Teoría Institucional: la participación activa del Estado

Siguiendo el enfoque de competitividad sistémica, en el que participan diversas variables en diversos niveles, la presente investigación centra su interés en vincular a la competitividad con la variable de política tributaria o fiscal.

Haciéndose un diálogo entre la teoría sistémica y la participación del Estado, encontramos un vínculo comunicativo con la denominada Teoría Institucional, como propuesta realizada por Douglass C. North (1991) en su apartado de Teoría del Estado98, en la que categoriza la aparición de instituciones, vislumbradas como “las reglas del juego que moldean la interacción humana en una sociedad” (North. 1991). De un modo estricto, las instituciones son en sí reglas de acción, cuya función primaria es la de normar y reglar de forma coercitiva las acciones que se dan una interacción social, condicionando y dirigiendo el marco de relaciones existente en un contexto dado. Es así como también se comporta la política tributaria para los contribuyentes.

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Específicamente los artículos 75 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 97

Cabe enfatizar que para efectos de la presente investigación, ambas contribuyen a entender el objeto de estudio desde un punto de vista social e interrelacionarlo con la gestión en las organizaciones.

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Su propuesta teórica contempla tres componentes: a) una teoría de derechos de propiedad, b) teoría del Estado y c) teoría de la ideología. Su mayor obra la podemos encontrar en el texto denominado “Institucional Change and American Economic Growth”

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Para lo anterior, esta teoría materializa la participación del Estado en dos fuentes principales: formales e informales. Las primeras son materializadas en leyes, reglamentos y condiciones que tienden a regular las relaciones en la colectividad. Las segundas, identificadas a través de ideas y creencias, de igual forma que las primeras permiten crear una institución que guarda un estado de observancia y control colectivo.

El constructo denominado Institución, aparece plasmado en un sistema específico de acción gubernamental, el cual tiende a ser generalizable e impuesto en la colectividad, con la intención de un control efectivo y eficiente, definiéndose las limitaciones dentro del sistema estatal (Díaz y Urbano, 2005: 212)99. Así, dentro de las funciones del Estado como órgano recaudador de tributos100, requiere crear un sistema adecuado que le garantice tal función, que para el enfoque de la presente investigación se encuentra reflejado en un

sistema tributario.

Es así que trasladando el enfoque institucional al sistémico de la competitividad, la instrumentación que puede llegar a imponer el Estado a partir de sus acciones en el ámbito tributario merece ser analizado. El impacto que ejerce la política tributaria sobre la competitividad es relevante si también se toma en cuenta el impacto sobre los contribuyentes, por el hecho de que esta política con el afán de recaudar mayores recursos, su incorporación al contexto empresarial debe ser equilibrado y sostenible, en donde la carga tributaria no se convierta en un obstáculo político de crecimiento para los contribuyentes. Lo anterior sería el estado ideal.

En otras palabras, el diálogo entre la teoría sistémica de la competitividad y la teoría institucional parte de la existencia de un reconocimiento por parte de la competitividad de una variable externa (o sistémica) denominada política tributaria, en la que se busca una solidificación de un contexto óptimo para definir un estado competitivo, cuyo aspecto orilla que las organizaciones en su calidad de contribuyentes deban incorporar en su gestión

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Julio César Díaz Casero y D. Urbano Pulido. “Teoría Económica Institucional y creación de empresas.” Investigaciones europeas de Dirección y Economía de la Empresa 11, nº 3 (2005): 209-230.

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dicho ambiente externo para su debido cumplimiento y en su conjunto definir una ventaja competitiva para permanecer en su mercado.

Este diálogo teórico cobra vida a partir de que la organización, en la búsqueda se generar ventajas competitivas, obedece a la instrumentación institucional del Estado de acuerdo a las leyes, reglamentos y/o demás instituciones que le son concernientes en su contexto, pues de lo contrario serán sancionadas por el incumplimiento correspondiente a su falta101.

Así, la teoría institucional nos ofrece un marco importante de referencia en donde la acción tributaria del Estado se convierte en una variable teórica para definir a la competitividad desde la propia organización, cuyo análisis teórico entre dichos sujetos permite medir su grado de interacción, en donde las “reglas del juego” impuestas por un sistema tributario como parte del marco institucional, debe ser tomado en cuenta por la gestión de las empresas.

Es pues como aparece la necesidad de contar con políticas que cubran ciertos requerimientos mínimos que satisfagan a una realidad social y económica, en el que las gestiones tributarias sean parte fundamental para que la competitividad cobre un significado valioso y no obstaculice a los agentes activos en una economía.

La materialización de las políticas tributarias se encuentra contenida en un sistema tributario. Así, la búsqueda por definir sistemas tributarios efectivos y eficientes se ha convertido en una tarea central del Estado, cuyo interés en crear satisfactores colectivos no sólo deben centrarse en ello, sino que debe definirse una estructura que no merme el desarrollo económico de los agentes contributivos.

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En este punto, podríamos hacer mención de lo definido por Max Weber respecto a los tipos de dominación, en donde la denominación legal, cuya abstracción se encuentra plasmada en leyes, normas y/o mandatos debidamente legitimados.

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Partiendo de la noción de que los sistemas tributarios son extremadamente complejos (Onrubia, 2010:350)102, se detecta la problemática de que los ciudadanos desafortunadamente no puedan asumir claramente su reglamentación fiscal por diversos factores103. Es por tal, que la gran responsabilidad del Estado es crear un sistema tributario eficiente que no desensibilice al tejido organizacional.

Por tal, la participación de las organizaciones en la definición de políticas tributarias puede servir de mucho, en el sentido de que el Estado podría comprender que muchas de sus acciones en lugar de reforzar la competitividad, tienden a desalentarla, trayendo como consecuencia diversas acciones fuera de la ley104. Por lo tanto, el hecho de que una organización contemple dentro de su diseño organizacional la variable “política tributaria”

transformada en “gestión organizacional” podría servir de base para direccionar las

acciones públicas y una recaudación más efectiva105