En la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el Poder Ejecutivo Federal se ha beneficiado del concurso resuelto, respetuoso y generoso de miembros de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, de las legislaturas y los poderes ejecutivos estatales, de autoridades municipales y representantes de institutos políticos y organizaciones sociales. Todos ellos merecen un reconocimiento especial por su compromiso con el establecimiento de bases firmes para el porvenir de los mexicanos.
El Plan Nacional de Desarrollo parte del reconocimiento de los avances realizados y de un examen cuidadoso del desenvolvimiento del país, destacando problemas, rezagos e insuficiencias. En este sentido, el diagnóstico comprendido en cada capítulo tiene el propósito de precisar los retos principales y orientar la formulación de las estrategias generales de acción.
El Plan es un documento preparado por el Ejecutivo Federal para normar obligatoriamente sus programas institucionales y sectoriales, así como para guiar la concertación de sus tareas con los otros poderes de la Unión y con los órdenes estatal y municipal de gobierno. Además, este documento debe ser la base para inducir la participación corresponsable del sector social y de los particulares.
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 propone cinco objetivos fundamentales:
a. Fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía nacional, como valor supremo de nuestra nacionalidad y como responsabilidad primera del Estado Mexicano.
b. Consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por el derecho, 7donde la ley sea aplicada a todos por igual y la justicia sea la vía para la solución de los conflictos.
c. Construir un pleno desarrollo democrático con el que se identifiquen todos los mexicanos y sea base de certidumbre y confianza para una vida política pacífica y una intensa participación ciudadana.
d. Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país, las oportunidades de superación individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia.
e. Promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en beneficio de los mexicanos.
Para cumplir el objetivo de preservar la soberanía, el Plan Nacional de Desarrollo propone fortalecer la capacidad del Estado de garantizar la seguridad nacional, la vigencia del Estado de Derecho y la presencia de las instituciones de la República en todo el territorio nacional.
Asimismo, se propone desplegar una activa política exterior que consolide la presencia de México en el mundo y defienda nuestra posición en las relaciones internacionales y en los foros multilaterales.
Una estrategia prioritaria será proyectar la nacionalidad mexicana como expresión de una orgullosa identidad pluricultural que es mayor que nuestras fronteras, y procurar una vinculación dinámica con las comunidades de mexicanos y las personas de origen mexicano en el exterior.
En este fin de siglo, la defensa de la soberanía comprende impulsar en el ámbito internacional, nuestra visión sobre asuntos como el libre comercio, el funcionamiento de los órganos multilaterales que deben contribuir a la estabilidad financiera regional y global, los flujos migratorios, el cuidado del medio ambiente, y el combate al narcotráfico y el terrorismo.
En el periodo 1995-2000, México ejercerá una diplomacia que busque aprovechar las oportunidades globales en beneficio de los mexicanos, que defienda sus legítimos intereses en El exterior, y que consolide el entendimiento, el intercambio y la cooperación con las naciones con que nos unen lazos de amistad.
Para consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por el derecho y edificar un país de leyes, el Plan se apoya en las reformas constitucionales realizadas en diciembre de 1994 para ratificar la necesidad de una profunda transformación a nuestro sistema de justicia.
Las estrategias propuestas comprenden crear, a través de la adecuación normativa correspondiente, las condiciones legales, institucionales y administrativas para asegurar a toda persona la protección efectiva de sus derechos, la aplicación oportuna e imparcial de la ley y el acceso a la justicia. Asimismo, se propone la revisión sistemática de las normas procesales, el establecimiento de mecanismos más expeditos para la resolución de conflictos a través de la justicia de paz, y el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo que fortalezcan la independencia y calidad profesional de los miembros del Poder Judicial.
El Plan Nacional de Desarrollo propone avanzar resueltamente hasta consolidar un régimen de certidumbre jurídica para el patrimonio de las familias y las actividades productivas, y, a la vez, crear las condiciones que permitan al Estado prevenir eficazmente la delincuencia, combatir frontalmente las organizaciones criminales, perseguir y castigar oportunamente los delitos.
Conforme a los lineamientos del Plan, estas tareas se realizarán ejerciendo estrictamente las atribuciones que confiere el orden jurídico y salvaguardando los derechos humanos.
El Plan comprende estrategias específicas para el establecimiento de un Sistema Nacional de Seguridad Pública con propósitos precisos de calidad, de impulso a una carrera policial profesional digna y respetada, así como para la adecuada coordinación de los tres órdenes de gobierno en la materia.
El Plan Nacional de Desarrollo asume que la corrupción es un motivo de desaliento colectivo y de encono social. Por eso propone actualizar el marco jurídico para detectar y sancionar conductas indebidas y actos ilegales en el desempeño del servicio público; propone una reforma profunda de los órganos de control interno y externo de la gestión gubernamental y la conformación de este último en una auténtica y moderna entidad superior de fiscalización, profesional y autónoma.
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, ofrece el rumbo que orientará el esfuerzo de todos para fincar bases realistas, responsables y perdurables para avanzar hacia un México más fuerte, más justo, más democrático y más próspero. Este es el rumbo claro para el esfuerzo de nuestra generación. Hoy, el porvenir de la Nación nos convoca a un esfuerzo que exige unidad de propósitos, ánimo inquebrantable y perseverancia en las tareas.
7.4.- LA TRANSICIÓN DEL ESTANCAMIENTO
El gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994), encuentra una economía en vías de estabilización, con el PND mantiene los cauces de la política estabilizadora y emprende la reforma estructural en forma organizada, inicia las reformas del marco legal, continúa la estrategia de desincorporación de las empresas públicas, reduce la gestión económica del Estado, liberaliza el comercio y el sector financiero, profundiza la apertura comercial con la firma del TLCAN. En este período se afianza la tendencia descendente de la inflación, se recupera el crecimiento, se frena la tasa de desempleo y se reduce la pérdida del salario real, sin embargo, la represión selectiva a la oposición política, el desgaste de la sucesión presidencial, el crimen de Estado cometido contra el candidato del PRI, la rebelión zapatista, el uso poco claro del fondo de contingencia de 50 mil millones de dólares producto de la venta de las empresas públicas (la banca principalmente), desluce los resultados económicos obtenidos.
Le corresponde al gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) asumir el costo del error de política económica, justificado por circunstancias políticas de coyuntura y
ambiciones personales del gobierno saliente, de aplazar la devaluación del tipo de cambio para anclar el control de la inflación en su sobrevaluación, finalmente en diciembre la devaluación tardía forzada por las circunstancias y aplicada sin una consulta adecuada con los inversionistas, propició el llamado "error de diciembre", que se añadió a la pérdida de confianza que los problemas políticos de 1994
generaron y que ya habían propiciado la fuga de capitales y el deterioro de la estabilidad económica, por tanto, el célebre error de diciembre fue la gota que derramó el vaso y precipitó la depresión de 1995 y el repunte inflacionario, donde el problema de la insolvencia financiera hizo su aparición nuevamente.
7.5.- LA TRANSICIÓN DEL ESTANCAMIENTO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO 1995-1996
En Enero de 1995 el gobierno federal creó el Programa de Capitalización Temporal (Procapte), un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen a capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. Adicionalmente, la administración de Ernesto Zedillo propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio de unidades de inversión (Udis).
A consecuencia de la crisis de 1994-1995, muchas empresas se vieron imposibilitadas para pagar sus deudas, por lo que para reestructurar las mismas, en 1996 se creó la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (Ucabe), que funcionó con recursos fiscales a instancias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acorde con datos de la propia dependencia, el Ucabe sirvió de aval para el rescate bancario y benefició a 54 empresas por un monto de 9.700 millones de dólares.
7.5.1. EL ACUERDO DE UNIDAD PARA SUPERAR LA EMERGENCIA ECONÓMICA (AUSEE)
7.5.2. EL RESCATE DE LA BANCA (FOBAPROA)
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue un fondo de contingencia creado en 1990 por el gobierno mexicano en conjunto con la totalidad de los partidos políticos dominantes en aquel entonces, PRI, para enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios. En diciembre de 1998 fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario, en 1990 se crea el Fobaproa. Ante posibles crisis financieras que propiciaran la insolvencia de los Bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, el
Fobaproa serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras. En los años siguientes el Fobaproa, su concepción, implementación y el quiénes fueron los principales beneficiarios del mismo se convirtieron en uno de los temas más polémicos de la política mexicana, debido al endeudamiento estatal a largo plazo que conlleva, La propuesta que causó mayor controversia y que orilló al Congreso a ordenar una auditoría al Fobaproa fue la de convertir en deuda pública los pasivos de dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos, cuyo monto ascendió a 552.000 millones de pesos. La culpa fue de los bancos al prestar demasiado dinero o cobrar demasiados impuestos. Fue controlado prestar dinero que no se puede pagar.
7.5.3. EL APOYO INMEDIATO A DEUDORES (ADE)
Fue necesario crear un acuerdo de emergencia entre la banca y los deudores a fin de establecer un marco adecuado para reestructurar los débitos y disminuir los riesgos de la cartera vencida, repartiendo los costos entre la banca, el gobierno y los deudores, razón por la cual se creó el Acuerdo de Apoyo Inmediato para Deudores de la Banca (ADE).