Predominio socialista en la Comisión que elaboró el proyecto. – Cómo se preparó éste. – Debate sobre la totalidad. – España, república de trabajadores de todas clases. – Discusión en torno al carácter federal de la República. – Interpelación de Alba sobre la situación económica. – La autonomía de las regiones. – Largo Caballero recaba para el Estado plena autoridad en la legislación del trabajo. – Durante la discusión, dimitieron Prieto, Alcalá Zamora y Jiménez de Asúa, pero continuaron en sus puestos. – Debate en torno al artículo 26, referente a la cuestión religiosa. – Alcalá Zamora anuncia que si prevalece el artículo, levantará bandera de revisión de la Constitución. – Azaña proclama que España ha dejado de ser católica. – El artículo es aprobado por 175 votos contra 59.
Fracasado el intento de la Comisión de juristas, designada para elaborar un anteproyecto de constitución, se transfirió el encargo a una Comisión parlamentaria (179), la cual, inmediatamente, se consagró al
trabajo. La presidía Luis Jiménez de Asúa, penalista de renombre y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Pertenecía al ala izquierda del partido socialista. Era un científico de la revolución, sembrador desde la cátedra y del libro de ideas de destrucción y de indisciplina. Admiraba el régimen soviético como resumen de una evolución social ascendente, y defendía la dictadura comunista por ser necesaria para afianzar las conquistas revolucionarias. Admitía el terror como una etapa natural política, y afirmaba «que los fusilamientos y depuraciones de la checa sólo eran eliminatorios y no sancionadores». «El
179 La Comisión quedó formada así: Presidente, Luis Jiménez de Asúa; vicepresidente, Emiliano Iglesias; vocales, Luis Araquistáin, Trifón Gómez, Jerónimo Bugeda, Enrique de Francisco, Ricardo Samper, Clara Campoamor, Justo Villanueva, Leopoldo Alas, Juan Botella Asensi, Fernando Valera, Gabriel Alomar, Antonio Xiráu, Mariano Ruiz Funes, Antonio Rodríguez Pérez, Bernaddivo Valle, Juan Castrillo, Alfonso García Valdecasas, José María Leizaola y José María Gil Robles. En total cinco socialistas, cuatro radicales, tres radicales-socialistas, dos de la minoría catalana y siete de otros tantas minorías.
fusilamiento por motivo político y sin garantías personales es resorte de afirmación revolucionaria, un episodio guerrero más que un castigo legal. Las copiosas sentencias de muerte que se ejecutan en Rusia —añadía— nada tienen que ver con su régimen jurídico, y han de cargarse a la cuenta de las vicisitudes políticas por que atraviesa el país» (180). Aceptó la
presidencia de la Comisión encargada de preparar el proyecto constitucional, por «obediencia a la disciplina del partido socialista en que militaba”, si bien su anhelo era reintegrarse a la Universidad y al estudio «para dedicar todas las horas de su vida a formar nuevas generaciones y construir el derecho penal socialista» (181).
La ponencia constitucional se preparó en veinte días, a marchas forzadas. «Incluso habilitamos los domingos —dice Jiménez de Asúa—, y en mi retiro de El Escorial fueron compuestos los artículos de familia,
economía y culturas (182). En todo momento, el predominio socialista en la
Comisión fue absoluto, y los restantes vocales se limitaban a presentar votos particulares que las Cortes se encargarían de eliminar en su día. Así, la Constitución fue incubada al calor y bajo la vigilancia del socialismo. Luis Bello, en alabanza de Jiménez de Asúa, le atribuía «la paternidad de la Carta Magna Republicana», y Luis Araquistáin, vocal de la Comisión, le llamó «habilísimo director de escena y primero en la ejecución», del trabajo que, según el mismo escritor, se elaboró de la siguiente manera: «Los cinco socialistas nos trazamos un plan, cuya eficacia fue evidente desde el primer momento. Sabiendo por experiencia cuán difícil había de ser redactar entre las veintiún personas que integraban la Comisión Constitucional un texto que sirviera de base de discusión, improvisando enmiendas al anteproyecto de la Comisión jurídica (la que presidió Ossorio y Gallardo), los socialistas acordamos preparar este penoso trabajo. De este modo, en forma de modificaciones, casi siempre esenciales, al anteproyecto de la Comisión jurídica, los socialistas elaboramos todo un proyecto de Constitución, cuyos artículos fueran casi siempre el punto de partida en las discusiones en la Comisión constitucional. Nuestro proyecto, no hay que decirlo, salió bastante alterado de aquellas deliberaciones. Sin embargo —tampoco hay que ocultarlo—, no tanto como habíamos calculado. Sin pretender redactar una Constitución socialista, porque harto sabíamos que habría sido inútil en aquellas circunstancias, procuramos
180 La Libertad, 27de mayo de 1931.
181 Proceso de la Constitución de la República española, por Luis Jiménez de Asúa. Editorial Reus. Madrid, 1932. Pág. 22.
darle un matiz avanzado con relación a casi todas las constituciones vigentes, Convencidos de que la Comisión, primero, y las Cortes, después, harían una buena poda en los preceptos principales. Pero es justo reconocer que la mayoría de la Comisión fue más tolerante de lo que esperábamos, y, desde luego, mucho más tolerante que los partidos que representaban, al discutirse el proyecto en la Cámara» (183).
Fue, en realidad, Jiménez de Asúa, el inspirador principal y casi único del proyecto constitucional, y en él vertió su ideología marxista, más interesado en ensayar sus teorías, que en buscar las fórmulas de concordia y entendimiento, fundamentos de todo código que regula la vida de los ciudadanos.
El 27 de agosto fue entregado el dictamen a las Cortes. Constaba de ciento veintiún artículos. A modo de preámbulo, el presidente de la Co- misión hizo una exposición doctrinal del proyecto. Citó las Constituciones elegidas como modelos: la de Méjico de 1917, de Rusia de 1918 y de Weimar de 1919, a las que denomina «constituciones madre»; y las de Checoslovaquia, Uruguay, Rumania y otras, para probar la constituciona- lidad de los artículos del proyecto más avanzados o radicales. «El socialis- mo —decía— tiende a grandes síntesis; el socialismo quisiera hacer del mundo entero un estado de proporciones mayúsculas; la Federación de Europa, y aun la del mundo, sería su aspiración más legítima. Somos no- sotros, los socialistas, no un partido político, sino una civilización que lle- ga, y precisamente eso nos ha hecho pensar en el estado integral y no en el estado federal.» «Evitando el discutido concepto de nación, afirmamos que la potestad legislativa reside en el pueblo y que la justicia se administra en nombre del pueblo.» «Rechazamos la dualidad de Cámaras, pues ello contradice el ideal democrático.» «El viejo Senado es incompatible con el sistema democrático.» «Hemos buscado el equilibrio entre el presidente de la República y el Parlamento, situándolo entre los tipos representados por el jefe del Estado francés y el jefe del Estado alemán. Puede acudir, contra el Parlamento, al voto popular, jugándose con ello el cargo, y éste es su lado fuerte; pero debe estar sometido al Parlamento, y éste es su lado débil.» Jiménez de Asúa puntualizaba así los radicalismos del proyecto en orden a la vida española: «En materia religiosa vamos mucho más lejos que el anteproyecto de los juristas: separamos la Iglesia del Estado; todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a las leyes generales del país; el Estado no podrá sostener, favorecer ni auxiliar económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones
religiosas. Se disuelven las Congregaciones y se nacionalizan sus bienes; sólo se podrá ejercer el culto en los respectivos templos. En materia de familia, lo que declaramos bajo la salvaguardia del Estado no es el matrimonio, sino la familia; fundamos aquél en la igualdad de derechos para ambos sexos y disolvemos el casamiento por mutuo disenso, por libre voluntad de la mujer o a solicitud del marido, con alegación en éste caso de causa; los hijos nacidos fuera de matrimonio tendrán los mismos derechos que los nacidos dentro de él, y proclamamos el derecho a la investigación de la paternidad. En orden a la propiedad, declaramos que las fuentes naturales existentes dentro del territorio nacional pertenecen originariamente al Estado en nombre de la nación; se reconoce la propiedad privada, pero en razón directa a la función útil que en ella desempeña el propietario; declaramos que se procederá gradualmente a su socialización; cuando el Parlamento lo acuerde, puede expropiarse sin indemnizar; los servicios públicos y las explotaciones que afectan al interés nacional deberán ser nacionalizados en el más breve plazo posible. En cuanto a la cultura, se implanta la escuela única y la enseñanza laica.»
Aunque el proyecto exhalaba emanaciones soviéticas mejor que republicanas, Jiménez de Asúa expresó el espíritu del dictamen con estas palabras: «Hemos hecho una Constitución avanzada; deliberadamente lo decidió así la mayoría de los comisionados parlamentarios. Elaboramos una Constitución de izquierda, pero no socialista. La Constitución que hemos redactado es democrática, iluminada por la libertad y de un gran contenido social. Por ser, como es, nuestro proyecto, resulta, aunque suene a paradoja, una obra conservadora... conservadora de la República.»
«No se ha reunido jamás un Parlamento constituyente, comentaba A
B C (184), sin que la nación haya sabido antes lo que iba a ser la ley
constitucional. Ahora, nadie sabe, ni en el Parlamento, lo que va a ser la Constitución, y no hay posibilidad de cálculo. Un mosaico deforme de los retazos con que los sectarios de la Asamblea quieren recomponer el cuerpo de la nación despedazada.» La discusión de la totalidad del proyecto duró varios días. Oradores de todos los grupos expresaron su aprobación, sus discrepancias o sus repulsas. Para el sacerdote Ramón Molina «era un desafío a la conciencia del país y una invitación a la guerra civil. «Es un texto socializante, pero respetuoso con la tradición jurídica del mundo», dijo el radical-socialista Claudio Sánchez Albornoz. Para el radical Basilio Álvarez, el proyecto «era farragoso, lleno de confusionismo y de plagios». «Se ensaña con el sentimiento religioso, como si éste fuera responsable de
los crímenes de la Monarquía y de los políticos venales.» Luis Zulueta, de Acción Republicana, afirmaba que la Constitución «no iba contra la fe, sino contra los excesos reaccionarios, agudizados en los últimos años en el contubernio entre el altar y el trono». En nombre de los radicales, Guerra del Río concretaba los ideales de su partido de esta manera: «Separación de la Iglesia y el Estado, libertad absoluta de cultos, disolución de las Ordenes religiosas, Concordato —si lo pide el Vaticano y se cree conveniente— implantación del divorcio y sistema bicameral.» La diputado Clara Campoamor también radical calificaba el proyecto como «el mejor, el más libre, el más cálido y humano y el más avanzado del mundo». Los radicales-socialistas ofrecían suscribirlo íntegramente. El mayor defecto a juicio de José Franchy, era que no se reconociera carácter federal a la República, pues, por lo demás, consideraba el proyecto como un acierto. A la minoría catalana, decía Companys, le interesaba especialmente la parte relacionada con el reconocimiento de las aspiraciones autonómicas regionales. De «trascendental, útil y original» lo calificó José Ortega y Gasset, «sencillamente magnífico, aunque aparecía mezclado con unos cuantos cartuchos detonantes, introducidos arbitrariamente por el espíritu de propaganda o por incontinencia del uto- pismo». Abogaba el profesor por un Estado fuerte, y «aunque todo el poder está subordinado al Parlamento, aquél no debe estar en servidumbre». «Es preciso —decía— que el Parlamento sea sobrio, y a eso parece aspirar el proyecto de Constitución.» El número de diputados no debía ser mayor de doscientos, ni se debía tampoco de abusar de los plebiscitos, pues podía originar intervenciones cesaristas. Era contrario al sistema bicameral, «porque el Parlamento no necesita freno.» Otra cosa sería una Cámara corporativa, «sueño que no ha podido verse realizado en ningún país, pues al tener atributos políticos se trueca en otra Cámara política y popular, ya que lo corporativo no resiste a la pasión». La se- paración de la Iglesia y el Estado «es cosa que ya no se discute», en cambio, la disolución propuesta de las órdenes religiosas le parecía una aventura. «Es preciso no olvidar —afirmaba— que la Iglesia es una organización internacional que tiene la empuñadura en Roma y la punta en todas partes, por lo cual se debe conservar jurisdicción sobre sus temporalidades.» Encontraba acertado convertir a España en una sociedad de trabajadores, «sin premuras contraproducentes, avanzando sin prisa y sin pausa, como la estrella».
Jesús María Leizaola, en nombre de la minoría vasca, se mostró opuesto al proyecto en la parte que afectaba a la cuestión religiosa, y el
monárquico Sáinz Rodríguez enumeraba los puntos más vulnerables del dictamen: el divorcio, la expulsión de las órdenes religiosas y el autonomismo.
Si la Constitución — opinaba Melquiades Álvarez— «no refleja el estado jurídico del país, incluso con sus errores, será un papel mojado, algo exótico no compenetrado con el sentimiento nacional». En materia religiosa era partidario de la libertad de conciencia y de la secularización del Estado; pero no se debía olvidar «que el número de creyentes de España era numerosísimo y la religión un freno para las pasiones y un estímulo para obrar bien». Autonomista convencido, creía que ninguna región debía imponer su voluntad al resto de España. Aconsejaba una República que no asustara a nadie, como el mejor medio para consolidarla. El regionalista catalán Abadal se declaraba en favor de la autonomía dentro del Estado español, y rechazaba el espíritu socialista del proyecto. Otros diputados expusieron sus pareceres en el debate sobre la totalidad, que duró hasta el 11 de septiembre. Predominó la verborrea sobre la elocuencia. A veces el Parlamento parecía una sala de oposiciones, donde los aspirantes desarrollaban su tesis sin ninguna esperanza de éxito. Simplemente cumplían el trámite. De todo lo dicho se podía deducir que había dos cuestiones predominantes, la religiosa y la autonómica, que harían imposible la avenencia, y, sin ella, la Constitución no sería la prometida Carta magna de convivencia y fraternidad. Por el contrario, llevaba en su seno los ingredientes de la discordia y situaba a los españoles en campos opuestos y en actitudes irreconciliables.
Comenzó a discutirse el articulado del proyecto (11 de septiembre). El artículo primero constaba en el dictamen de catorce palabras, pero había sido modificado en virtud de un voto particular de los socialistas, y más concretamente de Araquistáin, quien deseaba que en el frontispicio de la nueva Constitución figurase el concepto de que España era una república