Santiago de Chile: escenario paradigmático de segregación socioespacial

Recientes investigaciones han planteado que la vertiginosa transformación de Santiago de Chile en gran metrópolis urbana –siguiendo la tendencia internacional- ha venido asociada a una re-jerarquización socioespacial, asociada a nuevas formas de estratificación social (De Mattos, et. al., 2014). De hecho, “la mayoría de las ciudades chilenas medianas o mayores presentan altos grados de desigualdad urbana y segregación social […]” (CNDU, 2015, p.6), por lo que una de las prioridades nacionales definidas por los recientes Gobiernos es el tema de la desigualdad y segregación territorial en Chile, la que afectaría

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no sólo a sus víctimas directas sino a la población completa (CNDU, 2015). Por lo mismo, la política pública contemporánea ha buscado contrarrestar los efectos de la exclusión sistemática de los sectores desfavorecidos en la periferia de la ciudad, y desde los inicios del siglo XXI se ha visto un creciente interés por estudiar las dinámicas sociales que se producen dentro de estos territorios, denominados ‘barrios excluidos’, por algunos investigadores, y ‘barrios críticos’, desde el Estado (Álvarez & Cavieres, 2016; Reyes, et. al.; 2016; Rodríguez, 2016; Rasse, 2015; Ortega, 2014; Ruiz Flores, 2012; Manzano, 2009; Ruiz, 2009).

Antes de eso, ya desde principios del siglo XX, numerosas políticas habitacionales buscaron erradicar los campamentos y “tomas” de terreno ilegales, así como solucionar el problema de insalubridad de muchas de ellas, entregando viviendas baratas y de características homogéneas a la población obrera de la época (Hidalgo, 2002; Rivera, 2012). De hecho, Chile fue uno de los primeros países de América del Sur en impulsar esta legislación específica en materia habitacional, a través de la ley de habitaciones obreras de 1906 que fue posteriormente reemplazada por la ley de habitaciones baratas de 1925 (Hidalgo, 2002; Rivera, 2012). Si bien estos desarrollos en materia de políticas de vivienda se encontraban fuertemente influenciados por la creciente preocupación de las élites europeas sobre la denominada cuestión social, también trajeron consigo el inicio de la tendencia a segmentar los sectores populares de la población fuera de la cuadrícula clásica de la ciudad (Hidalgo, 2002). Así, desde sus inicios, la ciudad de Santiago fue concebida como polarizada entre el centro y la periferia, o más aún, entre los sectores más acomodados económicamente y aquellos lugares que concentraban precarizaciones económicas, sociales y de servicios, que eran sistemáticamente alejados de los centros urbanos.

Un análisis retrospectivo de las políticas de configuración urbana en Chile permite comprender cómo los discursos sociopolíticos y geo-administrativos en la conformación de las ciudades va impregnando los imaginarios de sus habitantes. Por ejemplo, Ana María Álvarez y Héctor Cavieres (2016) analizaron cómo la constitución de la comuna de La

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Pintana a principios de los ochenta, en el marco de reformas urbanas neoliberales de la dictadura, instaló lo que los autores denominaron subjetividades de la espera, relegando a sus habitantes a sentirse en una constante espera de soluciones habitacionales por parte del Estado, las que fueron en muchos casos deficitarias.

En la misma línea de lo planteado por Ruiz Flores (2012) en Lo Espejo o Álvarez y Caviéres (2016) en La Pintana, estudios sobre derechos humanos han mostrado que la falta de cumplimiento de las expectativas de mejoras a la vivienda ha generado una condición abusiva hacia los pobladores, la que sería incluso mantenida en la actualidad (INDH, 2015). Además, el desarrollo de asentamientos urbanos a lo largo del Zanjón de la Aguada, cauce fluvial que va de oriente a poniente y desemboca en el Río Mapocho, permitieron concebir una verdadera frontera urbana que delimitaba a los/as que estaban expulsados/as y los aceptados para formar parte de la ciudad, imponiendo una situación de aislamiento urbano en el Santiago de principios de siglo (Ganter, 2010). De esta manera, la historia de las poblaciones emblemáticas en Santiago de Chile ha estado marcada tanto por la problemática relación que han instalado con el Estado y la política pública, como por la lucha obrera y la organización entre vecinos/as, reflejando el carácter de excluidos/as y su constitución “al margen de los servicios y actividades sociales de los centros urbanos” (Garcés, 2013, p. 36).

Por otro lado, cada vez más investigaciones se centran en comprender los procesos subjetivos y sociales que se desarrollan en estos territorios, dando cuenta de la compleja imbricación que se produce entre la historia de conformación del barrio, la relación con el Estado y las problemáticas que se enfrentan contemporáneamente. Por ejemplo, se ha mostrado que, si bien La Legua es un barrio de localización pericentral dentro de la ciudad, se comporta como si fuera una población periférica marcada por la segregación social, debido a que está rodeada de paños industriales (e.g. Lin Muñoz, 2012). Además, este territorio fue significativo en la lucha obrera de fines del siglo pasado, marcando pauta en términos de la organización social y política de sus habitantes, dando cuenta además de fuertes sentimientos de identidad entre sus habitantes (ser legüino) (Álvarez, 2014) lo que

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los/as llevó a ser fuertemente perseguidos/as en período de dictadura militar, por constituirse un foco de conflicto y resistencia (Garcés & Leiva, 2005).

En la actualidad, varios/as refieren que esta historia sociopolítica de barrios excluidos se actualiza hoy a partir de las nuevas problemáticas socio-urbanas que relegan a algunos territorios a ser espacios complejos de conflicto social. Por ejemplo, una interesante investigación etnográfica en la población José María Caro señala que este barrio se constituye como un contexto urbano periférico, donde las violencias se escenifican cotidianamente en los espacios públicos, cuestionando los derechos humanos y las libertades individuales, así como las formas de respuesta que ha desarrollado el Estado (Ruiz Flores, 2012). En la misma línea, una investigación en la comuna de La Pintana refiere que los jóvenes que viven en sus contextos de violencia múltiple muchas veces desarrollan conductas antisociales por efecto de procesos de inclusión en el barrio que resultan en exclusión de las lógicas sociales hegemónicas (Ortega, 2014).

Sin embargo, esta historia posiblemente problemática entre los barrios excluidos y el Estado interventor queda invisibilizada en la definición actual que se encuentra sobre barrios críticos en Chile. Desde comienzos del presente siglo, las políticas públicas en Chile han tendido a concebir los barrios críticos a partir de la descripción de sus problemáticas socio-urbanas (e.g. Reyes, 2016; Manzano, 2009). En este sentido y buscando ampliar un poco el concepto de barrio crítico proveniente de políticas públicas centradas en la descripción de problemáticas, Ruiz Flores (2012) define barrios excluidos como “puntos extremos donde la exclusión social, la falta de reconocimiento a los derechos humanos y políticos fundamentales y la fragmentación urbana cristalizan” (p.6).

El barrio excluido también, al igual que el barrio crítico del Estado, se caracteriza por problemáticas socio-urbanas como violencia urbana (balaceras), pobreza, hacinamiento, narcotráfico, etc. (Reyes, et. al., 2016). Por otro lado, un 18,3% de los hogares de la Región Metropolitana declaran que alguno de sus miembros ha sido tratado injustamente o discriminado fuera del hogar, en los últimos doce meses (CASEN, 2015a).

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Por todo lo anterior, la presente investigación busca utilizar esta noción de barrio excluido para recordar su carácter dialéctico (Giddens, 2009; Villarreal, 1997), comprendiendo que las lógicas de exclusión y segregación territorial de estos barrios muchas veces exceden la sola dimensión geográfica de la relegación a territorios precarios. En este sentido, la presente Tesis define barrio excluido como aquel territorio que ha sido objeto de políticas públicas de relocalización y que se sitúa por ende en sectores más o menos periféricos o aislados de la ciudad, provocando una sobre intervención por parte del Estado y la política pública nacional, y presentando además problemáticas características de su carácter marginal respecto de la sociedad hegemónica. Un reciente artículo ha discutido la noción de ‘barrio excluido’, concluyendo que es la compleja articulación entre la mirada externa y estigmática del barrio junto con los procesos subjetivos de sus habitantes, que muchas veces cuestionan estas nociones estigmáticas del afuera, lo que permite comprender la exclusión social en el barrio como un proceso dialéctico que se encuentra anclado históricamente en los territorios mencionados (Ropert, González, Sharim & De Tezanos-Pinto, artículo enviado). Así, se considerará que la noción de ‘barrio excluido’ da cuenta del complejo proceso histórico y psicosocial de exclusión, experimentado simbólicamente por sus habitantes, que son sistemáticamente relegados/as a los márgenes de la ciudad y la sociedad.