Por lo que se refiere a la violencia que enfrentan los niños, en 1999 la Organización Mundial de la Salud estimó que 40 millones de niños de entre 0 y 14 años sufrían maltrato o negligencia en el mundo (Clark y Clark, 2001).
En su informe anual de 1996 UNICEF establece que en África occidental y central se estima que hasta un 20% de los niños se encontraban desarrollando actividades diversas de tipo laboral; en África oriental y meridional se observa que va en aumento el número de familias cuyo jefe es un niño, y este organismo intensifica estrategias
tendientes a la protección especial de niños víctima de negligencia, maltratados,
prostituidos y niños de la calle. En Asia oriental y el Pacífico los cambios sociales acontecidos se relacionan con un incremento explosivo de niños que requieren de protección debido a que se ven obligados a trabajar o a irse a las calles. En Asia meridional los niños que trabajan oscilan entre los 35 y 88 millones, muchos de los cuales laboran en situaciones peligrosas y de explotación. En América y el Caribe se observa que en países como Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, debido al aumento de las tensiones socioeconómicas y del desempleo y a la disminución del salario, se incrementaron los índices de violencia, a tal grado que en países como Colombia y Guatemala éstos constituyen una de las principales causas de defunción en el grupo de 5 a 14 años de edad. Los disturbios socioeconómicos en Europa central y oriental, en estados independientes y bálticos, se han reflejado en una menor cantidad de matrimonios, incremento de divorcios y aumento de la violencia en el hogar. Una elevada inflación siguió asolando los países eslavos de la ex Unión Soviética y desarticulando cada vez más la trama social de Belarús la federación de Rusia y Ucrania. Las mujeres y los niños fueron las principales víctimas del Cáucaso, así como en algunos sectores de las repúblicas de Asia central, donde las instituciones del Estado no pudieron sufragar los costos de los servicios imprescindibles (UNICEF, 1996)
La prevalencia encontrada en España en el periodo 1997-1998 fue de 7,16 niños maltratados por 10.000 niños menores de 18 años (Centro Reina Sofía, 1997/1998)
En Australia, Canadá y EE. UU se sospechan aproximadamente 5 veces más casos de los que finalmente son confirmados. La incidencia de estos tres países es sustancialmente más alta que en Reino Unido y España, esto es probablemente debido a los sistemas de detección e información del maltrato y los programas de prevención y protección al menor de cada uno de estos países y en menor medida debido a las diferencias entre las poblaciones sujetas al maltrato (Creighton, 2004).
En numerosos países, entre ellos México, no existen registros de alcance nacional que permitan conocer o estimar la dimensión y las características del maltrato infantil, ni siquiera de la totalidad de los casos que llegan a ser conocidos por las autoridades. Tampoco cuentan con leyes de alcance nacional que establezcan la obligación de reportar los casos en los que se sabe o se presume la existencia del maltrato infantil, como ocurre, por ejemplo, en Sudáfrica. Pero aun en los países donde esa obligación existe y el Estado asume el deber de investigar, como en el Reino Unido, por ejemplo, los expertos advierten que las estadísticas que se elaboran no necesariamente reflejan el nivel real de violencia que se ejerce contra los niños (Newell, 1999).
En algunos casos ha podido comprobarse que las cifras oficiales tienden a subestimar el problema, sobre todo cuando se basan en reportes emitidos por los adultos sin que se hubiera preguntado a los propios niños. Así ocurrió en Finlandia, donde se realizó un estudio con niños de 15 años que arrojó cifras de abusos considerablemente más elevadas que las consignadas por las estadísticas oficiales. También en Estados Unidos, una encuesta representativa levantada en 1994 entre niños de10 a 16 años encontró que el porcentaje de los que habían sufrido abusos sexuales era cinco veces superior al oficial.
De ahí que durante los últimos años los especialistas hayan insistido en que, para poder proporcionar una información adecuada acerca de los niveles de violencia que se ejercen en contra de los niños de todos los países, es necesario que las autoridades de cada país desarrollen y acuerden una serie de definiciones comunes así como de protocolos de investigación e indicadores de protección efectiva para los niños.
En Cuba son escasas las cifras acerca de la incidencia del MI, no hay muchas investigaciones respecto al tema y otras apenas comienzan. El sistema social protege a
la infancia, no se permite la explotación de estos en ningún sentido; la mayoría de la población es instruida y por todas las vías de comunicación se transmiten mensajes que orientan hacia la formación más justa y plena de la niñez. Sin embargo, existe el maltrato infantil en muchas de sus formas; prevalecen criterios, costumbres y modos de actuación que reproducen este problema y que se heredan de generación a generación.
El Departamento de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (2003) constató en su estudio “Convivir en familias sin violencias” como regularidad, la presencia predominante de violencia verbal entre los diferentes integrantes de la familia y en diferentes direcciones; aunque abunda el castigo físico sobre los hijos. El daño psicológico fue difícil de precisar en toda su magnitud, pero innegable como resultado general para todas las figuras en alguna medida, especialmente para los niños y las niñas. En los espacios de género y generacionales afloraron los mayores problemas pero no se puede asegurar que los restantes no constituyan contextos posibles; simplemente se carece de pruebas.
Crecer en una familia violenta es un elemento que incrementa el riesgo de futuras conductas similares por parte del propio sujeto que las sufrió o las cometió contra otros miembros de la familia. El antecedente de violencia intrafamiliar es importante como predisponente.
Tomando en cuenta que sería imposible elaborar un listado que abarque las conductas de violencia realizadas por padres o cuidadores que son potencialmente capaces de producir daños psíquicos o emocionales perdurables en los niños, proponemos, solo de manera indicativa, las siguientes conductas que permiten sospechar la presencia de
maltrato psíquico o emocional (Clark y Clark 2001): gritarles o insultarlos
continuamente; ponerles apodos o calificativos denigrantes; no expresarles afecto; descalificarlos o degradarlos de manera sistemática; mostrarles continuamente rechazo mediante gestos, palabras, silencios, miradas; no permitir que expresen su opinión o no tomarla en cuenta; no permitir que participen en las decisiones del hogar; hacerlos presenciar actos de violencia física o verbal en contra de otros familiares; intimidarlos, aterrorizarlos o amenazarlos; privarlos del sueño o alimentos como formas de castigo; entre otras acciones.
Independientemente de las secuelas físicas que desencadena directamente la agresión producida por el abuso físico o sexual, todos los tipos de maltrato dan lugar a diversos trastornos, las consecuencias más comunes son: aislamiento social, agresividad, desórdenes de la conducta alimentaria, ansiedad, dificultades en el aprendizaje, pobre rendimiento escolar, pobre autoconcepto, conductas destructivas, sentimientos de culpa, dependencia en las relaciones sociales, depresión, desobediencia, desajustes emocionales, estrés postraumático , hiperactividad, hostilidad, entre otras (Gushurst, 2003; MacMillan, 2001).