En el marco de los compromisos políticos con los movimientos sociales, el gobierno del mas lideró la instauración de la Asamblea
Constituyente, en agosto de 2006, con la amplia participación de organizaciones sociales populares. El tenor de la Constitución y de las nuevas normativas emergentes expresan la revalorización de la comunidad en relación con los valores y principios de la vida colectiva, en contraposición a los valores y principios del proyecto político neoliberal.
En este nuevo contexto de transformaciones, Bolivia ingresó en el panorama internacional como el país que reivindicó cons- titucionalmente la recuperación y fortalecimiento de las formas de gobernanza comunitarias y de principios pluralistas de organi- zación estatal. A nivel económico, el gobierno del mas emergió
como promotor de un nuevo modelo económico sostenido por los principios de reciprocidad, redistribución y autosubsistencia, en coordinación con el mercado. A nivel socio-cultural, la opinión pública vinculó la experiencia boliviana a la afirmación y proyec- ción de creencias, cosmovisiones, estilos de vida y principios éticos y estéticos propios de las culturas indígenas andino-amazónicas. También se asoció la nueva propuesta política con la apertura de otra ruta de desarrollo, en armonía con la naturaleza.
6 En el presente documento nos referimos al movimiento de economía solidaria en un sentido amplio, esto es, incorporando a todos los actores y plataformas, mientras utilizamos Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo en mayúscula para referirnos a la plataforma mesycjb.
De hecho, desde 2006, Bolivia ha vivido un proceso de trans- formaciones discursivas y políticas radicales, con la redefinición del horizonte de los cambios deseables y posibles, que llegó a su expresión máxima en la nueva Carta Magna y en las normativas consecuentes con ésta, como veremos a continuación. A nivel na- cional, los referentes simbólicos de la comunidad política imagina- da y los principios legitimadores de ciudadanía fueron trastocados. En la actualidad, ser indígena y pertenecer a colectivos populares son elementos centrales de la identidad boliviana. Este proceso ocurrió a través de la introducción de un nuevo vocabulario en los discursos políticos y la normativa nacional, como el Vivir Bien, la Madre Tierra, el pluralismo político y económico, la comunidad y la solidaridad.
El campo político también se transformó con la inclusión de nuevos actores políticos de ascendencia popular, campesina e indí- gena en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los impactos subjetivos de la revalorización política y simbólica de lo popular, indígena y campesino fueron profundos. Los sectores populares se sintieron reivindicados como individuos y como colectividades en una sociedad estructurada por persistentes y profundos cliva- jes étnicos y de clase. La identificación con la historia personal de Evo Morales y con las rupturas sociales que él y su gobierno llegaron a simbolizar, incluyendo la desnaturalización de prácticas y discursos discriminadores y excluyentes por parte de las élites criollas, fueron transcendentes.
A esta fuerza simbólica, encarnada físicamente por los nuevos representantes políticos y reforzada por los contenidos de los discursos oficiales y los nuevos espacios de interlocución con el Estado, se sumó la ascensión de una nueva clase media de origen popular e indígena, en un contexto excepcional de crecimiento económico impulsado fuertemente por el alza de los precios internacionales de las materias primas y, en específico, de los hidrocarburos, minerales y alimentos.
Bajo este modelo se ha reafirmado la cultura rentista que alien- ta prácticas clientelares y prebendales entre dirigencias sociales y políticas con los poderes públicos. Los riesgos que derivan de
estas prácticas es que las lógicas políticas pueden menoscabar la independencia organizativa de la sociedad civil, a través de me- canismos de cooptación; por ejemplo, la distribución de cuotas de poder, oferta de empleos en el sector público, distribución de recursos y oportunidades de negocios a la sombra del Estado, y al margen de la institucionalidad democrática y de mecanismos de rendición de cuentas. Este modelo de gestión pública fomenta la formación de grupos de poder orientados a la defensa de intereses corporativos en contra del bien público, y la profundización de un modus operandi autoritario y violento en el seno de la sociedad civil.
No está por demás reiterar el nexo perverso que exhibe el gobierno de Evo Morales con el Estado colonial del mnr de los años 1950, que propició una escalada de corrupción y relaciones prebendales con dirigentes del campesinado indígena. Hoy, todo ello forma parte de una memoria estatal de colonialismo interno que ya no se circunscribe a un partido, siendo pa- trimonio de la clase política y del sistema de partidos en su conjunto. Así, todo alarde de ruptura del mas con el viejo modelo político hace aguas al contemplar esta versión remozada de la parodia revolucionaria, tan bien expresada en sus políticas culturales y desarrollistas, que son una repetición, en clave de farsa, del adusto y racional programa de desarrollo del mnr.
Del mnr a Evo Morales: disyunciones del Estado colonial. Silvia Rivera Cusicanqui, 2012. Disponible en: http://www.bolpress.com/ art.php?Cod=2012123104
El contexto de bonanza económica favoreció estas prácticas. Entre 2006 y 2014, el incremento de los recursos financieros disponibles en la economía boliviana fue exponencial en relación al periodo anterior (1996 y 2005). Para tener una idea, los gastos e inversiones públicas de un año de gestión del gobierno de Evo Morales corresponden en promedio a cuatro años del periodo an- terior.7 La inyección de recursos estatales en la economía ocurrió 7 Alrededor del 50% del presupuesto público fue generado por recursos prove-
nientes de la exportación de hidrocarburos y minerales, indicando la profun- dización de la dependencia del Estado respecto de las rentas extractivistas. El
principalmente a través de obras públicas, compra de insumos de capital para las empresas estatales, expansión del empleo en las entidades públicas, profundización de políticas redistributivas (especialmente transferencias monetarias en forma de bonos), subsidios de gasolina, gas domiciliario y energía eléctrica, y fondos de transferencia directa a las comunidades territoriales, como el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (más conocido como Fondo Indígena).
Otras medidas, como el incremento del salario mínimo nacional, el establecimiento de un techo en los sueldos de la administración pública y la implementación del doble aguinaldo, contribuyeron a profundos cambios en la dinámica del mercado de trabajo en este periodo: incremento del empleo menos calificado principalmente en servicios, comercio, construcción y transporte no vinculados con la producción y de baja productividad, la dis- minución del desempleo, el incremento de los ingresos reales de los trabajadores menos calificados y la disminución de los ingresos reales de los trabajadores más calificados. Todos estos factores ex- plican la disminución de la pobreza y de la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini en este periodo (Wanderley, 2015b). Estos resultados sociales de signo positivo en el corto plazo se dieron, además, en un contexto de excepcionales indicadores macroeco- nómicos que merecieron aplausos de organismos internacionales como el fmi y el Banco Mundial.
Con el fin del ciclo de bonanza en un contexto internacional de retracción de los precios internacionales de las materias primas, empiezan a surgir nuevas interrogantes: ¿En qué medida las po- líticas redistributivas, el incremento del empleo y de la capacidad de compra de la población –logrados en estos últimos diez años– son sostenibles en el mediano y largo plazo? ¿En qué medida se
de 4,5%, en tanto el pibper cápita lo hizo en un 2,9%. Este desempeño se
explica en gran medida por la mejora de los términos de intercambio de las materias primas, pero también por una mayor demanda interna (capacidad de compra de la población), impulsada por los importantes incrementos en el gasto e inversión pública, que compensaron la contracción de la inversión extranjera directa (ied) y de la inversión privada nacional.
aprovechó el contexto de bonanza para fortalecer la economía agraria familiar, asociativa y comunitaria campesina e indígena, la economía popular y solidaria en el área urbana, en el marco de un modelo de economía plural?