CAPÍTULO II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS ESTRATEGIAS DE
V. PERCEPCIÓN CIUDADANAS SOBRE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD
Según Garland, las políticas destinadas al manejo delincuencial serán calificadas por la ciudadanía según la ansiedad social que los delitos representen para su vida cotidiana y la percepción que tengan de que el gobierno está ejecutando medidas eficaces para contrarrestar tal situación. De la misma forma, los gobiernos son afectados e influenciados por la opinión pública que repercute en la elaboración de políticas de seguridad ciudadana. En consecuencia, la experiencia cotidiana (real o imaginaria) de la ciudadanía con el delito califica a las políticas del gobierno.
Rafael Correa es considerado al momento como uno de los presidentes más populares en la historia del Ecuador. Algunas encuestas latinoamericanas incluso lo posicionan como el mejor evaluado a nivel regional en comparación a la media Latinoamérica de 40%.Sus niveles de aprobación, considerando sus respectivas fluctuaciones, han sido índices superiores al 50% en los últimos cinco años (Informe Latinobarómetro 2011: 51-57). Durante los primeros años, la tendencia de aprobación pública del presidente tendió a decrecer, pero desde el 2010 se observa nuevamente una tendencia positiva. Sin embargo, desde el inicio del gobierno hasta el 2011 la popularidad del Presidente ha decrecido 10 puntos.
Figura 8. Tendencia de aprobación de la gestión presidencial en el país
Fuente: Informe Latinobarómetro2011 pág. 24. Elaboración propia
Si bien es cierto que la gestión del gobierno es aprobada por la mayoría de los ecuatorianos, ésta alta calificación se refiere a los resultados de las políticas de infraestructura vial y sociales en general. No evidencia necesariamente una aprobación hacia las políticas de seguridad ciudadana. Efectivamente, la ciudadanía se muestra complacida con el manejo político, principalmente de la viabilidad, de la educación y la vivienda. De igual manera, aunque en menor medida, con las políticas en el sector de la salud y el medio ambiente. Pero, respecto a la seguridad, la percepción es diferente: las encuestan señalan que es en este campo donde se
30 27 20 24 23 74 66 59 58 64 0 20 40 60 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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observa claramente la insatisfacción contra el régimen. En 2011, solo un 24% de la población respalda la política de seguridad del gobierno.
Figura No.9Aprobación de la gestión presidencial en campos específicos
Fuente: CEDATOS 2011. Compendio del año 2011, indicadores sociales, económicos y políticos. Hechos y personajes más destacados del año, s/p. Elaboración propia.
En definitiva, la experiencia cultural de los ecuatorianos respecto al delito, expuesta a través de las tazas delictivas y las percepciones ciudadanas, muestra que el crimen es un fenómeno real en crecimiento, capaz de generar ansiedad y miedo social hasta el punto de definir a la inseguridad como el principal problema del país94.
Las consecuencias para el gobierno han sido la disminución de la popularidad de la administración de Rafael Correa y la transformación de la racionalidad política encargada de proveer seguridad a la población hacia la voluntad de la opinión pública. Al volverse la Seguridad la fuente principal de críticas al gobierno, desde la oposición y la sociedad, y ante su incapacidad de dar una solución al problema, a pesar de los grandes montos invertidos y diferentes estrategias implementadas, el manejo de la misma experimentará en los siguientes años un alejamiento, aún más pronunciado, de los principios promulgados en la Constitución de 2008.
94Si bien es cierto que no contamos con estadísticas de victimización que muestren las cifras negras de los delitos no denunciados, se concluye que la delincuencia ha aumentado, y que si bien es cierto que la percepción de inseguridad puede ser resultado de la exageración de la ciudadanía, lo importante son las consecuencias para la consolidación de la legitimidad del Estado y para la calidad de vida de la población que se ve forzada a invertir en seguridad privada, abstenerse de frecuentar espacios públicos y mantener una constante actitud de defensa y miedo.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Seguridad Desempleo Corrupción Estabilidad Política Economía Relaciones Internacionales Salud Medio Ambiente y Naturaleza Atención a los grupos de menores recursos Vivienda Educación Infraestructura vial 24% 29% 31% 43% 48% 51% 51% 52% 59% 65% 70% 71%
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VI.
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
Hasta el año 2010, las promesas de cambio a partir de la Constitución de 2008 no se reflejaron en la voluntad política a cargo de la seguridad pública y ciudadana. A pesar de buenas iniciativas en el diagnóstico y respuesta a los problemas estructurales para mejorar la respuesta institucional de la Policía frente al delito, los resultados demuestran logros superficiales basados en la solución del escaso nivel de equipamiento, ineficiente infraestructura, corrupción e incapacidad de respuesta. Las medidas implementadas fueron incapaces de vislumbrar a profundidad el legado de la doctrina de la Seguridad Nacional, y separar definitivamente el ámbito de la Defensa de la Seguridad Interior, Pública y Ciudadana. Por el contrario, se plantearon políticas donde los conceptos llegan a confundirse, al igual que las funciones y competencias de las instituciones responsables de la seguridad. Igualmente, existieron programas, reformas, proyectos. Pero, nunca se estableció una política clara en la gestión del problema delincuencial.
A pesar de sus deficiencias, es importante destacar que estos tres periodos ministeriales se destacan por su intento de generar procesos en favor de las nuevas visiones de la Seguridad y de los derechos ciudadanos planteados en la Constitución. Esto se plasma en todas las políticas de asociación preventiva destinadas a mejorar la calidad de vida del personal policial, así como también su cultura institucional. Así mismo, se destacan las propuestas de integración de la comunidad por medio de la creación de lazos con las instituciones públicas, y las campañas para disminuir la ansiedad social y mejorar los sistemas de interpretación de la incidencia del delito.
Las diferentes estrategias expuestas a lo largo de todo el capítulo han mantenido, básicamente, una lógica de gestión de las consecuencias del delito. Pocas han sido las propuestas (solo en el período de Jalkh dicha realidad cambia) que visualizan que el control delictivo es integral y necesita mejorar la coordinación entre los diversos niveles institucionales implicados en el tema. Finalmente, nulas han sido las iniciativas destinadas a investigar las causas del delito en base a sus condiciones de existencia real en la estructura socioeconómica y cultural propias del Ecuador con el fin de formular política pública. El gobierno sigue confundiendo el tema de la seguridad con desarrollo y pobreza, sin asumir que la delincuencia no va a disminuir solo con políticas sociales. No obstante, la seguridad es un problema integral que merece un estudio a profundidad, sobre todo al considerar que son los delitos económicos los de mayor repercusión en el país.
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Pese a todos los esfuerzos, los índices delictivos y las percepciones de inseguridad muestran que la población no está conforme con los resultados. Al ser el delito una preocupación difundida por todo el espectro social, aumenta el nivel de presión sobre el Gobierno, que en los primeros periodos (Larrea y Bustamante) no supo vislumbrar por completo el impacto de la opinión pública en sus modelos tecnocráticos. Por último, es necesario recalcar que es posible que la impaciencia por ver resultados rápidos, que complazcan las demandas de la población al ver amenazada su legitimidad, motive al presidente Correa a impedir la consolidación de procesos de largo plazo. Con ello, este ámbito del gobierno ha sido marcado por la inestabilidad, tal como lo demuestran los constantes cambios dentro del Ministerio del Interior.
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