Artículo 71. El instituto deberá llevar a cabo acciones de
II. Retirar parcialmente como beneficio por desempleo
los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez a partir del cuadragésimo sexto día na- tural contado desde el día en que quedó desempleado en los siguientes términos:
a) Si su cuenta individual tiene al menos tres años de haber sido abierta y tiene un mínimo de doce bimes- tres de cotización al Instituto acreditados en dicha cuenta, podrá retirar en una exhibición la cantidad que resulte al equivalente a treinta días de su último salario base de cotización, con un límite de diez ve- ces el salario mínimo mensual general que rija en el Distrito Federal; o
b) Si su cuenta individual tiene cinco años o más de haber sido abierta, podrá retirar la cantidad que re- sulte menor entre noventa días de su propio salario
base de cotización de las últimas doscientas cin- cuenta semanas o las que tuviere, o el once punto cinco por ciento del saldo de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Las cantidades a que se refiere este inciso se entregarán en un máximo de seis mensualidades conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En caso de que el tra- bajador se reincorpore a laborar durante el plazo de entre- ga de los recursos, las mensualidades posteriores a su rein- corporación se suspenderán.
El trabajador que cumpla con los requisitos de antigüedad de la cuenta y tiempo de cotización a que se refiere el pri- mer párrafo de este inciso podrá optar, en todo caso, por el beneficio señalado en el inciso a).
El derecho consignado en esta fracción sólo podrán ejer- cerlo los trabajadores que acrediten con los estados de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros duran- te los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la so- licitud de retiro de recursos.
Transitorio
Primero. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto por el artículo 168, fracción IV, de la Ley del Seguro Social que se reforma, el cual entrará en vigor a partir del bimestre de cotización siguiente a su publicación.
Segundo. Los bimestres y semanas de cotización de los
trabajadores anteriores a la fecha de entrada en vigor del decreto, así como la antigüedad de su cuenta individual, deberán ser reconocidos para efecto del cálculo de los pla- zos a que se refiere el artículo 191, fracción II, de la Ley del Seguro Social que se reforma.
Tercero. Las erogaciones que se requieran durante el ejer-
cicio fiscal de 2009, para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto, se cubrirán con cargo a los ahorros que, entre otros, se generen en los términos del artículo 16 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al decreto.
Reitero a usted la seguridad de mi consideración más dis- tinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad de México, a 9 de febrero de 2009.— Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Públi- co, y de Seguridad Social.
LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escu-
do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes. Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Gru- po Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciati- va con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impues- to a los Depósitos en Efectivo.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, la que se anexa.
Atentamente
México, DF, a 10 de febrero de 2009.— Senador José González Mor- fín (rúbrica), vicepresidente.»
«Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo
El suscrito, senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la fa- cultad que le confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la elevada consideración de esta asam- blea iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, fundamentada en la siguiente
Exposición de Motivos
El 1 de julio de 2008 entró en vigor en toda la República Mexicana el impuesto a los depósitos en efectivo, mejor conocido como “IDE”, el cual tiene la misión de gravar con un porcentaje de 2 por ciento todos los depósitos en efectivo que se hagan en las cuentas individuales de las ins- tituciones del sistema financiero.
Dicho impuesto tiene como objeto regular el comercio in- formal, que se ha considerado siempre que se encuentra exento de los impuestos normales al ingreso, por lo que se trata de incorporar de alguna forma a estas personas al ré- gimen de contribuyentes del país.
Este impuesto afecta a quienes reciben ingresos por ventas al público en general, y tiene un efecto negativo en el flu- jo de efectivo, dependiendo de cada caso.
Es una realidad que la falta de flujo de efectivo es un pro- blema serio para todo el pueblo de México, por lo que este impuesto a los depósitos en efectivo se convierte en un gol- pe más al bolsillo de los mexicanos, ya que no disponen de contadores para hacer los acreditamientos correspondien- tes con el impuesto sobre la renta, y por ello ven mermada su capacidad adquisitiva, no sólo por la inflación y los des- cuentos vía nómina, sino que también padecen este 2 por ciento a los depósitos en efectivo que realicen mensual- mente mayores de 25 mil pesos.
La crisis que enfrenta el país, como todo el mundo, afecta de forma muy alarmante a los mexicanos. No podemos de- jar advertir esta situación, y por ello el Congreso y el go- bierno deberíamos asumir decisiones trascendentales para incentivar la reactivación de la economía nacional, para que más pronto que tarde se refleje en los bolsillos de to- dos los mexicanos.
Derivado de lo anterior presento esta iniciativa para Abro- gar la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, ya que parece una medida que podría ayudar a paliar la situación que enfrenta el pueblo de México.
El pretexto de siempre sobre la falta de recursos para el go- bierno federal y la poca recaudación no debe ser motivos para no abrogar esta legislación, ya que se podría ahorrar una cantidad importante; de hecho, mucho mayor que lo recaudado por esta vía, si se reducen los salarios de los al- tos funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju- dicial, así como de los órganos autónomos, por lo que lo
correcto sería apretarnos el cinturón todos, como lo hace todo el país, y quitar este impuesto.
Por todo lo anterior someto a consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo
Único. Se abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en
Efectivo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007.
Transitorio
Único. Se derogan todas las disposiciones que tienen rela-
ción con la ley que se abroga.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de fe- brero de 2009.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escu-
do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Pre- sentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Gru- po Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciati- va con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impues- to Empresarial a Tasa Única.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
México, DF, a 10 de febrero de 2009.— Senador José González Mor- fín (rúbrica), vicepresidente.»
«Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
El suscrito, senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la fa- cultad que le confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la elevada consideración de esta asam- blea iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), fundamen- tada en la siguiente
Exposición de Motivos
El primero de enero de 2008 entró en vigor en toda la Re- pública Mexicana el impuesto empresarial a tasa única (IE- TU), el cobro de este impuesto, así como los imparables in- crementos a la gasolina, el diesel y la electricidad han estrangulado a la micro, pequeña y mediana empresa. Se ha comenzado con reajustes de personal, y se prevén va- rios cierres de industrias. Es evidente que con la imple- mentación del IETU han surgido efectos negativos para las pequeñas y medianas empresas, que se ven tan sólo limita- das y, en los peores casos, van a la quiebra por falta de uti- lidades. Ya incluso la Confederación Patronal de la Repú- blica Mexicana ha planteado la desaparición de este impuesto, para que se le dé un poco de oxígeno a las em- presas, y el Consejo Coordinador Empresarial ha resaltado el problema de los flujos de efectivo de las empresas por el cobro de este gravamen.
El IETU es un impuesto injusto porque grava el flujo de efectivo de las empresas, sin tomar en cuenta si una em- presa tuvo ganancias o pérdidas en el periodo correspon- diente, y los intereses derivados de los financiamientos de estas empresas no son deducibles.
Esta no deducibilidad de los intereses hace más caro el cré- dito para los empresarios, e inhibe la actividad económica. Este impuesto representa, de igual manera, una carga ad- ministrativa excesiva para los empresarios, sobre todos pa- ra los pequeños y medianos, que tienen que preparar men- sualmente una declaración de impuestos similar a la que se prepara en forma anual por concepto de impuesto sobre la renta.
El pequeño y mediano empresario está, de esta manera, más enfocado en el cumplimiento de trámites y obligacio- nes fiscales complejas, para las que requiere contratar des- pachos contables externos, que en dedicarse a las activida- des productivas.
En esta época de crisis el poco flujo de efectivo con que cuentan las empresas, que insistimos no es en sí mismo uti- lidad, tienen que destinarlo a cubrir ese impuesto en lugar de enfocarlo a su operación cotidiana, y se ven estrangula- das en sus operaciones y actividades productivas.
Las pérdidas por cuestiones cambiarias que han sufrido las empresas, y que no son deducibles ante el IETU, son una más de las razones para abrogar este impuesto que busca ser complementario del impuesto sobre la renta, pero que no la ha sido.
Es necesario reactivar la economía, e invertir el gasto co- rriente en un sector productivo, de esta forma no sólo se ve- rá beneficiado el sector industrial, sino que también se es- timulará la generación de empleos, y con ello se impulsaran las exportaciones y la inversión extranjera. La principal propuesta para paliar el efecto de abrogar este impuesto, es aplicar una austeridad presupuestal, que en esencia es la mejor vía para un plan anti crisis, reducción de viajes, celulares, comidas, reducir los gastos para com- pra y renta de vehículos. Imponer límites a los salarios de los altos funcionarios del servicio público, de los tres po- deres de la Unión.
Un ejemplo claro de ello es que Barack Obama, el nuevo presidente de Estados Unidos de América, ha impuesto en su país límites a los salarios de los directivos cuyas empre- sas reciban ayuda del plan de rescate, así como también la congelación de los salarios de los funcionarios de alto ni- vel del gobierno federal que encabeza.
Este impuesto no ha generado el nivel de ingreso que se es- peraba, y debería abrogarse; por ello someto a considera- ción de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única
Único. Se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa
Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, y entró en vigor el 1 de enero de 2008.
Transitorio
Único. Se derogan todas las disposiciones que tienen rela-
ción con la ley que se abroga.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de fe- brero de 2009. — Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escu-
do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes. Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxi- co, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, la que se anexa.
Atentamente
México, DF, a 10 de febrero de 2009.— Senador José González Mor- fín (rúbrica), Vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.—LX Legislatura.
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senado- res del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. Los suscritos, senadores de la República de la LX Legisla- tura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mé- xico, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, y demás relativos
del Reglamento Interior del Congreso General de los Esta- dos Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan diversas disposicio- nes de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto a estímulos fiscales en materia ambiental, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Una de las preocupaciones actuales de los gobiernos, ya sea por iniciativa propia o por exigencias de la realidad in- ternacional, ha sido la incorporación del desarrollo susten- table y la preservación ecológica en sus planes nacionales a través de instrumentos fiscales, entre ellos los estímulos fiscales al medio ambiente.
Desde 1992, nuestro país ha tratado de integrar la perspec- tiva del cuidado medioambiental al sistema político y eco- nómico, tratando de generar conductas en los empresarios y consumidores que resulten menos dañinas al ambiente. Aunque incipientes, estas medidas se han reflejado en los estímulos fiscales para las empresas con tecnología amiga- ble, ambientalmente hablando, y comienzan a fijar la orien- tación de México respecto de las estrategias ambientales que prevalecen en el mundo.
Sin embargo, la creciente acumulación de pasivos ambien- tales, como consecuencia de las actividades nocivas que nuestro estilo de vida, y el progreso industrial y tecnológi- co, que se ha generado a lo largo de las últimas décadas, han deteriorado nuestra calidad de vida actual y compro- mete severamente el desarrollo de las generaciones futuras, la disponibilidad de recursos y la supervivencia del patri- monio natural de la nación, como lo es por ejemplo el pe- tróleo.
Uno de los mecanismos utilizados, en mayor proporción en países desarrollados, para mejorar la situación ambiental, son los instrumentos económicos. Particularmente en nues- tro país los artículos 21 y 22 de la Ley General del Equili- brio Ecológico y la Protección al Ambiente, define que pa- ra la ejecución de su política ambiental, el Estado dispone de instrumentos diversos, entre ellos los económicos, que define a su vez como mecanismos normativos y adminis- trativos de carácter fiscal, financieros o de mercado, me- diante los cuales las personas asumen los beneficios y cos- tos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el am- biente.
Así, es necesario que el país lleve a cabo la utilización de dichos instrumentos, ante la inminente necesidad de resca- tar el entorno natural.
En tal contexto, la presente iniciativa busca reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la finalidad de crear incentivos a la producción y consumo de productos reciclados. Lo anterior se sustenta bajo el hecho de que México enfrenta una serie importante de problemas relacionados con la generación, el manejo y la capacidad física de disposición de los residuos sólidos. En todos los centros urbanos del país se producen cantidades de desechos sólidos superiores a las que pueden ser administradas adecuadamente. Esta situación empeora- rá a menos que se tomen medidas inmediatas para admi- nistrar y disponer de manera más eficiente los residuos ter- minales que queden.
En poco menos de 40 años, la generación de desechos só- lidos por persona en México se multiplicó nueve veces. Cambió el tipo de desperdicio de materiales orgánicos a in- orgánicos, como los envases plásticos. Las grandes con- centraciones humanas están ahora en centros urbanos, pero esa dinámica poblacional no ha estado acompañada por una política integral y de largo plazo para procesar o reci- clar los desechos.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social la gene- ración nacional de basura alcanza 84 mil 200 toneladas dia- rias. Pero de ese volumen, apenas 83 por ciento es recolec- tado, esto es, 69 mil 886 toneladas. El resto queda disperso. Del total generado, sólo 49 por ciento, es decir, 41 mil 258 toneladas son depositadas en sitios controlados y el resto se dispone a cielo abierto.
La simple enumeración de las cifras crea la idea de que re- ciclar desechos sólidos en México debería ser gran nego- cio, además de una necesidad ambiental. Pero la informa- ción correspondiente no es tan abundante como la basura. La industria del reciclaje en México sigue siendo, en la práctica, un terreno en el que se mueven organizaciones de pepenadores, dirigidas casi en la sombra por unas cuantas personas; actividad en la que las cuentas son tan opacas co- mo una bolsa de basura y la regulación gubernamental es mínima, la tecnología escasa y la planeación muy limitada. Un caso que ilustra la situación está tan cerca como la bo-