• No se han encontrado resultados

subsistema social

In document 3 Situación ambiental (página 160-163)

3.8.4.1 Impactos positivos

En términos generales, los impactos positivos de la industria minera en la sociedad guatemal- teca se manifiestan de dos formas: i) indirecta- mente, con los productos que surgen a partir de los procesos de explotación de menas y canteras; y ii) directamente, mediante la gene- ración de empleos para las poblaciones cerca- nas a los proyectos mineros.

En el Cuadro 41 se observa que de las 21.3 mi- llones de toneladas métricas de productos ge- nerados en minas y canteras a nivel nacional, el 92% (1.6 millones de toneladas) se consume en los mercados internos, siendo los sectores de manufactura y construcción los que deman- dan los volúmenes más significativos. El sector

de la construcción, cuya dinámica está deter- minada por demandas sociales crecientes, es el más impactante. Lo anterior se constituye en un argumento a favor de la minería de no me- tálicos destinados a la construcción, contrario a lo que sucede con la minería de metales pre- ciosos que está orientada hacia los mercados extranjeros.

En lo concerniente a la generación de empleo en la industria minera, las estadísticas del Mi- nisterio de Trabajo (MINTRAB, 2007) señalan que la actividad económica denominada explo- tación de minas y canteras ocupa el 0.27% de la fuerza laboral formal a nivel nacional; por lo que esta actividad es la que menos trabajado- res ocupa (Cuadro 42). Las estimaciones pre- sentadas en el Anuario Estadístico Minero 2007 (MEM, 2008) muestran una ocupación laboral de 3,642 empleados, de los cuales 2,761 son permanentes y de ellos, 2,499 participan en procesos de explotación minera.

Estos datos no incluyen a las personas que la- boran en la minería artesanal e informal, canti- dad que se estima en aproximadamente 2,500 (MEM, 2004). En todo caso, estas cifras se en- cuentran muy alejadas de las cifras divulgadas en la campaña publicitaria de la empresa mine- ra que administra el proyecto Marlin.

Actividad económica Año Media %

2002 2003 2004 2005 2006

Agricultura, silvicultura y pesca 145,807 145,672 142,692 141,860 140,554 143,317 14.54

Explotación de minas y canteras 2,150 2,278 2,709 3,129 3,192 2,692 0.27

Industria manufacturera 195,943 196,337 199,701 192,111 176,736 192,166 19.50

Construcción 23,503 22,705 23,777 25,840 31,291 25,423 2.58

Electricidad, gas y agua 10,542 9,870 9,486 9,209 8,885 9,598 0.97

Comercio 157,789 161,404 167,537 179,422 195,391 172,309 17.48

Transporte, almacenamiento y

comunicaciones 31,877 31,044 31,263 30,567 33,386 31,627 3.21

Servicios 385,441 388,611 411,727 420,218 436,970 408,593 41.45

Total 953,052 957,921 988,892 1,002,356 1,026,405 985,725 100.00

Cuadro 42 Fuerza laboral formal en diferentes actividades económicas, periodo 2002 - 2006

significativas, sobre todo aquellas vinculadas con el manejo de materiales inertes. Lo ante- rior abre un espacio para reflexionar acerca de la necesidad de incluir, al considerar este tipo de industria, el análisis del costo de oportuni- dad intertemporal y tener en cuenta que éste posiblemente no sea el mejor momento para aprovechar este tipo de bien natural, ya que en el país no se cuenta con capacidades que permitan dosificar y ordenar la extracción, a fin de minimizar o eliminar impactos socioambien- tales que dañan el presente y comprometen el futuro.

Otros impactos que se han reportado son la contaminación del aire, contaminación audi- tiva, incremento del tránsito en los sistemas viales e inducción de actividad sísmica, entre otros (APIM, sf; PNUMA, 2004; ANEFA, 2007). En el caso de la minería de metales se expone a las comunidades a una potencial contamina- ción de las aguas superficiales y subterráneas con metales pesados (plomo, mercurio) o con subproductos derivados de los procesos indus- triales (cianatos, por ejemplo).47

3.8.4.2 Impactos negativos

Por otro lado, los impactos negativos de la actividad minera en el subsistema social son: i) alteración y contaminación del entorno am- biental, que conlleva a la disminución o pér- dida de servicios ambientales locales y nacio- nales; y ii) pérdida de bienes naturales que no podrán ser utilizados por las generaciones futuras.

La actividad minera compite con otros sistemas productivos por el acceso a bienes naturales es- tratégicos tales como suelo, agua, leña y fauna, entre otros. Como se mencionó anteriormente, para extraer el producto deseado, se requiere de la remoción de componentes de la corteza terrestre. Por ejemplo, en el caso de los minera- les preciosos, la empresa Montana Exploradora de Guatemala, S.A. reporta la trituración de 4.8 millones de toneladas de mineral para la produc- ción de 265 t de oro y plata, un promedio de 5.12 g de plata y 82.25 g de oro por tonelada métrica de roca triturada46 (Cuadro 43); una relación que, en términos ambientales, tiene implicaciones

Cuadro 43 Tasas de conversión47 reportadas para el proyecto minero Marlin

Fuente: Goldcorp, Inc., 2009.

Variable Año

2005 2006 2007 2008

Mineral molido (miles de toneladas) 116 1,088 1,773 1,845

Oro producido (toneladas métricas) 0.75 5.01 7.07 7.51

Plata producida (toneladas métricas) 4.81 49.72 88.25 102.25

Tasa de conversión para oro (g/t roca molida) 6.49 4.92 4.55 4.54

Tasa de conversión para plata (g/t roca molida) 80 75 84 90

46. Goldcorp, Inc., 2009.

3.8 Minería en Guatemala: un análisis socioecológico 3.8.4.3 Conflictos sociales

Las comunidades que se encuentran en las áreas periféricas de las minas son las que re- ciben directamente los impactos ambientales negativos de la actividad minera. Si a lo anterior se añade el hecho de que la mayor parte de las comunidades ubicadas en zonas con potencial minero se encuentran en áreas consideradas en extrema pobreza (MEM, 2004), totalmente al margen y con limitadas opciones para tener acceso al desarrollo, es evidente que los habi- tantes de estas áreas manifiesten abiertamente su rechazo a estas actividades. Entre algunas de las razones que justifican el rechazo están: i) el desarrollo de la minería afecta sus derechos económicos, sociales y culturales; ii) la indus- tria controla recursos que son esenciales para su desarrollo, iii) el marco legal es adverso para sus intereses; y iv) no perciben los beneficios de las actividades (De Echave, 2004).

El auge en el crecimiento de la actividad minera en el ámbito nacional ha agudizado los conflic- tos comunitarios, especialmente aquellos aso- ciados al acceso, uso y manejo del suelo y el agua (De Echave, 2004). La mayor parte de las protestas sociales en torno a la minería están motivadas por la búsqueda o defensa del acce- so y uso de bienes naturales estratégicos, más que por su manejo sostenible o de conserva- ción (Hurtado, 2005).

Es por eso que, de una manera paulatina, la re- sistencia, en sus más diversas manifestaciones, se ha venido convirtiendo en la estrategia de

lucha de múltiples organizaciones y comunida- des del país, como un mecanismo de respues- ta para la defensa del territorio y para asegurar la sobrevivencia comunitaria, cuando se han cerrado los “espacios institucionales” para la participación. La resistencia, aunque no es un fenómeno nuevo, resurge como una respuesta y estrategia colectiva ante un conjunto de fun- damentos, rumores y posiciones con relación al daño ambiental y deterioro de recursos na- turales; la crítica ante las escasas regalías e impuestos que pagan las empresas; y los es- casos beneficios para las comunidades y los municipios. De esa forma, las consultas comu- nitarias se han constituido en una herramienta de resistencia, generalmente encabezada por autoridades indígenas y tradicionales (CEIBA, 2008; URL, IARNA e INGEP, 2009).

Las consultas comunitarias se han convertido en un instrumento de expresión democrática y participación ciudadana. El primero de es- tos procesos se promovió en el municipio de Sipacapa, San Marcos, y fue el detonante de esta modalidad de resistencia y reapropiación social del territorio. Para finales del año 2008 se habían realizado cerca de 30 consultas comu- nitarias en municipios de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Zacapa y Alta Verapaz. En to- das, los asistentes han manifestado su rechazo a proyectos mineros de cualquier índole, que se promueven en sus territorios (CEIBA, 2008; URL, IARNA e INGEP, 2009). En el Cuadro 44 se presentan los resultados de las consultas co- munitarias promovidas en el departamento de Huehuetenango.

Fecha Municipio Participantes Posición ante minería

No Abstención

25 de julio de 2006 Colotenango 7,861 50 7,811

25 de julio de 2006 Concepción Huista 4,985 4,985

25 de julio de 2006 San Juan Atitán 5,919 5,919

25 de julio de 2006 Todos Santos Cuchumatán 7,100 7,100

27 de julio de 2006 Santiago Chimaltenango 3,100 3,100

29 de agosto de 2006 Santa Eulalia 18,156 5 18,089 62

30 de marzo de 2007 San Pedro Necta 17,741 17,741

12 de mayo de 2007 San Antonio Huista 5,774 5,774

23 de junio de 2007 Santa Cruz Barillas 46,490 9 46,481

11 de agosto de 2007 Nentón 19,842 19,842

22 de septiembre de 2007 San Idelfonso Ixtahuacán 14,469 14,469

26 de octubre de 2007 San Sebastián 6,770 6,770

1 de diciembre de 2007 San Miguel Acatán 12,861 7 12,854

13 de mayo de 2008 San Juan Ixcoy 12,011 3 12,008

13 de julio de 2008 Chiantla 32,998 27 32,971

26 de julio de 2008 Jacaltenango 27,250 27,250

6 de agosto de 2008 Santa Ana Huista 4,696 4,696

3 de octubre de 2008 Aguacatán 23,523 23,523

17 de octubre de 2008 San Pedro Soloma 23,764 4 23,760

Total 295,310 105 295,143 62

Porcentaje 100 0.04 99.94 0.02

Cuadro 44 Resultados de las consultas comunitarias para decidir el futuro de la

industria minera en general, en los municipios del departamento de Huehuetenango

Fuente: CEIBA, 2008.

Es de resaltar que en algunos municipios, la po- blación eligió tratar de forma colectiva otros pro- blemas ambientales, luego de la consulta comu- nitaria realizada para decidir sobre el futuro de la minería de cualquier índole en sus territorios. Ejemplos de esta situación se han reportado en Colotenango y en San Juan Atitán, en donde se han incorporado cláusulas ambientales, que an- teriormente no habían sido consideradas, en los Planes de Desarrollo Municipal (CEIBA, 2008).

3.8.5 Los indicadores-señal del

In document 3 Situación ambiental (página 160-163)