INEQUIDAD
Cruzada contra el Hambre
El esfuerzo del Estado por erradicar el padecimiento del hambre en la población, y garantizar un derecho fundamental de la infancia que es clave para la realización plena de otros derechos, debe ser una prioridad de la política pública en toda administración; máxime cuando no se está cumpliendo con la meta MMM 1.D referente a la reducción de la población en pobreza alimentaria, y cuando la meta MMM 1.E referente a la reducción de la población con deficiencia de consumo proteínico está en riesgo de no ser cumplida.102
Por ello, el compromiso del gobierno mexicano para erradicar el hambre es oportuno; sin embargo, para que dicho compromiso sea efectivamente cumplido es necesario que se establezca como población objetivo al universo de personas con carencia alimentaria identificadas por el CONEVAL, que es mayor a la población objetivo seleccionada en esta campaña.
Quizás el problema radique en los criterios de selección de la población a beneficiar. Entre los 400 municipios seleccionados se encuentran poblaciones de más de 100 mil personas que presentan índices de desarrollo humano más elevados y elecciones locales más próximas, que municipios con poblaciones rurales, con índices de desarrollo humano más rezagados y elecciones locales más lejanas. Este desacierto se podría solucionar si, por un lado, se publicaran los criterios de selección de la población objetivo y, por otro, se estableciera como precondición de selección un criterio de progresividad, a modo que verticalmente no se pueda dar el caso de que una población con mayor índice de desarrollo humano se beneficie de este programa antes que una población con mayores carencias y que, entre poblaciones de similares índices de desarrollo humano, no pueda existir discriminación basada en criterios electorales.
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o Otro modo de fortalecer la efectividad de esta campaña consiste en mejorar las prácticas de gobernanza ciudadana; por un lado,
transparentando la inversión intersectorial a nivel federal, estatal y municipal y, por otro, empoderando a las comunidades beneficiarias y a la sociedad civil organizada, proveyéndolas con espacios de participación paritaria en el proceso íntegro de la toma de decisiones.
La obtención de la meta de la Cruzada Nacional contra el Hambre puede ser asistida de muchas otras formas; las diferentes mejoras en los procesos de selección de la población objetivo y el fortalecimiento de los procesos de gobernanza son sólo dos medidas encaminadas a acelerar el progreso hacia el cumplimiento de los ODM y hacer más efectiva la labor del Estado para garantizar el gozo de un derecho fundamental de los niños.
Pacto por México
Si bien el Pacto por México reconoce en varios de sus compromisos la importancia de combatir la inequidad que afecta al país, representa una debilidad el hecho de que no se han establecido metas ni indicadores concretos que permitan monitorear los progresos que se logren a raíz de los compromisos establecidos. En este sentido, es esencial que se contemplen metas cero que apunten a combatir la inequidad e indicadores que permitan medir el grado en que diversos grupos, principalmente los más vulnerables, entre ellos los niños, se están viendo beneficiados.
Por otro lado, si bien los partidos políticos mayoritarios apoyan este pacto, también es un hecho que en México estos partidos no siempre representan o reflejan las opiniones e intereses de la sociedad, por lo que es primordial el establecimiento de mecanismos y espacios de participación ciudadana y de sociedad civil para el planteamiento de iniciativas y la toma de decisiones; de lo contrario, el Pacto será un instrumento que goce de poca confianza desde la sociedad.
Así, para que el Pacto por México sea viable, es necesario que exista cohesión de la clase política
en torno a objetivos comunes que apunten a combatir la inequidad, asimismo, que opere a través de un mecanismo de monitoreo y rendición de cuentas con un sistema de información
que permita medir el progreso, reconocer los logros y reorientar lo que no esté funcionando eficientemente y, finalmente, que exista posibilidad de actuación por parte de la sociedad civil para la generación de iniciativas a través de mecanismos de participación y dialogo que no se reduzcan a lo simbólico.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se asigna al Estado la instrucción de ejercer la función de la rectoría del desarrollo nacional para, entre otras cosas, fortalecer el régimen democrático, mejorar la equidad social, así como el bienestar de las familias mexicanas. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea medir sus avances en materia de fortalecimiento democrático y gobernanza ciudadana mediante el empleo del índice de Integridad Global de la asociación Global Integrity. Si bien esta herramienta tiene ciertas competencias para medir avances y retos en materia de transparencia y rendición de cuentas a nivel federal, no queda claro si se contempla incluir un análisis de estos mismos indicadores a niveles delegacionales, municipales y estatales.
El análisis de las competencias de exigibilidad a niveles locales y regionales es de suma importancia, ya que actualmente la corrupción, opacidad y arbitrariedad en delegaciones, municipios y estados no siempre se enfrentan ante los mismos mecanismos de control implementados en las diferentes instancias a nivel federal. Adicional a lo anterior, es también necesario conocer el uso efectivo que se da a los recursos recolectados por la federación, para, de este modo, garantizar que los avances que se logren en materia de transparencia y rendición de cuentas a nivel federal no se estén compensando con mayor complicidad entre autoridades
federales y locales o regionales en los otros niveles de gobierno.
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Por otra parte, la equidad es un tema que se aborda en diferentes grados, matices y enfoques a lo largo del Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, no se termina de concretar si existe un compromiso con metas específicas para reducir y eliminar las brechas de garantía de derechos que actualmente enfrentan los diferentes grupos sociales, en particular aquellos que padecen de mayores carencias y vulnerabilidades. Una medida que se puede tomar para cumplir con este deber del estado, es ampliar la perspectiva de género establecida en la estrategia transversal 3 a una perspectiva de derechos que incluya metas, objetivos, líneas de acción, indicadores y un diagnóstico de la situación para cada uno de los grupos sociales identificados en la Constitución y, en particular, aquellos que están en situación de mayor carencia y vulnerabilidad.
El PND puede gozar de muchas otras mejorías, pero para ello se requiere la participación paritaria de los diferentes grupos sociales y la sociedad civil organizada en el proceso de su elaboración, implementación y evaluación. Dos medidas generales que pueden representar un progreso hacia el cumplimiento de los ODM en materia de derechos del niño, corresponden a la inclusión de un enfoque de derechos que contemple las medidas para hacer valer el
cumplimiento de las obligaciones del estado para con cada grupo social que actualmente presenta carencias y vulnerabilidades, así como la asignación de un especial énfasis en la erradicación de las disparidades de la inversión pública dirigida a cada uno de estos grupos sociales a todos los niveles de gobierno.
En concreto, nuestras recomendaciones prioritarias para mejorar la implementación y monitoreo del PND son:
• En la Meta 2, “Un México Incluyente”, integrar indicadores de desigualdad que desagreguen por sexo, edad, sector rural o urbano, región, comunidades étnicas, patrimonio e ingreso, y diversas formas de vulnerabilidad (discapacidades, niños trabajadores, VIH/SIDA, etc.)
• Fijar metas y objetivos en función de la erradicación de las brechas de inequidad
evidenciadas en las bases de datos, priorizando a las comunidades y grupos más vulnerables y de difícil acceso, de tal manera que cada oficina del sector público, programa y acción estén encaminados a cumplir los derecho de los niños más vulnerables y a contribuir en la construcción de un país equitativo.
• Fijar metas cero en dichos rezagos a modo de cumplir con la obligación de garantizar los derechos de sus titulares proveyendo las bases para un mayor crecimiento sustentable e inclusivo.
• Establecer metas de gobernanza con avances claros en la participación paritaria de la ciudadanía dentro de los procesos de toma de decisiones, así como en materia de la efectividad de gobierno, voz y rendición de cuentas, el estado de derecho, la estabilidad política y ausencia de violencia y la calidad regulatoria y el control de corrupción.
• La estrategia transversal 3, sobre una “Perspectiva de Género”, puede ser ampliado a una perspectiva de derechos, que contemple metas e indicadores para cada grupo social, en particular aquellos cuyos derechos se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad.
Políticas de protección social y trabajo infantil
La protección social es un derecho fundamental reconocido por el Estado mexicano en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adicionalmente, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconocen el derecho del niño a la seguridad social y a un estándar de vida adecuado para el desarrollo y gozo pleno de sus derechos. Sin embargo, de acuerdo con el CONEVAL, el 60% de la infancia mexicana presentaba carencias por seguridad social en 2010,103 y gran parte de sus carencias y vulnerabilidades pueden estar relacionadas con la ausencia de un efectivo sistema íntegro de protección social enfocado en la infancia.
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o Los mismos programas de transferencias sociales no están teniendo éxito en cubrir a toda la población que padece de las carencias para los cuales estos fueron instituidos, y no en todos los casos están logrando alcanzar sus propios objetivos en las poblaciones que se están
atendiendo. Por ello, es necesario, por una parte, ampliar el presupuesto de estos programas a modo que puedan cubrir tanto horizontal como verticalmente el universo entero de la población objetivo con la finalidad de erradicar las carencias en las que se enfocan cada uno de estos programas. Por otra parte, para lograr que la implementación de cada uno de estos programas cumpla con su función en todos los casos que atiende, es necesario replantear constantemente los procesos y objetivos, con una mayor participación paritaria de las comunidades involucradas y la sociedad civil organizada.
A su vez, la carencia más preponderante en la infancia mexicana es la del acceso a la seguridad social, y esto conlleva consecuencias multifactoriales que dificultan la realización de los ODM en un amplio abanico de indicadores. Por ello, es prioritario acelerar el proceso de acceso a servicios de seguridad social en la población en general y, en específico, en las poblaciones más vulnerables, a modo de que la infancia mexicana se enfrente a menores vulnerabilidades sociales, violaciones de derechos y riesgos de toda índole. Una de las consecuencias de la carencia por acceso a seguridad social en la población es la situación de la infancia trabajadora y el conflicto que esta situación conlleva con el pleno ejercicio de los derechos del niño y su desarrollo. Esta situación se ve deteriorada por la incapacidad del Estado de regular el trabajo de los niños en el sector informal y erradicar las peores formas de trabajo, la explotación y el maltrato laboral de cualquier forma. De acuerdo a la UNICEF, a la fecha ni si quiera se cuenta con una base de datos confiable sobre la situación de las víctimas de estos últimos delitos y crímenes.104 Por ello, es necesario fortalecer el trabajo para lograr estos fines, proveyendo de mayor presupuesto a las entidades encargadas de coordinar la labor para
combatir la violación de los derechos de los niños que se encuentran en estas condiciones.
Un gran reto del Estado mexicano es el de garantizar el derecho del niño de tener acceso a atención de seguridad social, además de que muchas de las carencias que aquejan a esta población están correlacionadas con la ausencia de un sistema eficiente de protección social integral de los derechos del niño. Entre los
muchos perjuicios de la deficiencia del Estado para garantizar estos derechos fundamentales se puede contar el fenómeno de la infancia trabajadora, cuya ausencia de regulación y vigilancia tanto preventiva como correctiva ha llevado a un descontrol en materia de las violaciones a los derechos de los niños ocupados en las peores formas de trabajo y la explotación, el maltrato, la trata y la esclavitud. Todas estas situaciones tienen una causa común: la inadecuada inversión en el cumplimiento de los derechos de la infancia, particularmente de quienes vive en situaciones de mayor vulnerabilidad y carencia.
La Política exterior de México
En política exterior México se ha caracterizado por ser un país con liderazgo regional que se involucra en proyectos de cooperación
internacional. En buena medida, el país es receptor de cooperación internacional al desarrollo,
beneficiándose de financiamientos otorgados por países desarrollados u organismos financieros internacionales para proyectos que favorecen a la sociedad. Sin embargo, el Estado mexicano también funge como “país bisagra” es decir, como receptor y canalizador de ayuda oficial al desarrollo en proyectos con otros países de la región. Asimismo, México es partícipe de la cooperación “Sur-Sur” en la que países en vías de desarrollo comparten experiencias y asesores técnicos.
Es importante señalar que, hasta ahora, a nivel gubernamental no existe un mecanismo que dé seguimiento a toda la ayuda internacional que recibe México, puesto que los proyectos de cooperación internacional son muy específicos y no ha habido interés de las diferentes Secretarías
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de Estado en concentrar la información que poseen al respecto en una sola base de datos. Además, la información contenida en el Presupuesto de Ingresos de la Federación es insuficiente para evaluar el alcance de la ayuda oficial al desarrollo en el gasto nacional en general, y en los aspectos más relevantes para acabar con la inequidad.
México es observador del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), cuyos objetivos son promover la coordinación, la eficacia, y una adecuada financiación de los esfuerzos internacionales en favor del desarrollo económico y social de los países en desarrollo.105 En este sentido, la Agencia
Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), órgano
desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores es el organismo gubernamental ideal para desarrollar un sistema de información sobre la ayuda que México percibe y otorga, además de definir hacia qué rubros se canaliza esa ayuda en el país, desagregando la información por Secretarías, sectores de la población y zonas geográficas. Además, como observador del CAD, México puede promover que los países donantes de dicho comité cumplan su compromiso de destinar 0.7% de su PNB a la ayuda oficial al desarrollo, lo cual será muy importante para que los países que tienen una desproporcionada carga de la pobreza global puedan alcanzar metas cero.
Durante la presidencia de México en el G20, el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo fue presidido por el Director Ejecutivo de la AMEXCID, el Embajador Rogelio Granguillhome.
A lo largo de este periodo, la labor del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo se enfocó en las tres áreas prioritarias de infraestructura, seguridad alimentaria y crecimiento verde. Los países en desarrollo señalaron que estos temas eran prioritarios para su desarrollo y progreso. El Grupo aprobó la incorporación del tema transversal del crecimiento verde para promover modelos de crecimiento económico que sean sostenibles y relevantes para los países en
desarrollo. Garantizar la seguridad alimentaria es un elemento muy importante para combatir la inequidad, ya que la volatilidad de los precios de los alimentos ha causado que la pobreza global aumente106 al comprometer una parte considerable de los ingresos de los más pobres, lo cual contribuye al aumento de la inequidad.
Del mismo modo, durante el proceso del G20, debe buscarse incluir a la inequidad como un tema transversal para los Planes de Acción sobre Desarrollo.
Las recomendaciones en el reporte del Panel de Alto Nivel
El informe del Panel de Alto Nivel para la Agenda de Desarrollo post-2015 propone, entre otras, “No dejar a nadie atrás” y “Transformar las economías para generar empleo y crecimiento inclusivo” como políticas rectoras de los nuevos objetivos. Muchos países de bajos y medianos ingresos están creciendo más rápido que países de altos ingresos, lo cual ayuda a reducir la inequidad global. Al mismo tiempo, varios Estados están usando programas de protección pública y regulaciones sociales para disminuir los altos niveles de inequidad nacional mejorando las vidas de sus ciudadanos. Esto significa que es posible “no dejar a nadie atrás”, es decir, dar a cada niño oportunidades justas en la vida, y crear un patrón de desarrollo en el que la dignidad y los derechos humanos se conviertan en una realidad para todos y que se construya una agenda en torno a la seguridad humana.
El Panel propone abordar el tema de la inequidad de oportunidad de manera transversal en todas las metas. Cuando cada persona, sin importar su ingreso, género, locación, origen étnico, edad o discapacidad, tenga acceso a salud, nutrición, educación y otros servicios vitales, muchos de los peores efectos de la inequidad habrán terminado. Otros aspectos de la inequidad más relacionados con la inclusión social como el acceso a la justicia también se contemplan de manera específica. La estrategia para combatir la inequidad en el ingreso y la extrema pobreza debe estar basada en un crecimiento económico verdaderamente inclusivo
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o de base amplia que beneficie a los más pobres. El Panel propone objetivos que deliberadamente combatan la inequidad y que sólo puedan ser alcanzados mediante un enfoque específico en los grupos más excluidos y vulnerables. Por ejemplo, muchos objetivos podrían ser monitoreados usando información desagregada por quintiles de ingreso. Los objetivos podrían ser considerados alcanzados sólo si benefician a todos los grupos sociales.
Por otra parte, uno de los cambios más relevantes que propone el Informe del Panel con respecto a los ODM es el de construir instituciones efectivas, abiertas y responsables para todos. En el Informe, el Panel pide a todos los gobiernos del mundo reconocer la gobernanza como elemento central del bienestar. Al establecerse instituciones legítimas y receptivas se fomenta el Estado de Derecho, los derechos de propiedad, la libertad de expresión en los medios, elecciones políticas abiertas, el acceso a la justicia, y gobiernos e instituciones públicas confiables.
La sociedad civil debe jugar un papel central y significativo, lo que requiere que las personas puedan participar en la política y en la toma de decisiones. Esto significa que se deben tomar medidas para asegurar las libertades de expresión, asociación, protesta pacífica y acceso a medios e información independiente.
Algunas de las acciones que se presentan en el Informe para garantizar la buena gobernanza y los derechos humanos son en el marco post-2015 son:
• Que se establezca una meta que busque alcanzar una gobernanza abierta, confiable y participativa con objetivos intermedios medibles y progresivos sobre compromiso ciudadano, Estado de Derecho y
transparencia fiscal.
• Que se integren en todas las metas principios de transparencia, rendición de cuentas, integridad, y participación. Además, se promueve fortalecer las capacidades de las instituciones públicas.
• Integrar a los sectores pobres y socialmente