Esta lucha, que ha ido trasladándose desde el reclamo por el acceso a la educación formal hacia la discusión del “qué” y el “cómo” se aprende, se fue plasmando también en diferentes documentos internacionales que recogen los consensos ya establecidos acerca del “qué hacer” para promover la igualdad social de mujeres y varones. La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la “Mujer”, votada en Naciones Unidas en 1981, convertida en Ley Nacional en 1985 e incorporada en la Constitución de la Nación Argentina sancionada en 1994, establece en su Artículo 10:
“Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza en todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica y profesional, incluida la educación técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional.
Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente del mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad.
La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza.
Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios.
Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible la diferencia de conocimientos existentes entre el hombre y la mujer.
La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente.
Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física.
Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia”.
Este discurso de raíz liberal tiene, sin embargo, un enorme potencial en la lucha por una sociedad más justa y con el tiempo va profundizando sus metas. A dieciséis años de la Convención, la Plataforma votada en la Conferencia de la Mujer de las Naciones Unidas de 1995 profundiza en varios de los aspectos ya planteados, particularizando el discurso hacia algunos sectores específicos de “las mujeres” y retomando algunas de las discusiones que se plantearan en el campo de los Estudios de Género en la educación. El primer punto de la Plataforma relacionado con el tema reitera la necesidad de “asegurar la igualdad de acceso a la educación” aunque introduce especificaciones interesantes dirigidas hacia el sector “niñas” y “mujeres jóvenes” que particularizan el discurso. Se habla, por ejemplo, de la necesidad de “aumentar la matrícula y la retención escolar de las niñas, asignando recursos presupuestarios, estableciendo horarios escolares flexibles, becas e incentivos” y de “promover que se eliminen las barreras, para que las embarazadas adolescentes y madres jóvenes puedan continuar sus estudios”. Además, también se abre el problema del “acceso” hacia la gestión política de la educación cuando, en el mismo objetivo, se sugiere a los gobiernos “lograr la participación igualitaria de la mujer en la administración y adopción de políticas educativas”. Por otra parte, aunque se recupera el tema del analfabetismo y, en este sentido, la universalización del acceso a la lectura y la escritura, también se introducen especificaciones relativas al “qué” deben aprender las mujeres. Así, se recomienda “aumentar el
acceso de las mujeres a la formación profesional, la ciencia y la tecnología y la educación permanente”.
¿Qué ha pasado en la Argentina frente estas iniciativas? En marzo de 1987, durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, se creó la Subsecretaría de la Mujer en el marco de la Secretaría de Salud y Acción Social como culminación de un proceso comenzado en 1983 con el Programa de Promoción de la Mujer y la Familia. Posteriormente, en 1989, el presidente Carlos Menem la convirtió en Secretaría, que fue disuelta en pocos meses. En 1991 fue creado un organismo denominado Consejo Coordinador de Políticas Públicas para la Mujer dependiente del Instituto Nacional de la Administración Pública. Hoy se llama Consejo Nacional de la Mujer y depende directamente de la Presidencia de la Nación.
Estas idas y venidas dan señales acerca de la precariedad institucional que tuvo y aún tienen estas respuestas desde el estado. No obstante, también es posible señalar sus logros. Según Zita Montes de Oca, quien fuera la subsecretaria entre 1987 y 1989, la dependencia desarrolló programas de promoción a la investigación en el Tema Mujer, de diagnóstico y relevamiento de la situación de la mujer en las provincias, de prevención de la violencia doméstica, etc., más la publicación de materiales de divulgación y capacitación. Más allá de las dificultades y límites, la autora concluye: “el resultado del desafío fue positivo más allá de la ubicación «femenina» y asistencial que se le pretendió otorgar al área, el cerco pudo romperse y el organismo pudo conquistar, al menos dentro del criterio de los miembros del estado, un concepto que fue más acorde con el previsto idealmente con las mujeres que con el determinado culturalmente por los modelos y estereotipos establecidos”.
No obstante, la primera actividad que desde sus comienzos buscó instalarse como componente de las políticas de estado que podríamos llamar “tradicionales” fue el “Programa Nacional de Promoción de la Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Área Educativa” (PRIOM), en el marco del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. (Coordinadora general: Gloria Bonder. Coordinadora operativa: Graciela Morgade).
El PRIOM (1991) se propuso:
Integrar al currículo de todos los niveles y modalidades educativos contenidos tendientes a reflejar la participación de la mujer en todos los ámbitos sociales, la creación de cultura y el crecimiento económico de la sociedad y dar cuenta de los nuevos roles sociales que éstas desempeñan.
Sensibilizar y capacitar docentes en la perspectiva de promover actitudes y prácticas no discriminatorias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la orientación profesional.
Impulsar planes de docencia e investigación dirigidos a profundizar el conocimiento acerca de la situación de la mujer y eviten elecciones educativas y laborales estereotipadas.
Incentivar el ingreso femenino a las áreas científico tecnológicas, brindarles capacitación para encarar emprendimientos productivos y fortalecer su capacidad para ocupar puestos de decisión en las instituciones sociales.
Recuperar y jerarquizar, a través de estudios puntuales, encuentros y espectáculos, concursos, etc., el protagonismo de las mujeres argentinas a través de la historia a todas las dimensiones de la cultura.
puntuales que afectan particularmente a las mujeres: preservación del medio ambiente, comunicación social, educación para la salud, circuitos no formales de educación.
Este programa duró cuatro años, durante los cuales avanzó en algunos de esos objetivos, contribuyendo a la diseminación de la problemática de las relaciones de género en el sistema educativo a través de documentos de apoyo a la reforma curricular, capacitación de funcionarias y docentes, organización de campañas de sensibilización a la comunidad educativa, producción de materiales pedagógicos, etc. No obstante, el PRIOM terminó abruptamente por un fuerte conflicto originado en la determinación de los Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica. Entre varios otros aspectos, por la incorporación del enfoque de “género” a los contenidos de la educación. Este conflicto ideológico que derivó en la renuncia pública de la Coordinación Nacional del Programa y su virtual disolución.
No obstante, si bien con este programa desapareció, por el momento al menos y a nivel nacional, una política educativa tendiente a incorporar en forma integral la perspectiva de género en la educación formal, esto no implica que se hayan evaporado ni su influencia ni la presión de otros grupos y otras personas en el mismo sentido. Es posible encontrar contenidos establecidos para los diferentes niveles y algunos textos y editoriales que muestran algunos cambios. Hay maestras y maestros que ya están incorporando innovaciones “con perspectiva de género” en sus aulas. También existen formadores/as de docentes que incorporan en sus programas algunas investigaciones y textos que hablan de las relaciones de género. Aunque todavía son dispersas y escasas, intentaremos sistematizar algunas de estas iniciativas como fuente de inspiración para otras que puedan surgir...