Las políticas en el plano nacional: el caso de Colombia

El desarrollo de una normativa internacional y las diferentes Conferencias Internacionales, entorno a la igualdad y equidad de género, han sido claves en la medida que han representado un insumo, para la realización de estrategias nacionales que contribuyan a la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido el Estado colombiano, ratifica el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer mediante la aprobación de la ley 51 de 1982. A partir de esta ratificación el gobierno colombiano promulgó cinco políticas para las mujeres durante un periodo de 14 años (1984- 1998), políticas que como se verá más adelante, se trataron desde diversos enfoques, “que han estado influenciados por diferentes concepciones ideológicas y políticas de los gobiernos de turno” (Montoya, 2009, p. 307).

Bajo este marco, la primera política emprendida en Colombia fue la Política para la Mujer Rural en 1984, una política, que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, estuvo dirigida a la mujer rural campesina bajo un enfoque que pretendía combatir la pobreza de esta en el campo y generar condiciones para su inserción en proyectos productivos para el desarrollo. Esta medida fue espejo de los enfoques de políticas de igualdad y equidad de género de entonces, pues lo que pretendía en general era combatir las necesidades materiales y mejorar las condiciones en la que se encontraban, dejando de lado aspectos estructurales relacionados con la problemática agraria y con marcos patriarcales que reproducían la subordinación de las mujeres32_.

Estas políticas toman fuerza en el país con la entrada de una nueva década en la que, se emprende un proceso que replantea el proyecto de Estado para la formulación de una nueva y renovada Constitución política que sería el fruto de la

y finalmente el Convenio sobre la protección de la maternidad –C183- adoptado en el 2000 sólo fue ratificado por Belice y Cuba (OIT et al., 2013, p.102).

32E pala as de “uá ez el e o o i ie to de la uje o o sujeto p odu to las a io es o ie tadas a

mejorar sus condiciones de producción, por sí solas no contribuyen a superar las diferenciaciones sociales,

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Asamblea Nacional Constituyente. La nueva Carta Constitucional de 1991 dejó planteados temas de interés internacional y nacional que se venían esbozando desde décadas anteriores, estos hacían referencia a la protección de la maternidad, la inclusión de los derechos de la mujer y la familia además de, siguiendo a Estrada, elevar a rango constitucional los principios contenidos en la CEDAW (2011, p. 12), es decir, las cláusulas de igualdad y no discriminación.

Se configura entonces una etapa en la que se inicia la promulgación y el diseño de estrategias estat_{ales que dan “cumplimiento formal a los compromisos} adquiridos en los tratados internacionales suscritos que reconocen y protegen los derechos de las mujeres” (Estrada, 2011, p. 12). Igualmente es importante resaltar que la emergencia de estas políticas también estuvo influenciada por las movilizaciones y la participación que tuvieron las organizaciones de mujeres y feministas encaminadas a presionar al Estado para la formulación de políticas de igualdad y equidad.

En efecto, la segunda política promulgada dirigida a la igualdad y equidad de género, fue en 1992 y se denominó Política Integral para la Mujeres Colombianas. Esta permite por primera vez asumir el enfoque de género que, como se vislumbró anteriormente, concibe las problemáticas de las mujeres como una cuestión estructural y por tanto se dirige al desarrollo humano integral de la mujer atacando tanto la condición material en la que se encuentran, como la posición de subordinación respecto al hombre en la sociedad Colombiana.

“A pesar de esto, el énfasis se puso en el acceso de las mujeres a los recursos y beneficios del desarrollo a partir de sus roles tradicionales y como agentes productivos con capacidad de maximizar la distribución de los escasos ingresos en las familias pobres_{” (Suárez, 2005, p.}85).

Para 1994 se aprueba la política para la Equidad y Participación de la Mujer - EPAM-, una política que concreta el desarrollo conceptual que se venía dando respecto a la categoría de género, este aspecto se consolida de tal manera que la implementación de la EPAM se enfocaba en cobijar no sólo las necesidades

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prácticas, sino también los intereses estratégicos de las mujeres a partir de cambios estructurales.

En general, siguiendo a León (1993) los diferentes contextos han permitido la inserción de un gran número de proyectos específicos enfocados a la generación de ingresos y de empleo para las mujeres y sus familias. Estos han representado “el reconocimiento y aceptación del rol productivo de la mujer” (p. 45), pues las mujeres tan sólo tienen acceso a los servicios ofrecidos por los programas y proyectos en calidad de madres, amas de casa y jefas de hogar, “con el fin de mejorar el nivel de vida familiar y propiciar la participación social de la mujer” (p. 46).

Bajo estos parámetros, sobre los cuales se estructura la normatividad laboral para la mujer, se responde a la condición material en la cual se encuentran las mujeres, ello a través de asistencia técnica, capacitaciones y crédito entre otras. Consecuencia de estas medidas ha sido la reproducción de la división sexual del trabajo a partir de las mismas políticas laborales para las mujeres (Londoño, p. 81), pues las hace a estas las únicas responsables de la labor doméstica, el cuidado y la protección.

Estas, como entre otras políticas, han constituido el esfuerzo a nivel nacional para avanzar en el logro de la igualdad y la equidad de género. Esfuerzos que desde una perspectiva más amplia, se han configurado como una colcha de retazos en la que existe y coexisten los diferentes enfoques que caracterizan a la mujer, sus necesidades e intereses para a partir de ello, dar un tratamiento específico a la problemática de la mujer en un contexto social, político, cultural y económico que mantiene las desigualdades entre hombres y mujeres.

3.4 La formulación de políticas de igualdad y equidad de género en Bogotá