Medidas de mercado de trabajo y Seguridad Social

La nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 consolida un modelo basado en la programación, evaluación y financiación de las políticas activas de empleo y de la intermediación laboral orientado hacia la consecución de objetivos. Se trata de la segunda edición de la Estrategia e incorpora importantes novedades.

De forma continuista, la totalidad de los fondos repartidos a las CCAA para la ejecución de las políticas activas se condicionan al resultado de la gestión, medidos a partir de una serie de indicadores previamente acordados con ellas y reflejados en el Plan anual de empleo (PAPE). El PAPE2018 ya ha sido aprobado, de acuerdo con la nueva programación anual recogida en la Estrategia.

Este planteamiento se ha reforzado con una cartera común de servicios de empleo, el impulso a la colaboración de las agencias privadas de empleo, un programa de acción conjunta para mejorar la atención a los parados de larga duración o el funcionamiento del portal único de empleo. La nueva estrategia incorpora asimismo una serie de programas operativos a desarrollar en los próximos años que incluyen el desarrollo de los sistemas de información y de herramientas como el perfilado estadístico de los demandantes de empleo. Siguen apreciándose efectos de medidas incluidas en los últimos años como una mayor vinculación de las políticas activas y pasivas, la racionalización del sistema de bonificaciones a la contratación o la revisión de los programas de protección por desempleo.

Actualización Programa de Estabilidad 2018-2021 y Plan presupuestario 2018

Adicionalmente, se han implementado profundas reformas en el sistema de

formación para el empleo7_{. El sistema busca anticiparse a las necesidades del}

tejido productivo y constituir un apoyo a la capacidad innovadora y competitiva de la empresa, a partir de unos recursos humanos de calidad, que permitan mejorar su productividad.

En la actualidad se está negociando con los agentes sociales y las CC.AA. una revisión del sistema de prestaciones asistenciales que sustituya a programas como el PREPARA, PAE y RAI, así como al subsidio de desempleo.

En los años 2015-2017 se ha producido un descenso de la aportación del Estado a los presupuestos del SEPE que ha pasado de 10.109,41 millones de euros en 2015 a 1.634,54 millones de euros en 2017. Se prevé que en 2018 continúe la tendencia y que el SEPE pueda hacer frente a todos sus gastos con sus propios ingresos en 2019. Por lo tanto, la aportación media del Estado a los presupuestos del SEPE habrá disminuido un 91,48% comparando el período 2014-2016 con las estimaciones para el período 2017-2019. Esta evolución se deriva de que el gasto por prestaciones por desempleo ha descendido en un 24,92% de 2014 a 2016, en paralelo con el descenso del paro.

En todo caso, el mayor impulso a la sostenibilidad presupuestaria son los aproximadamente 500.000 empleos creados cada año de media en 2015-2017 y la reducción del paro en dos millones de personas entre 2013 y 2017.

En el ámbito de las prestaciones, en 2016 se introdujo un nuevo complemento por maternidad para las mujeres que hayan tenido dos o más hijos y sean beneficiarias de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, que va del 5% al 15% de la pensión según el número de hijos. De este complemento se están beneficiando 180.943 mujeres pensionistas, de las que 93.495 son pensionistas de viudedad.

Además, en 2017 se amplió el permiso de paternidad hasta cuatro semanas, y hasta cinco en 2018.

En lo que respecta al ámbito de la Seguridad Social, se prevé un crecimiento del gasto en pensiones del 3,6% para 2018, si bien los incrementos futuros de gasto serán previsiblemente menores hasta situarse en cifras próximas al 3%, suponiendo, una reducción del gasto en términos de PIB debido al impacto de las reformas en vigor desde 2013. La edad efectiva de jubilación ha pasado de 63,9 años en 2012 a 64,1 en 2017, y se espera que continúe esta senda. Se contiene el crecimiento de la pensión media de jubilación desde el 3,5% de 2012 al 1,9% de 2017, mientras que una inflación decreciente, negativa en el periodo 2014-2016, favoreció un aumento del poder adquisitivo de las pensiones. La revalorización de las mismas fue del 0,25% desde 2014 a 2017. En 2018 la revalorización general es también es del 0,25%, además existe una revalorización adicional para las pensiones de menor cuantía hasta alcanzar el 3% para las cuantías mínimas de pensión, hasta el 1,5% para las inferiores a 7 _{Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo}

en el ámbito profesional.

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700€/mes, hasta el 1% para las situadas entre más de 700 y menos de 860 €/mes.

Por otro lado, desde 2014 las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores ocupados han evolucionado favorablemente pasando a crecer en 2014, 2015 y 2016 un 2,5%, un 2,7% y un 3,8%, respectivamente. Esta tendencia ha continuado en 2017, año en el que las cotizaciones de los trabajadores ocupados han aumentado un 6,0%.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social cuenta a comienzos de 2018 con 8.095 millones de euros, (0,73% del PIB). Para contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social, el Estado ha presupuestado la dotación de un préstamo a la Seguridad Social por importe de 15.164 millones de euros. Para lograr los objetivos de futuro del sistema, la Comisión Permanente para el seguimiento del Pacto de Toledo está revisando el cumplimiento de las recomendaciones aprobadas en 2011, y elaborará nuevas recomendaciones que permitan tanto la sostenibilidad del Sistema como la adecuación de las prestaciones a las necesidades de la población.

En otro orden de cosas, cumpliendo con los compromisos adquiridos y en ejecución del Acuerdo de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017, en los últimos meses se ha avanzado en los trabajos para el desarrollo y puesta en funcionamiento de la Tarjeta Social.

Con este proyecto se pretende establecer una base de datos centralizada, partiendo de la información facilitada por las diferentes AAPP que gestionen prestaciones económicas, para la elaboración de un mapa de prestaciones que permita: detectar con precisión las situaciones de vulnerabilidad, evitar la desconexión entre las políticas de empleo y las políticas sociales, mejorar la coordinación de las administraciones públicas, evitar situaciones de desprotección y facilitar la elaboración de análisis de impacto ex ante y ex post de las políticas sociales para la mejora de su eficiencia.

4.4. Papel de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en la estrategia