Órganos permanentes no electos para dar estabilidad al sistema
384. En América Latina, por el carácter subordinado de nuestros países, parecen estar aún más presentes los rasgos autoritarios en los actuales regímenes políticos201.
385. Lo que hoy existe son regímenes democráticos muy diferentes a los anteriores al período dictatorial. En esos años, el tipo de desarrollo económico y social existentes provocaban una lealtad de masas suficientemente amplia como para dar estabilidad al régimen democrático representativo burgués incorporando a ciertos sectores populares a las luchas políticas. Era la época de la alianza
entre sectores obreros, aquellas franjas de las capas medias que habían surgido bajo el alero del Estado y el empresariado industrial [...], bajo el patrón del desarrollo capitalista en que la
industria devenía no sólo la locomotora del crecimiento económico y de la acumulación de capital, sino también de la organización social y cultural de la sociedad y de la organización de la lucha política dentro de los marcos del sistema (Ruiz, 1996, p.4). Fue precisamente el agotamiento del
modelo de desarrollo capitalista desarrollista o sustitutivo de importaciones, por un lado, y el auge de la lucha de clases que ponía en peligro el sistema de dominación vigente, por otro, lo que condujo a la instalación de dictaduras militares en la mayor parte de los países de América Latina (Cardoso, 1985, pp.60-61)202. Sólo mediante regímenes de fuerza, que desarticularan a las clases
populares y a sus representantes sociales y políticos, era posible crear las condiciones políticas para la reestructuración capitalista que se necesitaba.
386. Y, luego, cuando los militares deciden replegarse a sus cuarteles y negocian una salida democrática, esta salida no puede ser otra que una salida democrática limitada, que impida que se repitan las situaciones de ingobernabilidad que dieron origen a los gobiernos dictatoriales.
201. Creo más correcto diferenciar entre tipo de Estado y forma de gobierno, correspondiente a lo que otros autores denominan formas de Estado y regímenes políticos (Harnecker, 1994, pp. 120-122).
Veamos lo que dice al respecto Fernando Henrique Cardoso: Por “régimen” me refiero a las normas formales que vinculan a las principales instituciones políticas (al legislativo con el ejecutivo, al ejecutivo con la judicatura, al sistema de partidos con todos ellos), además de a la cuestión de la naturaleza política de los vínculos entre los ciudadanos y los gobernantes (democrática, oligárquica, totalitaria o la que sea).
La conceptualización del Estado es un asunto complejo, pero existe un cierto grado de acuerdo en cuanto a que, en su más alto nivel de abstracción, la noción de Estado se refiere a la alianza básica, el “pacto de denominación” básico, que existe entre las clases sociales o las fracciones de las clases dominantes y las normas que garantizan su dominio sobre los estratos subordinados. Cuando Marx y Engels se referían al Estado como al “comité para la ejecución de los intereses comunes de toda la burguesía”, lo caracterizaron en ese nivel de abstracción: el Estado capitalista es la “expresión” del modo capitalista de dominación de clase. Para evitar la metafísica, esta “expresión” debía ser concebida en términos organizativos; es decir; las clases dominantes deben realizar un esfuerzo continuo de articulación de sus objetivos diversos y ocasionalmente contradictorios por medio de las burocracias e instituciones estatales (Collier, 1985, p. 44).
202. Veamos lo que decía al respecto Fernando Henrique Cantoso en pleno período dictatorial: (...) en general, el actual período de gobierno militar es una respuesta a la crisis que provocaron en el Estado los movimientos políticos y las luchas sociales antes de la toma del poder por los militares. En varios países latinoamericanos, las clases dominantes han sido incapaces de controlar la presión política de los trabajadores y los sectores radicalizados de las clases medias. En tales circunstancias, las clases dominantes no pueden mantener su poder sin la intervención y el apoyo militar abiertos. El precio que han de pagar por esta “ayuda” depende del grado de
desintegración política previa a la intervención militar, así como de la incapacidad de control de las fuerzas armadas sobre los grupos revolucionarios. Las fases del régimen militar son gravemente represivas sobre todo cuando las fuerzas políticas de izquierda eran fuertes y estaban bien enraizadas en la sociedad (...) (1985, pp.60-61). Este autor considera útil denominar a los regímenes prevalecientes entonces en América Latina como burocrático-autoritarios.
387. Se trata, como dice Franz Hinkelammert (1991, p.23), de una democracia agresiva, sin
consenso, con extremo control de los medios de comunicación por intereses económicos
concentrados, en la cual la soberanía no reside en los gobiernos civiles, sino en los ejércitos y, más allá de ellos, en los organismos financieros internacionales. Se trata de democracias controladas, cuyos controladores no están sometidos a ningún mecanismo democrático.
388. En estos regímenes de democracia limitada, restringida, controlada o de baja intensidad, según las denominaciones de los diversos autores, órganos de carácter permanente203, no electivos,
y, por lo tanto, no sujetos a cambios producto de los resultados electorales, como el Consejo de Seguridad Nacional, que amplía y fortalece el carácter autónomo de los órganos de defensa del Estado, el Banco Central autónomo del gobierno, las instancias económicas asesoras, la Corte Suprema, la Contraloría, el Tribunal Constitucional y otros órganos como éstos, han limitado
drásticamente la capacidad efectiva de las autoridades electas democráticamente (Hernández,
1989, p.146).
389. Grupos de profesionales y no de políticos son los que hoy adoptan las decisiones o tienen una influencia decisiva sobre éstas. Incluso en determinadas áreas esenciales, por ejemplo, la económica y la militar, surgen instituciones que constituyen más bien la expresión nacional de un organismo
supranacional (1989, p.146): el FMI, la OTAN, el Banco Mundial, Parlamento Europeo, con capacidad para condicionar o imponer acciones fundamentales en el interior de los países, al margen de la opinión de los electores (Sánchez, 1992, p.25).
390. La aparente neutralidad y despolitización de dichos órganos oculta una nueva manera de hacer
política de la clase dominante. Las decisiones de estos órganos se adoptan al margen de los partidos
con la consecuente mayor libertad que ello implica al no estar estos profesionales sometidos a compromisos electorales.
391. Esto permite, según Martín Hernández, enmascarar en alguna medida el carácter de clase del
aparato estatal al presentar las decisiones como asunto de expertos ajenos a la demagogia y que aplican criterios “científicos”; y, por sobre todo, al disminuir la importancia real de las
instituciones electivas, crear mecanismos de resolución de los conflictos interburgueses que no apelen a la participación política de las masas populares (1989, p.146-147).
392. En realidad las democracias burguesas siempre han buscado protegerse frente a las decisiones de los dominados, Pero en los regímenes democráticos anteriores esos mecanismos de protección aparecían como falencias de la democracia, es decir, como procedimientos antidemocráticos, por ejemplo, la limitación del derecho al voto o los fraudes electorales. Y esos procedimientos eran necesarios para asegurar la elección de personas de confianza de las clases dominantes,
precisamente, porque las autoridades estatales electas por sufragio universal tenían real capacidad
para influir (1989, p.142) en el funcionamiento del aparato de Estado.
393. Según el autor, eso otorgaba argumentos a la estrategia reformista. Si se lograba elegir a autoridades progresistas, éstas podían realmente realizar transformaciones sociales y políticas de importancia, dada la real influencia de las autoridades electivas sobre el funcionamiento del
203. Así los denominaba el documento de Santa Fe II. Este documento hace una distensión dentro de lo que considera régimen democrático: lo que denomina “gobierno temporal” formado por los funcionarios electos y “gobierno permanente”, es decir, “la estructura institucional y las burocracias que no cambian con las elecciones como, por ejemplo, la burocracia militar, judicial y civil”. Y más adelante agrega que hay que diferenciar, como lo hacen los comunistas, entre gobierno y poder, y que Estados Unidos debe ser “igualmente realista”, logrando “una altura pro-democrática (es decir pro imperialista) en el gobierno permanente así como en la administración temporal”. (Santa Fe, 1989, pp. 77-81). Por primera vez se hace explícito algo que siempre estuvo ausente del discurso demócrata-burgués: el aspecto militar del poder. Tradicionalmente se reconocía dentro de la sociedad sólo tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy el Documento Santa Fe II atribuye una gran importancia a lo que se denomina “la burocracia militar”.
aparato estatal. ¿Dónde estaba lo ilusorio de la estrategia reformista? En creer que la burguesía iba a tener un respeto sacrosanto por sus propias instituciones. Cuando esta clase perdió el control del
gobierno, no vaciló en recurrir a la columna vertebral del aparato estatal, a su fuerza armada, para cancelar la democracia y establecer la dictadura, como ocurrió con Arbenz en Guatemala, Bosch en República Dominicana, Goulart en Brasil y Allende en Chile.
394. Según Hernández (pp. 143-144), la democracia se habría “perfeccionado” en el doble sentido de haber logrado: por una parte, gracias a adecuados procedimientos de control, hacer más difícil la distorsión de la voluntad del electorado en la votación (no es común ver los fraudes escandalosos del pasado); pero este perfeccionamiento sólo es posible porque va acompañado simultáneamente de una drástica limitación de la otra parte, se ha restringido mucho la capacidad efectiva de las autoridades generadas democráticamente como forma de establecer una protección contra la voluntad de los ciudadanos. Estas características actuales del funcionamiento del aparato estatal eliminan las últimas bases ilusorias de una estrategia reformista. Poco se obtiene con elegir
mandatarios que expresen la voluntad popular si ellos tienen un campo de acción tan restringido que sólo pueden operar en el ámbito de lo insubstancial.
395. A esto hay que agregar que, al mismo tiempo que se crean estos espacios restringidos de democratización política con el repliegue de los militares a los cuarteles, en algunos países, particularmente en Chile, se mantienen intactos los sistemas de poder despóticos que la dictadura
sembrara en las instancias situadas en la base de la sociedad (la escuela, la fábrica, la universidad, el hospital, etcétera) (Ruiz, 1996, p.5).
396. La forma en que se materializa este tipo de democracia depende de las peculiaridades de la historia política de cada país. La democracia restrictiva como dice Helio Gallardo (1996, p.13)
es el referente de una tendencia y no existe en su forma pura. Comprende regímenes autoritarios con respaldo electoral, constitucional y armado, como el peruano, y gobiernos constitucionales de partido, con base electoral coalicional y vigilancia militar, como el chileno. También, regímenes autoritarios de partido, con un frágil o inexistente Estado de derecho, respaldo militar y
corporativo y movilización de masas o clientela electoral, como en el caso mexicano.
397. Por su parte, los regímenes políticos centroamericanos surgidos de la negociación política con las fuerzas guerrilleras o luego de un proceso revolucionario como el sandinista, aunque también pueden calificarse de regímenes de democracia restringida, porque hay terrenos que escapan al control de los ciudadanos, parecen haber logrado, a través de la lucha armada, al menos, limitar la participación de la institución militar204.
204. Robinson los denomina sistemas poliárquicos. La poliarquía sería, según el autor, una forma de organización política basada en la dominación consensuada, o hegemonía gramsciana, diferente a los sistemas autoritarios basados en la dominación coercitiva. Más adelante agrega: Los sistemas politicos poliárquicos tienden a establecer fronteras donde las luchas sociales se desenvuelven dentro de parámetros legítimos que no trasgreden el orden social. Bajo el capitalismo consolidado y un sistema poliárquico que funciona como la institucionalización política de las relaciones sociales del poder; la organización política de la oposición al sistema capitalista generalmente no tiene restricciones, debido a que las restricciones ideológicas, institucionales y estructurales se refuerzan mutuamente. Lo más preocupante es el poder estructural del capital, el cual normalmente tiende a bloquear o neutralizar los desafíos sistemáticos sin el recurso de la coerción generalizada(…)
Los Estados Unidos han tomado la delantera en promocionar el aspecto político del proyecto de la élite transnacional, mediante el cambio de su política post-segunda guerra mundial de desarrollar alianzas estratégicas con regímenes autoritarios en el tercer mundo (...), con su emergente política de promoción de la democracia. Esta nueva orientación de políticas es, a nivel de conducta, un esfuerzo para desarrollar mecanismos concensuados de control social transnacional afín de contener las demandas exigidas a los estados por las mayorías recientemente movilizadas en el Tercer Mundo y para prevenir más cambios radicales políticos y socioeconómicos, intentando conducir los movimientos nacionales de orientación democrática y desmantelar los aspectos más amenazadores del autoritarismo (...). Este aparato incluye el Centro para la Democracia y Gobernalidad (NED) de la AID, y nuevas agencias en el Departamento de Justicia y Defensa, entre otros (...). (1997, pp. 202-203)
398. Otra de las líneas de la reforma del Estado que se ha comenzado ha aplicar en América Latina a partir de los ochenta es la dislocación territorial o descentralización de ciertos aspectos del aparato del Estado. En lo substancial consiste en reordenar territorialmente el proceso de urbanización y
de implantación de industrias y servicios, así como en entregar a estados, regiones, provincias o comunas la responsabilidad sobre algunas tareas de educación, salud, asistencia social, vivienda y desarrollo económico local (Robinson, 1997, p.151). Esta reforma persigue objetivos económicos y
políticos. Por una parte, busca facilitar el desarrollo del capitalismo y, por otra, busca fracturar el movimiento popular desviar su atención de las luchas globales hacia las reivindicaciones locales. Sin embargo, quizá sea en este terreno donde los resultados han sido más limitados. De hecho, es en terreno de los gobiernos locales donde la izquierda latinoamericana ha avanzado más en los últimos años, y no sólo conquistando crecientes espacios locales, sino haciendo de ellos, en momentos de crisis de paradigmas, lugares privilegiados para demostrar ante la opinión pública la posibilidad de llevar adelante políticas alternativas al neoliberalismo.
La democracia desmovilizadora y el ciudadano endeudado
399. Pero eso no es todo, no sólo se trata de democracias tuteladas, sino de democracias
desmovilizadoras, como las califica Tomás Moulián, tomando en cuenta la actual realidad chilena. 400. Según este autor se trata de una democracia desmovilizadora [...] basada en ciertos efectos
culturales y políticos que han producido cambios en las relaciones de representación y mediación
(Moulián, 1995, p.35).
401. La actual desmovilización sería el resultado de una serie de factores que no estarían ligados, esta vez, al uso de la represión y otros métodos de persuasión contra el movimiento popular.
402. El factor principal, a la base de todos los otros, es la flexibilización producida al nivel de las relaciones laborales y el debilitamiento del movimiento sindical, enclaustrado prácticamente en la esfera de la empresa y sometido a los efectos de la libertad sindical. Todo esto produce un aumento considerable de la inestabilidad laboral, la indefensión de los trabajadores y el aumento de la capacidad de control patronal. Las estrategias de mérito individual aparecen como más productivas que las estrategias de coordinación colectiva (1995a, p.35).
403. Moulián considera que esto es especialmente válido no en las nuevas modalidades que buscan crear entre los trabajadores un espíritu de cuerpo y una identificación subjetiva con el resultado de su trabajo. Y todo esto debilita al movimiento obrero.
404. Otro factor es el predominio actual de una cultura más hedonista que ascética. Las personas le dan cada vez más importancia a la búsqueda del confort, a la legitimación del consumo, aspectos que fomenta el sistema de crédito. Según el autor el sistema tiende a disciplinar tanto por la
inclusión como por la exclusión. Necesita de un “ejército de reserva” y de relaciones laborales flexibles que garanticen la competitividad cambiante de sus exportaciones, pero también necesita reproducir el dinamismo del consumo interno. A diferencia del modelo mercado-internista no recurre a políticas populistas, recurre a someter al trabajador al cautiverio de sus deudas, esclavo de la perpetua seducción de objetos que se ofrecen a sus ojos como realización de la verdadera vida. ¿Qué energía participativa, movilizadora, qué capacidad de riesgo puede tener un trabajador enfrentado tanto a la inestabilidad de su empleo como al cumplimiento religioso del pago de sus cuotas de crédito, cuyo incumplimiento lo transforma en un sub-hombre, alguien a quien le están negados los sueños futuros del confort? (1995a, pp.35-36).
405. Desmovilizadora también es la aparición de una izquierda neoliberalizada que ha reemplazado
simplemente no cuestiona el sistema y que cuando se producen movilizaciones populares las maneja con estricta lógica corporativa.
406. En síntesis, la experiencia histórica demuestra que el mantenimiento del modelo neoliberal no requiere de una dictadura, ni siquiera de la forma actual de una “democracia tutelada”. Requiere, eso sí, del disciplinamiento de una “democracia desmovilizadora”, con un movimiento obrero débil y corporativizado en sus demandas con una izquierda que contribuya a la legitimación del sistema y con “masas” volcadas hacia el consumo y la entretención más que hacia los asuntos públicos
(1995a, p.36).