Narcotráfico y paramilitarismo

A partir de la década de los ochenta surgen en Colombia los denominados “paramilitares”, conformados por poderes locales y regionales de carácter semiautónomo, cuyas elites se encuentran extorsionadas o amenazadas por el avance guerrillero y se sienten más o menos abandonadas por los aparatos e instituciones del Estado central. A partir de este hecho, se da la crisis de representación política en la ciudadanía colombiana, González (2004) manifiesta que aparece la

separación entre “política y sociedad” y, con ella, una profunda problemática política y social. De acuerdo con Daniel Pecaut (2015), lo anterior se convierte en elemento clave de la evolución reciente de la política colombiana.

A la sombra de esta división en el Estado y los antecedentes de violencia, aparece el narcotráfico y, con él, la financiación tanto de las guerrillas como de los paramilitares, especialmente de las FARC – EP, que tuvo una gran expansión en zonas de cultivos ilícitos. Durante el gran auge del narcotráfico de la década de los 70 y 80 se desarrollaron diversas prácticas criminales y manifestaciones violentas.

El inicio del narcotráfico se daría en la década de los 70 con la marihuana, que pasa relativamente desapercibida pero que deja en su tránsito los inicios de un sistema político corrupto. Así, el dinero del narcotráfico empieza a tocar las esferas de la vida social y política de Colombia, como lo menciona Daniel Pecaut:

El universo del consumo se amplía más allá de sus habituales participantes. Un personaje como Pablo Escobar llega en un momento dado a encarnar un modelo de éxito y a estimular un tipo de ilusión populista y nacionalista. Si bien este dinero ayuda a Colombia a evitar los efectos de la "década perdida" de los países vecinos, el costo político se demuestra exorbitante. (Pecaut. 2015. Pág. 29)

La década de los 80 es la época de mayor impacto para la historia colombiana en relación al narcotráfico, los carteles de droga líderes de la época eran el cartel de Medellín y el cartel de Cali, quienes proclaman y ejecutan toda una estrategia de terrorismo en aras de detener el proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Con base en el mencionado plan, las instituciones del Estado se ven envueltas en conflictos de corrupción y de terror, hasta el punto de ver sus actividades “paralizadas”, producto del entrecruzamiento entre los poderes legales e ilegales.

En esta misma década nace, como resultado de los procesos de paz con el presidente Belisario Betancur (en 1985), el Partido Político Unión Patriótica. En colaboración con el Partido Comunista, este partido rápidamente toma fuerza ganando curules en el congreso, concejos, alcaldías y gobernaciones en lo ancho y largo del país. Ante dicho contexto, una porción de la clase política tradicional colombiana se siente amenazada, llevando a cabo lo que algunos llamarían el genocidio de la UP. Como lo anota Pécaut:

La experiencia se convierte a partir de ese momento en una tragedia sin precedentes. Los grupos paramilitares, secundados por miembros de las fuerzas del orden y por políticos de todos los niveles, emprenden el exterminio sistemático de los cuadros y los militantes de la UP. Los estimativos con respecto al número de víctimas oscilan alrededor de 2.500, entre los cuales figuran la mayor parte de los elegidos, incluyendo los elegidos al Congreso, los presidentes de la organización, innumerables dirigentes sindicales y líderes campesinos,

toda una generación de jóvenes militantes. A través de la UP, el Partido Comunista queda también gravemente debilitado. (Pécaut 2015. Pág. 34)

El país se ve envuelto en una oleada de violencia de grandes magnitudes, son diversos los actores violentos así como las problemáticas que conllevan, tanto que el Estado tiene, para la época, precariedades que constituirán la realidad social, cultural y política de las ciudades. Las desigualdades sociales y de concentración de la tierra se agravan aún más, complejizando las problemáticas de las periferias rurales y urbanas, además del inconveniente creciente de la representación política, pues los partidos políticos tradicionales ya no cuentan con el apoyo del pueblo y este ya no se siente representado.

En medio del clima de agitación social y de falta de representación política, la sociedad colombiana para fines de la década de los ochenta, manifiesta una completa pérdida de la confianza en las instituciones del Estado. La corrupción se convierte así en el común denominador de la vida política y surge en el espectro nacional la idea del líder social: figuras como Pablo Escobar afirman la concepción de movilidad social por medio del dinero mal habido. Las múltiples consecuencias de los procesos violentos, la desigualdad social y política que se vive en varios lugares de Colombia, da origen a asentamientos y poblaciones con características especiales, entre ellas encontramos la comuna de Altos de Cazucá, que tendrá gran relevancia para esta investigación.

El fin de la década de los ochenta está marcado por antecedentes de violencia, entre los cuales es necesario resaltar la violencia partidista, guerrillera, paramilitar y con estas todas las manifestaciones de inequidad social, corrupción, pobreza y la fuerte problemática del narcotráfico, llevando a Colombia al límite de convertirse en un Estado fallido, así la necesidad de un cambio desde la base se hace cada vez más urgente.

Las múltiples situaciones acontecidas durante el siglo XX darían lugar a la emergencia de la renovación del Estado colombiano, los antecedentes de múltiples violencias, la agudización de las problemáticas sociales y políticas en la sociedad, el crecimiento de las comunidades marginales a causa del fenómeno del desplazamiento, la corrupción en todas las esferas políticas llevaría a pensar una nueva constitución que se daría en 1991.