Obligaciones en materia de lucha contra la corrupción

1.3.1. Obligaciones derivadas de las normas constitucionales

La Constitución de 1993 no contiene una referencia directa al tema de la lucha contra la corrupción como política del Estado, como sí ocurre respecto al tráfico ilícito de drogas o a la obligación de garantizar los derechos humanos.

El tema de la corrupción aparece mencionado en la Constitución de forma indi- recta. Una primera aproximación puede realizarse a partir del reconocimiento, en el artículo 2, inciso 5 del derecho de acceso a la información pública, a partir del cual se ha desarrollado un marco legal orientado a la transparencia de la informa- ción que se encuentra en poder del Estado, y que ha merecido un importante desarrollo por parte del Tribunal Constitucional por medio de sus pronuncia-

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mientos sobre el proceso de hábeas data. Como señala Carbonell, la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia es «como pocas, una tarea en muy buena medida ciudadana».2

Asimismo, y en conexión con el tema de la transparencia, el artículo 40 de la Constitución señala que «es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos». En esta misma línea de transparencia en el desarrollo de la función pública debe citarse el artículo 139, inciso 8, que dispone como un principio de la función jurisdiccional «la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley».

Junto con las normas orientadas a garantizar la transparencia y el acceso a la infor- mación pública, la Constitución establece, en su artículo 41, un conjunto de reglas procesales relacionadas con los delitos de corrupción y de aquellos que afectan el patrimonio del Estado. La norma citada dispone:

Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por este deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por de- nuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públi- cos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.

El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.

Las disposiciones normativas citadas permiten afirmar que la lucha contra la co- rrupción constituye un objetivo que también cuenta con reconocimiento constitu- cional, en el entendido que los efectos de este flagelo generan un serio perjuicio para el respeto y garantía de valores y bienes jurídico-constitucionales indispensa-

2 CARBONELL, Miguel. Transparencia, ética pública y combate a la corrupción. Una mirada constitucional. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, p. 59.

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bles para la vigencia efectiva de las normas constitucionales y los derechos funda- mentales en ella reconocidos. En consecuencia, se trata de un objetivo que deberá ponderarse con otros bienes y derechos que cuentan con reconocimiento consti- tucional, en la perspectiva de buscar su armonización. Como afirma Landa:

[...] desde el Derecho Constitucional, se hace necesario fundamentar la ac- tuación institucionalizada del Estado en contra de un fenómeno social que, no puede soslayarse, se encuentra dentro y fuera de la administración del propio Estado. Es decir, otorgarle finalidades y objetivos específicos a la lucha anticorrupción y sus esfuerzos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de co- rrupción específicamente vinculados con tal ejercicio, planteándose como principal objetivo promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para la erradicación de la impunidad.3

A partir de estas consideraciones es posible afirmar que el problema de la corrup- ción debe tener un enfoque constitucional, a partir del cual se debe interpretar el marco jurídico interno, especialmente el penal y procesal penal orientado a inves- tigar y sancionar estos actos ilícitos.

2.1.1. Obligaciones derivadas de las normas internacionales

El Estado peruano ha ratificado tratados sobre corrupción, en los cuales se preci- san las obligaciones que deben asumirse con relación a este tema. En este sentido, la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en 1996 y que en- tró en vigor en 1997, señala en su Preámbulo: «La corrupción socava la legitimi- dad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos». Por su parte, la Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción, aprobada en el 2003 y que entró en vigor en el 2005, dispone en su Preámbulo lo siguiente: «Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabi- lidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la

3 LANDA ARROYO, César. «Tribunal Constitucional y Lucha Anticorrupción». En Edgard Reymundo Mercado (comp.). Lucha contra la corrupción. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República, 2008, p. 27.

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democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley».

En consecuencia, los tratados sobre corrupción reconocen los perjuicios que la corrupción genera en el ejercicio de los derechos fundamentales y en los sistemas democráticos, los cuales constituyen bienes jurídico-constitucionales que deben preservarse, siendo necesario reconocer para ello que existe una obligación del Estado de luchar contra la corrupción

2. TENDENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL