LAS PERSPECTIVAS DE LA DEMOCRACIA

El desenlace electoral y la constitución del régimen constitucional en julio de 1980 invitan a imaginar que estamos al inicio de un período de estabilidad política democrática. Sin embargo, hay suficientes razones para poner en cuestión tal optimismo, en tanto persistan los viejos problemas que en el pasado causaron las intervenciones militares.

Los problemas que el régimen constitucional debe resolver pueden resumirse así: la regularización de las relaciones entre los partidos, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder constitucional y la incorporación de los intereses populares al Estado. En el caso de que el régimen constitucional no avance en la resolución de estos problemas, es muy probable que los tradicionales conflictos políticos y sociales cobren dimensiones desconocidas y produzcan el desgarramiento de las frágiles instituciones nacionales, hecho que acarrearánuevas intervenciones militares, esta vez de naturaleza antipopulista.

Como se ha visto, la historia contemporánea del Perú se ha carac- terizado por la emergencia de los intereses populares y por un intolerante enfrentamiento entre diferentes agrupaciones políticas, representantes de contradictorios intereses sociales. Por su debilidad política, las clases dominantes prefirieron acallar las demandas populares mediante las intervenciones militares, hecho que otorgó al Ejército un papel político crucial y le permitió autonomizarse de la socie

Julio Cotler

dad cuando el desprestigio y la parálisis del viejo régimen político eran evidentes.

La independencia de los militares respecto de la sociedad les permitió hacerse del gobierno y ejecutar medidas antioligárquicas y nacionalistas para resolver las contradicciones del país, bajo el supuesto de que estas acciones producirían la unidad nacional alrededor de las Fuerzas Armadas. Dichas medidas propiciaron la ampliación de la participación política, lo que motivó que el gobierno militar procurara, a la vez, acentuar los cambios en la estructura de la propiedad y corporativizar a la sociedad desde el Estado. Pero el carácter tecnocrático-militar y antipolítico de la acción gubernamental produjo que dicha participación adquiriera contornos cada vez más hostiles y radicales, hecho que contribuyó a acelerar la típica crisis económica de los régimenes populistas.

Las crisis económica y política del populismo militar, y las divisiones que se produjeron en las Fuerzas Armadas, acrecentaron las posibilidades de que se instalara una dictadura similar a las del Cono Sur. Entonces, cuando habían desaparecido los últimos vestigios de unidad y autonomía en la institución castrense, las presiones externas jugaron un papel decisivo para que los gobernantes se vieran precisados a aplicar una política de ajuste y a dar los primeros pasos para transferir el poder a los civiles. Estas decisiones les permitieron obtener el apoyo relativo de las principales fuerzas políticas interesadas en la recuperación del régimen constitucional, en contra del movimiento popular y sus representaciones políticas desafectas a la política económica aplicada y a la democracia representativa.

La alianza entre los partidos y el gobierno, así como el proceso de transferencia, se vieron interrumpidos cuando la Asamblea Constituyente pretendió limitar algunas de las atribuciones militares. Sin embargo, como la salida de los militares era un hecho ineludible, algunos de los actores negociaron y obtuvieron el respaldo castrense a cambio del compromiso de mantener las ampliadas funciones militares y defender sus reformas.

Este hecho propició que los demás actores políticos se sintieran,

Intervenciones militares y transferencias del poder

con justa razón, en situación disminuida y que se reforzaran los senti- mientos de desonfianza y hostilidad entre los partidos, lo que ha quedado de manifiesto en la competencia electoral. En vez del establecimiento de un pacto de convivencia democrática, estas relaciones, marcadas por la hostilidad, anuncian futuros bloqueos, que pueden derivar en la parálisis del régimen político y en una nueva emergencia de los militares como factores políticos decisivos.

Desde el inicio de su gobierno, Belaunde ha buscado capear estos peligros formalizando una alianza con el PPC, que le permite tener una cómoda mayoría parlamentaria, y mantener intangibles las atribuciones militares y las líneas de mando de las Fuerzas Armadas. Ambas acciones permiten prever un gobierno fuerte. Sin embargo, no son factores suficientes para consolidar el régimen político. El mantenimiento de una política económica de ribetes liberales, a la moda de los países del Cono Sur, puede conducir a que el dinámico movimiento social produzca situaciones políticas novedosas. En efecto, a pesar del gasto público basado en el financiamiento externo, la continua reducción del empleo y de los ingresos de las clases populares y medias, así como la quiebra de los medianos propietarios - en abierta contradicción con las propuestas expansivas de Belaunde - han provocado el inicio de una oposición "nacionalista" que el APRA y las izquierdas persiguen encabezar.

Contra esta perspectiva, Belaunde cuenta con un amplio apoyo social. La indiscutida legitimidad del nuevo gobierno se ha visto reforzada por la apertura de canales políticos de "incorporación segmentaría" y mecanismos de concertación con sectores estratégicos de la sociedad. Asimismo, las persistentes divisiones en el APRA y las izquierdas permiten dudar de que las demandas sociales puedan poner en peligro al gobierno y al régimen.

Sin embargo, tal posibilidad se mantendrá latente en tanto no se establezcan relaciones interpartidarias fundadas en la incorporación de las postergadas demandas económicas y sociales de las capas populares movilizadas, lo que permitiría disminuir el papel político de los militares. El tiempo se encargará de corroborar o desmentir estos asertos.

Julio Cotler

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