Religiosos contra militares

La detención de los religiosos de Cartagena comprometidos en supuestas actividades con el ELN desató una polémica entre sectores del clero que se solidarizaron con los religiosos detenidos y defendían la labor de los sacerdotes. Dicha labor fue legitimada por Monseñor Isaza Restrepo y otros altos prelados, que consideraban que a los religiosos se les estaba violando el debido proceso. Por otro lado encontramos que los militares justificaban su accionar señalando la importancia de encontrar los nexos entre los religiosos y los grupos guerrilleros. Dicho debate se encuentra en los comunicados y noticias que producían la prensa, donde se daba una mayor prioridad a las informaciones que generaban las Fuerzas Armadas, pues el contacto de los medios con los religiosos fue muy restringido, por lo que su defensa provenía de la solidaridad de otros miembros del clero.

El primer comunicado fue publicado por el clero cartagenero el 6 de noviembre en la prensa. En el mismo, se criticaba a las Fuerzas Militares por el hermetismo con que estas habían manejado el caso, a tal punto que el propio Monseñor Isaza Restrepo se había enterado de los sucesos por información de terceros, del mismo modo se criticaba

la falta de contacto para los religiosos. En dicho comunicado se hicieron fuertes cuestionamientos al procedimiento seguido por los infantes de marina en los allanamientos a los templos de Pasacaballos y Santa Ana pues en ellos según los militares “rompieron cielos rasos, levantaron pisos, cavaron patios, destaparon pozos sépticos, bucearon aljibes, requisaron escaparates regando por el suelo todos los objetos personales; finalmente profanaron Iglesia y sacristía tirando al suelo los ornamentos y vasos culto y una caja fuerte destinada a sagrario de un templo en construcción arrojaron al suelo la custodia y se comieron las hostias”. Podemos ver que el allanamiento del templo implicaba un ataque contra un signo sagrado de los católicos y su destrucción representa un desafío mayor, aún si es por parte del ejército.

En el comunicado también el clero hacía manifiesta su solidaridad con los religiosos cuya detención y captura constituía “hechos que son a nuestro juicio violatorios de los Derechos Humanos y del orden jurídico de nuestro país”. El clero cartagenero sustentaba su posición en el artículo 23 de la constitución, el cual determina que “Nadie podrá ser molestado en su persona o en su familia sino en virtud de su mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivos previamente establecidos por las leyes”, con esto se resaltaba la importancia de que los sacerdotes no podían ser juzgados por autoridades militares. Del mismo modo, el comunicado, recordaba también la labor pastoral de los religiosos detenidos y su compromiso por los más pobres de Cartagena y hacían hincapié en que dicha labor había seguido los preceptos cristianos (El Tiempo, 1976, 6 de noviembre, p. 8A).

De igual manera, el 9 y 10 de noviembre encontramos dos comunicados de respaldo a los religiosos. Por un lado, las monjas de Cartagena publicaron un mensaje donde continuaban con el sentido del comunicado anterior en torno a las protestas por el hermetismo de los militares y el trato que dieron a Monseñor Rubén Isaza y a los sacerdotes. En su comunicación y apoyadas en citas de la Biblia, las monjas hacían un gran reconocimiento a su labor evangelizadora, la cual había ayudado ampliamente a los más humildes a tomar conciencia de su situación como podemos ver aquí: “la incaptable labor evangelizadora que nuestros hermanos religiosos han realizado durante diez años en diferentes sectores marginados de Cartagena, por medio de la cual han llevado a la gente sencilla a ser consciente de su dignidad humana. Estamos seguras de la sinceridad frente a Dios y a sí mismos que les ha inspirado su compromiso con los más

necesitados”. Como podemos ver, las monjas resaltan la necesidad del acercamiento y apoyo a los más pobres como labor fundamental del clero (El Espectador, 1976, 9 de noviembre, p. 18A).9

Complementario a los anteriores, encontramos el pronunciamiento del “Comité de Sacerdotes y Religiosas para la defensa de los derechos humanos”, los mismos que se pronunciaron a favor de los sacerdotes en la huelga bancaria. En su comunicado, el Comité denunciaba que en los últimos años el país había vivido bajo la legislación del Estado de Sitio, por lo cual se han legitimado violaciones a los derechos humanos, por lo que el caso de los religiosos de Cartagena estaba enmarcado en este contexto. Asimismo, se daba importancia a la función política que los religiosos tenían en la sociedad, la cual no puede ser censurada por las instituciones del Estado y de igual manera se criticaba al ejército, cuyas acciones represivas según el comité irrespetaban a las creencias de los ciudadanos, algo que contrariaba al espíritu de tolerancia que debían mantener las instituciones estatales (El Espectador, 1976, 10 de noviembre, p. 11A).

Por otro lado, el periódico El Catolicismo, órgano oficial del episcopado, publicó un editorial titulado “Los Sucesos de Cartagena”, en él se hacía un llamado para que los sacerdotes fuesen juzgados en un proceso acorde a la ley. Sin embargo no dejaba de hacer llamados reiterativos a que los sacerdotes no debían sumarse a actividades de carácter revolucionario. Como afirma Ricardo Arias, en El Catolicismo y su lenguaje se encuentra expresado el conflicto de las corrientes en que se había dividido la Iglesia Católica con respecto a las nuevas visiones progresistas (Arias, 2003, p. 234). Podemos ver esta situación en el editorial donde se intenta respaldar a los sacerdotes, pero sin restar legitimidad a la acción del Estado:

“Ni el documento del arzobispo ni el de los sacerdotes prejuzgan la inocencia de los inculpados pero se limitan a lo que apenas es de justicia cuando piden que la situación sea definida de acuerdo con las normas legales. Los sacerdotes y la religiosa implicados en la investigación son personas mayores de edad que viven dentro de un Estado de derecho y que por lo tanto tienen la obligación de responder de sus propios actos. Si efectivamente han estado vinculados en actividades conspiratorias, sin duda conocen los riesgos a los que se exponían, por nobles y altruistas que sean sus motivaciones. Pero, así

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De igual manera en el comunicado se compara la situación de los religiosos con la de Pedro cuando estaba en prisión, “Pueden estar seguros que es realidad en este momento lo que dicen los Hechos de los Apóstoles: Mientras Pedro era vigilado en la cárcel, la Iglesia no cesaba de orar insistentemente por él (hechos 12,5)”

como no debe prejuzgarse su inocencia tampoco puede presuponerse su culpabilidad.” (El Catolicismo, 1976, 14 de noviembre, p. 4)10

En respuesta a los señalamientos realizados por los religiosos, encontramos que el gobierno y las Fuerzas Militares mantuvieron una posición donde justificaban sus acciones con el propósito de combatir la subversión. El primer pronunciamiento a favor del gobierno provino del Ministro de Gobierno de López, Rafael Pardo Buelvas, quien manifestó en declaraciones a Caracol que el gobierno debía ser riguroso para exigir el cumplimiento de la ley, sin distingo de condición. Según Pardo Buelvas, la Iglesia contaba con libertad para opinar, sin embargo no debía exceder sus funciones, según el ministro: “La Iglesia debe orientar y dirigir espiritualmente a la comunidad pero no debe participar activamente en política electoral o de subversión que ahora se ha puesto de moda en algunos sectores (...) Si pasa (algún religioso) a acciones por fuera de la ley se hace acreedor a las sanciones que se le impongan a cualquier otra persona. Hay sacerdotes y grupos que han manifestado su posición ideológica acorde con doctrinas de extrema izquierda pero eso no los autoriza a subvertir el orden ni a promover movimientos que tiendan a ello” (El Tiempo, 1976, 8 de noviembre, p. 6A). La posición del ministro nos muestra que el gobierno no toleraría eventuales “focos de subversión” y que los civiles no están exentos de la ley si tienen contactos con los grupos guerrilleros.

El mismo día en que las monjas cartageneras publicaron su comunicado de respaldo a los religiosos, el almirante José Alfonso Díaz Osorio, comandante de la Armada Nacional publicó un comunicado en el que defendieron su acción en los allanamientos y de los templos y los arrestos, los cuales consideraban habían seguido la ley, por lo cual deslegitimaban los comunicados previos donde se denunciaban irregularidades en su realización; asimismo la marina ratificaba su deber como detentador del orden por lo que sería “inflexible en la aplicación de la ley contra todos aquellos que coloquen fuera de ella” Del mismo modo, la armada manifestaba que los infantes habían encontrado 183 granadas de fragmentación M-26 (y no MK, como se había dicho en un principio), 600 estopines eléctricos, un revólver y una pistola con sus respectivas municiones, así

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Aunque el editorial daba prioridad a que no avalaría relación entre religiosos y grupos de oposición: “... es indispensable que haya absoluta claridad (...) que el sacerdote que actúa al margen de las directivas episcopales entienda que se está aventurando por su cuenta y riesgo” también criticaba el manejo que los medios habían dado al caso: “La información complementaria de los periódicos aún aquellos que más debieran ceñirse a normas de seriedad y objetividad se ha inspirado más en conjeturas y en interpretaciones que en hechos firmes y comprobados”

como mapas de la región del Magdalena Medio y 300.000 pesos en efectivo (cuando inicialmente se afirmó que eran 500.000).

El comunicado de los militares daba cuenta también de que la monja Herlinda Moisés tenía antecedentes pues había sido capturada antes el 4 de agosto de 1975, en la zona de Cáceres, durante operaciones perpetradas por el ejército después de un ataque guerrillero. Según la armada, la monja no pudo explicar su presencia en el lugar, pero debió ser dejada en libertad por falta de pruebas. El oficial cerraba su comunicado reiterando que su labor de proteger y salvaguardar el orden público “por ningún motivo significa que su actuación este dirigida contra la Iglesia Católica o contra la jerarquía eclesiástica a la cual se le profesa profundo respeto dentro del estamento castrense” (El Tiempo, 1976, 9 de noviembre, p. 12A).

La posición de la Armada fue respaldada por el diario El Espectador cuyo editorial, hacia un llamado a un pronto esclarecimiento de los sucesos y reclamaba a ambas partes que asumiesen sus debidas responsabilidades. Sin embargo, el editorial reconocía que los militares estaban asumiendo en su comunicado sus responsabilidades. En contraste el editorial lanzaba de manera implícita un llamado de atención a la Iglesia por recibir en su seno a personas contrarias a las políticas del Estado, así como una crítica contra los sectores del clero que habían protestado por el manejo de los militares:

“La Iglesia no puede amparar a personas comprometidas en aventuras contra las instituciones democráticas y el régimen representativo del país ni parcializarse para encubrir a fomentadores del desorden amparados en sotanas y escapularios (...) Igualmente nos parece inadecuado por lo menos la actitud de religiosos y religiosas sectarios, feligreses despistados, sacerdotes indignados e inclusive las exageradas declaraciones del señor arzobispo de Cartagena, Monseñor Isaza Restrepo porque no se trata de un acontecimiento que afecta la integridad de la Iglesia católica como institución respetable dedicada a la función evangelizadora. Además no es un misterio que en su seno se han infiltrado individuos poco recomendables que están usufructuando los privilegios que corresponden a los ministros de Jesucristo con propósitos abiertamente contrarios al orden jurídico y legal de Colombia.” (El Espectador, 1976, 11 de noviembre, p. 2A)

En esta difícil situación, encontramos que los religiosos contaron desde un principio con el apoyo de un alto prelado, quien aglutinó a otros sectores del clero que se solidarizaron con los religiosos. Por otro lado, encontramos unas Fuerzas Militares que defienden su labor como guardianas del orden público y que legitiman sus acciones pues se hace necesario el combate contra los enemigos del orden, los cuales se

encuentran inmersos en la sociedad y la Iglesia no es la excepción. A partir de esta división podremos entender el proceso judicial.