En este apartado, se abordan los principales progresos realizados por Cabo Verde en el marco de la implementa- ción de la agenda de eficacia de la ayuda a nivel general y específicamente en relación con el sector salud, género y los derechos sexuales y reproductivos.
La redacción de los 12 indicadores previsto en la DP no contenía en principio enfoque de género por lo que la De- claración Final del Foro de Mujeres en Accra señaló como una prioridad: “La revisión y redefinición del sistema de seguimiento de la Declaración de París mediante indica- dores inclusivos, que midan los resultados del desarrollo de forma similar a los que se realizan en la CEDAW o en otros procesos como los Objetivos del Milenio.” 14
Esta ausencia de enfoque de género ha tratado de subsa- narse en la Encuesta para el Monitoreo de la Declaración de París llevada a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2011, A través de la incrusión de un módulo opcional sobre equidad de género con tres indicadores que responden a la estrategia propues- ta en los Principios Rectores del Comité de Ayuda al Desa- rrollo (CAD) en materia de Eficacia de la Ayuda, Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer (2008). 15
Cabo Verde, es uno de los pocos países que ha elabo- rado dicho módulo y se ha autoevaluado sobre los tres aspectos recogidos en la encuesta:
1 La incorporación de la igualdad de género y del em- poderamiento de la mujer de forma sistemática en las estrategias nacionales de desarrollo (apropiación).
2 La existencia de datos desagregados por sexo (gestión orientada a resultados en materia de igualdad de género).
3 La responsabilidad mutua en materia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
Los resultados de la evaluación no son muy alentado- res en términos de implementación, si bien el hecho de hacer seguimiento de este módulo demuestra, al menos, el interés y la voluntad del gobierno cabo-verdiano por avanzar en estos temas. En relación a la incorporación de la igualdad de género en la estrategia nacional de desarrollo del país, la evaluación recogida en el módu- lo opcional muestra que si bien la DECRP incorpora la igualdad de género como un eje de la lucha contra la pobreza a largo plazo y ha desarrollado políticas especí- ficas como el PNIEG y el PNLVBG, es necesario todavía avanzar en la incorporación de un enfoque transversal de género en el marco lógico que define los objetivos y resultados perseguidos por la DECPR pues apenas uno de los objetivos, el de igualdad de género, incorpora da- tos desagregados y no se ve claro el vínculo entre las medidas estratégicas propuestas para la promoción de la igualdad de género y los resultados previstos. Por otro lado, en términos de presupuesto, el financiamiento des- tinado a lograr el objetivo de igualdad de género entre 2008 y 2011 previsto en la DECPR es el 0,2% del total y no se observan evidencias de que el presupuesto nacio- nal y los presupuestos sectoriales tengan enfoque sen- sible al género. En esta línea, el ICIEG está poniendo en marcha el Programa + Género que pretende contribuir a transversalizar esta perspectiva en todos los programas, proyectos y estrategias gubernamentales y locales.
El segundo indicador se refiere a la existencia de datos desagregados por sexo dentro de la matriz de evaluación de la DECPR y en este sentido, la evaluación muestra que no hay suficientes indicadores que cumplan este requisi- to, al tiempo que el texto tampoco destaca las diferencias de situación entre hombres y mujeres. En el área de salud sobre todo no existe una práctica sistemática de desagre- gación de datos por sexo lo que dificulta la planificación de acciones con perspectiva de género. Finalmente en lo que atañe al tercer aspecto que se refiere a la existencia de un mecanismo de evaluación mutua no existe ningún mecanismo de este tipo en marcha por lo que no se está produciendo una efectiva rendición de cuentas en los te- mas relacionados con igualdad de género.
En cuanto a los avances en la implementación de los diferentes principios de la DP, nos centraremos en aque- llos donde se denotan más avances, empezando por la
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apropiación. Este principio se define como la capacidad del país socio de ejercer una verdadera responsabilidad sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, lo cual no es siempre fácil cuando se depende en gran medida de la ayuda externa. Este principio implica que el país debe tener una visión de desarrollo a largo plazo coherente, y una estrategia a medio plazo para su implementación que esté ligada también a las estrategias de desarrollo local y sectorial, además de una cierta capacidad presupuestaria y de seguimiento para ponerla en marcha y revisarla en función de los progresos realizados.
Aplicado a Cabo Verde, la última evaluación de la OCDE sobre la implementación de la Agenda de Efi- cacia de la Ayuda de 2008 muestra que este país se encuentra en un nivel C, pues si bien cuenta con un Documento Estrategia de Crecimiento y Reducción de la Pobreza (DECRP) y una estrategia a medio plazo para su implementación, la relación entre el presupuesto y el marco de gastos a medio plazo no es lo suficiente- mente claro y los recursos para implementar la DECRP no llegan a las municipalidades, pues se quedan a nivel central.
En el ámbito de la salud, la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos, como hemos visto en apartados anteriores, Cabo Verde cuenta con un marco programático amplio que se concreta en diferentes políti- cas como el Plan Nacional de Salud, el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario y las políticas específicas sobre VIH/ sida, violencia, igualdad y salud reproductiva. No obstan- te, como señala UNFPA es preciso todavía mejorar la re- lación entre las prioridades reflejadas en estas políticas y el marco presupuestario anual pues no siempre se corres- ponden entre sí.
En cuanto al aspecto de apropiación democrática, que hace referencia a la necesidad de que las políticas y planes adoptados se realicen con la participación de todos los actores involucrados, la mayoría de las ONG que trabajan en salud, género y derechos sexuales y reproductivos declaran haber participado en la elabo- ración de las principales políticas del sector, si bien la mayoría de las veces en forma de consulta pero no de toma de decisiones. Su capacidad para influir en las prioridades y ser escuchadas es limitada como en la
mayoría de los países, y las metodologías no son es- trictamente participativas. A pesar del relevante trabajo que desempeñan las OSC en Cabo Verde, según algu- nas personas entrevistadas es necesario seguir pro- moviendo una agenda de género clara, reivindicativa y común a todas las organizaciones en las que estén presentes los derechos, la violencia de género, la salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes y el empode- ramiento económico y político de las mujeres. En este sentido, muchas organizaciones surgen de movimien- tos políticos por lo que tradicionalmente no tienen una agenda de incidencia.
Por otro lado, a pesar de que el 60% de la ayuda se canaliza a Cabo Verde a través de apoyo presupuesta- rio, el papel de la sociedad civil en el seguimiento de la ayuda y de la agenda de eficacia es nulo. Esto es debido al desconocimiento y falta de capacidad de las OSC por un lado, pero también a la falta de mecanismos forma- les para la participación. Por otro lado, el paso de Cabo Verde a país de renta media está teniendo consecuen- cias para las organizaciones de sociedad civil, ya que se están reduciendo de forma significativa los fondos des- tinados a ONG.
Esta ausencia de participación de la sociedad civil pue- de extenderse también a todo lo que tiene que ver con la rendición mutua de cuentas. Este principio hace referen- cia a la obligación de los gobiernos donantes y socios de responsabilizarse del uso de la ayuda al desarrollo ante sus ciudadanos y ciudadanas y de poner en marcha, por tanto, un sistema para examinar los progresos realizados en la ejecución de los acuerdos existentes.
No existe, sin embargo, constancia de que Cabo Ver- de cuente con un mecanismo formal e independiente de rendición mutua de cuentas, a excepción del formato que sigue el Grupo de Apoyo Presupuestario, que ha establecido una matriz común para el seguimiento de las reformas llevadas a cabo en el marco de la DECRP, particularmente en aquellos ámbitos a los que se dirige el apoyo presupuestario. En el marco de este grupo, se realizan cada año dos evaluaciones conjuntas donde se rinden cuenta de los progresos realizados. En este pro- ceso no participa la sociedad civil, tal como exige la DP, que permanece bastante ajena a todo lo que tiene que
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