La predicción de Castro se acabaría convirtiendo con el tiempo en la idea del Anteproyecto de Ensanche que con más fuerza se plasmaría en la realidad. Se puede rastrear en el aspecto que adquirieron zonas como la Castellana o el barrio de Salamanca que absorbieron la mayor cantidad de las inversiones y acabarían por poseer las mejores infraestucturas urbanas y serían ocupadas por aquellas clases sociales a las que se las reservaba, mientras que amplias zonas de la ciudad seguían sin urbanizar o lo estaban muy deficientemente y se convertían en el hogar de los más desfavorecidos. En ello influyó de manera determinante esa actitud de respeto hacia la propiedad que se destila en el texto de Castro y que acabaría llevándose más allá de las iniciales intenciones. Si en un principio se habían intentado armonizar los intereses particulares con el interés general, al final casi todas las restricciones a los propietarios y futuros constructores derivadas de la preocupación higiénica acabarían sucumbiendo ante los deseos de los dueños del terreno. Como ha concluido Mas a partir del barrio de Salamanca:
“La evolución sufrida por el plano de Castro, tanto en los primeros momentos como en las últimas décadas, va toda ella dirigida en un mismo sentido: aquel que señala la fortaleza de los intereses de los propietarios del suelo ante la realidad ideal de un proyecto. En las primeras amputaciones y en las últimas calificaciones del suelo puede observarse el modo cambiante en que los intereses inmobiliarios logran romper o influir
en el planeamiento urbano”44
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BONET CORREA, Antonio (ed): Plan Castro, COAM, Madrid, 1978, pp. 112-114
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MAS, Rafael: El barrio de Salamanca. Planeamiento y propiedad en el Ensanche de
La hegemonía del interés de los propietarios, aparte de acabar con muchos de los buenos propósitos de Castro de hacer del Ensanche un espacio urbano en que la vivienda fuera higiénica y digna, tuvo por consecuencia que el otro gran propósito del proyecto, la segregación social de los distintos barrios, se manifestará de forma mucho más acusada. Para entenderlo hay que detenerse un momento en el marco normativo que reguló la puesta en práctica del Ensanche, especialmente en el plan económico que se previó para su desarrollo.
En un principio no existió en el plan de Ensanche ninguna previsión de cómo financiarlo o sufragarlo más allá de la confianza en la iniciativa privada como impulsora de las obras. No obstante era necesario acometer una serie de obras públicas que la financiación privada no pagaría: expropiación de los terrenos para la apertura de las nuevas calles, alineación de las ya existentes, creación de la red de alcantarillado, iluminación... Finalmente es en 1864 cuando se establece que el costo de la transformación de los terrenos que rodeaban la vieja cerca de Madrid en suelo urbanizable correría a cargo del Ayuntamiento. Para ello el Estado cedería al municipio la recaudación de la contribución territorial de los primeros veinticinco años de cada edificio nuevo que se construyera en la zona de Ensanche. De esta manera se creaba un sistema de financiación para la urbanización de los nuevos terrenos en la que la apertura de calles y su acondicionamiento iba depender del ritmo que adquiriera la edificación de nueva planta. Cuantos más edificios surgieran en el terreno del Ensanche, de más recursos dispondría el Ayuntamiento para ir creando las infraestructuras que los nuevos barrios necesitaban. El sistema podría haber creado un sistema de retroalimentación beneficiosa, pues al mismo tiempo el gasto público había de animar a los propietarios de los terrenos a edificarlos una vez que las calles estuvieran abiertas. Sin embargo el efecto producido fue el opuesto: el Ensanche se fue construyendo a un ritmo lento, insuficiente para acoger a una población madrileña en constante crecimiento.
En general se suele achacar la lentitud del desarrollo del Ensanche a los propietarios de los terrenos que, en actitud propia de especuladores, prefirieron retener sus solares a la espera de poder venderlos a un precio alto a invertir en su edificación. Actitud por otra parte lógica si tenemos en cuenta el alza sostenida (con coyunturas de espectacular crecimiento) que experimentó el precio del suelo de Ensanche desde 1860. Tales estrategias, por otro lado eran alentadas por el propio sistema de financiación del Ensanche que no implicó nunca una reforma acerca de las expropiaciones. Hasta 1892 el Ayuntamiento pagó los terrenos expropiados que se destinaban para el trazado de las calles a un precio muy cercano al de mercado:45 cada calle que se trazaba exigía un fuerte desembolso por parte de las arcas públicas, lo que no repercutía más que a favor de la dinámica de continua alza de precios del suelo.
La lentitud en el proceso de expropiación de los terrenos destinados a conformar la red viaria había de repercutir necesariamente en el proceso de acondicionamiento de las calles, pues casi todo el presupuesto era absorbido por las compra de terrenos. La instalación del alcantarillado, el suministro de agua y el alumbrado, podían llegar mucho más tarde que el alzado de los edificios. Philip Hauser es una vez más un meticuloso testigo de las carencias en infraestructura de la ciudad:
“Hasta 1886, el Municipio cuidaba poco de la construcción de nuevas alcantarillas. Carecía de ellas el barrio de Chamberí, en su mayor parte; igualmente el de Argüelles y el de Pozas, y el nuevo de barrio de Salamanca las tenía sólo en la calle Serrano y en las adyacentes, hasta el Paseo de Recoletos y de la Castellana, careciendo de ellas todas las calles perpendiculares, desde la de Claudio Coello por arriba. Han sido más bien los propietarios de las casas ó hoteles que solicitaron de tiempo en tiempo la
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La expropiación de los terrenos previstos para calles según la planimetría de Castro se tasaban por el sistema del justiprecio. Si el propietario y el Ayuntamiento no llegaban a un acuerdo, se acudía a la Junta de Ensanche; en esta institución, creada por el Ayuntamiento estaban representados los propietarios, lo que aseguraba que los precios no fueran demasiado bajos. En un principio se pagaba de forma íntegra y en el momento; más tarde se concedió que una quinta parte se cediera gratuitamente al Ayuntamiento. Al fin en 1892, se estableció que la mitad de los terrenos expropiados se cedieran gratuitamente. En todo el proceso estuvieron presentes las sospechas de corrupción en la fijación de precios y en la decisión de los acreedores a los que se pagaba primero como ha quedado retratado en DÍEZ DE BALDEÓN, Clementina: Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo XIX, Madrid, Siglo Xxi, 1986. pp. 37-45.
autorización al Ayuntamiento para establecer una alcantarilla en la calle en que habitan, haciéndose reembolsar la cuota correspondiente después de terminarse la
construcción.”46
Es esclarecedor comprobar cómo eran precisamente los barrios de las clases más acomodadas, aquellos destinados al alto funcionariado y a la nobleza (el entorno del Paseo de la Castellana) los únicos que disponían de alcantarillado puesto que sólo sus habitantes tenían los recursos necesarios para pagar las obras por adelantado; en cambio, barrios del ensanche de clara extracción popular (Chamberí, Pozas) en los que incluso abundaba la clase media (como en Argüelles) aún carecían de estas infraestructuras.
Este desarrollo diferenciado por zonas venía reforzado además por el propio marco legislativo al establecer, tanto en la ley de 1864 como en su reglamento de 1867, la posibilidad de establecer en los ensanches de las ciudades dos o más zonas con independencia económica47. Esto significaba que los recursos generados por cada zona revertirían únicamente en su propio beneficio y que el presupuesto de cada una de ellas iba a depender de la calidad de los edificios que contuvieran. Madrid adoptó el sistema y procedió a la división de su zona de Ensanche en tres. La primera comprendía todo el Norte hasta la Castellana siendo su barrio más importante el de Chamberí. La Segunda se correspondía con la zona Este en que el caserío se limitaba a los hoteles de la Castellana y las construcciones promovidas por el Marqués de Salamanca. Finalmente la tercera zona se correspondía con las zonas industriales, agrícolas y obreras que habían de extenderse según Castro al Sur de la ciudad y del Parque del Retiro. Con esta atomización del presupuesto, la Zona II, la del barrio de Salamanca, salía claramente beneficiada: al ser sus edificios de mayor calidad que el resto y los alquileres más altos, era la que generaba más ingresos por contribución territorial; pero al mismo tiempo seguía siendo la zona menos poblada, con apenas unas calles edificadas y por tanto con menos necesidades infraestructurales. Con el nuevo régimen de
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HAUSER, Philip: Madrid bajo un punto de vista médico-social (edición a cargo de Carmen del Moral, Madrid, Editora nacional, 1979) vol. 1 226.
financiación el barrio se aseguraba la cobertura de todas sus necesidades sin reparar en gasto en el precio de materiales. En cambio la Zona I o la Zona II, en las que abundaban las casas anteriores al Ensanche cuya contribución territorial no generaba ingresos en la caja de financiación de la urbanización, en que los alquileres eran baratos en las casas recién construidas, vieron con la medida sus recursos seriamente recortados. La diferencia entre las distintas zonas estaba además garantizada por mucho tiempo por el efecto multiplicador de la medida: el mejor acondicionamiento urbano del barrio de Salamanca aumentaba los alquileres en la zona, seleccionando los potenciales inquilinos y favoreciendo un tipo de construcción más lujosa y que generaba contribuciones más altas. Mientras, las otras dos zonas, escasamente urbanizadas, se convertían en el terreno apropiado para construcciones pobres que ofrecían habitaciones a un bajo alquiler y que no aumentaban la riqueza del lugar.
Si la legislación que se encargó de desarrollar el plan económico del Ensanche reforzó el objetivo de segregación socioespacial que estaba implícito en el proyecto de Castro y facilitó las actividades especuladoras de los propietarios, no fue igual de respetuoso con el diseño de ciudad higiénica que había creado el ingeniero madrileño. En el contexto de lenta dinámica constructiva y suculento negocio de especulación con los terrenos, los reglamentos de higiene previstos suponían un inconveniente para que avanzara la edificación. Así en los años siguientes a la aprobación del proyecto, al tiempo que se organizaba el plan económico para llevar a cabo el Ensanche, se realizó toda una serie de reformas del plan original que facilitaron una construcción más rentable para los promotores, aunque conllevara una rebaja en las condiciones higiénicas de los edificios. Los inductores de estas reformas legislativas y de las ordenanzas que regulaban las normas de construcción, fueron en gran mayoría de los casos los mismos propietarios de los terrenos, respaldados por miembros destacados de la clase política48. En
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La agudización de las diferencias socioespaciales que implicó esta ley fue descrita en su día por: MAS, Rafael: El barrio de Salamanca. Planeamiento y propiedad en el Ensanche de
Madrid. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1982. Pág. 66.
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En este sentido, Clementina Díez de Baldeón ha subrayado el papel que jugó el sólido asociacionismo de propietarios, sobre todo a partir de 1869 con la creación de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas como grupo de presión para la modificación de estas leyes y para resistir a la amenaza a sus intereses que suponían los distintos gobiernos y alcaldes del
1864 se reducía la superficie mínima abierta que debía haber en cada manzana, eliminando gran parte de los jardines y patios interiores que se habían previsto en beneficio de una ventilación adecuada de las casas. Como complemento se autorizaba a construir un piso más en los edificios, pasando de los tres iniciales a cuatro: la consecuencia era que con ello las calles se estrechaban y se desbarataban aquellos cálculos establecidos por el ingeniero en su proyecto entre altura de los edificios y vías de comunicación. La adulteración del Ensanche sería llevada más lejos y poco más tarde, en 1867, se completaría con la total abolición de las normas constructivas creadas por Castro: a partir de ese momento las características de las construcciones en el Ensanche se sujetarían a las leyes que imperaban en el casco viejo de la capital.
Si el proyecto de Ensanche había sido un intento de crear una nueva forma de ciudad que salvara los problemas higiénicos de la vivienda barata miserable, moría al poco de nacer. La desaparición de todas las normas constructivas ideadas por Castro abría las puertas a que la ciudad creciera reproduciendo los vicios urbanísticos y arquitectónicos de su casco antiguo: las buhardillas y sotabancos, los grandes edificios de vecindad, el gran número de viviendas interiores. Todas las rebajas de exigencia en calidad de las construcciones beneficiaba en cambio a los propietarios y promotores que con ellas aumentaban el número de inquilinos y la rentabilidad de sus edificios. Se encontraba así una forma de compensar los altos costes que para la construcción suponía el continuo alza de los precios del suelo. En definitiva, el sacrificio del proyecto higiénico que conllevaba el Ensanche, permitía que las posibilidades que abría al negocio inmobiliario y a la especulación se mantuvieran.
Sexenio. Con anterioridad es la actuación individual de los propietarios, muchas veces presentes en la Administración, lo que va a garantizar que el respeto de la propiedad privada se anteponga a toda consideración y norma higiénica en la construcción (así, es Mesonero Romanos y Cánovas del Castillo, grandes propietarios, los que están detrás de la reforma de ordenanzas de construcción en 1864 y 1867). Véase DÍEZ DE BALDEÓN, Clementina:
Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 1986., acerca de
las asociaciones de propietarios pp. 75-82, acerca de la influencia de particulares en la gestión del Ayuntamiento, pp. 29-45.
Sin embargo, el cumplimiento de las medidas higiénicas en el acondicionamiento de calles y edificios no era siempre un inconveniente para el promotor inmobiliario; era simplemente un lujo que se incorporaba a las viviendas de aquellos que podían permitírselo. Aquellos cuyo presupuesto podía cubrir el precio elevado al que había llevado la especulación a los alquileres en las zonas mejor acondicionadas. Así, Hauser, en el rastreo de los focos de insalubridad urbana madrileños que hizo en el cambio de siglo, debía de reconocer las virtudes que el Ensanche mostraba en algunos de sus barrios. Este era el caso de la zona Este del Ensanche, la reservada en la división socioespacial de Castro a la burguesía y los empleados:
“En cuanto al distrito de Buenavista, como barrio moderno y muy extenso, ocupando
parte del casco de la capital, parte del ensanche y parte del extrarradio, se halla provisto de calles muy anchas, casas espaciosas y de un gran número de hoteles con jardines, y por lo mismo tiene el privilegio de ofrecer albergue, en condiciones accesibles, á las familias de distinta social, reuniendo además sus viviendas ventajas de higiene y de confort, tanto para los empleados que disfrutan de sueldos de 5 á 6000 pesetas anuales, como para los de sueldos ó ganancias más crecidos, mientras que los otros distritos municipales, sobre todo los del antiguo Madrid, están habitados, en su gran mayoría, por gentes del pequeño comercio, por los de la pequeña industria, por empleados de poco sueldo, por cesantes ó militares de la reserva, y por la clase jornalera”49
Es precisamente a las diferencias en las formas y condiciones de vida entre la población que se situaba a uno y otro lado de las 5000 pesetas de salario anual a las que se dedicará este trabajo, mostrando cómo se organizaba la convivencia de los distintos grupos sociales en un mismo espacio urbano: el Ensanche Norte de Madrid.
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HAUSER, Philip: Madrid bajo un punto de vista médico-social (edición a cargo de Carmen del Moral, Madrid, Editora nacional, 1979) vol. 1, pág. 516.
III.- Un nuevo Madrid: surgimiento e inserción del arrabal de