Tendencias generales identificadas por el proyecto CSI de CIVICUS

El proyecto encarado por CIVICUS, confirma algunas de las asevera- ciones y caracterizaciones anteriores y pone en cuestión algunas otras, si nos atenemos a la muestra representada por los estudios de caso desa- rrollados y finalizados —Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras y Uruguay. Existen dos estudios más en curso —Costa Rica y Jamaica, que no se encontraban disponibles al momento de escribir esta reseña. Sin embargo, para establecer tendencias definidas en toda la región, y comparar particularidades nacionales y subregionales, haría falta disponer adicionalmente de estudios sobre dos de los países más grandes —México, donde se ha venido desarrollando un importante

movimiento de la sociedad civil17_{, y Brasil, particularmente interesante}

por las articulaciones existentes entre la sociedad civil, el gobierno y los

partidos políticos.18 _{Adicionalmente, un caso fundamental a incluir}

es el Colombia, donde la situación de conflicto interno, por un lado, y la aprobación de un marco legal favorable al desarrollo de la sociedad civil a partir de la aprobación de la Constitución de 1991, ha dado lugar a un significativo desarrollo de la sociedad civil y de la participación ciudadana, particularmente en relación a la promoción de la paz. No obstante, de los estudios de caso encarados por el proyecto CSI, pueden identificarse algunas tendencias generales sobre las fortalezas y debilidades de la sociedad civil en la región, en términos de las cuatro dimensiones privilegiadas por CIVICUS.

En términos de estructura, en los siete países estudiados, se evidencia en primer lugar que, fuera de las situaciones de crisis, la tendencia predominante es a una limitada pero activa participación ciudadana. Si bien los estudios revelan que, en algunos países, existe una mayor participación ciudadana, particularmente en momentos de crisis, esta no se hace sostenible y decae una vez estabilizada la situación política y económica. Por otra parte, si bien en todos los casos se detecta una gran diversidad en la sociedad civil y en el espectro de organizaciones ciudadanas, existe una evidente tendencia a un mayor desarrollo y concentración de éstas en las áreas urbanas. Una excepción notable la constituyen los movimientos indígenas, particularmente en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Chile. Los niveles de desarrollo organizativo varían en los diferentes casos y no permiten establecer una tendencia

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definida, con excepción de la predominancia de líderes fuertes, con la exclusión de algunos grupos al acceso al liderazgo de estas organiza- ciones, y la debilidad o ausencia reiterada de mecanismos de demo- cracia, accountability y transparencia interna. En lo que se refiere a las relaciones entre las diversas organizaciones de un mismo país, la tendencia evidente es a una fragmentación persistente de la sociedad civil – en general hay ausencia de mecanismos de coordinación y de comunicación horizontal, y las alianzas que se conforman general- mente son coyunturales y no logran institucionalizarse y persistir en el tiempo y más allá de la coyuntura que las justifica. Con excepción de los sindicatos y, eventualmente, los movimientos cooperativistas, existe poco desarrollo de federaciones o redes más amplias y estables, con mecanismos de democracia y monitoreo internos. Finalmente, el cuadro más preocupante para la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil es la grave carencia de recursos financieros. Si bien en algunos casos existe abundante disponibilidad de recursos humanos y capacidad técnica, la tendencia reiterada es a depender de fondos de ayuda externa o, en su defecto, del financiamiento del estado, con sus correlaciones en términos de clientelismo y cooptación. Con excepción de los sindicatos, las cooperativas, algunas organizaciones religiosas y los clubes deportivos, existen dificultades para dar sostenibilidad financiera a las organizaciones a través de las contribuciones o cuotas de sus miembros, y los vínculos con el sector privado, como veremos más adelante, son muy limitados o nulos.

En términos del entorno en el que se desenvuelven, los casos estudiados evidencian la inestabilidad general del entorno político, con excepción de Chile y Uruguay. No obstante, en todos los países las libertades y derechos civiles están claramente establecidos y no existen impedi- mentos legales evidentes para el desempeño de las organizaciones ciudadanas. Tampoco existen, en la mayoría de los casos, estímulos particulares desde el Estado para este desempeño, o marcos legales claramente establecidos. El desarrollo de los marcos legales para las ac- tividades de la sociedad civil generalmente es muy limitado, inexistente o desactualizado; no existen estímulos ni marcos para los donativos o la exención impositiva para estos o para el trabajo voluntario y, en algunos casos, existen serias dificultades y demoras para el registro legal de las organizaciones. Posiblemente, el caso más avanzado en

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Sin embargo, en los casos estudiados tampoco se evidencian contro- les excesivos sobre la ayuda proveniente de donantes externos, como actualmente está sucediendo en Venezuela y Nicaragua. El contexto socio-económico, en la mayoría de los países, no favorece el desarrollo de las OSC, que en algunos casos presentan altos índices de pobreza y de pobreza extrema, como en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Honduras. Un elemento común a todos los casos, sin embargo, es la corrupción que afecta a las instituciones del gobierno pero también, aunque en menor medida y con la probable excepción de Chile y Uruguay, a las organizaciones ciudadanas. En este marco las relaciones con el Esta- do son, en general limitadas o difíciles. En algunos casos, como el de Bolivia y el de Ecuador, parecen ser endémicamente conflictivas, de

manera que la incidencia sobre políticas públicas se hace limitada20_.

En otros, existe una evidente mejora en el diálogo que, no implica, sin embargo, una desarrollo avanzado de marcos institucionalizados para este diálogo y la interacción consecuente, o la posibilidad de una efec- tiva participación en la formulación y no sólo en la implementación de las políticas sociales, como en Argentina, Chile y Uruguay. La fórmula más avanzada parece ser los consejos consultivos de la sociedad civil en diferentes ámbitos, pero frecuentemente sin que sus decisiones sean vinculantes. Finalmente, la tendencia más resaltante en todos los casos es la muy limitada cuando no totalmente inexistente relación con el sector privado, generalmente teñida por altos grados de desconfianza mutua. De acuerdo al estudio de CSI, sólo Argentina muestra algunos avances en este sentido.

En lo que a valores se refiere, es evidente que existe una tendencia fuertemente coincidente y predominante en las OSC de la región, a privilegiar la erradicación de la pobreza. En este tema, los siete casos analizados coinciden totalmente. También existe una clara tenden- cia a coincidir en cuanto a valores vinculados a la democracia, a la tolerancia y a la no-violencia (siendo la única excepción en estos dos últimos temas, el Ecuador). Aunque no esté incluido como un valor específico entre los indicadores del CSI, en el análisis de los estudios de caso, se muestra una fuerte coincidencia en valorizar positivamente los derechos humanos, generalmente en relación al valor democracia. Los derechos humanos aparecen como un tema coincidente, con un fuerte énfasis, con la excepción de Bolivia y de Uruguay donde aparecen valorados, pero no en la misma medida. Asimismo, la coincidencia es

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evidente en torno a la defensa y protección del medio ambiente, valor compartido en todos los casos, con la excepción de Bolivia. En la misma línea de convergencia, una tendencia presente en la mayoría de los casos es la valoración de la transparencia, especialmente referida a las dinámicas internas de cada organización. Con excepción de Uruguay, donde el estudio señala que existe una fuerte transparencia interna en las actividades de las organizaciones ciudadanas, en el resto, si bien exis- te un énfasis en demandar transparencia de las instituciones estatales, este énfasis no está presente en lo referido a la dinámica interna. La equidad de género, es la que menos coincidencias evidencia. En gene- ral, no hay una especial valoración de la misma, pese al desarrollo de las organizaciones y movimientos de mujeres, lo cual se hace evidente en la ya señalada situación de dificultad de acceso de las mujeres a los puestos de liderazgo y dirección de las OSC. Sólo Argentina y Uruguay muestran valoraciones más positivas sobre este tema. Finalmente, es de señalar que si bien sólo aparece como referencia explícita en el caso de Bolivia, un indicador a considerar en el proyecto es el la de la equidad étnica y la no discriminación, particularmente teniendo en cuenta la alta composición de población indígena en sociedades como la de Bolivia, Ecuador y Guatemala y, en menor medida en Chile, donde además existen poderosos movimientos indígenas.

En relación con el impacto, la tendencia más importante a destacar y que no figura como un indicador específico del proyecto, es que la mayoría de los estudios revela un alto grado de confianza de la sociedad y de la opinión pública en relación con las OSC (pese a que con frecuencia se señala su poca visibilidad) inclusive en sociedades como Argentina y Chile donde existen altos niveles de desconfianza mutua entre individuos. Esta confianza y valoración positiva de las OSC contrasta con la limitada influencia que en todos los casos se revela en relación al Estado y a la formulación de políticas públicas. En algunos casos, como Bolivia y Ecuador, esta influencia es mínima, si no tenemos en cuenta el efecto de las movilizaciones y protestas sobre posibles cambios en el ámbito político. En estos dos casos, las relaciones con el Estado se caracterizan, como ya señalamos, por ser conflictivas. En los otros, si bien se encuentran en desarrollo, son de limitada influencia e impacto. En general, la confianza a las OSC se asocia con su capacidad de respuesta a los intereses sociales, al punto de señalarse en el estudio de Uruguay, que son más eficientes en la

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previsión de servicios, que el Estado. En este sentido, la tendencia evidente es su capacidad de satisfacer las necesidades sociales a través del desarrollo de servicios diversos. Finalmente, una tendencia que se manifiesta fuertemente en todos los casos, es que las OSC contri- buyen y cumplen, como una de sus funciones más importantes, con empoderar al ciudadano.