Paramilitarismo o Autodefensas Unidas de Colombia, AUC

Se podría afirmar que las principales causas del origen de la época denominada La Violencia, en el siglo XX, son el surgimiento de grupos al margen de la ley que mantuvieron un paralelismo permanente al de las fuerzas militares del Estado. Siempre la fuerza militar ha estado presente en la lucha, pero quien la ha alimentado, al igual que la resistencia del campesino hacia la guerrilla, fueron estos grupos irregulares, que se remontan a

“… la vieja práctica de las elites colombianas de utilizar la violencia para obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en connivencia con el Estado. Los antecedentes más cercanos se encuentran en los grupos

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que surgieron en los años cuarenta y cincuenta… (cuando)… Grupos privados como los denominados pájaros (y los chulavitas), operaron con el apoyo y la complicidad de las autoridades” (García-Peña, 2007: 54- 55).

Desde La Violencia, estas asociaciones irregulares se han formado a través del pago de favores políticos, saldados con favores económicos como la tierra. De esta manera han mantenido a raya a la oposición, no con fusilamientos, sino con ejecuciones extrajudiciales y sistemáticas. En todo sitio donde ha habido presencia guerrillera, siempre han estado presentes también grupos paramilitares financiados fundamentalmente por terratenientes, comerciantes, transportadores y por empresas petroleras o empresas eléctricas. Sin embargo, el Estado siempre ha jugado el papel ambiguo de apoyarlos y no comprometerse; incluso ha encontrado fórmulas para hacer de esta ambigüedad una institución, que son justamente las fórmulas de una organización autodefensiva de los campesinos. Es decir, a los campesinos se les permite tener armas, y organizarse contra la guerrilla, como una forma de autodefensa. Bajo esta fórmula se desarrolló lo que hoy se conoce como el paramilitarismo.

Desde comienzos de la década de los sesenta, la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado han sido formados bajo los parámetros de la doctrina de la Seguridad Nacional, que en Colombia

“… se caracterizó por acciones coactivas practicadas directamente por el aparato estatal, y especialmente por la adopción de medidas de excepción que otorgaban una creciente autonomía al estamento militar. Así mismo, se adoptaron las primeras disposiciones que legalizaban la conformación de cuerpos de civiles armados, que bajo el mando del Ministerio de defensa contribuyeran a garantizar la tranquilidad ciudadana” (Carrillo & Kucharz, 2006: 152-153)

Dentro de tal propósito se han implementado mecanismos prestos a la eliminación de la existencia del comunismo, la subversión o insurgencia.

Así, en el marco de dicha estrategia, a comienzos de la misma década se recomendó por parte de asesores militares norteamericanos la conformación de organizaciones de tipo antiterrorista, que combatieran los grupos comunistas, entonces

“… se estableció el fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y el control de las fuerzas armadas, mediante el decreto legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la ley 48 de 1968” (Comblin, 1978: 58).

Se dio así fundamento legal para la organización de la defensa nacional, la defensa civil y la promoción en la organización de las autodefensas.

Bajo estas normas e inclusive yendo más allá de ellas, miembros de la Fuerza Pública dotaron de armamento y adoctrinaron habitantes en zonas de conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población dentro de la confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha contrainsurgente, lo que ha correspondido con una ideología de terrorismo de Estado. Como acción criminal y fraudulenta de estos grupos aparece el amedrentamiento a la población con el propósito de generar miedo y temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sindicales, sociales, políticas y de derechos humanos, impidiendo la manifestación libre de la inconformidad social.

A nivel nacional el radio y método de acción de las autodefensas se ha guiado por nivel de conflicto en la región, teniendo en cuenta el estado de la organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y al accionar de la Fuerza Pública.

En tal sentido, los grupos de autodefensas se pueden crear por tres causas principales: a) a partir de que la población se comprometa; b) por la constitución una organización permanente y cerrada, en la cual el área de acción determine el tamaño; c) por la contratación de personas procedentes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan parte del grupo permanente. Es así como según su perspectiva ideológica y los intereses que los movían se crearon:

“Muerte a Secuestradores (MAS), el escuadrón de la Muerte, Muerte a Abigeos (MAOS), Castigo a Firmantes o Intermediarios Estafadores (CAFIES), el Embrión, Alfa 83, Prolimpieza del Valle del Magdalena, Tiznados, Movimiento Anticomunista Colombiano, Los Grillos, El Escuadrón Machete, Falange, Muerte a Invasores, Colaboradores y Patrocinadores (MAICOPA), los Comandos Verdes, Terminador, Menudos, Justiciero Implacable, Mano Negra y Plan Fantasma” (Pizarro, 1987: 144). Entre otras.

Afanador (2003) redacta la historia contada por Álvaro Jiménez, ex guerrillero del M-19, quien por orden directa de Carlos Pizarro, se relaciono de manera cercana con Henry Pérez, líder y fundador de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, la primera zona colombiana en la que hacen su aparición estos grupos insurgentes:

“Todo empezó con el malestar de la gente por el abuso del IV frente de las Farc contra los propietarios de esa zona. Las reiteradas ‘vacunas’, se habían convertido en algo insostenible y el que se negaba a pagar lo secuestraban. Los mismos propietarios, antes de que la guerrilla se volviera insaciable, hacían contribuciones voluntarias para que ‘los

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muchachos’, -así los llamaban- ‘limpiaran’ su territorio de cuatreros y asaltantes. El secuestro de alguien muy querido en la región –afirma Jiménez- fue la gota que rebosó la copa. Pero lo primero que hicieron no fue armarse sino tratar de liberarlo por las buenas, pedirles a las FARC que lo soltaran. No tuvieron respuesta. “La rabia creció poco a poco. Se reunieron varios de los inconformes con los abusos de las FARC, entre ellos el padre de Henry Pérez, Gonzalo Pérez’. Se trataba de gente que sabía de armas y que conocía las FARC por dentro. ‘Les habían medido el poderío y estaban dispuestos a enfrentarlas’. Era el año de 1979 y todavía no tenían ‘relaciones formales’ con los militares. Aquellos grupos los conformaban rebuscadores, personas que en su gran mayoría se ganaban la vida en ‘oficios varios’. Contrario a lo que suelen argumentar la FARC, las autodefensas no nacieron por una orden militar, ni apoyados por los militares: tuvieron un origen civil. Fue después que el Ejército se involucró al ver que sus precarias condiciones (las de los paramilitares) –no tenían buena armas, ni táctica, ni helicópteros- eran más efectivas que ellos (el ejército) en la lucha contrainsurgente: ‘El cuento de nuestra existencia y de nuestras victorias llega a Yanine, y manda a algunos militares de baja graduación – tenientes, capitanes- ha hablar con nosotros’. Y vienen, ahí sí, los estímulos para que se convierta en una fuerza más organizada. El Ejército decide entrenarlos y armarlos bien para incorporarlos en una estrategia de guerra arrasada contra las FARC. La conocida doctrina de la guerra sucia que considera que cualquier colaborador, simpatizante o activista político, así se encuentre desarmado, así parezca campesino o sindicalista o maestro, o defensor de los derechos humanos, o político en busca de votos, es realmente un guerrillero. Según esta doctrina ‘con esa gente’ hay que valerse de otros medios, no tan legales, que protejan a las Fuerzas Armadas y que impidan que los subversivos puedan ampararse en el derecho. El éxito obtenido hace que los llamen de otras regiones como el Putumayo, Huila, Santander, los llanos del Yarí, el oriente de Caldas, Antioquia y el sur de Córdoba” (Revista Semana, 2 de Septiembre de 2003).

En este contexto fueron en aumento las organizaciones paramilitares, hasta llegar a convertirse en la estrategia primordial del Estado Colombiano en la lucha antisubversiva. Entre 1996 y 1997 se unieron todos los grupos paramilitares y conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas por Carlos Castaño Gil.

El radio de acción territorial de estos grupos tiene lugar en zonas como Urabá, Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de acción ha estado enmarcada en la realización de ejecuciones selectivas, hasta la realización de masacres indiscriminadas, como

las matanzas en las poblaciones de Segovia, Honduras, La Negra, El Tomate y Pueblo Bello.

Las tácticas empleadas con mayor frecuencia por parte de este grupo armado han sido: la habitual intimidación a la población mediante el porte de listas donde se amenaza a los habitantes y en general se les instiga para que se integren al proyecto paramilitar, además la persecución sistemática, el hostigamiento, la práctica de la tortura, la detención arbitraria y la realización de consejos verbales de guerra, para terminar siendo desplazado a otras regiones del país en busca de paz si es que antes de que esto ocurra no han sido asesinados. Estos grupos han sido justificados como autodefensas, en donde se afirma que las patrullas de campesinos organizados están protegidas por el Ejército, promoviendo la participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios.

Respecto de su relación con la Fuerza pública se ha determinado que llevan a cabo patrullajes conjuntos, utilizando en diversas ocasiones a la población civil para que les acompañe en los mismos. Los dirigentes o comandantes paramilitares son transportados en helicópteros del ejército y las bases militares habrían sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de estas estructuras criminales. El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e instituciones del Estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido obligado a pagar una serie de impuestos ilegalmente recaudados para el mantenimiento de estos grupos. Es así, como

“Los militares colombianos cambiaron de ese modo la estrategia contrainsurgente, delegaron el los paramilitares el ‘trabajo sucio’ de eliminar a trabajador, campesinos, maestros, políticos, y lideres sindicales de izquierda, por ser, supuestamente, guerrilleros de civil que habían infiltrado las organizaciones políticas, la iglesia, los gremios y las mismas instituciones estatales. En esta guerra no convencional se registraron los genocidios, las masacres, las detenciones- desapariciones, las eliminaciones selectivas, individuales y colectivas y la limpieza social como delincuencia común, drogadictos y homosexuales” (Medina & Téllez, 1994: 64).

Ha sido importante la participación de sectores que controlan el negocio de las drogas, esmeralderos y terratenientes en su financiamiento, los cuales han actuado de común acuerdo con la Fuerza Pública en cuanto a la dotación de armamento, entrenamiento y acciones encaminadas a ejercer control en determinadas zonas.

El paramilitarismo ha tenido entre sus causas principales el narcotráfico, donde muchos de los líderes de las autodefensas habrían sido antiguos narcotraficantes, o en su defecto, lo continúan siendo, y a través del tiempo han

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sostenido una batalla constante con la guerrilla. Esta querella ha surgido de la extorsión por parte de los grupos guerrilleros a aquellos que han realizado actividades relacionadas con el negocio de las drogas, sumando a esto, que la guerrilla habría secuestrado traficantes de estupefacientes para captar dinero.

De 1994 a 1998 durante el periodo presidencial de Ernesto Samper Pizano, se promovieron las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural CONVIVIR, para regularizar el paramilitarismo, con el fin de que contribuyeran con las labores de inteligencia para las Fuerzas Armadas; tuvieron su foco principal en el Departamento de Antioquia, con Álvaro Uribe Vélez como gobernador.

Durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez de 2002 a 2006 y de 2006 a 2010 se adopto la ley de la legalización del paramilitarismo, o lo que es igual la Ley de Justicia y Paz o la Ley 975 de 2005, (información ampliada en la introducción), que según el Congreso de Colombia en el Diario Oficial 45.980 de julio 25 de 2005:

“… dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

Pero con todo esto, lo que se estaba haciendo era de alguna manera asegurar sus acciones y legalizar su impunidad, ya que según Pardo (2007) las alianzas entre la clase política y organizaciones criminales han sido una práctica recurrente. Entre las más evidentes se pueden destacar tres: la primera, entre el Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar Gaviria y políticos liberales y conservadores. La segunda, entre el Cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela y políticos de las mismas colectividades; y la tercera alianza ocurrió entre un sector de la clase política, diversos estamentos y paramilitares.

De otra parte, comienzan movilizaciones nacionales e internacionales para derogar las leyes que estaban protegiendo a estos grupos insurgentes. La comisión de derechos humanos invitaba al gobierno colombiano a destituir por vía administrativa y de manera inmediata, al personal de la Fuerza Pública que había sido señalado por parte de organismos nacionales o internacionales como comprometidos en la formación, promoción o instigación de este tipo de grupos.

Solicitaban derogar todas las normas o actos administrativos que autorizaran, ordenaran o favorecieran la creación o constitución de grupos paramilitares, así como de aquellas que posibilitaran un trato benigno o favorable, en especial el Art. 34 del Decreto 3567 de febrero de 1994.

Durante el gobierno de Uribe Vélez se adelantó el proceso de paz con las AUC, el cual ha sido criticado ya que en su desarrollo se presentan contradicciones y vacios jurídicos, tal es el caso cuando uno de los requisitos para acogerse a este programa es que los paramilitares estaban obligados a confesar todos sus delitos y si no lo hacían, perderían los beneficios. Pero el sistema judicial colombiano no tiene las herramientas suficientes para corroborar la información que daba cada paramilitar desmovilizado, así que no quedaba más remedio que creer en lo que cada uno quería declarar.

En el año 2005, se desarrollaba un proceso de desmovilización masiva de las AUC, y comenzó su aparición un nuevo grupo armado llamado Bandas Criminales ‘Bacrim’ en diferentes regiones del país, pero en la actualidad están desplegadas por los 32 departamentos. (Ver tabla 2).

El Observatorio de procesos de Desarme de la Universidad Nacional señala en su informe de noviembre de 2012, que dentro de las ‘Bacrim’ los grupos que predominan son: Los Urabeños, Los Rastrojos, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC), Las Águilas Negras, Los Paisas, La Oficina de Envigado, La Cordillera y Los Machos. Consiguiendo el sostenimiento de otras estructuras, coaliciones y consentimientos para incrementar la figura armada y su vigencia en el territorio Colombiano.

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CAPITULO V I

ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS DESDE LA