Con la asunción del gobierno del Frente Amplio en el año 2005, el impulso a las políticas orientadas a desarrollar “el país productivo” y en particular la reactivación de la agroindustria azucarera, abrieron nuevas perspectivas para la zona. En este escenario, se incorpora el objetivo de producir alcohol carburante a partir de caña de azúcar y potencialmente otros cultivos como el sorgo.
Los debates sobre la viabilidad del sector y las alternativas de industrialización de este cultivo se encuentran en la agenda política y
técnica desde hace más de dos décadas. En el actual contexto económico y político, “reaparece” esta propuesta fundamentada básicamente en:
• La necesidad de generación de empleo en una zona sumergida en una gran crisis social: la producción de caña de azúcar y su industrialización es el cultivo agroindustrial que más trabajo genera por superficie;
• La utilización de recursos y de la capacidad instalada en la zona (riego, maquinaria, ingenio, tierras, condiciones climáticas, conocimiento, experiencia);
• El carácter estratégico de la producción de azúcar con materia prima nacional y la producción de combustible en el marco de la búsqueda de alternativas orientadas a diversificar la matriz energética nacional para reducir la dependencia de la importación de petróleo (que además presenta un crecimiento sostenido de precios) (Díaz y Moraes, 2006.)
Según los voceros del gobierno, se trata de un nuevo “modelo de sustitución competitivo de importaciones” que se presenta en contraposición a la irreversible apertura de las economías, la mundialización del comercio y del mercado de alimentos en particular. Se afirma desde las autoridades políticas, que la caña de azúcar tiene condiciones para ser competitiva y puede ubicarse dentro de los márgenes de productividad alcanzados en la región.
La implementación del nuevo proyecto se realizó mediante la coordinación de varios organismos estatales, entre ellos el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland ANCAP y el Banco República. Al comienzo se anunció una ampliación del área de caña de azúcar que alcanzaría a 10 mil hectáreas, y la finalización de la destilería para obtener etanol en el año 2007.
Paralelamente a este proceso, las organizaciones sindicales, de pequeños productores y las comisiones barriales conformaron una comisión que elaboró un documento en el cual reclamaron al Consejo de Ministros un conjunto de medidas para la reactivación productiva de la zona con base en la materia prima nacional. Se planteaba la intervención de las cooperativas y empresas: CALNU, CALAGUA, Green Frozen, CALVINOR y el sistema de riego de CALPICA y la puesta en funcionamiento de una dirección compartida entre el Estado, productores y obreros. También se planteó la inclusión de trabajadores y pequeños productores en la plantación de caña a través de la distribución de tierras mediante el Instituto Nacional de Colonización.
Estas medidas integraban además la propuesta de la comisión de programa departamental del Frente Amplio.
El proceso de cambio evidenció contradicciones, dificultades y obstáculos. Durante el año 2005 se realizaron varias instancias de discusión entre representantes ministeriales y de ANCAP con diferentes actores locales con el fin de establecer un escenario favorable para la instalación del nuevo proyecto. Las negociaciones con los representantes de CALNU resultaron complejas, lo que dejó al descubierto la relación conflictiva entre el nuevo gobierno y los intereses de un conjunto importante de cañeros. Mediante un importante respaldo popular encabezado por el sindicato de la UTAA y por el Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar (SOCA), el gobierno logró una correlación de fuerzas favorable para la implementación del Proyecto Sucro-alcoholero. Esta etapa se cerró con el decreto del Poder Ejecutivo (decreto 53-006) que creó la empresa Alcoholes del Uruguay (ALUR S.A).
Desde los comienzos de la implementación del Proyecto, los trabajadores y pequeños productores organizados de Bella Unión han señalado que si bien el proyecto reactivó la actividad agroindustrial, creando nuevas oportunidades de trabajo, algunas de sus reivindicaciones y propuestas no han sido contempladas en la orientación económica asumida.
Los trabajadores señalaron los riesgos de una estrategia productivista basada en el monocultivo de caña, que se aleja de un modelo de diversificación. Indican que con el proyecto sucro-alcoholero se ven beneficiados los sectores que concentran mayores superficies de tierra, que además utilizan otros recursos de inversión pública (como los sistemas de riego), continuando con la apropiación privada de los apoyos e inversiones estatales. Las organizaciones de trabajadores reclaman también la participación en los órganos de carácter resolutivo de ALUR.
Ante este panorama, los trabajadores y pequeños productores desarrollaron variadas acciones de reivindicación y propuestas. En enero de 2006, las organizaciones UTAA, SOCA y APAARBU (Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión) ocuparon dos fracciones del Instituto Nacional de Colonización en la Colonia España. El proceso de negociación culminó con un acuerdo entre las organizaciones ocupantes y las instituciones vinculadas a la zona (INC, ALUR, PUR-MGAP y la UdelaR) por el cual se estableció que el INC adjudicase algunas fracciones de tierra a la ALUR para que la empresa la entregará en usufructo a las organizaciones con el fin de desarrollar un proyecto socio-productivo y llevar a cabo un Programa de Formación para Trabajadores. Además, el proceso de negociación
concretó la creación de la Comisión de Política de Tierra (CPT), integrada por organizaciones de trabajadores, pequeños productores y por instituciones de carácter nacional y local. Este espacio se conformó para constituirse en el ámbito de discusión y búsqueda de soluciones a la demanda de tierra por parte de trabajadores rurales y pequeños productores.
En este contexto, en 2007 ALUR adjudicó a trabajadores a través de sus organizaciones parcelas de “tenencia combinada” de aproximadamente 10 hectáreas cada una, con caña de azúcar ya plantada. Esta fue la primera medida a través de la cual el complejo industrial se amplió, extendiendo un nuevo eslabón en la cadena que alcanzó la plantación de la materia prima. A través de este sistema, el núcleo estatal del complejo tomó en arrendamiento por un período de diez años tierra que luego sub-arrendó a los trabajadores.
Desde 2008, la Comisión de Política de Tierra (CPT) se abocó a trabajar en el proyecto de la Colonia Raúl Sendic. En diciembre de 2009 el INC concretó la adjudicación en régimen precario y con un período de prueba de dos años de 2033 has. La adjudicación de 1200 has fue realizada de forma directa a 44 trabajadores, a través de sus organizaciones, mientras que el área restante fue adjudicada a otras personas de la zona a través de llamado público. Si bien inicialmente la Colonia “Raul Sendic Antonaccio” (CRSA) estaba constituida por 6 grupos, actualmente son 9 los grupos que la componen debido a la escisión de uno de ellos luego de casi un año de funcionamiento. Estos grupos se identifican según los nombres de sus organizaciones sindicales y gremiales (UTAA, SOCA, APAARBU, COAPAARBU, SUCAL y Gremial Granjera) y grupos de referencia (Portón de Fierro, Grupo de los 8).