A pesar de que los pueblos indígenas representaban aproximadamente el 2,5 por ciento de la población de Australia, el índice de indígenas entre la población reclusa adulta ascendía al 26 por ciento. La mitad de todos los menores recluidos eran aborígenes. Un informe sobre justicia y juventud aborigen elaborado por un comité parlamentario y publicado en junio señaló que la tasa de reclusión de indígenas entre 2000 y 2009 había aumentado en un 66 por ciento.
En septiembre y octubre se impusieron multas a los empleados de una empresa de seguridad que no evitaron la muerte de Ward, un anciano aborigen que falleció en 2008 en una furgoneta penitenciaria debido a un golpe de calor.
Personas refugiadas
y solicitantes de asilo
En julio, los gobiernos de Australia y Malaisia alcanzaron un acuerdo para intercambiar a 800 solicitantes de asilo que habían llegado a Australia en embarcaciones por 4.000 refugiados (procedentes sobre todo de Myanmar) que se encontraban en Malaisia en espera de ser reasentados.
Un total de 42 personas solicitantes de asilo (fundamentalmente de Afganistán), entre las que había seis menores de edad no acompañados, impugnaron su traslado a Malaisia. En agosto, un fallo histórico del Tribunal Superior declaró nulo el intercambio con arreglo a la Ley sobre Inmigración australiana, que prohibía que Australia expulsase a solicitantes de asilo a países en los que no existían suficientes garantías jurídicas para la protección de los refugiados (véase el apartado sobre Malaisia).
En noviembre había 5.733 personas en centros de detención de inmigrantes, de las que 441 eran
menores de edad y el 38 por ciento llevaban más de 12 meses recluidas. En casi todos los centros de detención se tuvo constancia de un aumento en el índice de suicidios y autolesiones entre los migrantes, incluidos casos de niños de tan sólo nueve años. En julio, el defensor del Pueblo de la Commonwealth inició una investigación; al finalizar el año aún no se conocían los resultados.
En septiembre, el gobierno presentó legislación que reforzaba la protección de las personas que huían de abusos –como la mutilación genital femenina, los homicidios en nombre del “honor” y la pena de muerte– no incluidos en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados.
Violencia contra mujeres, niños y niñas
En febrero, el gobierno federal y los gobiernos estatales y territoriales refrendaron el Plan Nacional de Reducción de la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos.Escrutinio internacional
En enero, Australia se sometió por primera vez al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos. Australia acordó ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y estudiar la posibilidad de ratificar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo). Sin embargo, se negó a promulgar una Ley de Derechos Humanos, a poner fin a la detención preceptiva de solicitantes de asilo, a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y a indemnizar a los indígenas a quienes habían separado por la fuerza de sus familias en la infancia.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
El secretario general de Amnistía Internacional visitó Australiaen octubre.
Australia: ‘The land holds us’. Aboriginal Peoples’ right to traditional
homelands in the Northern Territory(ASA 12/002/2011)
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Informe 2012 Amnistía InternacionalAUSTRIA
REPÚBLICA DE AUSTRIA
Jefe del Estado: Heinz Fischer
Jefe del gobierno: Werner Faymann
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Población: 8,4 millones
Esperanza de vida: 80,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años): 4,1 por cada 1.000
Austria no introdujo el delito de tortura en la legislación nacional. Los menores de edad corrían más riesgo de ser recluidos en espera de su expulsión.
Escrutinio internacional
En enero se evaluó el historial de derechos humanos de Austria mediante el examen periódico universal de la ONU. El gobierno aceptó 131 de las 161
recomendaciones formuladas y se comprometió a ponerlas en práctica en consulta con la sociedad civil.
Novedades jurídicas, constitucionales
e institucionales
En noviembre, tras consultar con la sociedad civil, Austria aprobó una ley por la que se establecía un mecanismo nacional de prevención en el seno de la Oficina del Defensor del Pueblo, conforme a lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación con respecto a la plena independencia del mecanismo.
Al final del año seguían pendientes de aprobación reformas de la Ley de Policía de Seguridad que autorizaban la vigilancia policial de personas sin control judicial.
Tortura y otros malos tratos
Austria no introdujo el delito de tortura en su Código Penal, a pesar de las recomendaciones formuladas reiteradamente por el Comité de la ONU contra la Tortura.
El ciudadano gambiano Bakary J., torturado por cuatro agentes de policía tras su expulsión fallida en 2006, aún no había recibido una reparación y continuaba expuesto a ser expulsado. Su denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos seguía pendiente de resolución.
En enero, el agente de policía que en febrero de 2009 había herido al ciudadano estadounidense Mike B., maestro afroamericano, durante una operación policial encubierta en Viena fue condenado por el Tribunal Penal Regional de Viena al pago de una multa por causar lesiones corporales graves. El Tribunal Supremo redujo la cuantía de la multa en septiembre.
Policía y fuerzas de seguridad
En junio, el Tribunal Penal Regional de Viena condenó a tres hombres a cadena perpetua y 19 y 16 años de cárcel, respectivamente, por el homicidio del refugiado checheno Umar Israilov el 13 de enero de 2009. El Tribunal Administrativo Independiente de Viena desestimó una denuncia presentada contra la policía por no haber protegido a la víctima. Sendos recursos interpuestos contra esta decisión ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Administrativo seguían pendientes.
Racismo
Se siguieron conociendo casos de conducta indebida de la policía por motivos raciales hacia ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas. No se abordaron las deficiencias estructurales del sistema de justicia penal para dar respuesta a la
discriminación, entre ellas la ausencia de un sistema integral de recogida de datos que permitiera el registro y la evaluación de estos casos.
Derechos de las personas migrantes
y solicitantes de asilo
Aunque el gobierno no había suspendido oficialmente las transferencias de solicitantes de asilo a Grecia en aplicación del Reglamento Dublín II, no volvió a realizar ninguna tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causaM.S.S. v. Belgium and Greece
(véanse los apartados sobre Bélgica y Grecia). En julio entró en vigor una reforma de la Ley de Extranjería por la que los extranjeros de entre 16 y 18 años corrían mayor peligro de detención en espera de su expulsión.
El Ministerio del Interior llevó a cabo una
investigación interna a raíz de la muerte bajo custodia policial de Reza H. en Viena en julio de 2010. Solicitante de asilo afgano que a la sazón decía tener 16 años, Reza H. había intentado suicidarse y murió unos meses después a consecuencia de las lesiones
sufridas. El ministerio tomó medidas posteriormente para mejorar el intercambio de información entre las autoridades responsables del asilo y la policía de inmigración. Al término del año seguían pendientes las investigaciones emprendidas por la Oficina del Defensor del Pueblo.