Colombia cuenta más de 250 mil víctimas directas y más de 6 millones de víctimas indirectas por cuenta del conflicto armado interno de más de 50 años entre el Estado y grupos al margen de la ley. La normatividad vigente compromete al Estado a compensarles a las víctimas, a través del reconocimiento de su calidad de tales, la reparación del daño sufrido, la reivindicación de sus plenos derechos como ciudadanos y el compromiso de la no repetición.
Es necesario empezar por reconocer que la participación política es un derecho consagrado en la Constitución Política colombiana23 para todos
los ciudadanos pero que, por su condición de vulnerabilidad, la mayor parte de las víctimas del conflicto no ha podido ejercerlo durante años. Por esto el Estado colombiano debe asumir que es necesario construir o adaptar los elementos jurídicos, políticos, administrativos que sean necesarios para asegurar que, en adelante, las víctimas del conflicto armado puedan ejercer ese derecho a plenitud.
El grueso de las víctimas del conflicto armado en Colombia corresponde a personas que fueron desplazadas de sus tierras y obligadas a refugiarse en tierras extrañas abandonando sus pertenencias y modos de sustento. Desde entonces, aún en sus lugares de refugio, muchas seguían siendo amenazadas, amedrentadas y violentadas por los actores de la guerra, lo que les impidió recuperar lo que era suyo. Durante esos años de desplazamiento y subsecuente deterioro de sus condiciones de vida, han
tenido que restringirse de expresar, individual o colectivamente, sus opiniones políticas, sus preferencias electorales, o simplemente sus inquietudes en relación con las políticas gubernamentales, so pena de recibir graves consecuencias para sí mismas o para sus familias.
El derecho a elegir y ser elegido, el derecho a conformar grupos para expresar ideas políticas, el derecho a pronunciarse en contra o a favor de candidatos, entre muchos otros, les fue vetado totalmente bajo la amenaza constante contra sus vidas. Es una realidad que, durante largos años, los procesos electorales en una gran parte del territorio nacional han sido constreñidos por los grupos al margen de la ley y que los electores de esos territorios eran amenazados para que votaran por un determinado candidato favorable al grupo o régimen imperante en la zona.
La construcción de paz en Colombia debe soportarse, no solamente en la reparación material de las víctimas, sino de manera inmediata en la restitución de todos los derechos de los ciudadanos bajo el principio de equidad. Es claro que los derechos de los ciudadanos de una nación deben ser protegidos por el Estado y poder ser ejercidos por la totalidad de sus miembros. Gracias a esta convicción, compartida por la mayoría de países del mundo, entidades como la Organización de Naciones Unidas han impulsado iniciativas que buscan asegurar la participación política de los que usualmente son marginados de la sociedad24
Solo en la medida en que aquellos miembros de la sociedad que hayan sido vulnerados, marginados o reprimidos en cualquier forma reciban las oportunidades para que el daño sea resarcido y sus derechos restablecidos completamente, el resto de la sociedad podrá asegurar que
24 Ver resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011/ Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas /Convención sobre los derechos de personas con discapacidad.
se ha saldado la deuda, esa deuda en la que, en mayor o menor medida, por acción o por omisión, muchos han contribuido.
Así, en Colombia, se requiere, junto con muchas otras formas de compensación, saldar la deuda en cuanto a derechos políticos que se tiene con las víctimas del conflicto armado, tras décadas de limitaciones para expresarse, para manifestarse, para elegir y ser elegido.
Al igual que otros grupos rezagados de la sociedad, las víctimas del conflicto armado deben poder ejercer su derecho a organizarse como grupos, a expresar abiertamente sus opiniones en relación con las decisiones gubernamentales, a contar con oportunidades de constituirse en una fuerza política que visibilice sus necesidades y gestione la solución de sus problemáticas; es imperativo que las víctimas tengan voz en la definición de políticas públicas, en especial aquellas que afecten de manera directa la restitución de sus derechos; es inaplazable el deber de darles la oportunidad de que se organicen políticamente para vigilar el cumplimiento de lo que el Estado les ha ofrecido y para reclamar aquello que aún no les ofrecen pero que consideren necesario para la reparación del daño causado por la guerra interna.
Colombia no podrá afirmar que está en paz hasta que la totalidad de sus ciudadanos goce del pleno ejercicio de sus derechos y tenga plenas garantías para expresarse, ya sea a favor o en contra de las políticas gubernamentales, así como de los propios gobernantes y sus decisiones.
Conclusión
En este capítulo hemos recogido algunos aspectos teóricos sobre la participación política que dan marco teórico a esta investigación. Así, empezamos por reseñar algunas de las definiciones clásicas de participación política existentes en la literatura politológica, destacando diferencias y similitudes entre ellas, para pasar luego, de la mano de lo
propuesto por Patrick Conge25, a concretar análisis sobre las limitaciones
metodológicas que impone la elección de definiciones demasiado explícitas así como de las muy generales para los fines que se persiguen en esta investigación. Con base en estas reflexiones, se decide entonces asumir la definición de Conge de participación política según la cual las acciones individuales o colectivas, en pro o en contra de estructuras de Estado, autoridades o decisiones concernientes a la distribución de bienes públicos se consideran participación política, aclarando que tales acciones pueden ser de tipo verbal o escrita, ser violentas o no violentas y tener cualquier tipo de intensidad. De la misma manera, guiados por las reflexiones de este autor, se precisó ese concepto de bienes públicos, que a su vez, él toma de los autores Booth y Seligson, por considerarlo un acierto en el contexto de las definiciones existentes hasta ese momento. Según Conge, estos autores, basándose en el análisis de la realidad política de países latinoamericanos, encuentran que, en muchas poblaciones aisladas y económicamente limitadas, en las cuales los gobernantes no pueden, o deliberadamente no hacen mucho por proveer bienes básicos como puentes, escuelas, sitios de recreación o espacios para la actividad comunitaria, entre otros, es la propia comunidad la que se organiza, trabaja y coopera, para adquirirlos. Este será el argumento fundamental para justificar la inclusión de tales acciones populares tendientes a conseguir tal tipo de bienes, en la categoría de participación política.
Seguidamente se plantearon algunas reflexiones en torno a la relación existente entre participación política y democracia, destacando, como lo han compartido muchos autores, que un indicador clave de una democracia sólida y madura es justamente la participación política en tanto evidencia las garantías que tienen los ciudadanos para expresarse frente a las decisiones gubernamentales. En este apartado, siguiendo los
planteamientos de Rokkan, se analizan los cuatro umbrales señalados por el autor como indicares clave de la madurez y solidez de una democracia.
Finalmente, hemos incluido una reflexión sobre la necesidad que tiene Colombia de fortalecer progresivamente la participación política de víctimas del conflicto armado, como un requisito para afirmar que en este país realmente se está construyendo una paz fundada en el principio universal de la equidad, en la que se respetan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, entre los cuales está el de la participación política. Se hace un llamado para que las instituciones del Estado promuevan escenarios de una genuina participación de las víctimas, promoviendo y gestionando las instancias que sean más pertinentes para asegurar que se pasa de las intenciones expresadas en acuerdos, protocolos, resoluciones y leyes, a la materialización de oportunidades para expresar abiertamente y con garantías para la integridad personal, tanto las posturas afines como aquellas que critican las decisiones gubernamentales.