rehúsen a revelar la información se
les apliquen sanciones específicas;
segundo, ofrecer protección a los
empleados públicos que denuncien
la existencia de prácticas ilegales
dentro de sus dependencias.
Debido a que México puede documentar las experiencias exitosas, nuestro indicador se refiere al nivel de acceso a la información pública sobre el origen y asignación de recursos públicos, así como sobre la aplicación de leyes que armonizan los sistemas de información financiera y la transparencia en estados y municipios. Se han considerado tres variables: Grado de aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) por estado, Índice de transparencia e Índice del gobierno electrónico.
En suma, estas variables evalúan la
transparencia de los gobiernos estatales ante el habitante de la entidad. Esto es, el grado en que el habitante de una ciudad puede estar enterado de los gastos del gobierno, de los trámites y de la facilidad para llevarlos a cabo en el estado.
Fue satisfactorio encontrar que la mayoría de los estados se encuentran en las etapas semiavanzada e intermedia; dos en la etapa avanzada y solo uno en la etapa en desarrollo. El Estado de México con 91% y Veracruz con 81% se encuentran en la etapa avanzada. En el caso del Estado de México, llama la atención su alto desempeño en aplicación de la LGCG, en su uso de sistemas electrónicos y también en su nivel de respuesta a demandas ciudadanas sobre transparencia. En el caso de Veracruz, es su desempeño en transparencia y aplicación de la LGCG lo que le ha valido destacar en este indicador.
Baja California Sur es el único estado que se encuentra en etapa en desarrollo con un promedio de 22%, lo que significa que requiere realizar un esfuerzo extra para superar la etapa en que se encuentra, a la vez que se comprueba que este tipo de estado es una excepción en el conjunto del país. Trece son los estados que se encuentran en la etapa media alta: Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán. Entre estos mismos, encontramos que Chiapas y Nuevo León están en el mismo nivel, demostrando que la aplicación de la ley puede realizarse en diferentes regiones del país con diferentes historias sociales.
La variable Índice de Transparencia es la calificación correspondiente al acceso a la información y calidad de la página electrónica para solicitarla (índice por zona metropolitana), de acuerdo con el CIDE. Según estas calificaciones, hay siete estados que están en una etapa avanzada: Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, México, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.
Los estados que se encuentran en la etapa media alta son 13: Chihuahua, seguido de Coahuila y Guerrero; a un nivel similar están a Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Nuevo León, Quintana Roo y Tlaxcala.
La variable Índice de gobierno electrónico mide la eficiencia y uso de los portales electrónicos de los gobiernos de los estados. Seis estados se encuentran en la etapa avanzada y Jalisco es uno de ellos, seguido por el Estado de México, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Yucatán.
En la etapa media alta se encuentran Aguascalientes, Baja California, Chiapas Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Sonora y Veracruz. Los demás están en una etapa media o en desarrollo.
Aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, LGCG. Esta es la última variable de este indicador y mide el grado de aplicación del Artículo 15 en cada estado. La implementación puede ser de tres maneras: total, que es el equivalente a la etapa avanzada; ejecutiva, que corresponde a la etapa media alta y parcial, que significa que se está en la etapa en desarrollo.
De acuerdo con esta clasificación, hay cuatro estados que se encuentran en la etapa avanzada: Guanajuato, México, Nayarit y Veracruz. Los estados que están en la etapa media alta son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Tabasco. Los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima y Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala,
Cumplimiento Ley General de Contabilidad Gubernamental - Estados
Parcial Ejecutivo Total Cumplimiento Total Ejecutivo Parcial
Fuente: Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), actualizado a mayo 2012
Guanajuato
México Nayarit
Veracruz
Baja California
Chiapas
Chihuahua Nuevo León Querétaro
Quintana Roo
Tabasco
Aguascalientes
Baja California Sur
Campeche Coahuila
Colima
Durango Guerrero Hidalgo Jalisco
Michoacán
Morelos Oaxaca Puebla
San Luis Potosí
Sinaloa Sonora
Tamaulipas
Tlaxcala Yucatán
Yucatán y Zacatecas están en la etapa en desarrollo, pues la aplicación de la LGCG es parcial.
Como podemos ver, la transparencia se mide en tres dimensiones: legal, contable y acceso a la información. En nuestro estudio podemos ver que se amplía notablemente si incluimos el uso del gobierno electrónico porque la posibilidad de proporcionar retroalimentación aumenta. En otras palabras, la transparencia implica no solo el acceso a la información sino también la posibilidad de tener los medios para solicitar información. Por lo tanto, la transparencia está directamente ligada al manejo de nueva tecnología.
Además, vale la pena mencionar que la transparencia promueve la democracia no solo porque la ciudadanía puede tener acceso al manejo presupuestario sino también porque alienta la creación de observatorios ciudadanos y otros espacios formales e informales para el debate público acerca de las decisiones del gobierno. A la fecha, México destaca como uno de los países en
los que sus ciudadanos colocan solicitudes de información. De acuerdo con los datos disponibles, de 2003 a 2009, se hicieron 489,739 solicitudes a las dependencias del gobierno federal mexicano. De julio de 2009 a septiembre de 2011, se formularon 13,017 solicitudes en Chile. Esto es, que si bien se puede decir que es casi diez veces mayor que Chile, el número de demandas es mayor. Más aun, México es considerado como uno de los países que, igual que Chile y Honduras, cuenta con medidas proactivas. De acuerdo con las cifras disponibles, en 2010 la tasa de cumplimiento entre las dependencias centrales en Chile y Honduras fue alto (94 y 88%, respectivamente). En 2009, la tasa de cumplimiento de las dependencias federales mexicanas con respecto a la publicación de información preactiva también fue alta: 82%.34 Las agencias supervisoras independientes están haciendo que se cumpla con el derecho de acceso a la información. A la fecha, se ha cumplido con el 98.6% de las 8,884 resoluciones para revelar información ejecutadas por el Instituto Mexicano de Supervisión en el periodo 2003-2009.
34 FUNDAR. ELLA Policy Brief: Building the Legal Framework to Support Transparency and Access to Information in Latin America. ELLA, Practical Action Consulting, Lima, Perú (2012) 5 pp.