establecen seis principios simultáneos para la prevención exitosa de la criminalidad:
La prevención de la criminalidad debe contribuir al estado de derecho para lo cual se deben desarrollar y seguir medidas educacionales, legales y administrativas apropiadas.
1) La prevención de la criminalidad debe estar al servicio del desarrollo socio económico y la inclusión.
2) La evidencia y no la ideología, debe ser lo que motiva la prevención de la criminalidad que debe fundamentarse en una base sólida de información empírica sobre niveles de criminalidad, tendencias y distribución espacial. Para concretar esto se debe contar con apoyo institucional y sistemas de datos rentables respaldados por las autoridades pertinentes.
3) La prevención de la criminalidad debe estar orientada a la comunidad. La criminalidad puede ser abordada a escala local y con el entendimiento de la gente local. La prevención de la criminalidad puede ser una búsqueda teórica, pero la evidencia de su éxito puede encontrarse principalmente en las calles.
4) Los gobiernos, las sociedades civiles y comerciales deben establecer y fomentar sociedades entre ellas. Todos pueden obtener ganancias a partir de negocios en un ambiente seguro.
172
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del Delito. p. 22.
114
5) La prevención de la criminalidad debe llevarse a cabo y promoverse sobre la base de la sustentabilidad y responsabilidad, a través del intercambio de información y la participación de la comunidad, pues, la prevención como recurso renovable debe demostrar su utilidad mediante evaluaciones y supervisiones.
El Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la Prevención del Delito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por su parte, establece ocho pricipios básicos que inspiran la elaboración de estrategias para la prevención del delito:
1) El liderazgo de los gobiernos en todos los niveles a fin de crear y mantener un marco institucional para la prevención del delito;
2) La integración de la prevención del delito en las políticas de desarrollo socioeconómico
3) La cooperación entre las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y el sector empresarial;
4) La sostenibilidad y la rendición de cuentas, es decir, una financiación a largo plazo adecuada para establecer, mantener y evaluar los programas, y una clara rendición de cuentas sobre la utilización de los fondos;
5) La adopción de medidas basadas en el conocimiento, es decir, en un acervo multidisciplinario de datos objetivos sobre los problemas delictivos, sus causas y las prácticas de probado valor, que sirva de base para toda estrategia de prevención del delito;
6) El respeto de los derechos humanos y el estado de derecho, y la promoción de una cultura de legalidad;
7) El examen de los vínculos entre la delincuencia local y la delincuencia organizada transnacional;
8) La diferenciación de las estrategias para grupos especiales, en particular para los niños y niñas, los hombres y mujeres, y los miembros vulnerables de la sociedad.
Estos principios establecen el fundamento normativo y resaltan la importancia del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y económica de las poblaciones, especialmente de las poblaciones
115
vulnerables y las diferencias de género y hacen especial énfasis en que las medidas de prevención del delito deben enfocarse en las comunidades locales y materializarse en asociaciones entre los diversos sectores del gobierno y la sociedad civil contando con la participación de la ciudadanía y que tales medidas sean duraderas y sostenibles, y no sólo con objetivos a corto plazo tomando en cuenta prácticas contrastadas y basadas en datos objetivos.
Es importante, en este punto, dejar bien claro que la prevención del delito es un proceso en continua evolución; no existe una receta que mágicamente produzca siempre los efectos deseados, tal como lo ha señalado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito “la prevención del delito no debe ser vista como una ciencia exacta que siempre produce buenos resultados”.173 Ciertamente la realidad social, económica e incluso política de cada país dificulta la adaptación de los programas en realidades distintas a veces más complejas, más desordenadas e incluso caóticas, con altos niveles de corrupción institucionalizada, con pocos recursos del Estado a lo que debemos añadir otros factores, como las ideas optimistas de que teniendo un modelo que ha dado buenos resultados en un determinado lugar puede fácilmente aplicarse en otros lugares, la falta de capacidad local, la criminalidad organizada trasnacional, entre otros; problemas que no son exclusivos de los países pobres sino que también involucran a los países de altos ingresos, donde los avances en esta materia en los últimos años, han sido muy irregulares, probablemente debido a que las expectativas son muy ambiciosas, los sectores que involucran a los operadores de justicia ofrecen resistencia al cambio, la falta de capacidad para trabajar intersectorialmente a los que se suma, la evidente presión de los gobiernos por parte de la opinión pública que demanda respuestas rápidas y reactivas frente a la violencia y la delincuencia. Así por ejemplo, en Inglaterra, desde 1997, se establecieron políticas nacionales de reducción de la delincuencia, que disponían de modo imperativo la asociación de la policía con otros sectores con el objetivo de controlar el delito y se instauró un programa nacional de financiamiento evaluado, designado a problemas concretos (robos de viviendas, delincuencia callejera, violencia escolar) sin embargo los resultados no fueron los
116
esperados debido a una serie de factores, como la falta de capacidad local y la imposición de metas fijadas desde el nivel nacional que obligaban a las autoridades locales a reducir determinados delitos, sin tener en cuenta los problemas locales más importantes, por ello, en 2007 se suprimieron las disposiciones de cumplimiento de los objetivos nacionales dando prioridad a los problemas locales.
9. COMPONENTES CLAVES DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO