El Reglamento de Juzgados y Tribunales de la República, expedido en 1855 durante el gobierno del General José Rufino Echenique es, después del Código de Enjuiciamientos Civiles, la segunda norma principal que regulaba la actuación de los órganos judiciales en la época que nos ocupa.
No es un equívoco afirmar que este Reglamento de Tribunales es, pues, básicamente un producto del Código de Enjuiciamiento Civil de 1851. En efecto, el inicio de su preparación tuvo que ver directamente con la promulgación del mencionado cuerpo legislativo tal como lo reconoce el decreto emitido el 16 de septiembre de 1853 por el Presidente Echenique70. En él se reconoce que la entrada en vigencia del Código de
Enjuiciamientos ha hecho que muchas disposiciones tanto del anterior Reglamento de Tribunales de 1845 como de la Ley de Juzgados de Paz de 1839 hayan sido derogadas. Es en ese sentido que se encomendó a la misma comisión que elaboró los proyectos del Código Civil y del Código de Enjuiciamientos la labor de estudiar y proponer un nuevo Reglamento de Tribunales que se encuentre uniformizado con las nuevas leyes dictadas y que modifique un texto como el mencionado Reglamento de 1845 que, según señala García Calderón, era un texto “sumamente inconexo, y tiene tanta confusión, oscuridad y desorden en sus disposiciones, que los estudiantes de derecho consideraban su aprendizaje como la tarea más penosa a que podían entregarse”71.
La comisión, conformada de acuerdo a la citada ley del 7 de junio de 1851, estaba integrada por dos senadores: José Luis G. Sánchez y Gervasio Álvarez; y cinco diputados: Toribio Ureta, Pedro Gálvez, Teodoro La Rosa, Juan Celestino Cavero y Pedro José Flores. Ellos fueron quienes recibieron el nuevo encargo de presentar, en treinta días, un nuevo Reglamento de Tribunales.
Previsiblemente, el encargo tomó más tiempo que el estipulado. Recién el 16 de noviembre de 185372
70 Ley del 16 de septiembre de 1853 publicado el 30 de septiembre de 1853
, el Congreso de la República dispuso que el proyecto sea
(http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1854027.pdf). El Congreso de la República Peruana
Considerando:
I. Que con la promulgación del Código de Enjuiciamientos Civiles, han quedado derogadas muchas disposiciones del Reglamento de Tribunales.
(…) Decreta:
Art. 1°.- La Comisión nombrada por la ley de 7 de junio de 1851, procederá al examen y reforma del Reglamento de Tribunales; y así mismo se ocupará de uniformizar la Ley reglamentaria de Jueces de Paz con los códigos vigentes.
71 GARCÍA CALDERON, Francisco. Diccionario de la Legislación Peruana. Tomo 2. Lima: Fco. García
Calderón, Paris; Lib. de Laroque: 1879. página 1649.
enviado al Gobierno y el 20 de mayo de 1854 el Presidente Echenique dispuso la publicación de esta norma y su entrada en vigencia a partir del 1 de agosto de ese año. Sin embargo esto no sucedió de esa forma.
El estallido de la revolución de 1854 a través de la cual el Mariscal Castilla volvió a llegar a la Presidencia de la República hizo que la entrada en vigencia del Reglamento de Tribunales no siguiera el curso trazado. Ya nuevamente en la presidencia, Castilla emitió un decreto el 14 de febrero de 1855 en el cual señala que el decreto emitido por Echenique carece de valor “por no haberse verificado en todos los Departamentos de la República y por haberse arbitrariamente reservado el título 5° bajo el pretesto (sic)
de someterlo al Congreso, (…)73”. En efecto, la ley del 16 de septiembre de 1853
promulgada por Echenique dispuso la reserva de los artículos correspondientes al Título V del Reglamento que se referían a la figura del “vocal semanero”. Castilla dispuso que todo el texto del Reglamento, incluyendo este Título V, empezaría a regir desde el 19 de abril de 1855.
Según García Calderón, si bien las regulaciones de este Reglamento bien podían haber sido incluidas en el Código de Enjuiciamiento, al tener una finalidad principalmente administrativa y respecto de la cual eran posibles, y hasta previsibles, las modificaciones, era mejor que aquellas se realicen sin impacto alguno en las leyes de procedimientos74. Llama la atención la indicación del prestigioso jurista sobre todo
en el sentido de que se señala sin sorpresa ni reserva que la organización del Poder Judicial es un tema que puede ser modificado frente a los procedimientos que, por el contrario, revestirían una total idea de continuidad. Resalta el hecho de que, en la actualidad, dicha concepción ha variado diametralmente.
El Reglamento de Tribunales vendría a ser el primer cuerpo normativo promulgado en el Perú que incluiría dentro de su articulado un Título Preliminar compuesto por nueve artículos que reflejaban los principios rectores de la organización judicial, principalmente los principios de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, la independencia, el recurso de acción popular y la inimpugnabilidad de las resoluciones que declaran fundada una recusación.
(http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1853128.pdf).
73 Decreto del 14 de febrero de 1855
(http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1855012.pdf)
Fuera de ese Título Preliminar, el Reglamento consta de 461 artículos divididos en 28 títulos y, una sección adicional que consta a su vez de 110 artículos que comprenden siete títulos y una sección de disposiciones generales.
Los primeros títulos del Reglamento estaban dirigidos a regular el régimen de los principales órganos que conformaban el Poder Judicial. Así, se establecían los requisitos para acceder a la magistratura en determinado nivel (Corte Suprema, Cortes Superiores, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Paz e incluso Fiscales), las atribuciones de cada uno de ellos y los supuestos en los que se reúnen en Sala Plena. Destaca, de conformidad con el carácter del Código de Enjuiciamientos Civiles en los que durante largos momento se dejó de lado la vocación uniformizadora y se optó por una legislación descriptiva por cada particular tipo de acción, una larga enumeración de atribuciones descriptivas dependientes de cada tipo de procedimiento que reconoce el derecho.
En el caso de las Cortes Superiores adicionalmente se reguló la extensión territorial sobre la que cada una de ellas ejerce jurisdicción y la diferenciación entre las diversas cortes que se manifestaba en el número de vocales que la componen. Asimismo se incluye la larga enumeración de facultades del Presidente de cada corte y las del vocal semanero, cargo que se turna semanalmente entre todos los vocales de la corte y que se encarga, durante su turno, de realizar las atribuciones personales de la corte (emitir los proveídos de trámite, regular los gastos de la corte, presidir las visitas semanales a las cárceles).
Otros temas regulados por el reglamento incluyen el régimen del personal no jurisdiccional del Poder Judicial conformado por los relatores, escribanos, agentes fiscales, vocales interinos, conjueces, procuradores, y abogados; el régimen de vacaciones y licencias; el régimen de los locales de las cortes y juzgados así como el ceremonial a cumplirse en cada uno de ellos. En este último tema en particular llama la atención la rigurosidad en la regulación sobre las inscripciones en la puerta del local que sirve de sede a los despachos, en el escudo que se debe colocar en el frontis de cada uno de ellos, en la distribución de las salas donde despachan las cortes incluyendo la mención de la tarima sobre la cual – con un fondo de terciopelo carmesí – se debe ubicar el estrado para los vocales. La regulación prosigue estableciendo las fórmulas de juramento, el régimen de los porteros de corte y alguaciles de juzgado y
las elecciones para elegir a los presidentes de cada corte. El título 27 regulaba también el tratamiento debido a cada magistrado y el vestuario y distintivos que cada uno de ellos debía llevar consistente en un uniforme compuesto por un frac bordado de ramos alternados de encina y oliva. Las diferencias en jerarquía se reflejaban, cual vestuario militar, en el ancho de los bordados y el color de la cinta. Este último distintivo se mantiene hasta la actualidad en los mismos términos (rojiblanca para los vocales supremos, roja para los vocales superiores y blanca para los jueces).
Ya referidos al tema jurisdiccional y al propio quehacer de los órganos, el Título 15 regula lo concerniente a la apertura del despacho judicial el día 7 de enero y el orden y prioridad en que se deben recibir y resolver las causas así como el procedimiento que las salas deben respetar al actuar como segunda instancia. El título 18 establece la visita semanal a las cárceles, lo que constituyó una innovación dentro del derecho peruano y que respondió al interés por la modernización penitenciaria que estaba en vigencia durante aquellos años75. Finalmente, el Título 28 regulaba lo concerniente a
los juzgados y tribunales privativos.
La Sección Adicional estuvo dirigida a establecer disposiciones para ser aplicadas en los juicios criminales sirviendo como un “código abreviado de juicios criminales” y el antecedente directo e inmediato del Código de Enjuiciamiento Penal de 1863. Como no podía ser de otra manera, constituía un primer intento de uniformización de los distintos procedimientos penales que se venía aplicando en el país. Así, en su primera sección denominada “Disposiciones Generales” incluyó diversos principios de corte garantista aunque propios de un sistema inquisitivo y que proscribían, entre otras cosas, todo tipo de abuso sobre los reos así como torturas o detenciones indebidas.
Los siete títulos siguientes regulaban el juicio criminal, estableciendo la diferenciación existente en aquella época entre todos los demás delitos y los delitos de hurto, robo u homicidio que contaban con una sustanciación distinta. Tal como señala García Calderón, estos delitos eran los llamados “delitos exceptuados” y dicho nombre se les dio porque, precisamente,
“… no estaban sujetos al procedimiento general de los juicios criminales, sino al juzgamiento de oficio. En la actualidad el juicio criminal de oficio se sigue por todos los delitos, con intervención del ministerio público; y de esta generalidad
se exceptúan los delitos contra la honestidad y el honor, los hurtos domésticos y los maltratamientos o lesiones leves, para los cuales hay un procedimiento especial que principió la querella de la parte agraviada. Así es que ahora las palabras delitos exceptuados significan una cosa muy distinta de la que antes designaban, y el juicio de oficio se ha extendido a mayor número de casos.76 Asimismo, tal como aclara García Calderón, antes de la entrada en vigencia del Código de Enjuiciamiento en materia Criminal, la mayoría de procesos penales no se seguían de oficio y esa era la razón por la que este “código abreviado de juicios criminales” establecía el procedimiento especial para los delitos exceptuados. Con la entrada en vigencia del Código de Enjuiciamiento en materia Criminal se produciría el cambio que menciona García Calderón.
Adicionalmente a dichos “delitos exceptuados” se establecían procedimientos especiales para los delitos cometidos por eclesiásticos y militares. Recordemos que, a la fecha de expedición de este reglamento, el texto constitucional vigente era la Constitución de 1839 que aún reconocía la existencia de fueros personales.
Referido a lo que es en sí el juicio criminal, el Reglamento señalaba que el procedimiento ordinario contaba con dos etapas: un sumario y un juicio dirigidos ambos por un juez de primera instancia y sobre lo resuelto por éste procedía un recurso de apelación.
El Título 2 regulaba el régimen de la participación de los testigos en el juicio criminal. El Título 3 regulaba el procedimiento especial para los delitos exceptuados (hurto, robo u homicidio) en los que participaban directamente los fiscales y eran perseguidos de oficio. Finalmente los títulos 4 y 5 establecían los trámites previos al juicio para los delitos cometidos por miembros del clero y militares respectivamente. En estos casos no se regulaba el juzgamiento en sus propios fueros sino más bien el procedimiento por el cual se solicitaba la sustracción del reo de dicho fuero privativo y el pase a ser juzgado en el fuero ordinario. El Título 6 establecía el régimen de los juicios criminales que se seguirían ante la Corte Suprema o el Tribunal de los Siete Jueces y el último Título, el séptimo, regulaba la posibilidad gubernativa de conmutar la pena capital por la de presidio o destierro.
Como puede apreciarse, con excepción de esta Sección Adicional, el Reglamento por su contenido es equiparable a la moderna Ley Orgánica del Poder Judicial de la que, en realidad, constituye uno de sus antecedentes. En efecto, este Reglamento de Tribunales de 1855 fue derogado por la Ley N° 1510 – Ley Orgánica del Poder Judicial – promulgada en 1911 durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía.
Con relación a su antecesor, el Reglamento de 1845, destaca claramente la influencia del Código de Enjuiciamiento Civil en el sentido que este nuevo Reglamento intenta dar una visión más orgánica del Poder Judicial a la par que regula temas que el anterior no mencionaba como los relativos a los funcionarios no jurisdiccionales. Sin embargo, algunos temas de su regulación no tuvieron mucha suerte como es el caso del Tribunal de los Siete Jueces que, tras no ser reconocido por la Constitución de 1856, fue desaparecido por la Convención Nacional de ese año. Misma suerte siguió su regulación respecto a las vacaciones judiciales que fue modificada en 1874. A pesar de ello, tal como señala García Calderón, este reglamento “es bajo todos aspectos preferible al anterior; ya por el orden con que se han redactado sus disposiciones, ya también porque ha reemplazado en parte a las leyes de Indias sobre la materia”77.
Ello implica que, a la fecha de la Ocupación Chilena de Lima, el Poder Judicial contaba con un Reglamento de Tribunales que regulaba de forma exhaustiva e integral el funcionamiento del Poder Judicial en todos sus niveles y que contaba con casi quince años de aplicación. Asimismo es menester mencionar que, a diferencia del Código de Enjuiciamientos Civiles, los Reglamentos de Tribunales recibieron un reconocimiento expreso sobre la continuidad de su vigencia cuando Nicolás de Piérola tomó el poder y emitió su Estatuto Provisional que suspendió la vigencia de la Constitución de 1860.