NUEVAS SOLICITUDES A LA SEP Y AL CONACULTA

A mediados de julio, dos nuevas misivas hicieron llegar los inconformes al Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y al entonces presidente del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa.

La primera tenía como fin, además de reiterar las demandas asentadas en cartas anteriores, nombrar a Enrique Carpizo, presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos, como representante legal del grupo identificado alrededor del #CANAL22SINCENSURA.

Aquí la transcripción íntegra de la primera carta:

En alcance a las cartas del 22 y 28 de junio, donde hacemos una denuncia pública respecto a diversos actos de censura y segregación laboral ocurridos en agravio del personal de la Dirección de Noticias de Televisión

Metropolitana S.A de C.V. (Canal 22), mismas que se anexan a este escrito, nos permitimos solicitarles, con fundamento en el artículo 8º constitucional su intervención con el objeto de que sea respetado nuestro derecho de réplica con motivo de las aseveraciones vertidas por el director de la aludida empresa televisiva en el noticiario Noticias 22, de fecha martes 23 de junio del 2015, el cual no ha sido respetado pese a las solicitudes públicas y formales presentadas ante Canal 22, las cuales también se anexan a esta petición.

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Lo anterior en virtud de que continúan severos acosos laborales al interior de dicho canal para evitar el cumplimiento de nuestro derecho constitucional a expresarnos conforme a los argumentos manifestados en nuestro detrimento y violación del derecho a conocer la verdad.

De igual forma, solicitamos una mesa de diálogo para esclarecer la postura de Canal 22 respecto a la existencia o no de persecución interna de quienes han denunciado públicamente actos violatorios de la libertad de expresión, siendo evidente que tales denuncias se hicieron con el propósito de apoyar al adecuado desarrollo de Canal 22 como un medio de comunicación público, donde, sin duda alguna, la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Defensor del Televidente de Canal 22, tienen la obligación jurídica, política y moral de atender e intervenir en los hechos cuyos detalles se describen en todos y cada uno de los anexos de dominio público de esta petición.

También hacemos de su conocimiento que urge la regularización contractual de múltiples trabajadores del Canal 22, los cuales ostentan antigüedades laborales de entre cuatro y veinte años, sin que al respecto se cumplan las disposiciones oficiales de servicios de salud y prestaciones laborales

vigentes, pues debido a esas denuncias no se les está renovando su

contratación sin motivo o causa legal, y tampoco se ha entablado cita alguna para las liquidaciones correspondientes, situación que deja ver un ánimo de aprovechamiento y abuso de poder con respecto de las personas

involucradas en la defensa de sus derechos y libertades.

Todo lo anterior, se hace de su conocimiento con el objeto de que, mediante la conciliación y el buen diálogo, se asigne fecha cierta para solventar estos adeudos a la justicia, pues esperamos la buena voluntad del Estado

Mexicano en reparar las violaciones que se han cometido contra de los trabajadores que signaron una carta para el saneamiento interno en beneficio de la libertad de expresión, ya que nuestros planteamientos verbales fueron desechados por el director de Canal 22, por lo que, en esencia, todo ello ha motivado mayores violaciones a nuestro derechos humanos.

Señalamos como domicilio para oír y recibir cualquier tipo de notificación derivada de este asunto, el predio ubicado en la calle de Michoacán número 66, interior 203 A de la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc , así mismo autorizamos como representante legal, al abogado Enrique Carpizo

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Aguilar, presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos.

Respetuosamente Adriana Ambriz Marco Lara Klahr

Alizbeth Mercado Becerril Marcos Daniel Aguilar Ojeda Claudia Magaly Quintero Carbajal Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez Julio Yahir López Peralta

Guadalupe de la Luz Pereyra Muñoz Juan Jacinto Silva

Alejandra Flores López Sergio Elizalde

Fernando Martínez Iñaqui Ortíz Bocanegra Adriana Torres

Eduardo Flores Mariela Ortíz

Alejandro Alvarado Roma Martínez

En la Secretaria de Educación Pública lo recibieron el 15 de julio y dos días más tarde en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Poco tiempo después, los escritores Fabrizio Mejía Madrid, Aline Pettersson, Jorge F. Hernández, Ana Clavel y el artista visual Gustavo Monroy, así como la comunicóloga Carola García Calderón, en representación de la comunidad intelectual y académica del país, le hicieron llegar una segunda carta al Secretario de Educación Pública, que señalaba:

Como ha transcendido públicamente y con toda seguridad es de su

conocimiento, el Canal 22 —cuya concesionaria es la empresa paraestatal Televisión Metropolitana, SA de CV— afronta una severa crisis ocasionada por la opacidad y discrecionalidad presupuestarias, el uso patrimonialista del espacio mediático, la afectación del derecho a la libertad de expresión, el

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acoso laboral y la negativa persistente a rendir cuentas, todo lo anterior bajo la dirección general del C. Raúl Cremoux López.

Canal 22 se había forjado una trayectoria prestigiada, al ser espacio mediático plural y abierto no solo a la diversidad de expresiones en los ámbitos cultural, artístico, científico, académico y periodístico, sino a las voces y temáticas variadas de la agenda pública —incluidas la educación, la política, los derechos humanos, la transparencia y la corrupción, la legalidad, la violencia social, la seguridad ciudadana y el medio ambiente, entre

muchas otras.

Todo lo anterior, a través de producciones propias y contratadas, así como desde sus espacios noticiosos.

Según las sucesivas denuncias públicas realizadas por decenas de

trabajadores de dicho canal desde junio pasado, bajo la actual dirección general se ha derrochado este capital social construido a través de dos décadas, generándose al interior un ambiente opresivo y autoritario con severas afectaciones a la legalidad y los derechos humanos, en perjuicio tanto de quienes conforman la planta laboral, como de la audiencia televisiva misma.

Particularmente, l@s trabajador@s denunciantes han exigido el derecho de réplica que les asiste de acuerdo con el Artículo 6º constitucional y la

rendición de cuentas convocando al director general a un debate público, lo cual no ha sido respondido de manera institucional por Cremoux López. Por lo anterior, las personas firmantes solicitamos su urgente intervención directa como titular del ramo, de acuerdo con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para restablecer la legalidad en Canal 22, comenzando por propiciar el necesario espacio de diálogo entre dichos trabajadores y Televisión Metropolitana, SA de CV, a través de su representación legal. Su responsable, oportuna y eficaz intervención redundará en beneficio de Canal 22 y su ganado prestigio, pero sobre todo de los medios públicos y el pleno ejercicio de las libertades constitucionales de información y expresión a las que tenemos derecho l@s ciudadan@s en México.