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Segunda subfase 1994-2000

Capítulo III. Antecedentes para el caso mexicano

4. Tercera Fase de Acumulación 1982-2000

4.3. Segunda subfase 1994-2000

Para esta etapa la política económica de ajuste fue similar a la del periodo anterior. Se contrajo la inversión y el gasto público, hubo alza de precios y tarifas del sector público, continuaron las privatizaciones, se redujo el poder adquisitivo de los salarios, y la política monetaria y crediticia fue restrictiva debido a todo esto y a la subvaluación cambiaria se redujo el consumo interno. Se logra reducir el desequilibrio externo “(el déficit de cuenta corriente se redujo de 7% en 1994 al 0.65% en 1995)” Calva (2000: 29) lo cual tuvo efectos devastadores sobre el sector financiero nacional. En 1995 cae la inversión bruta fija en 29%, se incrementa la tasa de desempleo en

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75%, desciende 16.3% el poder adquisitivo del salario mínimo; hay un descenso del 31.1% en la construcción de obra pública y el rápido crecimiento de las carteras vencidas contribuyó al desplome financiero de la banca comercial.

El arancel promedio ponderado cae del 5.7% en 1994 al 2.8% en 1999; la inversión pública se reduce del 3.5% al 2.8% del PIB en ese lapso; y el gasto en fomento industrial disminuye de 4.8% al 3.8% del PIB. (Calva, 2000: 29,31).

En 1999 el déficit comercial sin maquiladoras aumento a casi 19 mmdd, y el déficit corriente llegó a casi los 16 mmdd.; un año antes registraba 4.4% del PIB y en cuenta corriente de 3.7% del PIB, Calva (2000: 51), año en el cual se presenta un nuevo shock financiero desapareciendo la sobrevaluación del peso159.

La inflación se redujo gracias a la macrodevaluación del 52% en 1995 al 27.7% en 1996, al 18.6% en 1998 y al 12.3% en 1999. El Déficit Fiscal fue de 3.01% del PIB en promedio anual, incluyendo el rescate bancario (FOBAPROA-IPAB) según Calva (2000:).

Después del colapso financiero de 1994, se comportó la inversión fija bruta en porcentaje del PIB como sigue: 16.1% en 1995, 17.8% en 1996; 19.5% en 1997, y 21% en 1999, sin alcanzar los niveles de 1980 cuando era de 24.8% y de 26.4% del PIB en 1981, Calva (2000: 75). El ahorro interno repuntó al 19.2%, 22.4% y 24% del PIB en 1995, 1996, 1997, gracias al incremento de inventarios en términos del PIB de, 3.7 %, 5.2%, 6.4% respectivamente. Pero en 1999 volvía a caer el ahorro interno al 20.4% del PIB, (ídem); y la inversión pública cayó, al 2.8% en términos PIB, en el mismo año (Calva, 2000: 90)

Los ingresos presupuestales totales del sector público pasaron 22.9% en 1994 al 20.6 % del PIB en 1999. De estos, los ingresos tributarios160 pasaron del 11.1% del PIB en 1994, al 11.2%

en 1999. Y a pesar de promover durante estos gobiernos el ahorro y la inversión por medio de menores impuestos sobre la renta a las empresas (del 42 al 34%) y a las personas físicas (del 50 al 35%), el ahorro interno e inversión fija bruta no crecieron. Incluso el déficit fiscal operacional fue de 3.01% durante el quinquenio 1995-1999, similar al de los gobiernos populistas, (Calva, 2000: 92-94). El país bajo el modelo neoliberal por tanto no puede cumplir con sus compromisos de desarrollo humano, económico y ambiental si en parámetros internacionales tiene una recaudación fiscal mínima como bien indica Calva.

Para estos momentos la inversión pública en fomento rural también ha caído estrepitosamente 93.4% entre 1981 y 1999, afectando tanto la inversión en nueva infraestructura

159 Calva (2000: 56) comenta que las crisis financieras en el país son precedidas por una apreciación real del peso

mexicano y destaca factores como: entradas importantes de divisas al mercado, (ya sea por altas tasas de interes o por endeudamiento externo privado o público), inversión extranjera al mercado bursátil, repatriación de capitales, o alta inversión extranjera directa (IED).

160 En un comparativo en 1996 Malasia contaba con una carga tributaria como porcentaje del PIB, de 20.1%,

23.5% en Costa Rica, 18.3% Chile, 19.7% Brasil, 18.6% Corea del Sur, 29.2% Uruguay, y Francia 38.8% de su PIB. Mientras que México solo tenía el 11.2% en 1999. Calva (2000: 96).

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como el mantenimiento de la ya instalada. El crédito agrícola también lo restringió tanto la banca nacional de desarrollo como la banca comercial. En conjunto el crédito agrario cayó de “38 333.3 millones de pesos en 1981 a precios de 1994, a $18 196 millones en 1999”Calva (ídem, 174). Con esto los neoliberales culparon al ejido del deterioro del campo y llevaron a cabo la reforma de la legislación agraria. Que rompió la propiedad ejidal y comunal campesina para permitir la reconcentración de la tierra (Calva, 2000: 174). A la crisis económica del campo se agregó una crisis política, el levantamiento zapatista de 1994 cuando ya se había reformado el 27 constitucional.

En cuanto a la manufactura, impulsada preferentemente por la política neoliberal, para generar suficientes divisas y poder cubrir las necesarias importaciones que el país requería, teóricamente evitaría un sobrendeudamiento externo futuro. Como se ha visto la apertura comercial fue la herramienta por excelencia para dotar al sector de tecnología, e insumos importados de fácil acceso en el mercado internacional, así, procuraría a la rama de una alta productividad lista para competir en el mercado abierto. Igualmente para estimular la productividad del sector aludido, bajaron los salarios reales, y se precipitó la liberalización de la inversión Extranjera Directa (IED), que ayudaría a incrementar la inversión fija bruta (en maquinaria, equipo y construcción). Con estos elementos de financiamiento, y ventajas comparativas el sector exportador manufacturero ejercería un efecto motor sobre el conjunto de la economía. Sin embargo, no sucedió según lo planeado. Según el estudio que hace Calva (2000) de la industria manufacturera para el periodo señalado, encuentra datos interesantes sobre la desindustrialización y desarticulación de la planta productiva nacional. Se eleva el déficit manufacturero al año de 1999, similar al que observaba hasta antes del colapso de 1994; si bien las exportaciones manufactureras crecieron notablemente al ritmo de 13.6% medio anual de 1983 a 1999, agudizó la desarticulación de las ramas fabriles nacionales, pues el coeficiente de, importaciones manufactureras/ PIB manufacturero, fue de: 38.8% en 1982, 75.6% en 1994, y 91.4% en 1999. Y desagregando dicho coeficiente encontramos el mismo comportamiento, tanto para bienes de consumo duradero, bienes de capital, o para la industria química. En cuanto a la IED, sus enormes flujos no representaron mayor inversión bruta fija dentro la industria manufacturera, pues nunca alcanzaría los niveles de (119 mil mdp.) en 1981 al final de 1999. Y los acervos netos de capital fijo solo aumentaron 28 606 mdp. en 17 años al final de 1999, es decir 0.27% anual; por tanto no ha aumenta el capital fijo manufacturero. La IED se ha dirigido, en más del 60%, solo a la adquisición de plantas productivas ya existentes en el país, y el restante a generación de capacidad instalada adicional. Así el PIB manufacturero creció a una tasa del 3.3% anual de 1983-1999, dos puntos por debajo del 5% anual del periodo 1951-1981, Calva (idem,198-201). Lo mismo vale decir para el programa maquilador en México que ha conseguido un crecimiento explosivo pero que ha provocado en “ciudades fronterizas un crecimiento urbano e industrial desordenado, que gravita sobre los servicios, el ambiente y la salud pública;… [y]… la casi nula integración nacional (menos del 2% de sus insumos intermedios fueron de origen mexicano en promedio durante … 1983-1999)” (Calva, 2000: 204).

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La productividad (índice del volumen físico del PIB/índice de personal remunerado) en el conjunto de la industria manufacturera entre 1983-1999 se encontró en 2.2% anual. Y tres décadas antes de dicho periodo se encontraba en 3.5% anual. El empleo total manufacturero sólo creció a una tasa del 1.1% anual entre 1983-1999, y tres décadas antes absorbía el 3.6% (Calva, 2000: 207).