3.2. Los colonos campesinos del Caguán
3.2.3. De la movilización cooptada al grado cero de la protesta
Hacia la década de los 70‟ se desarrolló un fuerte movimiento social campesino en el departamento del Caquetá, anclado en la lucha por la tierra, específicamente por la titulación de los predios adquiridos en el proceso colonizador, y la obtención de un mayor número de créditos con mejores condiciones de pago; y en la construcción de región (Uribe, Inédito). Este movimiento logró importantes objetivos frente al Estado y las instituciones agrarias como el Incora y la Caja Agraria, tales como la condonación de deudas, la adjudicación de baldíos y el cambio de promotores de la Acción Comunal, mediante el adelanto de paros, acciones de protesta, entre otras modalidades de acción colectiva (Uribe, 2001: 214)40.
El movimiento campesino del Caquetá tenía su base en una serie de procesos de organización social y de construcción de autoridad adelantado en la región, que tenía en la organización comunitaria su primera forma de expresión. La vereda se convirtió en la unidad social básica, en términos de Jaramillo (1989: 81), y su organización se logró por medio de las Juntas de Acción Comunal (JAC), organismos a través de los cuales se canalizaron todas las actividades dirigidas a la satisfacción de las necesidades básicas e inmediatas como la educación, caminos, créditos para el comercio, fundación de caseríos, salud, etc; (Uribe, 2001: 221). El peso de esta organización fue cada vez más importante,
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“La no ciudadanía: es el proyecto de la clase dirigente nacional, que estaría definido por la carencia de programas y proyectos gubernamentales y de voluntad política que permita la inclusión ciudadana, el acceso
a oportunidades sociales básicas y el desarrollo rural de la gran mayoría de los pobladores del Caquetá”
(127).
40 Esta etapa de la organización social es motivo de orgullo para la población colona que hizo parte de ella,
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convirtiéndose en un sistema de autoridad embrionario en la región, sin embargo nunca logró consolidarse.
Por otro lado, la organización social contó con la participación de sectores importantes como la Iglesia41, los gremios y los sindicatos de maestros. Respecto al sector gremial, fueron muy importantes Federación Agraria Nacional (FANAL), una línea radical de la organización campesina nacional con gran importancia y acogida en la región, y la ANUC (Uribe, 1992: 106-107). Esta última organización tuvo su mayor auge durante la década de los 70‟ cuando se convirtió en el principal aglutinador del movimiento campesino, bajo la cobertura de la política de Reforma Agraria adelantada en el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) y con el lema “Tierra para el que la trabaja”. Llegó al Caquetá en 1972 y ayudó a la creación de los Comités Veredales de Organización Campesina, lideró el recordado Paro agrario del 72‟, promovió la obtención de créditos y afilió a los campesinos a la Cooperativa Agraria que la misma organización comenzó a administrar (Uribe, 1992: 111). Así mismo, fue importante el papel adelantado por el AICA, sindicato de educadores del Caquetá, dada la cercanía entre las organizaciones de maestros y de campesinos, y por su participación en la organización campesina y en la formación educativa (y política) de los colonos (Uribe, 1992: 113).
Con el paso del tiempo, este proceso organizativo fue perdiendo peso e importancia, y el movimiento campesino de la región del Caguán, y en general del Caquetá, prácticamente desapareció en las décadas siguientes, pese a las Marchas Campesinas de 1996 en donde participaron cerca de 75.000 personas durante 45 días paralizando la totalidad del departamento del Caquetá (“75.000 campesinos se toman a Caquetá”, 1996). Esta movilización no tuvo la participación mayoritaria del sector organizado del Caguán y respondió más a la
41 La Iglesia católica tuvo un papel central en la defensa de los intereses de los colonos y la organización campesina. Sus principales gestores fueron los Padres Misioneros de la Consolata y las Hermanas de la Fraternidad Bethlemita, quienes por medio de la OPC lograron capacitar un número importante de campesinos laicos, denominados Animadores Cristianos de la comunidad, en talleres sobre organización, alfabetización, cooperativismo, salud comunitaria y formación bíblica. Además, fundaron varios Botiquines Veredales, la OPS y Cooperativas Campesinas con sucursales en varias veredas (Uribe, 2001: 221).
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presión armada de las FARC que a la autodeterminación de la comunidad colona de la región, pese a que el móvil de la protesta ante el Estado y la sociedad mayor era reconocido y de alguna manera compartido por la totalidad de los sectores de la comunidad. Este giraba en torno al rechazo a las políticas de fumigación masiva e indiscriminada de cultivos ilícitos en la región42 (Ferro & Uribe, 2004: 129-130)43. Teniendo en cuenta la presentación anterior, vale la pena preguntarse ¿a qué se debe este bloqueo y pérdida de la movilización social?, y ¿cómo logran las FARC cooptar el movimiento campesino de la región y el departamento?
Hay tres razones de peso que permiten responder a estas preguntas: primero, las fracturas internas en la ANUC a nivel nacional por el desencuentro entre posiciones ideológicas de izquierda, que dividió la organización en dos líneas (oficial –Armenia- y radical –Sincelejo-) y puso en contra a los líderes y activistas campesinos, generando decepción y desconfianza en el sector colono del Caguán frente a las organizaciones sociales y agrarias (Uribe, 2001: 216)44. Segundo, la llegada de la coca a la región, que trajo descontrol y desorganización a la comunidad (tema explicado más adelante). Y, por último, la incursión de distintos grupos armados a la región, la inserción de esta al conflicto armado interno y los tipos de órdenes locales que se fueron configurando por la confluencia de estos factores.
Como se mencionó anteriormente, los grupos insurgentes llegaron al Caguán desde el inicio de la segunda etapa de la colonización del Caquetá, especialmente las FARC. Este grupo ha hecho presencia en la región a través de
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El pliegue de peticiones hacía referencia a dos paquetes de demandas; por un lado, las relacionadas con los cultivos ilícitos y la petición de cese a la fumigación aérea, que no fue atendida por el Estado; y por otro lado, la petición de ampliación de la cobertura educativa y de salud, y de inversión en infraestructura vial.
Sobre este punto se logró llegar a un acuerdo entre los marchantes y el gobierno nacional (“Hoy se firma el acuerdo en el Caquetá”, 1996).
43 Las Marchas Campesinas de 1996 (31 de julio-15 de septiembre) son una respuesta, impulsada férreamente por las FARC, al desarrollo de la Operación Conquista del gobierno Samper Pizano (1994-1998) y al inicio de la fumigación aérea de los cultivos de coca en el departamento del Caquetá. (Pontin & Uribe, 2006).
44 En este primer quiebre estratégico del movimiento campesino vale la pena destacar el impacto negativo de la aplicación del Estatuto de Seguridad (1978-1982) con el que se buscaba preservar las instituciones frente a la amenaza insurgente, pero que terminó criminalizando, persiguiendo y ahogando la protesta social en gran parte del país, y especialmente en el departamento del Caquetá (Uribe, Inédito), en donde se causaron graves violaciones a los Derechos Humanos y se desarticularon las tiendas comunitarias, los botiquines veredales y las organizaciones agrícolas (Uribe, 1989: 167).
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los frentes 3, 13, 14, 15, 32 y 49, y mediante la Columna Móvil Teófilo Forero (Uribe, 2001: 208). Su „presentación oficial‟ en el departamento tuvo lugar el año de 1978, con la toma al municipio de Cartagena del Chairá, de manera que permaneció en el Alto Caguán por más de 12 años, sin tener una incidencia militar y política importante en el resto de la región. También hacen presencia los grupos insurgentes del M19, con gran acogida e importancia en el centro y sur del departamento; y el EPL, ubicado, hacia finales de los 70‟, en Paujil, Cartagena del Chairá y el Alto Orteguaza (Uribe, 2001: 222). De estos grupos tan solo las FARC permanecen en la región, debido al ataque militar en contra del M19 por parte de los grupos estatales, que los obliga a retirarse de la región, y a su posterior desmovilización a comienzos de los 90‟; así como a la derrota militar del EPL a manos de las FARC.
En cuanto a los paramilitares hacen su entrada en la región en el año de 1997, tanto para disputarle a las FARC el negocio del narcotráfico como para tenderle un cerco a su retaguardia estratégica y quitarle la salida de la Amazonía al Pacífico (Uribe, 2001: 235). Su estrategia consistía en asentarse y fortalecerse en el sur del departamento y desde allí atacar el bastión militar de las FARC, el Caguán. No obstante, los paramilitares no lograron derrotar a las FARC en la región del Caguán, ni tener una inserción importante en las poblaciones, aunque sí pudieron consolidarse en el sur del departamento.
Los grupos estatales, por su parte, han hecho presencia en la región desde la “Guerra del Caquetá”, es decir, la ofensiva militar contra el M19 en el centro y sur del departamento, sin lograr un control definitivo del territorio. El Estado ha asumido una posición variable frente al Caguán. El territorio ha sido escenario de negociaciones de paz en dos oportunidades, y el teatro de las más grandes ofensivas militares, principalmente desde el cese de la zona de distensión en el 2002 y la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática y el Plan Patriota.
Durante el período de 1970 a 2006 se han configurado distintos tipos de órdenes locales (Arjona, 2008), manteniendo la hegemonía predominante de las
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FARC (Ver Tabla 4.2). A finales de la década de los 70‟ las FARC comenzaron su expansión territorial por la región (y el resto del departamento) y hallaron unas organizaciones y autoridades locales seriamente fragmentadas por la división del movimiento campesino nacional. Sumado a esto las FARC asumieron el papel de decisores en torno a la propuesta de prohibir o aceptar el narcotráfico como alternativa económica en la región. Además se embarcaron en una disputa territorial con el EPL. Dado su interés de posicionarse en la región, esta guerrilla creó unas autodefensas para controlar el negocio del narcotráfico (recién aceptado) y a su vez, evitar la posible infiltración del EPL en la región (Uribe, 2001: 222). Estas autodefensas, que actuaban de manera independiente pero bajo el nombre de las FARC, cometieron graves delitos, crímenes y asesinatos que socavaron aun más la organización social colona, y fueron reconocidas como un error estratégico por la misma organización guerrillera que terminó por desmantelarlas (Uribe, 2001: 222).
Posterior a esta primera etapa de terror, y debido, en parte, a la reorganización ideológica y programática de las FARC durante la VII Conferencia (1982), esta organización guerrillera a partir de los años 80‟ le da una mayor importancia al trabajo político y social con la comunidad que la llevaría a convertirse en cogestora del proceso organizativo (Jaramillo, 1989: 175-176) y en coparticipante (cada vez menos irremplazable) del sistema de autoridad local. Desde esta posición de liderazgo, las FARC se encargaron de la reorganización de la comunidad, el sostenimiento del orden público y el control de la economía ilícita del narcotráfico.
Crearon los Comités de Colonos, encargados de la adjudicación de baldíos y del control a la concentración de la tierra; cooperaron con la comunidad en la derogación de la reserva forestal impuesta para este sector de la Amazonía; y participaron activamente en coordinación interinstitucional con las autoridades comunitarias (JAC) y las instituciones del Estado (como el Incora, ICBF, Sena, Idema e Inderena), para la creación del Comité de Investigación y Transformación de Tecnología que se encargaría de manejar la titulación de tierras liberadas por el
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levantamiento de la reserva forestal (Uribe, 2001: 224-225). Por causa de estas acciones, las FARC lograron una amplia aceptación en la comunidad y un mayor control militar, policivo, económico y político en la región45; de tal forma que pudieron dar un salto cualitativo en la construcción de un OLI a un OLCS.
El OLCS constituido por las FARC culminó en el año de 1988, cuando se rompe el Acuerdo de paz de La Uribe (1984-1987) entre el gobierno y las FARC. Un nuevo escenario de escalamiento del conflicto tenfría lugar con el rompimiento de los diálogos entre el gobierno de Gaviria Trujillo y la CGSB (de la cual hacía parte las FARC), que marcaría el inicio de la recuperación del territorio del Caguán por parte del Estado con base a la declaración de „guerra integral‟ contra los grupos subversivos por parte del gobierno Gaviria Trujillo (1991). En términos de Arjona (2008) se configuraría un OLC caracterizado por el repliegue político de las FARC (Uribe, 2001: 227).
Esto tiene un impacto perjudicial en el proceso organizativo de las comunidades del Caguán si se tiene en cuenta que para esta época el sistema de autoridad en las comunidades, encabezado principalmente por las JAC, está debilitado y fragmentado de tal forma que requiere de la participación de las FARC para poder adelantar sus propuestas y hacer respetar sus normas46. De igual
forma, los Comités de Colonos, a partir de la retirada de las FARC van perdiendo fuerza y liderazgo, que no van a recuperar más adelante47. Las FARC, por el
contrario, desconocen las demandas de organización social y política exigida por la comunidad y se limitan a mantener el recaudo de impuestos al negocio de la coca y el control militar de la región.
En la segunda mitad de los años 90‟, las FARC recuperan gran parte de su presencia militar y política en la región del Caguán, al tiempo que avanzan a un
45 Las FARC lanzan en 1985 el movimiento político de la UP y de esta forma hacen una mayor presencia política en la región (Uribe, 2001: 226).
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“Nosotros necesitábamos como comunidad organizada, que ellos tuvieran mayor presencia para que ellos
apoyaran algunas decisiones de la misma organización” (Testimonio de colono sobre la retirada de las FARC
de la región, y la difícil situación de orden público tras el descontrol del narcotráfico) (Ferro, 2004: 424). 47
“Cuando las FARC estaban eran una comunidad muy respetada, pero después eso se cayó y no volvió a funcionar… se ha tratado de reactivar varias veces, pero eso ya no se levanta” (Uribe, 2001: 228).
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relativo equilibrio de fuerzas frente el Estado en el sur del país. Esta posición favorable les permite orientar sus acciones y estrategias hacia una guerra de movimientos (ODECOFI, Inédito: 25)48 y, paralelo a ello, a la construcción de un orden político paraestatal (Pataquiva, 2007). La región del Caguán se convierte en el territorio estratégico para adelantar estas dos empresas, una vez el gobierno de Pastrana Ayala (1998-2002) permite la retirada de la Fuerza Pública (y luego que las FARC expulsan a las autoridades civiles) de cuatro municipios del departamento del Meta y del San Vicente del Caguán por un período de tiempo de casi cuatro años (octubre 1998 - febrero 2002). Esta zona de distensión permitió que una parte de la fuerza político militar de las FARC estuviera a salvo y alejada del recrudecimiento del conflicto armado propio de este período de tiempo (ODECOFI, Inédito: 24-30). Adicionalmente, las FARC pudieron aprovechar este espacio para retomar el control total sobre la región del Caguán, principalmente del municipio de San Vicente, aumentando su poder local, su control sobre la economía ilegal y el ejercicio policivo sobre la población civil (Uribe, 2001: 248).
Con el rompimiento de los acuerdos de paz y la derogación de la zona de despeje, el relativo equilibrio alcanzado por las FARC se rompe e inicia un nuevo capítulo en el recrudecimiento de la guerra en la región del Caguán. En este escenario toman protagonismo los grupos estatales, fortalecidos por la reestructuración de las Fuerzas Armadas y por la ayuda financiera otorgada al Plan Colombia (programa creado originalmente para combatir el narcotráfico) y luego con la puesta en marcha del Plan Patriota (2004) en el marco de la Política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe Vélez (2002-2006); los paramilitares incursionan a la región mediante la presencia de los Frentes Héroes de los Andaquíes y Próceres del Caguán; mientras que las FARC trata de mantener su dominio sobre este territorio estratégico. A pesar de este interés, las dinámicas del
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Al comienzo de la segunda mitad de la década de los 90‟ las FARC lograron concretar varios ataques importantes a las Fuerzas Militares en el sur del país. En lo que respecta a la región del Caguán, el 23 de mayo de 1997 el gobierno decide aceptar la petición de despeje de Cartagena del Chairá para que las FARC entreguen los 60 soldados retenidos tras el ataque a la base de Las Delicias (30 de agosto de 1996) ubicada entre el Caquetá y el Putumayo. Luego, al siguiente año (3 de marzo), las FARC realizan una emboscada a tropas del ejército en la zona selvática conocida como El Billar aniquilando un grupo contrainsurgente del Batallón 52 de la Brigada Móvil No. 3, y tomando retenidos 40 soldados más.
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conflicto fuerzan a un nuevo repliegue político de las FARC, de tal forma que se configura un escenario de OLC por la interacción violenta de los grupos armados, trayendo como consecuencia el aumento de los niveles de desplazamiento49, y la violación a los Derechos Humanos, principalmente en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá50.
A pesar de los distintos tipos de orden local configurados en la región durante este período de tiempo (1970-2006), las FARC lograron mantener una hegemonía y liderazgo en la región cooptando los espacios organizativos y ocupando las instancias de autoridad. Esto explica en gran parte el hecho de que la protesta social en el Caguán, como germen de movilización social, fuera supeditada a los intereses estratégicos de este grupo armado, siendo bloqueada en los períodos de mayor intensidad del conflicto. Hay que destacar que desde las Marchas Campesinas de 1996, no se han adelantado expresiones de movilización o protesta social de igual o cercana intensidad. Sin embargo, puede haber otras explicaciones complementarias a este déficit de protesta y movilización social. La primera de ellas apunta, precisamente, a que la última experiencia de movilización social masiva en la región (las Marchas Campesinas y Cocaleras), dejó un saldo negativo en la comunidad en términos humanitarios, económicos y sociales (Uribe, Inédito), que se tradujo en un renovado escepticismo y rechazo a la movilización social .
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A partir del 2002 el número de desplazados en la región del Caguán sube de 2269, el año anterior, a 5954 personas desplazadas. Esta cifra se mantiene en niveles altos (por encima de 3000 personas) y se incrementa aún más para el final del período de estudio (6311 personas el 2005) (Consultar Anexo 2.2). 50 Entre las acciones del conflicto que mayor incidencia tienen en el desplazamiento masivo o individual en la región están: los allanamientos y detenciones masivas de pobladores por parte de la Fuerza Pública con el objetivo de capturar militantes y colaboradores de las FARC camuflados en la población civil, el riguroso control sobre los alimentos y medicinas a la región; las fumigaciones masivas e indiscriminadas; el reclutamiento forzado del ejército y las FARC que pone en riesgo a las familias de los reclutados; y los combates en las zonas del Medio y Bajo Caguán (Pontin & Uribe, 2006).
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Tipo de orden local Ejercicio de control
OLI (1979-1983)
(FARC) Militar: Aparición militar y política de las FARC en la región
Competencia con otros grupos guerrilleros, especialmente EPL
Retirada del M19 y derrota a manos de las FARC del EPL Político:
Infiltración en las instancias de autoridad en la región
Capitalización de las fracturas internas en la comunidad Económico:
Autorización del narcotráfico OLCS (1982-1988)
(FARC) Militar: Ausencia de adversarios armados en la región
Control policivo y militar de las FARC Político:
Copación del lugar de autoridad en la comunidad Económico:
Control de los cultivos ilícitos
Recaudación de impuestos del narcotráfico Social:
Organización de la comunidad
Liderazgo en el proceso movilizatorio y en las reivindicaciones sociales frente al Estado
OLC (1988-1994) (FARC, Fuerzas estatales)
Militar:
Rompimiento de los pactos entre gobierno y grupos guerrilleros
Disputa bélica entre fuerzas estatales y las FARC
Control policivo de las FARC en la región Político:
Repliegue político de las FARC Económico:
Control de las FARC de la economía de los cultivos ilícitos
Recaudación de impuestos por las FARC OLCS (1995-2002)
(FARC) Militar: Control militar y policivo de las FARC