Pero los mozambiqueños no fueron los únicos que sufrieron las conse-

cuencias del conflicto. Los habitantes

de los países limítrofes, que tuvieron

que compartir con los refugiados sus

escasos recursos, servicios sociales,

y a veces hasta sus tierras, también

se vieron afectados. Estos países de

acogida fueron Malaui, Sudáfrica,

Suazilandia, la República Unida de

Tanzania, Zambia y Zimbabue.

El más afectado de estos países fue, con diferencia, Malaui, un país pequeño, empobrecido y densamente poblado que acogió a la mayor parte de quienes huyeron de Mozambique. En el punto álgido del éxodo tenía a no menos de 1,1 millones de refugiados, lo que equivalía al 10 por ciento de la población de Malaui. Malaui no estaba preparado para hacer frente a una afluencia

importante de refugiados. A mediados de la década de 1980, era el sexto país más pobre del mundo y uno de los menos desarrollados de África. El 50 por ciento de su población infantil sufría desnutrición y su tasa de mortandad infantil era la más elevada del mundo. Aunque en algunas zonas los refugia- dos llegaron a alcanzar incluso una proporción de tres a dos respecto de los habitantes locales, rara vez flaqueó la acogida que les dispensaron. Muchos de los primeros refugiados, que eran étnicamente similares a los malauis, se establecieron junto con la población local. Algunos pudieron obtener tierras para labrar, aunque otros dependieron de la ayuda internacional.

Durante los primeros diez años del conflicto de Mozambique, el gobierno de Malaui, que proporcionaba apoyo encubierto a la Renamo, se opuso a que los refugiados recibieran ayuda internacional e intentó atender a sus necesidades con las estructuras y servicios existentes, proporcionándoles acceso a las clínicas y a los hospitales locales, así como a sus limitados servicios sociales. Después, en 1986, el mismo año en que cedió a la presión de los gobiernos de los países vecinos para que pusiera fin a su apoyo a la Renamo, Malaui reconoció su incapaci- dad para hacer frente a la afluencia de refugiados y pidió ayuda al ACNUR. Inicialmente, el ACNUR trató de potenciar los esfuerzos del gobierno por facilitar ayuda a los refugiados por medio de los mecanismos existentes. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU facilitó ayuda alimentaria. Sin embargo, ni siquiera con esta contribución pudieron las instituciones locales comenzar a satisfacer adecua- damente las necesidades tanto de los

giados etíopes en Sudán fuera superior a 400.000, la mayoría de los cuales proce- día de Eritrea.

Inicialmente, el gobierno de Sudán y los habitantes de la zona oriental d e l país acogieron a los refugiados con los brazos abiertos. Sin embargo, cuando su número aumentó, creció también el resentimiento d e l o s h a b i t a n t e s de la región

habitantes locales como de los refugiados. Cuando el número de éstos se multiplicó en 1987, Malaui pidió al ACNUR que estableciera campamentos para los refugiados y ordenó a todos los refugiados que llegaron a partir de entonces que se trasladaran a ellos. El gobierno también prohibió a sus ciudadanos que proporcionaran tierras de cultivo a los refugiados. Finalmente, más de dos tercios de los 1,1 millones de refugiados que huyeron a Malaui se establecieron en los campamentos. Aunque el alojamiento de los refugiados en campamentos facilitó la asistencia que les prestaban el ACNUR, el PMA y otras organizacio- nes, proporcionarles siquiera la atención y el mantenimiento básicos siguió siendo una tarea de enormes proporciones. Malaui, sin salida al mar, tenía un precario sistema de carreteras, y los camiones escasea- ban. Muchos de los campamentos estaban situados en zonas a las que sólo se podía acceder por caminos de tierra en los que no podían circular vehículos pesados. El tráfico de éstos causó enormes daños en carreteras y puentes. Las organiza- ciones de ayuda de emergencia alquilaron muchos de los camiones disponibles en Malaui para el reparto de alimentos, lo que dificultó el transporte de sus productos a los agricultores y comerciantes locales. El ACNUR y el PMA tuvieron problemas para mantener reservas temporales debido a la precariedad del sistema de transporte y a la ausencia de lugares de almacena- miento suficientes. Como resultado, se produjeron interrupciones en el suministro de alimentos y un alarmante aumento de los índices de desnutrición entre los refugiados.

Aunque la mayoría de éstos no tenía acceso a la tierra, encontraron medios para generar ingresos. Más del 90 por ciento de los refugiados participaba en actividades económi- cas como la fabricación y venta de vasijas, el molido de maíz, la cría y venta de animales domésticos y la fabricación de cerveza. Muchos vendían o intercambiaban además sus raciones para obtener otros artículos de primera necesidad, como carne, verduras frescas y jabón. Los refugiados más pobres, algunos de los cuales ni siquiera tenían cartillas de racionamiento, sobrevivían cortando leña. La tala de árboles a gran escala en Malaui provocó una deforestación tan grande que el medio ambiente de este país sigue sufriendo sus consecuencias negativas.

La ausencia de conflictos abiertos entre los habitantes locales y los refugiados fue notable, teniendo en cuenta todo el tiempo que los segundos permanecieron en el país y su gran número. Sin embargo, en 1992, la larga estancia de los refugiados en Malaui había comenza- do a tensar las relaciones con la población local. Los problemas se debían, principalmente, a la repercu- sión de su presencia sobre la economía, a consecuencias medioambientales como la deforestación, a la delincuencia y a otros problemas sociales. La sequía que sufrió la región en1992 y principios de 1993 agravó la situación. Aunque la ayuda humanita- ria destinada a los refugiados se distribuyó también entre los habitan- tes locales afectados por la sequía, aumentaron los robos en los almacenes y centros de distribución de alimentos. En algunos campamen-

tos de refugiados se secaron los pozos, lo que provocó problemas sanitarios y un brote de cólera que se propagó entre la población local.

El precio oculto

Estas consecuencias representan el precio oculto que pagan los países que acogen a grandes poblaciones de refugiados, especialmente cuando estos países se encuentran entre los más pobres del mundo. Los refugiados pueden tener un impacto positivo en los países de acogida, pero en algunos casos su presencia tiene también consecuen- cias negativas de gran alcance que pueden afectar a la economía y al medio ambiente locales, así como al equilibrio social y político. También pueden tener repercusiones graves sobre la paz y la seguridad nacional, regional o internacional.

Por otro lado, los esfuerzos de desarrollo en los países de acogida pueden verse minados y

distorsionados, pues la presencia de refugiados ejerce una gran presión sobre los suministros y servicios locales. A menudo las autoridades del país de acogida se ven obligadas a desviar fondos de proyectos generales de desarrollo para satisfacer las necesidades inmediatas de los refugiados en cuanto a alimentos, alojamiento y seguridad. En Malaui, un estudio patrocinado por el Banco Mundial concluyó que, incluso teniendo en cuenta la ayuda internacional facilitada por medio del ACNUR, entre 1988 y 1990 se habían dedicado alrededor de 25 millones de dólares de EE UU a asisten- cia para los refugiados, cantidad que se había desviado de otros proyectos.

La situación de los refugiados en el mundo

hacia ellos, a los que empezaron a percibir como una amenaza para la estabilidad de la zona. Se habían producido muchos combates en el interior de Eritrea, cerca de la frontera con Sudán e incluso en el propio suelo sudanés.4 _{La creciente crisis}

económica, agravada por una serie de cosechas malogradas en la región oriental, hizo que el gobierno solicitara la asistencia del ACNUR.

El ACNUR trabajó en estrecha colaboración con las autoridades de Sudán en la creación de asentamientos para los refugiados. En 1984, el número de refugia- dos etíopes había aumentado hasta llegar a alrededor de 500.000, de los que aproxi- madamente 128.000 vivían en 23 asentamientos para refugiados. El resto se había establecido espontáneamente en ciudades y pueblos y en la zona fronteriza. El ACNUR confió inicialmente e n q u e l a s actividades agrícolas y las oportunidades de empleo en grandes explotaciones agrarias mecanizadas permitirían que los re- fugiados fueran autosuficientes. Sin embargo, pronto quedaron en evidencia las dificultades. Un informe del ACNUR de aquella época señalaba: «Sólo un puñado de asentamientos tiene acceso a tierras y agua suficientes como para que el con- cepto de autosuficiencia sea realista».5

Los combates entre las fuerzas del gobierno de Etiopía y los grupos armados de la oposición de Eritrea, así como entre facciones eritreas rivales, siguieron pro- vocando la llegada a Sudán de refugiados procedentes de Eritrea. Pero se avecina- ba otra crisis de envergadura, esta vez en la región etíope de Tigré, que produci- ría una afluencia aún mayor de etíopes a Sudán, aumentó la presión sobre este país y planteó al ACNUR uno de los mayores retos a los que había hecho frente hasta entonces.