Primer proceso de cambio institucional de la década de los años 90

La primera presidencia, de la década de los años 90, que toma la decisión de ejecutar un cambio institucional para que la estructura estatal sea compatible con el modelo de desarrollo neoliberal, es la presidencia de Sixto Durán Ballén. El actor principal en este proceso de toma de decisiones fue el presidente de la república, que por el alto bloqueo político existente, utilizó mecanismos plebiscitarios para hacer posible su reforma.

Esta presidencia se caracterizó por centrar la atención organizacional del Estado en la consolidación del modelo económico y político neoliberal, a partir de los siguientes ejes:

a) Reducción y racionalización de la administración pública. b) Transformación del sistema de representaciones.

Los mecanismos para operar este cambio institucional fueron: dos consultas populares, la aprobación de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada (Ley Trolebus I)

“Esa ley fue el marco de las reformas de liberalización económica ecuatoriana, con la desregulación y apertura de mercados, además de la autorización legal para los procesos de privatización de las empresas públicas. (Escuela Superior Polítécnica Nacional, 2003)”

Y la creación del Consejo Nacional de Modernización – CONAM, adscrito a la Presidencia de la República, al que le correspondería definir procedimientos, coordinar, dirigir y ejecutar los procesos de modernización.

“En 1993 se aprobó la Ley de Modernización del Estado que crea al Consejo Nacional de Modernización (CONAM) como responsable de la política nacional de descentralización y dispone la ejecución de un Plan Nacional de Descentralización y Desconcentración que debía detallar las competencias y recursos a transferirse. Durante 8 años hubo varios intentos de elaborarlo pero nunca fue puesto en práctica.” (Consejo Nacional de Modernización del Estado , 2006)

Estos primeros cambios institucionales en la década de los años 90 perseguían cambiar las bases de la Constitución de 1979 para implementar el modelo neoliberal en el Ecuador y salvar la crisis de representación política y bloqueo que existía entre el poder ejecutivo y legislativo6_{, que desde la visión neoliberal, eran las causas del bloqueo político y de la} imposibilidad del mercado, que libraría la crisis económica del país, a desarrollarse. Aunque a la larga, el cambio se redujo a un mero conjunto de instrumentos legales para lograr resultados a corto plazo, pero sin miras hacia la estructuración real del Estado.

“Si bien desde el inicio se planteó la urgencia de la modernización, se redujo su concepto a la simple privatización de las empresas públicas, a la compra de renuncias para reducir número de trabajadores estatales y a la limitación del papel del Estado como regulador de la economía.” (Endara, 1999, pág. 40)

Un ejemplo de este proceso desarticulado de reforma del Estado, es la reducción de la burocracia estatal y del tamaño del Estado a través del Decreto Ejecutivo No. 1572 de “Racionalización de funciones del Gobierno Central”, el cual a pesar de contener una serie de disposiciones para racionalizar al Estado, terminó minimizando el tamaño del Estado, pero sin un objetivo claro y con poca funcionalidad institucional, por lo que se continuaron creando más organismos estatales para cubrir las demandas de la institucionalidad estatal.

“Se entiende como modernización a la racionalización y simplificación de la estructura

administrativa y económica del sector público; la descentralización y desconcentración de las

actividades administrativas y recursos del sector público; la desmonopolización y privatización

de los servicios públicos y de las actividades económicas asumidas por el Estado (art. 5). Se crea el mecanismo de la compra de renuncia para que voluntariamente se separen de sus funciones, siempre y cuando hayan prestado sus servicios por más de dos años ininterrumpidos en el sector público. Esta compensación será de hasta un máximo de 400 salarios mínimos vitales generales vigentes a la fecha de separación, la misma que estará exenta del impuesto a la renta (art. 52). Prohíbese el reingreso al sector público de quien haya

recibido esta compensación; únicamente podrá reingresar en los cargos de ministros, subsecretarios, ministros jueces, presidentes, gerentes generales de empresas públicas, embajadores, profesores universitarios y cargos de elección popular. Para dar fuerza al cumplimiento de estas disposiciones se suprimen las partidas de quienes se acogen a este mecanismo de la compra de renuncia (art. 53).” (Endara, 1999)

De esta manera, se puede visualizar que las decisiones que se realizaron en esta presidencia ahondaron la crisis del Estado y de su representación de los intereses de la sociedad. A partir de este contexto institucional, se puede apuntar que, en el sistema de representaciones – la función legislativa – operó una desnaturalización institucional en la que esta función del Estado dejó de representar efectivamente a la sociedad y en cambio, se comprometió con la esfera privada:

“Esta desnaturalización institucional se expresa como déficit de producción política, pero también como institucionalización de valores y prácticas ajenos a la esfera de lo público. Los comportamientos admitidos, definidos y pautados por nuestras institucional políticas, resultan orientarse en la dirección de asegurar y mantener la estabilidad y posición de determinados grupos de poder, y no de definir un campo de acción público, fin de toda institución política democrática.” (Romero, 2005, pág. 18)

Esta forma neoconservadora de enfrentar la crisis económica e institucional profundizó el debilitamiento de las reformas Estatales planteadas en la constitución de 1978 y de las estructuras del sistema de representaciones ecuatoriano, reflejando dimensiones extremadamente cortoplacistas en las que la planificación y universalización, quedaron totalmente a un lado y gran parte de la idea de modernización del Estado, estuvo anclada en las cartas de intención y en las “recetas de ajuste estructural” que recomendaba la banca internacional.

“La idea que se ha impuesto de «modernización» es la de marchar acorde con los cambios que se dan en la economía mundial, sin reparar en cuales sean las necesidades de nuestra economía.” (Endara, 1999)