PARTICIPACIÓN POLÍTICA: LA EXPERIENCIA DE LÍDERES DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
2. La relación de las víctimas con la institucionalidad gubernamental
Frente a la pregunta sobre cómo ha sido la relación con las entidades gubernamentales creadas por la Ley de Víctimas para atender y reparar el daño causado por el conflicto armado, los líderes entrevistados en general tienen un concepto positivo de la Unidad de Restitución de
111 Aunque los líderes refieren que estos hechos están bajo investigación de autoridades competentes y que esperan que los recursos perdidos eventualmente se recuperen, claramente son casos que afectan de manera directa el interés de las víctimas en la participación política.
Tierras, URT y de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV.
Varios líderes reconocen que una de las entidades que mayor trabajo de formación a víctimas para fortalecer sus capacidades de participación política, es la UARIV, la cual, gracias a que tiene oficinas en gran parte de los municipios, se hace visible y accesible para la población victimizada. Sin embargo, critican que tales procesos de formación no necesariamente han tenido la profundidad que se requiere para asegurar que las víctimas que acuden a esos cursos o talleres queden empoderadas para participar efectivamente en decisiones políticas y para que consoliden un criterio político que les permita volverse veedores de los programas que se implementan para atender a la política de víctimas. Una queja puntual es que los talleres son cortos, superficiales en su contenido, no tienen en cuenta la diversidad en niveles de formación que tienen las víctimas y no se acompañan de un seguimiento posterior o de tutorías por parte de los funcionarios a las víctimas capacitadas. Estas sienten que se les ha dejado solas y que cuando llegan a los espacios en los que se espera que participen activamente, en realidad se dan cuenta de que no han desarrollado habilidades plenas para hacerlo.
Si por una parte los líderes entrevistados reconocen que la UARIV es una entidad que hace presencia en el territorio y en ese orden de ideas les facilita a las víctimas el acceso a sus servicios, algunos líderes expresaron su preocupación por lo que denominan la escasa vocación de trabajo con víctimas que han evidenciado en algunos funcionarios regionales. En su opinión, el proceso de selección de personal que atiende víctimas debe considerar esa característica de disposición al servicio a población vulnerable pues algunas víctimas reportan haber sido maltratados por los funcionarios locales, cuando acuden buscando algún tipo de orientación. Esto ha llevado a que algunos líderes de víctimas o miembros de organizaciones defensoras de derechos de
víctimas tengan que asumir una postura de confrontación con funcionarios de esta entidad en sus municipios, buscando defender el derecho de las víctimas a recibir atención debida y oportuna en sus peticiones y reclamaciones. Por otra parte, algunos líderes exaltaron la calidad humana y técnica de los funcionarios de la UARIV en sus municipios y relataron que han encontrado en ellos personas comprometidas con las problemáticas de las víctimas y que han facilitado que la población víctima en realidad tenga acceso a los servicios dispuestos para ellos. Esta aparente contradicción dejaría entrever una necesidad de unificar, bajo estándares altos de calidad, la atención que la entidad brinda a las víctimas en todo el territorio nacional.
Sobre el Sistema de Identificación de Víctimas varios líderes indicaron la necesidad de fortalecerlo, pues lo califican como débil, en tanto, según reportan, ha permitido que personas que no son víctimas queden registradas como tales y obtengan beneficios a los que de otra forma no tendrían derecho, arrebatándoles tales derechos a las verdaderas víctimas. Las recomendaciones en este sentido se orientan a que se haga una indagación más profunda de los hechos victimizantes denunciados y un mayor análisis de la información suministrada por las personas que reclaman ser incluidas en el sistema, para que se prevenga la inclusión en el registro de víctimas de personas inescrupulosas que no tienen tal condición.
Una de las figuras cuyo rol se destaca por parte de los entrevistados es el de los Personeros Municipales, funcionarios vinculados a las Alcaldías locales cuya función, entre otras, es la de servir de articuladores y voceros de las víctimas en los municipios. Algunos exaltaron que el Personero es clave para lograr que las víctimas en realidad sean tenidas en cuenta en las decisiones de impacto social en los municipios. Resaltan que algunos de ellos han hecho una labor destacada promoviendo el empoderamiento de las víctimas y
fomentando su capacidad de participación política, pero, por sobretodo, destacan la función de los Personeros como forjadores de confianza en las instituciones gubernamentales. Sin embargo, por tratarse de un rol en cabeza de una persona, su efectividad queda supeditada a la voluntad individual de quien ostente este cargo, para impulsar y buscar respaldo a las iniciativas de las víctimas. Al parecer se dan casos en los que a los personeros no los dejan actuar, les exigen alinearse con la visión y los intereses políticos del gobierno local de turno y por esto terminan tomando distancia de las necesidades y requerimientos de las víctimas.
La URT, responsable por los procesos de restitución de las tierras a las víctimas que fueron despojadas como parte de los hechos asociados al conflicto armado interno, resulta muy bien valorada por parte de los líderes de víctimas entrevistados, en términos de que ha propiciado espacios de participación a nivel regional en los que ha escuchado a las víctimas con miras a restablecer sus derechos. Sin embargo, algunos líderes de víctimas se muestran un tanto pesimistas en cuanto a que alguna vez se recuperen las tierras que son más productivas y mejor ubicadas pues, de acuerdo con su reporte, tales tierras están en manos de personas poderosas que moverán sus influencias para no dejar que sean restituidas a las víctimas.
En cuanto al CNMH, varios de los líderes entrevistados expresaron percibirla como una entidad que trabaja desconectada de los principales voceros de las víctimas, es decir, de los miembros de las Mesas de Participación. En palabras de algunos de ellos, esta entidad parecería funcionar como una rueda suelta que no consulta con las Mesas de Participación, y no propicia escenarios de deliberación y de consenso con los líderes de las víctimas a nivel regional y nacional. Si bien reconocen que el CNMH ha impulsado varias iniciativas importantes en materia de reconstrucción de memoria histórica en distintas regiones del país y ha producido un número importante de obras al respecto,
compartiendo que la labor de memoria es fundamental para la construcción de la paz, opinan que tales iniciativas no han respondido a una planificación concertada regional o nacionalmente. Es decir, a su juicio, el CNMH ha dado respuesta de manera individualizada a solicitudes específicas de grupos de víctimas de ciertos territorios que no son, como quisieran los líderes de víctimas entrevistados, el resultado de un proceso consensuado de selección de iniciativas cuyos criterios sean previamente establecidos en consonancia con los representantes legítimos de las víctimas, es decir con los miembros de las Mesas de Participación.
Perciben además que el CNMH ha venido disminuyendo el número de iniciativas a las cuales brinda respaldo y que las razones que han obtenido al preguntar al respecto tienen que ver con la limitación de recursos económicos para la gestión institucional. Al ser una entidad central, cuya sede única está en Bogotá, su presencia regional es esporádica. El acceso a sus obras y productos es posible casi exclusivamente vía internet, con lo que muchas víctimas que se ubican en territorios muy alejados, sin acceso a tecnologías de información, simplemente no pueden acceder, consultar o aportar en la gestión de esta entidad.
Adicionalmente, varios líderes de víctimas comparten el temor de que la decisión del gobierno central de construir el Museo de la Memoria en la ciudad de Bogotá, lejos de los territorios más afectados por la violencia, no garantizará la visibilización de las víctimas regionales. En este sentido, el Museo de la Memoria al parecer no se estaría percibiendo en el nivel regional como una construcción participativa e incluyente.