Odría y las barriadas

Odría estableció con las barriadas una relación de paternalismo y clientelismo, puesto que aprovechó la necesidad que tenían los pobladores de barriadas —conseguir la estabilidad de las tierras que habían ocupado— para brindarles su apoyo, siendo consciente de que como «dueño» de los terrenos estatales que se habían invadido, era el único que podía brindarles ciertas garantías.44 Una de las características principales de los pobladores de barriadas en los años cincuenta —teniendo siempre en cuenta que la mayoría de ellos eran de origen provinciano— era que no esperaban recibir mucho del gobierno (Zolezzi, 2011); es decir, no era una población que exigía la dotación de servicios básicos o el reconocimiento legal de sus viviendas, aunque sí se organizaba en torno a esos objetivos. Al respecto, la relación de clientelismo que se había establecido con el gobierno les resultaba conveniente.

Collier (1978, pp. 73-74) señala que Odría manejó bien esta relación de dependencia, puesto que

A pesar de la amplia y pública vinculación del gobierno de Odría en la formación de barriadas, es sorprendente que no haya evidencias de concesión de títulos a sus pobladores. Esta omisión es muy explicable, si se considera el interés de Odría en restablecer una relación paternalista entre el gobierno y las clases populares. Si los invasores están simplemente ubicados en tierras del Estado, la seguridad de la tenencia de esa tierra depende del gobierno; su permanencia en ellas, de la voluntad del presidente. Si se les otorga títulos, la seguridad de la tenencia tiene una base legal formal, independiente de la buena voluntad del presidente. De este modo, el no otorgamiento de títulos, refuerza la idea de que los invasores dependían de una conexión especial con el presidente. El otorgamiento de títulos no se comenzó a discutir seriamente sino hasta fines de la década del 50 y, en forma efectiva, sólo empezó a fines de la década del 60, cuando la presión política del alcalde del distrito de una barriada obligó, finalmente, la adopción de leyes que establecían medios simples y efectivos para otorgar títulos.

La relación entre Odría y las barriadas se remonta, incluso, hasta un par de años antes del Ochenio, cuando este fue ministro de Gobierno y Policía durante el gobierno de Bustamante. Al respecto, hay evidencias que señalan que evitó el desalojo de algunas de ellas (Collier, 1978,

44 _{En este punto es necesario recordar que la mayoría de barriadas que se establecieron durante el gobierno de Odría}

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p. 70). Es preciso señalar aquí que, si bien Odría estableció un vínculo cercano con las barriadas, ello no implicó que estas fueran a formar inmediatamente parte de las políticas de Estado. La relación solo fue de permisividad, de brindar una seguridad calculada, ya que finalmente —como se ha señalado— no se llegó a dar la tan ansiada titularidad de los terrenos invadidos.

Otra de las razones que explican por qué Odría pudo establecer una relación paternalista y benefactora con estos nuevos grupos es el mejoramiento que alcanzó la economía peruana durante los primeros años de la década de los cincuenta como consecuencia del aumento de las exportaciones de materia prima motivadas por la Guerra de Corea. Esta coyuntura le permitió al gobierno contar con el soporte material necesario para ejecutar diversas obras como edificios públicos y carreteras, lo cual se tradujo en un mayor requerimiento de mano de obra. La relación que buscaban establecer los pobladores de las barriadas con el gobierno de Odría, incluso a fines de su gobierno, se puede resumir en las declaraciones que dio el presidente de la Asociación de Pobladores de la incipiente barriada de Ciudad de Dios, Alejandro López Agreda, en las que señala lo siguiente:

[…] Nosotros, los de la directiva, no tenemos color político alguno. Somos sencillamente, trabajadores. Y sólo queremos vivir con decencia merced a nuestro propio esfuerzo […]. Y creemos sinceramente que colaboramos con el Gobierno del General Manuel A. Odría, cuando nos ofrecemos espontáneamente a trabajar para edificar nuestras propias casas, a dar todo el esfuerzo material y económico que podemos, para ayudarlo a resolver el problema de la vivienda y, con él, muchos otros problemas. (La Prensa, 31-12-1954, p. 2) Degregori (2014, p. 121) señala que «de alguna manera Odría cala en algunos aspectos medulares para la nueva masa popular limeña: les habla a los migrantes, los ubica, los reconoce y luego los utiliza. Pero queda en ellos el recuerdo de una reciprocidad efectiva: Odría realiza obra»; asimismo, agrega que luego del Ochenio la imagen del Estado se iría haciendo más nítida, ya que «el poder ya no aparece personificado en un hombre, o más precisamente en una pareja, sino repartido entre un conjunto de hombres».

El gobierno de Odría, pues, constituyó un régimen no democrático de baja capacidad. No democrático puesto que la persecución a los partidos y políticos opositores se mantuvo a lo largo del Ochenio, pero también porque las demandas de la población respecto a los servicios de vivienda, salud o educación no llegaron a traducirse en prácticas del Estado; y aunque se hicieron grandes obras en estos campos, las mismas solo pudieron ser aprovechas por ciertos sectores,

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quedando el resto marginado de estos servicios esenciales. Asimismo, cabe señalar que durante los años cincuenta un gran porcentaje de la población se encontraba impedida de participar en las elecciones de sus representantes políticos por su condición de analfabeta. La baja capacidad del régimen fue más notoria durante los años de la Junta Militar de Gobierno, ya que el país se encontraba sumergido en una profunda crisis política y económica, las cuales se estabilizaron relativamente durante los primeros años de la década de los cincuenta a partir del uso de la fuerza y factores externos, respectivamente. No obstante, como veremos en el siguiente capítulo, la poca presencia que tuvo el Estado para atender los servicios básicos en espacios como las barriadas, muestra también la baja capacidad estatal.