mente se perdió mucho- lo que pasó y pasa con las topadoras, que talan los montes que Dios puso en nuestro Chaco, desertificando e inutilizando tan ricas extensiones de tierra con la siembra de la soja. Es un crimen topar arboles tan jóvenes y luego quemarlos, tal es la modalidad que se usa, ya que esa madera puede servir para múltiples utilidades y para generar empleo. Aquí queda descu- bierta una trama, que abarca a todo el país, donde se pone de manifiesto la ambición desmedida de los grandes sembradores de soja que avanzan sin límites.
Aquel día de febrero fue una fecha fundamental ya que Green- peace y otras organizaciones se hicieron presentes y propusieron llevar a la capital del país y al Congreso de la Nación un pedido para frenar el atropello a nuestros recursos naturales. Los veci- nos, por otro lado, seguimos en la lucha para denunciar que la soja tiene una expansión desmedida que se realiza sobre zonas anteriormente ocupadas por el bosque nativo y la selva. El peligro es que este proceso siga sin control y termine provocando serios problemas ambientales, sociales y productivos.
Nuestra ciudad de Tres Isletas ya no es lo que era, ya no después de la soja. El cultivo partió a la sociedad por la mitad y el departa- mento, que concentraba una gran cantidad de monte nativo, tiene hoy el mayor grado de desmonte de la provincia. Para algunos, eso que crece hasta en las banquinas de las rutas es una plaga; para otros, es oro verde. La historia de las desigualdades se vuel- ve cada vez más evidente. El desmonte implica irregularidades en la venta y en el uso de las tierras, así como también la expul- sión de comunidades campesinas y aborígenes.
En diciembre de 2007 se sancionó una ley de presupuestos mínimos para la Protección de los Bosques Nativos, cuyo objetivo era regular la frontera agropecuaria mediante el ordenamiento territorial. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó en 2009 esta ley que obliga a los gobiernos provinciales a realizar un estu- dio de ordenamiento territorial de los bosques y arbustos nativos en cada jurisdicción, respetando determinados criterios ecológi- cos de sustentabilidad. La ley se convirtió en el marco legal que regula los desmontes en todas las provincias. Si bien es significa- tiva, la continua puja entre los sectores con conflictos de interés hace que termine prevaleciendo la opinión del más fuerte. Esta ley hoy no se cumple. Tenemos un departamento desmon- tado, con un bosque nativo muy frágil y muy lastimado, lo que produjo una notable degradación socio ambiental y profundos cambios climáticos. No pocas veces acusamos a la naturaleza sin asumir las responsabilidades que derivan de las propias ac- ciones destructivas.
Despojados de su cobertura vegetal, los suelos pierden rápida- mente varios de sus nutrientes y en pocos años quedan literalmen- te improductivos. A través de los granos exportados también se van los nutrientes naturales producidos en ciclos ecológicos de larga duración y los insumos hídricos requeridos por tales cultivos. Los recursos que se apropian deforestando -aire, suelo y tierra- generarán menores posibilidades para los pobladores, tendrán menos aire limpio, tomarán menos agua limpia y tendrán menos tierra para la producción de sus alimentos.
fundamental es la preservación y el cuidado del medio ambiente. Se trata de una manifestación familiar donde el tiempo parece estar detenido, las vivencias afloran con sus representantes y se ponen de manifiesto formas de sentir y vivir.
Los dos acontecimientos muestran una continuidad en la lucha por la preservación de nuestra identidad y nuestros recursos naturales. La recuperación de la democracia nos da la posibilidad de alzar nuestras voces. La participación nos permite conjugar derechos y tener una ley que asegure la preservación de los recursos invalo- rables de nuestro Chaco. La democracia nos permite que existan individuos que, desde sus posturas heroicas, salgan a las calle para solicitar que se ponga un freno al desmonte y para organizar un festival que sin violencia pero con mucha resonancia invita a mantener nuestra cultura y preservar el medio ambiente.
Hoy nos sumamos a su pedido y decimos: cumplan las leyes y paren el desmonte.
En las últimas décadas, nuestro departamento dejó de ser el princi- pal productor de girasol y algodón para pasar a ser un lugar donde en su gran mayoría se siembra soja genéticamente modificada. Un canto a la alegría emerge desde las entrañas del monte que resiste el embate de la “sojalización”. Miles de parroquianos lle- gan desde distintas provincias, como todos los años en el mes de mayo, y se dan cita durante dos días para cantar y bailar. Once kilómetros al sur de Pampa del Infierno, provincia del Chaco, en el raleo de un monte se observa este verdadero fenómeno social. La fiesta de Nokaisha sapicuna rescata desde el quichua nuestras raíces y nace desde el monte mismo como un canto a la alegría poniéndole a las penas un palenque.
“El pueblo ha usado la alegría como forma de responder a tanto ahogo, a tanta falta de oportunidad y a tanta discriminación y no es que la gente se atosigaba bailando y bebiendo sino que usa la alegría como un arma para defender su cultura. Porque la cultura de un pueblo no es acartonada, no es solemne, es simple”, rela-
tan los que participan de este encuentro.
Es una manifestación de la gente consciente de estos tiempos que vivimos, tiempos de evidentes signos de extinción porque la cultura de los pueblos están siendo sofocada y amenazada por la globalización. Este encuentro hace un llamamiento a movilizar la conciencia usando los mismos símbolos que el pueblo usó siem- pre: el canto y la danza. Así se empieza a interpretar e integrar a los estratos más complejos del saber del pueblo, ahí la geo- grafía deja de ser algo pintoresco y descriptivo y aparece como aquella que encierra una toponimia ancestral donde el objetivo
de figuras tan polémicas como el “merodeo” o tomar bebidas al- cohólicas en la vía pública. Estos arrestos son justificados con el fin de facilitar “la convivencia” y así prevenir los robos que son persistentes en nuestra provincia. Sin embargo, no son pocas las personas que sostienen que se trata de un Código inconstitucional, ya que viola los derechos constitucionales de defensa y acceso a la justicia (ya que es el comisario quien decide si hubo o no falta y, eventualmente, impone la sanción), además de castigar el ejer- cicio de algunas libertades personales o el ejercicio de derechos como circular o expresarse.
Sin embargo, en la práctica hay más: la aplicación de este