Política de gestión de desastres

La gestión de desastres significa responder eficientemente cuando el riesgo ya se ha materializado; es decir, corresponde a las acciones ex post como la respuesta en caso de emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción. La respuesta de emergencia o ayuda humanitaria pretende garantizar condiciones de seguridad y de vida para las poblaciones afectadas inmediatamente después de ocurrido el evento. Estas actividades pueden envolver acciones de evacuación de comunidades, de búsqueda y rescate, de asistencia y alivio a poblaciones afectadas y acciones que se realizan durante el tiempo en que la comunidad se encuentra desorganizada y los servicios básicos de infraestructura no funcionan. El período de emergencia es dramático y traumático; por esa razón, la mayor atención de los medios de comunicación y de la comunidad internacional está puesta en este período cuando se trata de un evento mayor. En la mayoría de los desastres este período pasa muy rápido, excepto en algunos casos como la sequía, la hambruna y los conflictos civiles.

La rehabilitación corresponde al período de transición que se inicia al final de la etapa de emergencia y en el cual se reestablecen los servicios vitales indispensables y el sistema de abastecimientos de la comunidad afectada. La reconstrucción se caracteriza por los esfuerzos que se realizan con el fin de reparar la infraestructura afectada y restaurar el sistema de producción con miras a revitalizar la economía y lograr alcanzar o superar el nivel de desarrollo previo al desastre.

Las actividades de reconstrucción pretenden, de una manera óptima, restaurar, transformar y mejorar las condiciones económicas, sociales, infraestructurales y de vida en general de las zonas afectadas, dotándolas de mayores condiciones de seguridad en el futuro a través de esquemas de intervención que puedan reducir el riesgo. En este sentido, la recuperación

(rehabilitación y reconstrucción) se ha visto imbuida de la idea de la prevención y mitigación de futuros desastres.

Debe tenerse en cuenta, en términos de gestión institucional, que en cada etapa se realizan actividades específicas y con esquemas de trabajo definidos. Además, existe una estrecha relación entre todas ellas. Por ejemplo, durante la etapa de respuesta a la emergencia se pueden tomar decisiones que contribuyan a promover una recuperación más rápida. Cada una de estas etapas, diferenciadas desde el punto de vista administrativo, incluye la ejecución de diversas medidas estructurales y no estructurales de gestión de riesgos.

Usualmente, el gobierno es responsable de reconstruir su infraestructura de inmuebles y servicios, por lo que debe estimar sus pérdidas esperadas o pasivos contingentes y acordar mecanismos o instrumentos de retención consciente y/o transferencia de dichas pérdidas. Estos instrumentos pueden obedecer a acuerdos entre los diferentes niveles de gobierno cuando su resiliencia económica así lo indique. En otras palabras el Estado es responsable de la reconstrucción de los inmuebles públicos o bienes de la colectividad y, por lo tanto, es tomador de riesgo en nombre de la sociedad. Por lo tanto, es deseable que en los casos que se considere conveniente se realice un contrato de transferencia de pérdidas y contar con fondos de reservas que le permitan acceder a recursos para reconstruir los bienes de la colectividad. En el caso de desastres extremos es usual que los gobiernos nacionales o federales apoyen la reconstrucción de los bienes públicos del nivel local y regional, dada la incapacidad de estos últimos para reconstruir su infraestructura. En algunos países, con el fin de evitar el riesgo moral (dilema del samaritano) de los niveles locales, los gobiernos nacionales exigen que éstos demuestren su esfuerzo para reducir el riesgo y que no obran negligentemente en cuanto a intervenir la vulnerabilidad en las zonas de riesgo. Con base en indicadores de gestión del riesgo se pueden establecer porcentajes de participación del gobierno nacional en el pago de primas de seguros y en la reconstrucción de los inmuebles públicos de propiedad del Estado a nivel local y regional.

Aunque no parece que deba ser una responsabilidad del Estado cubrir las pérdidas de los privados y que los mismos deben responsabilizarse de protegerse y proteger su patrimonio, por extensión de la protección de los más débiles en lo que corresponde a la atención y rehabilitación, es claro que hay situaciones en las cuales políticamente no es sostenible el no atender las necesidades de reconstrucción, por ejemplo, de las comunidades más pobres afectadas por un desastre notable para la sociedad. Por esta razón y, porque es una responsabilidad residual del Estado, es inevitable que en caso de desastres extremos el gobierno deba reconstruir vivienda para propietarios y posiblemente arrendatarios afectados de los estratos sociales de bajos ingresos. También habría la necesidad de apoyar circunstancialmente (es decir dependiendo del desastre) a las comunidades más pobres que pierden sus bienes y medios de sustento, con subvenciones o créditos blandos para la reposición de los mismos, e incluso subsidiar el empleo público y privado en casos extremos. También podría darse el caso de tener que apoyar al sector privado de mayores ingresos dado que su afectación puede causar un grave impacto social que es necesario mitigar o evitar por sus mayores implicaciones. Sin embargo, estos casos son muy dependientes de cada situación y no es conveniente

hacer estimaciones económicas de este tipo cuando son más bien una excepción y no una regla. Por lo tanto, con base en lo anterior, un principio de ordenamiento prioritario de la responsabilidad ex post del Estado en términos de una política de gestión de desastres es el siguiente:

a) La vida y la integridad humana b) Los medios de supervivencia c) El medio ambiente

d) El soporte ecosistémico de la vida y la subsistencia e) Los bienes públicos

f) Los bienes privados de uso colectivo

g) Los medios de producción soportantes del trabajo y la manutención h) Los bienes privados de uso individual

Se debe hacer énfasis en que el interés colectivo debe primar sobre el interés particular, identificable como una de las normas fundamentales de la convivencia democrática.