Lecciones del proceso de paz en El Salvador para Colombia

XX aniversario firma de los acuerdos de paz de El Salvador1

l conflicto interno que vivió El Salvador en la década de los ochentas, e inicios de los noventas, fue producto de la desigualdad social y económica, reflejada en la concentración de la propiedad de la tierra y su tenencia en pocas manos, así como por la falta de espacios democráticos y la represión que los grupos de poder ejercieron a través de sucesivos gobiernos militares, por espacio de casi cincuenta años.

Los continuos fraudes electorales, el cierre de espacios de participación política, la restricción de las libertades fundamentales y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, aunados a la marginación social y a la injusticia económica, constituyeron factores fundamentales que llevaron a una situación de inestabilidad y descomposición política, que se tradujo en una polarización creciente de las fuerzas sociales.

Algunos militares se dieron cuenta de que sería necesario efectuar cambios en la dirección política del país para evitar una confrontación mayor. Consideraron en su análisis la caída del dictador nicaragüense Anastasio Somoza a mediados de 1979. También pesó en el análisis la política norteamericana en defensa de los derechos humanos del Presidente estadounidense Jimmy Carter, quien ya había enviado emisarios a San Salvador para que manifestaran su repudio a la represión desatada por el gobierno del general Carlos Humberto Romero, y trataran de persuadirle para que buscara una negociación con sus enemigos políticos.

e

11 Presentación ofrecida por el embajador de El Salvador en Colombia, Guillermo Rubio Funes, en la Universidad Militar Nueva Granada, el 31 de julio de 2012.

Finalmente, la joven oficialidad de la Fuerza Armada decidió derrocar a su Presidente y Comandante en Jefe. El 15 de octubre de 1979, cierto número de cuarteles y destacamentos se declararon en rebelión y el último Presidente militar de El Salvador abandonaba el país rumbo al exilio. Ese mismo día, un grupo de militares golpistas redactaba una proclama que constituye una de las más categóricas denuncias de las injusticias que había conocido El Salvador hasta entonces. En ella se comprometieron a ponerle paro a las violaciones de los derechos humanos y a la violencia política, a la vez que anunciaban las medidas para lograr “una distribución equitativa de la riqueza nacional”, sobre todo una reforma agraria y reformas a la banca y el comercio exterior.

Al producirse el golpe se creó una Junta Revolucionaria de Gobierno, conformada por dos militares de distintas tendencias ideológicas, y por tres civiles. Sin embargo, la Junta se encontró en una situación de gran dificultad: por un lado, las fuerzas de la izquierda, aglutinadas ya en diversos movimientos de masas, seguían manifestándose y tomándose edificios públicos para protestar contra la Junta; por el otro lado, la derecha se organizaba también para oponerse a las reformas anunciadas. También comenzaron a perfilarse con mayor nitidez las diferencias en el seno de la Fuerza Armada. Varios de los promotores del golpe del 15 de octubre fueron marginados, y el grupo de oficiales de jóvenes comprometidos con el programa de reformas sociales tuvo que subordinarse a los oficiales de mayor jerarquía, quienes no tuvieron el mismo entusiasmo por los cambios anunciados. Hacia finales de año, la Junta y su gabinete de Gobierno emplazaron al Alto Mando de la Fuerza Armada, exigiendo una estricta obediencia de los militares al Gobierno y un cese a la represión. Ante la negativa del Alto

Mando, los civiles en la Junta y los Ministros del gabinete terminaron renunciando a inicios de 1980, dando fin a la primera Junta.

A los pocos días, se conformó una nueva Junta de Gobierno en base a un acuerdo entre el Partido Demócrata Cristiano, PDC, y la Fuerza Armada, en el que se expresó la voluntad de ambas partes de realizar una reforma agraria y la nacionalización de la banca y del comercio exterior. Asimismo, los tres civiles renunciantes fueron sustituidos por miembros del PDC, renunciado a los pocos días uno de ellos, el Dr. Héctor Dada Hirezi, quien fue sustituido por el Ingeniero José Napoleón Duarte, quien regresó al país, luego de vivir varios años en Venezuela, en calidad de exiliado y quien posteriormente fue electo Presidente de la Junta.

Luego del asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, se intensificó la violencia en El Salvador. Con la intención de detener la escalada de terror y dado que la crisis política social continuaba, la Junta decretó la reforma agraria, en marzo de 1980. Según el decreto de reforma agraria, toda propiedad individual mayor de 500 hectáreas sería expropiada y entregada a cooperativas, mientras que aquellos campesinos que alquilaban tierras tendrían la opción de comprarlas por plazos.

La nacionalización de la banca y del comercio exterior, realizada en el mismo mes de marzo de 1980, se entendió como una medida complementaria a la de la reforma agraria. Al pasar los bancos a manos del estado, este estaría en condiciones de canalizar los préstamos a las cooperativas, y a los propietarios, que se estaban creando en las zonas rurales bajo la reforma agraria.

Estas medidas generaron desacuerdos dentro de la misma Fuerza Armada sobre el rumbo que debería

tomar el gobierno de la Junta: si avanzar con la reforma agraria, impulsando la llamada “Fase Dos” que expropiaría eventualmente toda la propiedad mayor de 150 hectáreas, o incrementar el esfuerzo militar para controlar a los grupos guerrilleros. Ambas alternativas buscaban el mismo objetivo: imponerse a la guerrilla izquierdista, quitándole “banderas”, es decir ofreciéndole al pueblo cosas parecidas a las que ofrecía la misma izquierda, o derrotándola en el campo estrictamente militar. Con el tiempo, prevaleció la opción por la solución militar y las reformas importantes no pasaron de las que decretó la Junta en marzo de 1980. En ese mismo año, cinco grupos insurgentes, Fuerzas Populares de Liberación, Ejército Revolucionario del Pueblo, Resistencia Nacional, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, Partido Comunista de El Salvador, se aliaron para conformar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN.

En enero de 1981, el FMLN lanzó su primera ofensiva militar fracasando en sus propósitos de lograr una insurrección popular, al no conseguir la incorporación masiva de la población a la lucha armada. Dado que en ese año, el Frente no tenía el poderío militar que llegaron a tener en años posteriores, consideró por primera vez el diálogo, como una opción, para lo cual planteó una agenda, así como mecanismos y objetivos a alcanzar en una negociación, la cual fue presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (7 de octubre de 1981) por quien en ese momento era el Presidente de Nicaragua, y lo es hoy día, Daniel Ortega. La propuesta fue rechazada de inmediato ya que se consideró inconstitucional, por incluir la integración de los mandos y tropa proveniente del FMLN.

En ese mismo año, el día 30 de septiembre, se fundó el partido Alianza Repúblicana Nacionalista, ARENA, de tendencia derechista que participó en las primeras elecciones libres que se dieron en la historia reciente de El Salvador realizadas el día 20 de marzo de 1982, para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente, la que quedó conformada sin mayoría determinante de ninguno de los 5 partidos políticos que participaron en la contienda electoral. Los integrantes de esa Asamblea Constituyente eligieron como Presidente Provisorio, al abogado y economista, doctor Álvaro Magaña. Asimismo, aprobaron por unanimidad la nueva Constitución de la República.

La Asamblea General de las Naciones Unidas incluyó en su agenda un nuevo tema titulado:” La situación en Centroamérica: amenazas a la paz y seguridad internacionales e iniciativas de paz”. En la primera resolución de varias que emanaron sobre el asunto, la Asamblea expresó su profunda preocupación por la prolongación del conflicto en la región, particularmente por la continua pérdida de vidas humanas en El Salvador, y exhortó al logro de la paz sobre bases sólidas, que posibilitara un auténtico proceso democrático, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo económico y social. Es de destacar que durante el transcurso de la guerra, la comunidad internacional llevó adelante diferentes iniciativas para promover una solución política negociada al conflicto, realizando gestiones, y haciendo llamados a la reiniciación, y continuidad del diálogo, tal como fue el caso del Grupo de Contadora, integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela, y al cual posteriormente se agregó el Grupo de Apoyo, constituido por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay; así como también contribuyó en el mismo sentido, la Comunidad Económica Europea.

En el mes de marzo de 1984 el pueblo salvadoreño acudió nuevamente a las urnas y eligió como Presidente de la República al ingeniero José Napoleón Duarte. El 8 de octubre, el Primer Mandatario hizo una “Oferta de Paz” en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para lo cual ofreció una amnistía general para los delitos políticos; la eliminación de los métodos represivos; la seguridad de un espacio político dentro del esquema democrático pluralista y constitucional. Parte de la oferta del Presidente Duarte fue una reunión en La Palma, Departamento de Chalatenango, el día 15 de octubre, con el objeto de discutir los alcances de esa propuesta. Dicha reunión que despertó grandes expectativas, concluyó sin más resultados que el de nombrar una Comisión Mixta que estudiaría los mecanismos que condujeran a obtener la paz.

La segunda reunión se efectuó en noviembre de 1984, en Ayagualo, Departamento de La Libertad. En dicha reunión se trataron aspectos de la humanización del conflicto, así como la reorganización de la Fuerza Armada, a partir de las dos fuerzas militares existentes (Fuerza Armada de El Salvador y FMLN). Nuevamente esta última propuesta fue descartada por la Administración Duarte, por considerarla fuera del contexto constitucional, y por violar las leyes de la República. Esto llevó a endurecer la posición del FMLN, lográndose únicamente aprobar las normas de procedimiento de la Comisión Especial. Dado que el proceso se estancó en el año de 1985, tanto sectores nacionales como internacionales, hicieron peticiones para que el diálogo se reanudara. Es en ese año, que sectores civiles empiezan a través de manifestaciones pacíficas a demandar que se de una negociación del conflicto. Asimismo, el Secretario General de las Naciones

Unidas y el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, emprendieron diversas iniciativas para ayudar a renovar el proceso de diálogo. El 18 de noviembre de 1986, ofrecieron conjuntamente sus servicios a los cinco países centroamericanos y a los ocho que constituían el Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo. En enero de 1987, en un esfuerzo concertado por formular un enfoque conjunto que permitiera abordar los problemas que aquejaban a la región, los dos Secretarios Generales, acompañados por los Cancilleres de esos ocho países, visitaron las naciones de Centroamérica para impulsar un proyecto de acuerdo regional.

Aunque las iniciativas externas eran valiosas por cuanto representaban aportaciones a la paz y a la seguridad regional, en los países centroamericanos existía la convicción de que los problemas debían resolverse por los propios actores involucrados directamente en la crisis, es decir, por los mismos centroamericanos, a través de propuestas de solución regional.

De tal consideración surge el Acuerdo de Esquipulas II, suscrito por los Presidentes Centroamericanos, el 7 de agosto de 1987, el cual contenía el “Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica”, a fin de favorecer mediante el diálogo, la solución pacífica de los conflictos, contribuyendo a la vez, a la generación de las condiciones para impulsar los procesos de transición hacia la democracia en determinados países de la región. Para muchos, el Acuerdo de Esquipulas II, se constituyó en el inicio del proceso de paz en Centroamérica, al sentar las bases para la restitución de la confianza y la cooperación regional, y paralelamente, coadyuvar a estimular los procesos internos de diálogo y negociación. Este instrumento perseguía en la práctica, la promoción

de la reconciliación nacional en aquellos casos donde se produjeron profundas divisiones en la sociedad, la celebración de elecciones libres, la emisión de decretos de amnistía, la exhortación del cese de hostilidades, el cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales, el no uso del territorio para agredir a otros Estados, la verificación, el control y la limitación de armamentos, la atención a los refugiados y desplazados, la cooperación para el desarrollo y la verificación y seguimiento internacional del cumplimiento de los acuerdos. La verificación internacional fue uno de los más determinantes compromisos que dieron un notable impulso y que garantizaron a posteriori el éxito del proceso de pacificación. El sólo hecho de que los países centroamericanos hayan aceptado la verificación internacional, en base a su voluntad soberana, representaba la muestra fehaciente de las perspectivas favorables que se vislumbraban en el camino de la paz.

Producto de los Acuerdos de Esquipulas, el Presidente Duarte programó una tercera reunión de diálogo, la cual se da casi un año después, en octubre de 1987, en la sede de la Nunciatura Apostólica en San Salvador, sin que se llegase a ningún acuerdo.

Para algunos analistas, el fracaso de los diálogos en la Administración Duarte se debió a que éstos obedecían más a una estrategia de tipo táctico dentro del marco de la guerra. En el plano político éstos diálogos se orientaban básicamente a una propaganda interna y externa, tratando de demostrar una voluntad de negociar inexistente; en el plano militar, se buscaba ganar tiempo para el rearme, reagrupamiento y movilización estratégico-táctica de las posiciones; y en el plano psicológico, se

pretendía obtener la simpatía y apoyo del pueblo respecto a las “buenas intenciones de las partes”. Esta utilización táctica del diálogo quedó evidenciada al no lograrse concesiones sustantivas mutuas, y al mantenerse la continuidad del conflicto, lo que generó mayor desconfianza entre las partes. Bajo esas condiciones, cualquier intento por alcanzar una genuina solución política del conflicto quedaba anulada de antemano. Básicamente, la desconfianza mutua, la rigidez de las posiciones, y la persistencia en la convicción de la victoria militar de una de las partes, generaba una ausencia de voluntad política real para encontrar una solución pacífica al conflicto, que se reflejaba en una parálisis del diálogo. En marzo de 1989 se efectuaron elecciones presidenciales ganando por mayoría absoluta Alfredo Cristiani, del partido Alianza Repúblicana Nacionalista, ARENA. Al asumir la Presidencia de la República, Cristiani en su discurso inaugural de gestión, prometió trabajar desde el primer día de su Gobierno en la búsqueda de la paz.

La propuesta presidencial consistía fundamen-talmente, en una solución política del conflicto, sustentada en varios principios o lineamientos básicos, entre ellos, que el proceso pacificador estuviera enmarcado en la Constitución de la República; que se efectuara un análisis de los mecanismos prácticos que pudieran ser los más factibles para impulsar un diálogo permanente, serio y reservado, y establecer un organismo de trabajo a fin de estudiar los puntos necesarios para la incorporación de todas las fuerzas del país a la vida pacífica y a los mecanismos de la democracia representativa.

También contemplaba, que una vez iniciado el diálogo, éste no se suspendiera unilateralmente

por ningún motivo; que el proceso se realizara en constante consulta con las fuerzas políticas legalmente establecidas, y que para mayor libertad de la labor entre las partes, el diálogo se realizara fuera de El Salvador, al menos durante un tiempo prudencial.

El compromiso efectuado por el Presidente Cristiani generó grandes expectativas por alcanzar la paz, ya que es precisamente en esa etapa del conflicto que ocurrieron cambios en el mundo, que hicieron predecir un nuevo rumbo en la problemática salvadoreña. Asimismo, el equilibrio militar alcanzado por el Gobierno y el FMLN hacía ver claramente que existía una imposibilidad de solución militar.

Congruente con dicho compromiso, el Presidente Cristiani creó la Comisión de Diálogo para realizar negociaciones de paz con el FMLN, reuniéndose ambas partes por primera vez, del 13 al 15 de ese mismo mes, en la ciudad de México. Como resultado de esa reunión a la cual asistieron dos representantes de la Iglesia católica en calidad de testigos, surgió el documento “Acuerdos de México”, en el cual se definió el marco conceptual de las negociaciones y se establecieron las reglas de procedimiento de las mismas. El objeto de la negociación aceptado por ambas partes fue el de “terminar el conflicto armado por la vía política, al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, y reunificar a la sociedad salvadoreña”.

La segunda reunión tuvo lugar del 16 al 18 de octubre de 1989 en la ciudad de San José, Costa Rica, dando origen al “Acuerdo de San José”, en el que se estableció la necesidad de lograr acuerdos sobre las condiciones que permitieran que en una primera etapa se pudiera concertar un cese del enfrentamiento militar, y todo acto que irrespetara

los derechos de la población civil, y que condujera a concertar el cese definitivo de las hostilidades dentro de un calendario acordado.

El 31 de octubre de 1989, el FMLN suspende unilateralmente el diálogo, bajo la justificación de una explosión ocurrida en circunstancias no determinadas, en un local de una Asociación Sindical vinculada a dicha agrupación, y en donde resultaron muertos algunos dirigentes sindicalistas. El 11 de noviembre el FMLN lanza la conocida “ofensiva final”, catalogada por la prensa como la acción armada de mayor envergadura realizada durante el tiempo de duración del conflicto, la que fue ampliamente rechazada por la población, además de ser objeto de condena por parte de la comunidad internacional, por haber dejado como resultado más de tres mil muertos.

Dado que la participación de las Naciones Unidas en un conflicto interno se debe a la solicitud del gobierno del Estado miembro, fundamentada frecuentemente en los Mandatos de Paz y Seguridad, Desarrollo Económico y Social, y Defensa de los Derechos Humanos, contemplados en la Carta de la ONU, el Presidente Alfredo Cristiani tomando como base esto, así como el espíritu de los Acuerdos de Esquipulas y en especial la Declaración de San Isidro de Coronado, Costa Rica, solicitó al entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Doctor Javier Pérez de Cuéllar, interponer sus buenos oficios para facilitar la negociación con el FMLN, mediación que fue aceptada por el grupo insurgente. En aplicación de la Resolución 637 por la cual el Consejo de Seguridad brindó su pleno apoyo al Secretario General, a fin de que continuara su misión de buenos oficios en consulta con éste, para asistir a los gobiernos centroamericanos en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos establecidos

en el Acuerdo de Guatemala, Pérez de Cuéllar a través de la “Declaración o Acuerdo de Ginebra” del 4 de abril de 1990, aceptó interponer sus buenos oficios, señalando que llevaría a cabo ese esfuerzo, a pedido del Gobierno y del FMLN.

El Acuerdo de Ginebra fue la primera manifestación concreta de la concertación bilateral en la cual se establecieron en principio, un conjunto de reglas de procedimiento bajo el cual se desarrollaría el proceso de negociaciones. En primer lugar, se acordó que el propósito del proceso sería