Formación en Investigación
.Dentro del proceso de formación de investigadores, el grupo de Investigación INFANCIAS, desarrolló un Seminario de Formación en Investigación. El seminario Alemán, es considerado un proceso académico, que consiste en analizar, discutir y e intercambiar el trabajo sobre un tema específico dentro de un grupo de investigación; en el cual un miembro del grupo expone el tema a través de una relatoría; y a partir de este se abre un espacio de discusión para luego establecer una serie de conclusiones e interrogantes frente al tema. Todo el proceso anterior que consignada en una memoria escrita denominada protocolo, y que es realizado por otro participante de la sesión. A continuación, se presentan un ejemplo de relatoría y protocolo elaborados en el marco de la pasantía.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PROYECTO: HEGEMONIA Y ALTERNATIVAS EN LAS POLITICAS PÚBLICAS PARA LA INFANCIA EN COLOMBIA: SUJETOS, DISCURSOS Y PRÁCTICAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN INFANCIAS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS GRUPO DE INVESTIGACIÓN
RESEÑA
Seis Ciudades, Cuatro Países, Un Derecho: análisis comparativo de políticas educativas.
Centro De Estudios De Derecho, Justicia Y Sociedad. – Idep Luis Eduardo Pérez Murcia
CAPÍTULO I
Fortalecer el capital humano vs. Garantizar el derecho a la educación: dos lógicas de diseño e implementación de políticas educativas.
Inicialmente se parte de la idea de que las políticas educativas centradas en el enfoque de capital humano, presentan una serie de inconsistencias para promover el ejercicio pleno del derecho a la educación; lo que se contrapone a que el contenido del derecho a la educación y las obligaciones del Estado representan un marco conceptual eficiente, para promover de forma efectiva mencionado derecho.
Capital humano y derecho a la educación
En el contexto latinoamericano, las políticas educativas se implementan sin tener en cuenta las obligaciones estatales frente al derecho a la educación, descritas en la normativa de los Derechos Humanos y las cartas políticas nacionales. Lo anterior es evidencia de la invisibilización del valor del derecho de la educación siendo este reemplazado por el concepto de capital humano. Dentro de las políticas educativas no se formula el pleno ejercicio del derecho a la educación de todos y todas, pero en su lugar aparece “como objetivo supremo el fortalecimiento del capital humano” (Pérez, p.32).
No es sólo una “mutuación lexical” sino un cambio real de perspectiva, que modifica el fin de las políticas educativas centrándolas en “satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje para que las personas adquieran las capacidades necesarias para desempeñarse en el mundo del trabajo” (Pérez, p.32). Lo anterior hace que se rompa la relación del derecho a la educación con la promoción de los otros derechos fundamentales que permitan una sociedad más justa y que como sujetos de derechos se reconozcan como titulares de los mismos. Al contrario, las políticas educativas tienden a centrarse en la relación a mayor nivel de acumulación de capital humano mayor nivel de crecimiento económico.
Amartya Sen (1998) afirma que los seres humanos tienen capacidades ilimitadas que necesitan ser fortalecidas para que libremente puedan alcanzar lo que consideran realmente valioso; la capacidad productiva es sólo una de ellas.
La concepción de capital humano figura diversas formas de discriminación, pues como principio supone que hay que invertir en los sectores y grupos de mayor retorno; lo que conllevaría a invertir en la educación de forma sectorizada, en este sentido el derecho a la educación para todos y todos no se aplicaría. Ejemplo de esto, en Latinoamérica existe la percepción de que la inversión en educación por parte de la familia a la mujer no es rentable, pues esta inversión no tiene retorno a futuro; pero más allá de los resultados
económicos la inversión en la educación de las mujeres se justica en el sentido que adquieren la capacidad de reconocerse como sujeto de derechos al igual que los hombres, construyan un proyecto de vida propio lo que incidiría positivamente en los ámbitos de salud, nutrición, y la promoción de la misma educación.
Aunque este proceso discriminatorio no se encuentra explícito en las políticas educativas centradas en el fortalecimiento del capital humano; inicia por desconocer las obligaciones del Estado de implementar acciones afirmativas para asegurar la igualdad de oportunidades. Como contraparte las políticas educativas centradas en la perspectiva de derecho, la igualdad formal no basta, sino que es indispensable fortalecer el derecho al trato preferente para los grupos discriminados: ejemplo de esto serían las políticas educativas para las personas con discapacidad.
En este sentido para el enfoque del capital humano, la educación no es un derecho sino una mercancía, los niños y las niñas son asumidos como consumidores de bienes y servicios escolares y los docentes como insumo para la producción de niños y niñas educados; lo que dista de una educación que forma sujetos de derechos autónomos, garantes de derechos y de una sociedad más justa.
Contenido del derecho a la educación y obligaciones del Estado
Para realizar el análisis comparativo de las ciudades, se toma como base el contenido del derecho a la educación y las obligaciones del Estado, derivadas de la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ratificados por las cartas políticas de los Estados en estudio. Esta interpretación de da a luz de las Observaciones Generales 11 y 13 del comité de derechos económicos, Sociales y Culturales, asociadas a la formulación de planes para la enseñanza primaria y la presentación de los derechos fundamentales del derecho a la educación y las observaciones de la profesora Karina Tomasevski relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación 1998 – 2004.
La propuesta de Tomasevski, se centra en tres dimensiones de Derecho a la Educación: - La dimensión del Derecho a la educación, derivada de las normas constitucionales. - La dimensión de los derechos humanos en la educación.
- La dimensión de los Derechos Humanos Por la Educación.
Por lo anterior el derecho a la educación promueve la realización de otros derechos humanos, por lo que al ser este vulnerado se niegan igualmente otros derechos como la alimentación, la salud y el empleo.
A partir de estas tres dimensiones, la profesora Tomasevski, propone un sistema de obligaciones denominado sistema de las 4ª: El derecho a la disponibilidad de la educación (asequibilidad), en cuanto a la oferta educativa infraestructura recursos materiales y humanos para la enseñanza; el derecho de acceso del sistema educativo (accesibilidad) en cuanto a la no discriminación, la accesibilidad al material y la accesibilidad geográfica; el derecho a una educación aceptable (aceptabilidad) en cuanto a que el Estado garantice en todas las escuelas unos mínimos de enseñanza en relación con una calidad educativa aceptable para padres, niños y niñas; el derecho a permanecer en el sistema educativo (adaptabilidad) adaptación de la educación se adapta a las necesidades de la sociedad en general con la intención de que los niños y niñas permanezcan en el sistema educativo.
Por último, se presenta un cuadro que sintetiza las obligaciones básicas de los Estados frente al derecho de la educación, derivada de normas internacionales de Derechos Humanos, resaltando que son de carácter vinculantes por lo que han sido ratificadas por los diferentes Estados analizados.
El cuadro se presenta teniendo en cuenta las 4ª de la profesora Tomaseviski:
- Derecho a la disponibilidad de la enseñanza – obligación de asequibilidad. (8 obligaciones - cobertura tanto rural como urbana, infraestructura, recursos materiales, recursos humanos, preferencia por la población en condición de discapacidad y grupos étnicos)
- Derecho de acceso a la enseñanza – Obligación de accesibilidad. (9 obligaciones – acceso a las instituciones sin discriminación alguna principalmente a la mujer, educación básica, publica,
obligatoria y gratuita; educación primaria a toda la población; accesibilidad económica; sistema de becas)
- Derecho a una educación aceptable – obligación de aceptabilidad. (9 obligaciones – procesos de enseñanza aprendizaje)
- Derecho a permanecer en el sistema educativo – obligación de adaptabilidad. (6 obligaciones – permanencia, asistencia, adaptación y no discriminación)
CAPITULO II
Bogotá: el tránsito de una política con enfoque de derechos a la materialización del derecho a la educación.
Luis Eduardo Pérez Murcia Antecedentes y Contexto:
Este capítulo muestra el análisis de las políticas educativas del Plan Sectorial de Educación2004 – 2008 “Bogotá una gran escuela para que los niños, niñas y jóvenes aprendan más y mejor” y su coherencia con los contenidos del derecho a la educación amparados por la constitución política y las normas internacionales de derechos humanos.El estudio se encuentra de la siguiente manera:
Antecedentes y contexto
Es tradición que las políticas educativas locales correspondan directamente con las del orden nacional, además es competencia local aplicar los lineamientos generales propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. Lo que presenta dos dificultades, la primera es que los gobiernos locales se limitan a implementar lo dispuesto por en MEN y no acuden a estrategias complementarias, dejado de un lado lo instaurado por la política pública. La segunda hace referencia a la insuficiencia de los diseños e implementaciones de la política educativa a nivel nacional para responder a los mínimos protegidos en la Constitución Política Nacional y los Derechos Humanos pues se implementan políticas insuficientes e incoherentes para promover el ejercicio del derecho a la educación en el orden territorial.
Esto se evidencia en los últimos cuatro planes nacionales de desarrollo educativo que han estado estructurados sobre los mismos lineamientos de política; tanto plan de apertura educativa (Cesar Gaviria) el salto educativo (Ernesto Samper) la educación, cultura y formación para el trabajo (Andrés Pastrana) como la revolución educativa (Álvaro Uribe); sólo ha variado las estrategias en cada gobierno para aumentar cobertura, mejorar la calidad y mejorar la eficiencia del sector.
Para atender déficit de 1.8 millones de cupos escolares y la dificultad para llegar a la meta de la universalización de la educación básica y media el Gobierno Nacional busca elevar este porcentaje de 82% a 92% a través de la creación de 1.5 millones de cupos escolares por medio de cuatro estrategias:
1. fortalecimiento de la reorganización del sistema educativo. 2. La creación de nuevos cupos escolares.
3. Fortalecimiento de la escuela rural.
4. Desarrollo de proyectos para atender a población desplazada, grupos étnicos, y con discapacidad. El avance en cuanto calidad no ha mostrado avances significativos evidenciado en los resultados de las pruebas saber para 3°, 5°, 7° y 9°; que muestra que los estudiantes no logran la compresión literal de los textos y serias dificultades en abordar problemas matemáticos sencillos. Adicional a esto, en las pruebas internacionales de calidad de la educación ocupa los últimos puestos que se realizaron a principios de los noventa. Para ello la “Revolución Educativa” propone siete mecanismos para propiciar una educación pertinente y de calidad:
b) La evaluación de competencias básicas para los estudiantes.
c) La evaluación de desempeño para los docentes e instituciones educativas. c) La sistematización de aprendizajes de experiencias exitosas.
d) El desarrollo de medidas para hacer pertinente la educación. e) El avance de procesos de conectividad e informática. f) El impulso de la televisión y la radio educativa.
Esta política de calidad educativa tiene como falencia la reducción a la evaluación, ya que de por sí sola no mejora los niveles de competencia de los estudiantes.
Con respecto a la falta de eficiencia del sistema educativo, presenta dificultades en su proceso de descentralización de competencias y asignación de recursos y el seguimiento a tales políticas. En respuesta a lo anterior el Gobierno Nacional promovió tres mecanismos para mejorar la eficiencia y transparencia del sector:
a. Modernización institucional del Ministerio de Educación Nacional. b. La modernización de entidades departamentales y municipales. c. El desarrollo del sistema de información del sector educativo.
Al mismo tiempo las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa basaron su política en la ampliación de la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia del sistema educativo, a partir de la racionalización del sector educativo que consistió en la fusión de instituciones educativas, la ampliación de número de estudiantes por aula y por docente, y el traslado de maestros y maestras; lo que trajo como consecuencia múltiples confrontaciones entre los actores del sistema educativo, por el incremento de la jornada de trabajo, la relación alumno docente y por parte de los padres de familia que se oponen a la fusión y cierre de sedes pues ampliaba la distancia casa – escuela.
Al analizar tal racionalización, se coincide en que si afecta en la medida en que la relación docente - estudiante es menor, dificultando una atención personalizada a los estudiantes. Sin embargo, esta estrategia permitió ampliar la cobertura en primaria y secundaria.
En cuanto a la calidad se ha visto avances en la implementación de procesos de evaluación de competencias, pero presenta falencias fortalecer la estrategia con programas orientados a mejorar el proceso de aprendizaje, principalmente en lo pedagógico y a combatir el bajo rendimiento escolar.
Aunque se evidencia que las políticas de Bogotá son acordes a los lineamientos prescritos en los planes nacionales de desarrollo, persisten problemas contrarios al ejercicio del derecho a la educación como el cobro de derechos educativos, el poco acceso por parte de las poblaciones vulnerables al sistema (como los niños con discapacidad), la deserción escolar, falta de pertinencia de algunos programas educativos y las diferencias de logros educativos entre la educación privada y la oficial, diferencias que generan desigualdad social.
La profesora Tomasevski en el informe oficial sobre Colombia presentado a la Comisión de Derechos Humanos 2004 afirma que Colombia carece de una estrategia educativa basada en los derechos humanos, recomendando:
- Diseñar políticas públicas con enfoque de derechos humanos. - Asegurar la gratuidad y universalidad de la educación básica. - Aumentar el 30% de presupuesto para la educación.
- Determinar el perfil de exclusión teniendo en cuenta la valoración de los diferentes tipos de discriminación.
- Definir los costos educativos que asumen las familias.
- Determinar el impacto del sistema educativo público y privada ene le ejercicio del derecho a la educación.
- Proteger los derechos humanos de los educadores.
- Asegurar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los derechos humanos en la escuela.
- Adapta la educación a las necesidades de los grupos poblacionales principalmente los grupos étnicos, con discapacidad y con talentos excepcionales.
- Adoptar medidas que hagan efectiva la eliminación de toda forma de discriminación de sujetos y grupos poblacionales vulnerables.
Para el periodo de Luis Garzón el Plan Sectorial de educación “Bogotá: una gran escuela” en contraste a lo planteado por “Revolución Educativa” se centró en reconocer que la educación es un derecho humano de carácter fundamental para los niños y niñas; lo que quiere decir que la educación es valiosa en sí misma “y que independiente del aporte al desarrollo del país, es un requisito mínimo para que las personas se reconozcan como sujetos de derechos y reconozcan a sus pares como tales. La educación, además de hacer a las personas más productivas, contribuye a la formación de sujetos autónomos, libres y con capacidad de valorar y elegirlo que libremente desean hacer como proyecto de vida” (Pérez 20. P 52).
El plan sectorial de educación se ha propuesto avanzar en la universalización de la educación básica ampliar la cobertura de la educación media y superior; y la gratuidad de la educación para los sectores más pobres y “desarrollar procesos de inclusión al sistema educativo de grupos poblacionales marginados, como la población campesina y proveniente de zonas rurales, las personas con discapacidad y con talentos excepcionales, los niños y las niñas desplazadas, desmovilizadas y reinsertadas y la infancia trabajadora” (Pérez 20. P 52).
Aunque las políticas dominantes se centran en las teorías del capital humano, y sin negar que es un ideal que la educación contribuya al desarrollo; lo esencial es que toda política educativa contribuya a crear las condiciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación a todas las personas y pasar de la educación como mercancía a la educación como derecho adoptando medidas inmediatas para fortalecer la educación pública y cumplir con la obligación de los derechos humanos del derecho a la educación, donde sea necesario mecanismos de seguimiento y evaluación basados en los principios de los derechos humanos y las obligaciones del Estado.
Frente al análisis de cada componente del derecho a la educación en relación con la coherencia con las obligaciones de Estado; los vacíos de las políticas y algunas recomendaciones se presenta lo siguiente: Disponibilidad de la Educación.
Se analiza la coherencia de la política educativa con las obligaciones del Estado referidas a la disponibilidad de la enseñanza.
Para garantizar la obligación de la asequibilidad se basa en tres aspectos: 1. Disponibilidad programas para mejorar la infraestructura y dotación.
El aspecto de la infra estructura educativa, es la que más ha recibido mayor atención en las políticas educativas de Bogotá, desde las administraciones de Mockus y Peñalosa; la inversión ha sido considerable lo que se evidencia en la inversión de 280mil millones de pesos en construcción nueva y 134 mil millones en mejoras, para el periodo 1998 – 2003.
Sin desconocer esta inversión; por cada colegio oficial existen cerca de 7 privados, aunque la cobertura pública es mayor: en 58.2% vs 41.8% (2006), debido al tamaño de las escuelas públicas donde su capacidad es 10 veces más que el de las escuelas privadas. Pese a ello no se garantizan la cobertura del 100%, existe un marcado deterioro por la antigüedad y por la falta de una política permanente para el mantenimiento de la infraestructura.
Frente a esta situación, reconociendo el derecho pleno del derecho a la educación implica la obligación para la sociedad y para el Estado la obligación de garantizar el espacio escolar, la SED destina una inversión de 840 mil millones de pesos para el desarrollo de tres proyectos:
- Proyectos de construcción y dotación 38 nuevos colegios.
- Proyecto de mejoramiento integral de la infraestructura y la prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales.
- Proyecto de equipamiento y dotación escolar.
Pero estos proyectos no contemplan aspectos que demandan real atención; el primero, es la ausencia de medidas para combatir los agentes contaminantes y condiciones ambientales que afectan el desarrollo regular de las clases principalmente dentro de los que encontramos la mala disposición de las basuras y aguas residuales. El segundo aspecto, se relaciona con la medida en que fusión de los establecimientos educativos, han afectado la disponibilidad de escuelas en las comunidades residenciales, y garantizar que la escuela se encuentra al alcance de los niños y las niñas.
2. Disponibilidad de un plan para crear nuevos cupos educativos
Con respecto a esto asegurar la educación básica primaria es una obligación de Estado, al igual que disponer del número de cupos equivalente al número de niñas y niños que demanden este nivel educativo y si no se cumple, en palabras de la profesora Tomasevski, la educación sería más una necesidad o un deseo y no un derecho, aun así, las políticas educativas no son plenamente consistentes con esta obligación. Lo que obstaculiza la universalización de la educación primaria ya que ha sido tomada como una obligación progresiva y no una obligación inmediata.
En respuesta a la falta de cupos educativos del sector oficial el Plan Sectorial de Educación propone incrementar un 10 % la participación de la inversión de la educación distrital, pasando del 28.7% en el periodo 2001 – 2004 al 31.6% en el periodo 2004 - 2008. Por esto, se puede afirmar que el 95% de los cupos que se proyectan crear en el periodo 2004 – 2008 se basan en las cuatro estrategias promovidas por los dos gobiernos distritales anteriores: construcción de colegios, mejoramiento de la capacidad instalad, subsidio a la demanda mediante convenios con colegios privados y apertura de nuevos cupos en colegios de concesión. Adicionalmente, se propuso crear 9.730 cupos a través del sistema de