Sobre organización y “ética responsable”.

Continuando con el proceso de interpretación de las condiciones éticas que residen en la organización del Estado, se pasará a calificar las condiciones del sujeto en la asociación política, en la estructuración de medios y accionares individuales (en problemas éticos). Así, la comprensión del Estado pasa a un nivel más concreto en la medida que se convierte en el escenario de sujetos y los poderes que les gobiernan.

El Estado aparece como agente de coerción; en Weber el Estado se configura en la acción social, de las características mismas de los individuos insertos en la organización. Se toma el hecho de la división (4) entre el funcionario administrativo (cohesionado por cuestiones que le afectan directamente como persona -salario-) y el funcionario político (que es aquel vinculado a la legitimidad del Estado, poder). El segundo no puede prescindir del primero por cuestiones de poder. El funcionario político es puesto en posiciones estratégicas (para la dirigencia del Estado), todo esto frente a la autonomía relativa del Estado sobre el Gobierno (como un grupo concreto que lleva a cabo la orientación de sus ideas-fines), todo mediado por un sistema democrático que se legitima con la elección de un gobierno distinto cada cuatro años, para el caso costarricense. Esto se reafirma en Gutiérrez (2003:4), en forma similar Molina nos sitúa el peso del nombramiento de las presidencias ejecutivas y los ministerios, que son funcionarios políticos.

“En Costa Rica un presidente nombra, aproximadamente, por su sola y única voluntad, más de mil personas decisivas en la dirección, del país. Nombra a todos los ministros y viceministros. El, por su santa voluntad, decide el nombramiento de los hombres más importantes en las instituciones autónomas, los miembros de sus juntas directivas; también designa embajadores, a los funcionarios de más alto nivel, a los hombres con rango jerárquico en la mayor parte de las instituciones y los ministerios, etc. En fin, él solo acumula un poder político incontrastable” Molina (1995: 147). Dadas las circunstancias y el poder recibido, los funcionarios deberían ser individuos con alto perfil moral. El honor del dirigente político radica precisamente en una responsabilidad personal exclusiva (interpretación subjetiva), por lo que hace, una responsabilidad que no puede rechazar ni transferir. Ser mal político, irresponsable, lo convertiría en un dirigente político con bajo nivel moral, en forma precisa Weber apunta claramente que:

“Debemos comprender que toda conducta éticamente orientada puede estar inspirada por una de dos máximas fundamentalmente diversas e irreconciliablemente opuestas: la conducta puede orientarse hacia una <<ética de fines últimos>> o hacia una <<ética de responsabilidad>>. Ello no significa que una ética de fines últimos coincida con la irresponsabilidad, ni que una ética de responsabilidad coincida con un oportunismo sin principios. …la máxima de una ética de responsabilidad, en cuyo caso se debe rendir cuenta de las consecuencias previsibles de las propias acciones.” Weber (1972: 150)

El funcionario público y, especialmente, el funcionario político, debe contar con una ética de responsabilidad, basada en la rendición de cuentas, que no es más que lo citado en el decreto sobre los actos no permitidos, pero también en los mandatos que emanan de la Constitución Política, fundamentalmente en la ética del bien común que lleva al bienestar general y no a la apropiación de bienes y servicios por grupos para ser utilizados en beneficio propio. Es por eso, que la discusión debe enmarcarse en ese contexto, tanto filosófico, como práctico-político. 3. Entre la ética pública y la ética del bien común: El bienestar general como expresión de dichas éticas.

Existen diversos medios para resolver las problemáticas éticas, a continuación se presentan dos visiones que tratan de responder una pregunta: ¿Cuál es el ámbito de la ética pública?

La ética pública se basa en una ética que sería una moral mínima o de mínimos por cuanto no se identifica en exclusiva con ninguna de las propuestas de grupos diversos, basada en el pluralismo. El punto de partida es la racionalidad humana; esto es, la racionalidad compartida por los miembros de una determinada comunidad, un patrimonio socio-histórico de la colectividad; Carlos Carranza Villalobos/Julio César Solís Moreira

A la vez, la ética pública es una “Ética del bien común”, que aparece como consecuencia de la experiencia de las distorsiones que el mercado produce en la vida humana y en la naturaleza. Por ello, la ética del bien común aparece como resistencia a las distorsiones del mercado y su lógica; surge en conflicto con el sistema, pues, no es derivable de ningún cálculo de utilidad o interés propio, se asume que el bien común se destruye en el grado en que toda acción humana es sometida a un cálculo de utilidad. (Hinkelammert, 2003: 43).

La segunda propuesta nos amplía hacia nuevas dimensiones, explícitamente si se administran y se gestionan adecuadamente los recursos públicos, se defienden los bienes públicos, se mejoran los servicios públicos y se definen claramente los espacios de mandato. Es recoger elementos de una ética del bien público, pero para ello se requiere de un nivel superior de profundización por parte de los actores que consideran o intentan avanzar en el ámbito de la gestión de lo ético. El tema de la ética pública es un debate permanente en el cual la discusión profundiza sobre normas-compromisos que el funcionario público y los depositarios del poder han de asumir; aflorando también el principio de la ética del bien común, que se articula a la gestión pública y cómo ésta puede contribuir al mejoramiento de los niveles de gobernabilidad.