Los procesos de desmovilización y su impacto en la seguridad, una perspectiva comparada

Para empezar hay que anotar que el ritmo de la desmovi-lización de los excombatientes, muestra variaciones de acuerdo al conflicto armado analizado y su resolución. Normalmente se inicia con el desarme y se termina como la incorporación de los excombatientes a la vida civil, en el marco de lo que se ha denomina DDR (Desarme, Desmovilización y Reinserción). En algunos casos como Angola y Sierra Leona, dentro de los desmovilizados habrá antiguos soldados del Ejército Regular, mientras que en otros, como en Eritrea y Etiopía serán soldados de dos ejércitos nacionales en guerra. En todo caso, como lo señala el Research Report del World Bank, “Guerra Civil y Políticas de Desarrollo”, el momento oportuno para iniciar el proceso de desmovilización es crucial: “la desmovilización debería comenzar tan pronto sea posi-ble después de que las partes hayan acordado dar por terminada la guerra; los ejércitos involucrados deben ser desmovilizados simultáneamente; y el acuartelamiento de los combatientes a la espera de ser dados de baja del ejército debe ser tan corto como sea posible”42.El caso de las desmovilizaciones individuales en Colombia se sale de estos parámetros, ya que no son el resultado de un acuerdo de paz y mucho menos de la terminación de la guerra. Incluso se podría decir que el Programa de Desmovilización se ha convertido en una de las princi-pales estrategias por parte del Gobierno Nacional para

42World Bank. 2003. “Guerra Civil y Políticas de Desarrollo”. A World

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impactar las estructuras de los grupos armados irregula-res, no sólo en términos de restarles fuerza sino de obte-ner información de los desertores. Cabe mencionar la aguda polémica que tuvo lugar a principios de este año por la utilización de ex guerrilleros como guías en labo-res de inteligencia militar, lo cual fue justificado por el viceministro de Defensa, Andrés Peñate, señalando que “una de las exigencias es que den muestras de querer ayudar en la construcción del país”43.Esta es precisa-mente una de las diferencias principales de Colombia con los casos que se van a analizar, los cuales entraron en el proceso de desmovilización, no es el marco de una estrategia contrainsurgente, sino como resultado de una negociación y un acuerdo de paz.

Sin embargo, esta diferencia no es central en el análisis comparado que aquí se propone, el cual se dirige más bien a observar un problema común en los escenarios post con-flicto: el aumento de la violencia criminal y el riesgo de que los combatientes desmovilizados se dediquen al deli-to violendeli-to ante la falta de oportunidades reales de reinserción a la vida civil. De manera sorprendente, la posguerra, antes que presentar una baja en los niveles de violencia, los aumenta e incluso los estimula, de modo tal que supera el panorama anterior. En síntesis, lo que suce-de es que, si bien la violencia política suce-de hecho baja nota-blemente, la violencia común se generaliza y aumenta. La región centroamericana ilustra esta situación con casos como el de El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

De esta manera lo muestra José Miguel Cruz44, en el documento que lleva como título “Violencia y Demo-cratización en Centroamérica: el impacto de los críme-nes en los regimecríme-nes post guerra”:

Si se considera que los datos de los países son confia-bles45,se observa que la violencia criminal ha

aumenta-do después de las guerras. Aún consideranaumenta-do el posible efecto de las mejoras sustanciales en los registros de asal-tos y homicidios de estadísticas oficiales, todos los indi-cadores de victimización coinciden en mostrar esta alza en los años posteriores a las transiciones. La Figura 1 [tasas de homicidio de estos tres países en el período post guerra] muestra la tendencia de las tasas de homici-dios en El Salvador, Nicaragua, y Guatemala en los 90s, período en el cual los países experimentaron las transi-ciones políticas. Como se puede observar, las tasas de homicidios aumentaron considerablemente46.

En El Salvador, a partir de las fuentes disponibles, en 1991, un año antes de la finalización del conflicto armado, la tasa de homicidios era de 43.5 por cada cien mil habi-tantes, y en 1994, el siguiente año en el que ese dato se encuentra disponible, las tasa fue de más de 10047.De acuerdo a lo reportado por la Fiscalía General de la Repú-blica los homicidios ascendieron de 8.019 en 1996 a 8.281 en 1998 (cabe resaltar que durante los doce años de guerra civil perdieron la vida como promedio 6.330 personas anuales). En 1998, seis años después de haber sido firma-do el acuerfirma-do de paz, este país se ubicó como el más violento de América Latina, aun por encima de Colombia. En Guatemala, como lo muestra Dinorah Azpuru luego del proceso de paz, los niveles de violencia no experimen-taron un descenso significativo; por el contrario la violen-cia no política persistió, con un alarmante incremento del secuestro, el robo de vehículos y residencias, los asal-tos en los buses y casos dramáticos de linchamiento públi-co de los criminales48. Es evidente que la violencia polí-tica disminuyó, pero la violencia como fenómeno social ligado a la delincuencia común continuó presente. Sola-mente se modificaron los actores, los hechos y los inte-reses atrás de los actos. Así lo evidencian los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, según los cuales

43Citado en el diario El País de Cali, “El incierto futuro de los

desmovi-lizados”. Abril 7 de 2005.

44José Miguel Cruz es Master en Políticas Públicas de la Universidad de

Oxford y Licenciado en Psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se ha desempeñado como director del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA desde 1994.

45Cita del original: “El estudio de la violencia en Centroamérica generó

una discusión crucial sobre la confiabilidad de los archivos y estadísticas de las instituciones. Los investigadores concuerdan en que los datos de oficinas gubernamentales deben ser tomados con cautela, debido a las inconsistencias que presentan… Sin embargo, en los últimos años, se han dado mejoras en la calidad de los datos, y los procedimientos de comparación y revisión constituyen los mejores medios para asegurar que los datos son confiables”.

46Cruz, José Miguel. 2002. “Violencia y Democratización en

Centroamé-rica: el impacto de los crímenes en los regimenes post guerra”. Salvador: Ponencia presentada en el Segundo Seminario de Discusión sobre

Vio-lencia, organizado por el Programa Sociedad sin VioVio-lencia, patrocinado

por el PNUD. http://www.violenciaelsalvador.org.sv/documentos/ conferencias/Violencia-legitimidad-Centroamerica-posguerra.doc

47Ver De Mesquita Neto, Paulo. 2002. “Crime, Violence, and Democracy

in Latin America”. Albuquerque, Nuevo México: Documento presentado en la conferencia Integración en las Américas.

http://laii.unm.edu/conference/mesquita.php

48Azpuru, Dinorah. 1999. “Peace and Democratization in Guatemala:

Two Parallel Processes”. En Comparative Peace Processes in Latin

Amé-rica editado por Cynthia Arnson. Washington and Standford: Woodrow

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en la Ciudad de Guatemala, se registra un índice de 101.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cifra que sitúa a la capital de este país como una de las ciudades más violentas del continente americano49, el cual tiene como tasa promedio 22,9 homicidios por cada cien mil habitantes.

En Nicaragua también se registraron altas tazas de homi-cidios en los años posteriores a la guerra, sin embargo, los cambios en las tendencias no son tan notables. Este país, en comparación con Salvador y Guatemala, tuvo los me-nores niveles de crímenes violentos. Es posible notar un ligero incremento en los homicidios entre los años 1991 y 1993, luego de la transición a un régimen democrático, pero este incremento fue rápidamente sustituido por una constante reducción hasta el final de la década.

El aumento en la violencia no sólo se manifestó por me-dio el ascenso en los homicime-dios, también apareció como crimen callejero común, robos y asaltos. Tal y como lo muestran los datos recogidos por Gaviria y Pagés50, casi el 50% de los hogares en Guatemala y El Salvador fueron víctimas del crimen común a mediados de los años noven-ta, y un poco menos del 40% en el caso de Nicaragua. Todas las estadísticas muestran un claro incremento en la violencia durante esos años. Por ejemplo, en 1991, la Policía Nacional nicaragüense registró un total de 30.086 asaltos en 1991; cinco años después, en 1996, ese dato se elevó a 54.983. En El Salvador, los delitos procesados por la Fiscalía General de la República aumentaron de

20.812 en 1994 a 40.410 en 1998; para el año 2000, más de 31.000 de los casos llevados por las autoridades se referían a crímenes violentos (homicidios, asaltos, daños y amenazas)51.

Dada esta situación, algunos análisis señalan que el incre-mento de la violencia criminal en estos países precisa-mente se debe al escenario post guerra el cual trae consi-go: a) el exceso de personas desocupadas en las distintas regiones y mano de obra barata; b) miles de ex soldados desmovilizados y ex guerrilleros, entrenados en el em-pleo de armas, desarraigados de sus lugares de origen y costumbres, organizados en redes acostumbradas a ejer-cer poder sobre los civiles; c) una socialización de la violencia, con poblaciones acostumbradas a recurrir a su uso como el medio de resolver los conflictos, lo que in-cluye generaciones habituadas a los efectos de la violen-cia, así como individuos desarraigados de sus comuni-dades y familias – espacios que generaban un mayor sen-tido de pertenencia y responsabilidad-; d) las interrup-ción temporal de los sistemas legales, las fuerzas de se-guridad internas y otros mecanismo estatales, mientras se llevan a cabo las reformas acordadas. Una estimación conservadora sobre el número de combatientes desmovilizados en Centroamérica desde 1990, nuestra que casi medio millón de personas entrenadas en la vio-lencia han tenido que buscar nuevos empleos en econo-mías con dificultades, propias de la posguerra. Charles Call, mediante la revisión de diferentes estudios hace el siguiente cálculo:52

49Más alarmantes son los datos del interior de la República;

poblacio-nes como Escuintla tienen un índice de 165 homicidios por cada 100,000 habitantes, luego le siguen, Izabal (127 x 100,000) Jutiapa (114 x 100,000) Santa Rosa (111 x 100,000).

50Gaviria, Alejandro & Pagés, Carmen. 1999. “Patterns of Crime

Victimization in Latin America”. Working Paper No. 408. Washington, D.C: Interamerican Development Bank. http://www.iadb.org/res/ publications/pubfiles/pubWP-408.pdf

51Cruz, José Miguel, Op. Cit.

52Ver Call, Charles T. 2000. “Sustainable Development in Central America:

The Challenges of Violence, Injustice and Insecurity”. (CA 2020: Working Paper # 8). Hamburg: Institute for Latinoamerika-Kunde. http:// www1.uni-hamburg.de/IIK/za2020/call.pdf

Combatientes desmovilizados en Centroamérica, 1990 – 1997

Soldados desmovilizados Guerrilleros desmovilizados Paramilitares desmovilizados Total

El Salvador 24.500 12.362 30.000 66.862

Nicaragua 72.726 19.000 91.726

Guatemala 14.000 500 279.421 293.921

Honduras 7.085 5.000 12.085

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De acuerdo a lo anterior, es posible construir una relación entre la desmovilización de los combatientes y escenarios de inseguridad. Bajo este marco, es necesario considerar que para las personas que participaron en la confrontación armada, en cualquiera de los bandos, se presenta una nueva condición de supervivencia la cual no siempre es garantizada. Uno de los principales interrogantes en cual-quier negociación de guerras civiles tiene que ver con la incertidumbre de los combatientes en la situación posbé-lica, ya que su vida y las garantías para la misma deben ser cumplidas por el Estado. Por lo tanto, las partes pue-den creer que su interés está en terminar la guerra, pero la incertidumbre frente a las garantías de su seguridad les lleva a continuar su lucha militar53.

Lo ocurrido en Nicaragua ilustra de manera sorprenden-te esta situación. En el marco de las desmovilizaciones iniciadas el 30 de mayo de 1990, se incorporaron a la vida civil 111.481 personas –que incluían a ex comba-tientes, familiares y repatriados–. La mayor parte de esta población, cerca del 70%, estaba en el rango de 16 a 26 años y su principal experiencia no era otra que la lucha armada, por lo que se hicieron necesarios programas que no sólo incluyeran asistencia alimentaria –como los origi-nalmente previstos– sino también de formación profesio-nal. Se montaron así programas de construcción de vi-vienda y de incorporación de desmovilizados a la produc-ción, mediante la creación de proyectos productivos y de asistencia técnica agropecuaria en las nuevas zonas de desarrollo, y el impulso a las capacidades artesanales de los beneficiarios54.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Comisión Inter-nacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA), las circunstancias económicas y políticas, internas e internacionales, dificul-taron de tal manera el proyecto, que los denominados

polos de desarrollo no se plasmaron en nada sustancial.

Mucho menos fue posible dotarlos de sus propias autori-dades y fuerzas policiales, así como de servicios,

mode-los productivos, lo cual había atraído a miles de ex com-batientes a las llamadas zonas de seguridad55.

En todo caso, como lo muestra Rodolfo Cerdas en el texto “Desmovilización y Fuerzas del Orden en Centro-américa”, independientemente de las causas de la frustra-ción del proceso, lo cierto es que el resultado fue un ambiente sociopolítico y psicológico favorable al retorno constante a la violencia, la amenaza y la confrontación, como mecanismos para atraer la atención sobre los pro-blemas y demandas de importantes grupos de desmovi-lizados. Primero fueron ex miembros de la Resistencia Nicaragüense que formaron los grupos conocidos como

recontras; luego, los desmovilizados por la reducción

del Ejército Sandinista, conocidos como recompas; y, finalmente, la conjunción de elementos de ambos grupos, conocidos como revueltos. Lo cual generó un largo pro-ceso que arranca desde 1990, de negociación–acuerdos –desmovilización–incumplimiento–rearme–negociación y así reiteradamente hasta 199556.

Hay que considerar entonces el peligro de que los com-batientes desmovilizados se dediquen al delito violento como una preocupación principal. De acuerdo al citado Research Report del World Bank, este temor tiene sus bases “…porque los soldados pueden haber perdido sus habilidades para desarrollar otras actividades o, en efecto, si fueron reclutados como niños soldados, tal vez nunca han tenido ninguna otra habilidad. Tal vez el tiempo que pasaron con el ejército pudo haberles dotado de las habi-lidades y el equipo para la violencia y los ha hecho insensibles a su uso”57.

Un estudio realizado por Paul Collier en 1994, investigó los efectos de la desmovilización de soldados en Uganda a comienzos de los años noventa58.En este caso los solda-dos fueron enviasolda-dos de regresos a sus distintos distritos de origen, pero con enormes diferencias entre distritos en el número de soldados retornados; de esta manera, el es-tudio pudo determinar si existía alguna relación entre

cam-53Ver Barbara Walter. “Committing to Peace: The Successful Settlement

of Civil Wars, Princeton, Princeton University Press. 2001; «The critical Barrier to Civil War Settlement», En International Organization, vol. 51, No. 3, Verano de 1997.

54Comisión Internacional de Apoyo y Verificación, Organización de

Es-tados Americanos. «Proyecto de apoyo a la producción» Managua, mayo de 1993; «Programa de autoconstrucción de viviendas, informe de avan-ce», Managua, 1992; «Programa de reinserción social de lisiados de guerra de la Resistencia Nicaragüense», Managua, mayo de 1993.

55Morales, Abelardo. 1995. “Oficios de Paz y Posguerra en

Centro-américa”. San José: FLACSO.

56Cerdas, Rodolfo. 1998. “Desmovilización y Fuerzas del Orden en

Centroamérica”. En Foro internacional, No.151.

http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/colmex/foros/151/ sec_5.htm

57World Bank, Op. Cit.

58Collier, Paul. 1994. “Demobilization and Insecurity: A study in tehe

Economics of the Transition from War to Peace”. En Journal of

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bios en las tasas de delitos en el ámbito del distrito y el número de soldados desmovilizados. En general, y a pesar de los temores de los ugandeses, la desmovilización no tuvo efecto alguno en los delitos; sin embargo, antes de la desmovilización se había hecho una encuesta a todos los soldados para averiguar si tenían algún acceso a posibili-dades productivas que les permitieran algún ingreso. Al-rededor del 12% de los soldados afirmaron no tener acce-so a la tierra, y a estos acce-soldados se les concentró en unos cuantos distritos. Los soldados desmovilizados sin acceso a la tierra aumentaron las tasas locales de delitos de manera significativa y considerable. En términos estadísticos, exis-tía una probabilidad superior a cien de que esos soldados cometieran delitos, que el ugandés promedio.

Es importante señalar entonces que en un escenario pos-guerra las prácticas de uso de la fuerza por parte de los desmovilizados reciben un impulso derivado de la incapa-cidad de adaptarse a las nuevas condiciones: algunos excombatientes adoptan un modo de vida delincuencial que les permite no sólo garantizar la existencia de recur-sos mínimos de subsistencia sino también un lucro gene-rador de excedentes y de una economía ilegal. En este marco la conformación de bandas y pandillas es común, así como la persistencia de la posesión de las armas como garantía de seguridad y de poder59.

Al acercarse a las pandillas juveniles centroamericanas, conocidas como maras60, se puede observar cómo sus miembros más veteranos son ex soldados y ex guerrilleros desmovilizados al terminar la guerra civil, a quienes se unieron miles de jóvenes sin perspectivas de futuro. Emergieron en países como Salvador, Guatemala, Nicara-gua y Honduras, como una salida ante el fracaso de los programas oficiales para reinsertar a antiguos combatien-tes que de un día para otro se quedaron sin nada que hacer. Las maras están bien organizadas y pertrechadas porque heredaron las destrezas logísticas, el armamento y la capacidad táctica tanto del ejército como de algunos sectores de la guerrilla a la que pertenecieron. Por eso la policía se ve incapaz de contenerlas61.

A las dificultades de la desmovilización en términos de seguridad, hay que agregarle las generadas a partir del

no cumplimiento del desarme. En El Salvador, durante 1981-1992, la ONUSAL62 supervisó y recibió 40.000 armas y el gobierno 9.527, sin embargo una gran cantidad de ellas quedaron en manos de combatientes, pues mu-chos de ellos tenían demasiada desconfianza en las polí-ticas de reinserción y e incertidumbre por la falta de se-guridad en el posconflicto. De igual forma, la Misión realizó una campaña para la recolección de armas del Movimiento Patriótico contra la Delincuencia (MPCD) que a cambio de armas se les otorgaba víveres. A pesar de todos estos esfuerzos, en el Salvador se estima que siete de cada diez homicidios, asaltos y robos se han co-metido con estas armas de fuego, que actualmente se en-cuentran legalmente registradas en la mayoría de los casos.

En Sudáfrica, después de la desmovilización y la termi-nación del largo período de apartheid se dio un creci-miento del problema de la proliferación de armas de fuego en la región. En el marco de la transición democrática en este país, y con las experiencias de la situación de post-conflicto de países limítrofes como Angola y Mozam-bique, la proliferación tuvo sus repercusiones en un in-cremento considerable del uso de las armas de fuego en los crímenes violentos. “Así por ejemplo, de los 25.782 asesinatos cometidos entre los años 1996 y 1997, el 43% de los mismos se cometió con armas como pistolas y revólveres, y de los 66.163 robos registrados en el mismo