi-
co, UNAM, 2002, pág. 47.
4 Es incorrecto hablar de “cinco presidentes” porque los interinatos de Puerta
(por tres días, del 20 al 23 de diciembre 2001) y de Eduardo Camaño (dos días: 30-31 de diciembre de 2001) lo hicieron, respectivamente -en aplicación de la Ley de Acefalía-, no como “Presidente de la Nación” sino “transitoriamente” “en el ejercicio del Poder Ejecu- tivo Nacional”, tal como lo establecen expresamente los arts. 6º y 1º de la Ley 20.972. El senador Puerta, en su condición de presidente provisional del Senado de la Nación se hizo cargo del PEN, y luego Camaño en su calidad de diputado y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación asumió el interinato que marca la ley por las renuncias del presidente Rodríguez Saa y del senador Puerta como presidente provisional del Senado, por ser la segunda autoridad por ley. En ningún caso éstos pueden permanecer más de 96 horas en ejercicio del PEN. En suma, si hubo una singularidad, fue la breve duración de Rodríguez Saa como presidente de la Nación, ocho días.
Las dificultades financieras que se avecinaban a mediados de 2000 llevaron a un grupo de gobernadores justicialistas a que, de manera casi espontánea, comenzaran a reunirse con cierta habitualidad en la sede del Consejo Federal de Inversiones (en adelante, CFI) en calle San Martín y Tres Sargentos.
De entre todos los gobernadores hubo un grupo que empezó a iden- tificarse como “Liga Federal”. Nombre emblemático si los hay. Este gru- po estuvo integrado por los gobernadores de la provincias de Buenos Aires (Ruckauf), Córdoba (De la Sota), Santa Fe (Reutemann), Salta (Romero), Santa Cruz (Kirchner), San Luis (Adolfo Rodríguez Saa), La Pampa (Marín), Santiago del Estero, La Rioja (Mazza), Tierra del Fue- go (Manfredotti), Jujuy (Fellner), Formosa (Bogado), Misiones (Rovira) y Tucumán (Miranda). En total 14 provincias. Un número que guarda asombrosa similitud cabalística con las 14 provincias históricas que die- ron nacimiento a la Argentina en 1853, claro que en este caso había cuatro provincias nuevas. De entre este grupo se podían distinguir tres situaciones diferentes: por un lado, las 3 provincias grandes con serios problemas de financiamiento; por otro lado, provincias que por contar con regalías petroleras tenían una situación más holgada, como Salta, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, o el caso especial de Santiago del Estero; y finalmente, provincias en grave situación financiera como Tucumán, Jujuy, Formosa y Misiones. Todas provincias de signo político opuesto al gobierno nacional.
La problemática común llevó a que los gobernadores empezaran a reunirse casi mensualmente, lo que llevó a que consolidar un grupo que se identificó como “Liga Federal”. A dichas reuniones también solían su- marse algunos diputados y senadores nacionales de dichas provincias. Se llevaron a cabo más de treinta reuniones, la mayoría en el CFI pero algu- nas otras en las casas de la provincia de Salta, de Tucumán o de San Luis en la Capital Federal. Sorprendentemente, las decisiones se tomaban por provincia en igualdad de posiciones. Tal fue el grado de organicidad al- canzado que se nombró un coordinador: al entonces diputado nacional, Ramón Puerta (ex gobernador de Misiones). En diciembre de 2001 asu- me como senador nacional por dicha provincia.
Muchos acontecimientos previos a la caída de De la Rúa, provoca- ron un posicionamiento crítico de este grupo de gobernadores. Podemos decir que esto comenzó al inicio de 2001. Uno de ellos fue el nombra- miento de López Murphy como ministro de Economía, que anunciaba una
serie de medidas económicas que impactaban sobre las ya frágiles eco- nomías provinciales. El endeudamiento del sector público ascendía a 150 mil millones de U$S, de los cuales únicamente 28 mil millones correspon- dían a las provincias y, dentro de éstas, sólo la provincia de Buenos Aires adeudaba ¡¡20.000 millones !!
Como hecho anecdótico, en oportunidad de que el presidente De la Rúa se encontraba de visita oficial en Chile, mientras se celebraba una reunión de gobernadores, ante fuertes versiones de cambio del ministro de Economía, el presidente ratificaba por televisión a López Murphy como ministro de Economía de la Nación. En ese preciso momento, el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, recibió una llamada telefóni- ca de alguien que le anunciaba que iba a ser el futuro ministro de Econo- mía: Domingo Cavallo.
El futuro ministro de Economía, pedía una urgente reunión con los 14 gobernadores, porque pretendía que antes de asumir sean aprobados los “superpoderes”. Esta reunión se llevó a cabo en la Casa de Salta. En dicha reunión se viabilizaron los superpoderes, pero a iniciativa del gober- nador De la Sota de Córdoba se incorporaron dos artículos de resguardo. Transcurría entonces el mes de abril de 2001.
A principios de octubre de 2000 se produce la inefable renuncia de Carlos “Chacho” Alvarez como vicepresidente de la Nación. Esto provo- có una reunión de urgencia en la Casa de Tucumán de calle Suipacha 140 de la Capital Federal, donde participaron los gobernadores más los sena- dores nacionales de signo peronista para deliberar sobre el presidente provisional del Senado, a quien correspondía ser el sustituto legal ante la ausencia del presidente de la Nación, que en este caso adquiría importan- cia institucional porque quien era el sucesor constitucional, el vicepresi- dente, estaba vacante el cargo por la renuncia de Carlos Alvarez. Enton- ces en esa reunión se presentaron dos posturas. Una se inclinaba por mantener la tradición de que el presidente provisional del Senado sea del mismo signo político del presidente, pues por falta de vicepresidente, éste es su sustituto legal. En cambio, otra posición, presentada por la entonces diputada por Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner, propuso como presidente provisional a Ramón Puerta, que a la sazón había sido elegido senador por Misiones. Esta última postura fue la que primó y se concretó en diciembre de 2001.
Las medidas económicas adoptadas por el ministro de Economía, Cavallo, a principios de diciembre de 2001, motivaron que se convocase a
una reunión urgente de la “Liga Federal” en Iguazú, a la que fue convo- cado de urgencia el jefe de Gabinete, Cristian Colombo. Hasta allí se desplazó presto el jefe de Gabinete a quien se le propuso un plan de 14 puntos, manifestándosele el apoyo para que asumiese como ministro de Economía. El acuerdo debía ser aceptado por el presidente De la Rúa, para lo cual se programó una reunión en la Jefatura de Gabinete acor- dándose la asistencia del presidente De la Rúa a fin de recibir la propuesta de los gobernadores. Pero a dicha reunión, que tuvo lugar el martes 11 de di- ciembre, concurrió el presidente De la Rúa acompañado del ministro de Eco- nomía Cavallo, lo que fue interpretado como rechazo al proyecto de cambio. Lo que ocurrió después son hechos conocidos: las marchas violentas en Buenos Aires, saqueos de supermercados, intento de ocupación e in- cendio del Senado de la Nación. Imágenes que aún quedan grabadas en las pupilas azoradas de quienes luchamos por la democracia.
Para el 20 de diciembre se había previsto de antemano una reunión de los gobernadores del grupo federal en Merlo, provincia de San Luis, por invitación del gobernador Adolfo Rodríguez Saa para la inauguración de un hotel de alta categoría. Desde allí los gobernadores siguieron los acontecimientos en Buenos Aires y en sus respectivas provincias. La decisión de De la Rúa de renunciar a la presidencia llevó a que acordara realizarse una reunión al día siguiente en Buenos Aires, ya que se debía tomar la decisión de elegir al sucesor de De la Rúa, en aplicación de la Ley de Acefalía (ley 20.972/75).
La reunión tuvo lugar en el CFI con la asistencia de los 14 goberna- dores. Aquí se produjo una división de opiniones, por un lado, las tres provincias grandes sostenían la postura de que el reemplazante debía com- pletar el mandato del presidente saliente, mientras que las 11 restantes entendían que el reemplazo debía ser de 60 días. Finalmente se impuso esta última decisión y, a propuesta del gobernador Romero de Salta, se ofreció el cargo al gobernador Adolfo Rodríguez Saa, quien aceptó asu- mir como presidente de la Nación.
Los gobernadores tenían la capacidad de reconstruir el poder político por cuanto aseguraban un número suficiente de votos de sus respectivos senadores y diputados en la Asamblea Legislativa que, por ley de acefalía, debe elegir al presidente que completara el mandato del renunciante De la Rúa, pues, por estar vacante el vicepresidente, por la renuncia de Alvarez año y medio atrás, correspondía elegir un presidente de la Nación.
Fue en este marco que resultó electo presidente Adolfo Rodríguez Saa. Sin embargo, a partir de este momento la cohesión del grupo de gobernadores se fue debilitando, un poco por tener que atender los pro- blemas en sus respectivas provincias, otro poco porque Rodríguez Saa empezó a dar muestras de que no tenía intenciones de cumplir con el plazo de interregno con que se le había condicionado.
Esto llevó a que el gobernador de Buenos Aires, Ruckauf, buscase una alternativa política a través de acuerdos con Alfonsín y el Frepaso, para la candidatura de Duhalde, entonces senador nacional por Buenos Aires, con un plazo de dos años. En este marco se llevó a cabo la convo- catoria a los gobernadores, que hizo Rodríguez Saa a Chapadmalal, que un poco por desagrado de los gobernadores ante el intento de perpetua- ción de Rodríguez Saa, otro poco por un mal tiempo que impedía el viaje en avión a Mar del Plata, se produce la ausencia de los gobernadores a dicha reunión y la sorpresiva renuncia de Rodríguez Saa a la presidencia el 30 de diciembre de 2001 a días de haber asumido.
Estos hechos precipitaron una urgente reunión de los gobernadores de la Liga Federal en Buenos Aires (en Hotel Conte de Av. 9 de Julio al 100), donde se plantearon, nuevamente, dos posiciones, por un lado las 11 provincias chicas más Córdoba ofrecieron la presidencia a Carlos Reutemann, gobernador de Santa Fe, y por el otro, Buenos Aires, con la postulación de Duhalde. Ante la declinación de Reutemann, quedó expe- dita la candidatura de Eduardo Duhalde como reemplazante de De la Rúa, por el mandato que restaba cumplir. La Asamblea Legislativa eligió al senador por la provincia de Buenos Aires, el 1° de enero de 2002.
Aquí vemos emerger, en momentos de reconstrucción del poder po- lítico de la Nación, como piedra basáltica sobre la que se apoyan las masas continentales, la figura de los gobernadores como representantes de las provincias, apoyados en los diputados y senadores nacionales. Esto se dio en el marco institucional del Congreso Nacional desde donde se reconstituyó el poder político en el país en un momento crítico de su histo- ria como fueron aquellos posteriores a Caseros, o a Pavón. De este modo estamos convencidos que en momentos de crisis política hace aparición la sustancia federal de nuestro sistema político sobre la que se apoya nuestra institucionalidad constitucional la que, sin embargo, se encuentra distorsionada por una dialéctica desgastante de leyes y normas naciona- les, muchas de las cuales subsisten de los gobiernos centralistas militares, que apuntan en un sentido unitario.
Como prueba irrefutable de nuestra tesis de gran actualidad es el resultado de las elecciones del 28 de junio de 2009 desfavorables al poder nacional. Aunque se trataron de elecciones parlamentarias nacio- nales que no involucraban elección de gobernadores provinciales, sin embargo, éstos comenzaron a tener protagonismo en planteos centra- dos en los recursos fiscales nacionales sobre los que las provincias no tienen participación (retenciones a las exportaciones e importaciones, impuesto al cheque, etc.).
LOS MODELOS HISTÓRICOS Y LA ARQUITECTURA