Las conferencias de consenso

Éstas se desarrollaron principalmente en Dinamarca, aunque se han realizado también experiencias en Gran Bretaña, y su uso ha girado en torno a temas científicos. El reclutamiento de los participantes (10-20) se realiza mediante anuncios en los medios de comunicación y su desarrollo incluye dos fines de semana preparatorios y 3 ó 4 días finales de trabajo, durante los cuales se escucha a expertos previamente seleccionados. El grupo ayudado por un moderador externo, deberá finalmente alcanzar un consenso sobre el tema discutido, que se presenta el último día en conferencia de prensa.128

La experiencia de los mecanismos de participación, parte en su mayoría por la vocación de permanencia que realizan un reflejo puntual sobre criterios distintos, formados por personas que tienen intereses compartidos, donde la celebración de sus diálogos abiertos a ciudadanos y/o asociaciones son tendientes a elaborar conclusiones que informen y sirvan para reorientar la temática en concreto; y así, por este medio, logran prestar atención a grupos que carecen de voz o cuentan con un porcentaje minoritario. Sin embargo, la diversidad en la organización y su funcionamiento, así como la falta de estudios críticos y en profundidad de los temas que se discuten, pueden provocar que quede mucho por saber sobre su capacidad real de controversia o necesidad y también como mecanismo de diálogo entre ciudadanos y gobierno.

127. Ibíd.

128. FONT, Joan; “Participación ciudadana: una panorámica de nuevos mecanismos participativos”; en: Papers de la Fundación Rafaek Campalans, núm. 128; Fundació Rafael Campalans, Barcelona, 2001.

142 4.3 Suecia

En Suecia, durante muchos años no se supo distinguir entre democracia y parlamentarismo, y toda discusión sobre el concepto de democracia era un tabú. Hoy en día están cambiando las cosas, de 1967 a 1979 aproximadamente, se desarrolla el debate participativo siguiendo dos vías diferentes: el del activismo contestatario y el de los experimentos de formas de diálogo legitimador del parlamentarismo, organizado por iniciativa de los responsables municipales. Desde comienzos de los años setentas, aparecen principalmente en Suecia y Dinamarca toda una serie de modelos participativos, unas veces ceñidos a un proyecto o plan concreto, pero en algunos casos como una forma de trabajo extensiva a toda gestión municipal que implique un diseño del futuro de la comunidad. La mayor parte de los proyectos se refieren a la planificación física de nuevas zonas de viviendas, a la preservación de zonas extraurbanas, siendo un tema muy frecuentado la discusión en torno a las nuevas vías de comunicación. Cuestiones que afectan el tráfico y carreteras, parecen ser más apropiadas para el debate público que otros asuntos más intrincados.

La participación ciudadana no se conforma con la elaboración de una información unidireccional, ni con la mera exhibición de planes ya elaborados y a punto de aprobarse (eso ya era costumbre desde la legislación urbanística anterior a 1960). Se trata de abrir un diálogo en dos direcciones: una que dé posibilidad a los ciudadanos de comprender más a fondo las intenciones inspiradoras de la gestión municipal y sus planes, los detalles de la situación y los problemas que plantea la realización del plan; la otra consistente en organizar la recogida de opiniones enraizadas en la vida y los lugares cotidianos y de datos concretos de la situación afectada por el plan, que normalmente son ignorados o desatendidos por los expertos.

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El sistema sueco de los años setentas, era un sistema que puede calificarse de corporativo. La única manera de ejercer presión e influencia en cuestiones políticas concretas es a través de las organizaciones y sus representantes (asociaciones de inquilinos, de propietarios, de jubilados, de minusválidos, de empleados, deportivas, de actividades culturales, etcétera). Presentan estas organizaciones un alto nivel de burocratización y su democracia interna es puramente formal. También los partidos funcionan como una especie de corporaciones. Entre las organizaciones políticas y las de otra índole existe toda una maraña de alianzas ideológicas y personales. El texto de la ley municipal (hoy vigente), en concordancia con la tradición, desconoce todavía a los partidos, considerados como organizaciones puramente preelectorales de los grupos de opinión. En 1969, en contradicción con la ley municipal, se legalizó el parlamento, y el apoyo económico a las actividades de los partidos tuvo cargo al presupuesto municipal.129

El formato más común es el de un consejo o comisión que cuenta generalmente con algún tipo de representación municipal y con los representantes de colectivos definidos, sea por intereses sectoriales o por criterio territorial. Estos consejos pretenden tener un carácter de mecanismo estable, con una determinada composición y periodicidad de las reuniones y atribuciones muy cambiantes según los casos, pudiendo oscilar desde consejos asamblearios y poco formalizados que organizan actividades propias, hasta grupos básicamente con funciones consultivas para las autoridades municipales, o hasta consejos que realizan el seguimiento y evaluación de políticas concretas.

La principal distinción que es preciso establecer en este grupo de instrumentos es la que los divide según las comunidades a representar, sean éstas territoriales o sectoriales. Es decir, que vengan definidas por el hecho de compartir residencia en un determinado

129. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile; Participación Ciudadana en la Gestión Pública y su vínculo con las asociaciones: Argentina, España, Estados Unidos y México; Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones; Santiago de Chile, 2004.

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territorio, o por el hecho de compartir intereses debido a su pertenencia a un colectivo concreto o a su interés por determinada temática. En la mayoría de los países occidentales se ha desarrollado algún tipo de consejos territoriales en las grandes ciudades; en Suecia, sus miembros son designados por los partidos, en proporción a su peso electoral en el municipio.

Con los mecanismos deliberativos se pone énfasis en la capacidad de reflexión y de diálogo de los ciudadanos comunes. Este conjunto de instrumentos intenta combatir prioritariamente las dudas sobre la capacidad de los ciudadanos de intervenir en la toma de decisiones. Si el ciudadano medio no está generalmente lo bastante informado para decidir y para pensar globalmente, estos mecanismos pretenden darle la información, el entorno y el tiempo necesario para permitir que ello deje de ser cierto, y que este ciudadano pueda participar aportando sus necesidades y su sentido común, pero también aquellos conocimientos con los que no cuenta normalmente.

En este grupo de instrumentos podemos distinguir también dos grandes tipos de métodos. El primero de ellos se basa únicamente en la busca de la información y la deliberación ciudadana, mientras que en el segundo se quiere combinar con la réplica a otro de los argumentos limitadores de la participación, a través de una selección de los participantes que los convierta en una muestra representativa de la sociedad. En el primer grupo podemos destacar los círculos de estudio, foros temáticos, visiones de la comunidad y las conferencias de consenso. Los círculos de estudio tienen una larga tradición de funcionamiento en Suecia, y consisten en grupos de gente que se reúnen regularmente para discutir temas o libros concretos. Estos grupos se forman generalmente alrededor de

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organizaciones como iglesias, sindicatos o asociaciones y en algunos casos los participantes han recibido compensación por los gastos que les supone la participación.130

4.4 Canadá

El sistema político canadiense con su tradición británica, coloca a la noción de representación política en un lugar privilegiado. El parlamentarismo y la función de los legisladores asumen un papel casi mítico en la legitimación de las instituciones políticas canadienses, flexibilidad con la que se puede hacer uso de elecciones generales por vía de la moción de censura votada por el Parlamento, o por la de disolución de la Legislatura decretada por el gobierno, transforma muchas veces las contiendas electorales en consultas populares en torno a una cuestión específica. Por ejemplo, las elecciones de 1988 fueron realizadas explícitamente en torno a la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, muchas veces en la historia canadiense hubo voces que llamaron al uso de instrumentos de consulta directa. Tres veces el gobierno federal sometió iniciativas políticas a consulta nacional. Las diez provincias también hicieron uso del referéndum para consultar la aprobación de cambios legislativos, y a nivel local el mecanismo se ha utilizado con más frecuencia.131

Los tres referéndums que tuvieron lugar a nivel nacional se destacaron por su índole excepcional: ante situaciones calificadas como urgentes, los gobiernos recurrieron al plebiscito de manera ad hoc. No fue sino hasta 1992 cuando el gobierno federal adoptó una ley permanente sobre las consultas directas, aún cuando su contenido estipula que será sometida a revisión.

130. ZICCARDI, Alicia (coord.); Participación ciudadana y políticas sociales de ámbito local; Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Desarrollo Social, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales; México, 2004. Vínculo:

http://ru.iis.sociales.unam.mx/dspace/bitstream/IIS/4420/1/Participacion%20ciudadana%20y%20politicas%20sociales%20 en%20el%20ambito%20local.pdf

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En 1898, el gobierno de Sir Wilfrid Laurier, para cumplir con una promesa electoral, promulgó el Acta del Plebiscito sobre la Prohibición. Esta ley adaptó las disposiciones generales de la Ley Electoral del Canadá. La votación a nivel nacional, en la cual participó 45% del electorado, arrojó un saldo de apenas 51% a favor de la medida. Las provincias angloparlantes aprobaron la propuesta con más de 60%, mientras que Québec la rechazó con más de 80%. Ante tal situación, el gobierno federal prefirió la inacción y transfirió el problema a los gobiernos provinciales.

En 1942, el primer ministro Mackenzie King llamó a referéndum para liberar a su gobierno de la promesa electoral de no usar la conscripción para llevar tropas canadienses a combatir a ultramar. La Ley de Plebiscito del Dominio se votó ese mismo año con carácter especial y único. Otra vez, los resultados expresaron la diversidad cultural del Canadá: en las provincias angloparlantes el voto a favor de la medida fue de 4 por 1, mientras que en Quebec fue exactamente lo contrario.

En 1992, los acuerdos constitucionales de Charlottetown entre el gobierno federal, los gobiernos provinciales y los representantes de las naciones indígenas fueron sometidos a la aprobación de la ciudadanía canadiense en su conjunto. Los plazos estuvieron definidos por la existencia previa de un emplazamiento a referéndum provincial en Quebec para octubre de 1992, a más tardar. El gobierno federal del primer ministro Mulroney votó la Ley de Referéndum de 1992; el 26 de octubre de ese año, el electorado canadiense votó la propuesta del gobierno federal mientras que los quebequenses se pronunciaron por separado sobre la misma propuesta que, al final fue rechazada por 54.2 por ciento de los votantes. Una vez más, se manifestaron las peculiaridades regionales: cuatro provincias votaron a favor y seis en contra: de las seis que estuvieron en contra, una lo hizo porque el nuevo arreglo constitucional no le otorgaba suficientes poderes (Quebec) y las otras porque

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estimaron que el acuerdo concedía demasiados poderes a dicha provincia. No se implantó la reforma constitucional y fue el inicio del fin para el gobierno de Mulroney.132

La Ley de Referéndum de 1992 contempla los aspectos siguientes:

a) El gobierno puede llamar a plebiscito sobre los aspectos constitucionales que le parecen pertinentes. La propuesta puede contener una o varias preguntas. La consulta puede aplicarse al conjunto del territorio nacional o al número de provincias que decida el gobierno.

b) La pregunta es formulada por el Ejecutivo, pero debe ser aprobada por las instancias legislativas que tienen, por supuesto, la facultad de enmendarla.

c) La consulta popular no puede coincidir con una elección general. Tampoco puede realizarse más de 45 días después de su anuncio.

d) Los partidarios de cada opción tienen que formar comités registrados cuando planean gastar más de 5,000 dólares en la campaña. En ese caso, tienen que declarar sus ingresos y gastos. Los contribuyentes que aporten más de 250 dólares deben aparecer en la declaración. Existe un límite de gasto para los comités, el cual está determinado en función del número de inscritos en las listas de los distritos en los cuales operan.

e) Hay tiempo gratuito en los medios de comunicación electrónicos, el cual se distribuye de manera equivalente entre los partidarios de ambas opciones. La repartición del tiempo está a cargo de un árbitro de la teledifusión, nombrado por el gobierno.133

El estudio de la aplicación de mecanismos de consulta directa en Canadá no está completo si no se comenta la Ley de Referéndum de la Provincia de Quebec de 1978. Elaborada para la votación sobre el futuro constitucional de la provincia de 1980, esta Ley es

132. Ibíd.

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la más completa en la materia. Se inspira en varios aspectos, en la ley plebiscitaria promulgada en Gran Bretaña para el referéndum de 1975. Sus principales elementos son:

a) El proceso plebiscitario está controlado por un Consejo del Plebiscito, el cual es el encargado de evaluar los aspectos técnicos de la propuesta gubernamental y de vigilar el buen desarrollo de las campañas.

b) El Poder Ejecutivo formula la pregunta del plebiscito, pero ésta debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, la cual tiene la facultad de proponer enmiendas.

c) Los defensores de ambas opciones deben agruparse en dos comités, los cuales concentran a los partidarios de las opciones encontradas.

d) Los gastos totales para promover ambas opciones están sometidos a los límites mencionados anteriormente.134

Por tanto tienen otro mecanismo de participación que son las elecciones; y existen tres niveles de gobierno donde los canadienses pueden votar en elecciones democráticas:

- Municipal (villa, pueblo o ciudad)

- Provincial o territorial (provincia o territorio) - Federal (nacional)135