comunidades indígenas
B. Territorio y población
El territorio es fundamental para la garantía de la vida de los pueblos indígenas como sujetos colectivos. Las cinco nacionalidades indígenas de Sucumbíos presentan serios problemas dadas las demandas insatisfechas sobre la legalidad de sus tierras. Esto es crítico, en especial para dos pueblos de asentamiento ancestral como los ai’cofán y los siona, a quienes se les ha legalizado apenas una pequeña
parte de sus tierras como propiedad colectiva (Cuadro 5.1 y Mapa 2).
Los sionas reclaman por la legalización de 40.000 has, mientras los secoyas tienen un territorio legalizado de 39.414 has, pero en un área fragmentada que facili- ta las invasiones y dificulta la preser- vación de sus recursos. Aunque és- tos han resuelto parte de la legalidad de sus territorios, son áreas fraccio- nadas y discontinuas, lo que les limita de derecho a mantener formas de vida tradicionalmente comunitaria.
La pervivencia de estos pueblos y
nacionalidades da cuenta del ejercicio de su derecho a la
existencia en plenitud y la defensa de la vida como pueblos.
Para las comunidades shuar y kichua la situación es diferente, porque si bien no se ha dado respuesta positiva a la legalización de las tierras que demandan en Sucumbíos, tienen posibilidad de abrir frontera o replegarse a provincias de origen hacia el centro y sur de la Amazonia.
Parte de los territorios indígenas están dentro de reservas naturales y son espacios en disputa entre varios actores: otros pueblos, expansión colona, empresas ecoturísticas y compañías mineras y petroleras. Ante la ausencia de controles estatales para el estable- cimiento de asentamientos y desarrollo de actividades de explotación ilegal, los pueblos demandan por legalización como su única forma de preservación territorial.
Respecto a los convenios de uso tradicional y las normas de conservación, éstos sólo se aplican a las nacionalidades indígenas que los han firmado, sin que se contemplen meca- nismos que garanticen la defensa de los territorios ante los intereses que sobre ellos se ciernen3. Así, la impunidad es una constante frente a las actividades ilegales de las empre-
sas madereras, los traficantes de fauna silvestre y la negligencia de los trabajadores de las empresas extractivistas, en el manejo de las operaciones.
La reproducción social, cultural y simbólica de la vida no sólo depende de la defensa y mantenimiento de los territorios “oficialmente reconocidos y otorgados”, sino del mane- jo de un entorno amplio del bosque amazónico. Ello tiene relación con las rutas de migra- ción estacional de fauna, los espacios de aprovechamiento del bosque y zonas de des- canso, los corredores y caños de conexión entre cuencas hidrográficas y las áreas sagradas. La presión sobre los territorios y sus recursos con el crecimiento de pasivos ambientales, incrementa los conflictos entre las nacionalidades de la provincia4, en especial en aque-
llas reservas naturales donde no existe titularidad, siendo los principales nichos de caza, pesca y recolección de muchas comunidades.
Esta situación no sólo compromete la vida colectiva de los pueblos, sino que se constitu- ye un factor adicional de riesgo frente al control territorial de grupos armados:
CERCO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Cuadro 5.1 Situación legal del territorio, según nacionalidad
Nacionalidad Siona Secoya A' cofán Kichwas (Provincias de Pastaza, Napo y Sucumbíos) Shuar
(Provincias de Morona S, Zamora C, Pastaza, Sucumbíos y Orellana).
Situación Territorio (hectáreas)
Ocupado Delimitado Legalizado Por legalizar
* Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre, incorporado al Ministerio de Ambiente.
Fuente: Aldhu con base en Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, Codenpe, 2002.
47.888 (Territorio discontinuo) - 148.907 - 900.688 40.000, en reserva faunística cuyabeno, bajo convenio de
uso con Inefan*
- - - - 7.888 39.414.5 33.571 1.115.000 718.220 40.000 - 112.000 1.569.000 182.468
3 Las comunidades deben re- portar la pesca a las oficinas del Inefan. Se exigen registros de control y cupos, y se prohíben el transito con escopeta y la re- colección de hojas de palma. 4 En la reserva ecológica Cayambe-Coca, existen con- flictos permanentes entre los kicwhas y los cofanes, pues estos últimos aún no han lo- grado legalizar el territorio. En la reserva faunística Cuyabeno, también existen conflictos en- tre kicwhas, sionas y secoyas y, con posterioridad, con los a'i cofán. En esta misma reserva, las comunidades shuar tienen conflictos con sionas y seco- yas; a los que se han sumado los a'i cofán, dada su expan- sión territorial.
No se les podía decir que se fueran, porque son gente armada y nosotros no tenía- mos ningún respaldo. Nosotros les pedimos que nos respetaran, que esas tierras no eran baldías, que la mayor parte de nuestra dieta era la caza y la pesca. Que no podíamos permitir que ellos siguieran viviendo ahí. Nos ofrecieron protección. Nos dijeron que si teníamos problemas con los militares, ellos podían llevarnos al otro lado (dirigente kichwa, comunidad de Santa Rosa, febrero 2001).
A la rigidez de las demarcaciones territoriales y a las restricciones al libre tránsito, que establecen los controles de las empresas petroleras sobre sus áreas de influencia se su- man la militarización de trochas, carreteras, ríos y centros poblados. Sobre las rutas de acceso al bosque y de intercambio con grupos de parentesco se cruzan las de tráfico de insumos y abastecimiento a la guerrilla y los paramilitares, poniendo en continuo riesgo la seguridad de las comunidades. A esto se agregan las coacciones del Ejército, con mayor injerencia dada la delimitación de áreas reservadas temporales en territorio de frontera. En este contexto, la alteración de la vida cotidiana de las comunidades se expresa tanto en la restricción al tránsito de sus territorios, como en la limitación para el uso de armas para la caza, el impedimento a que los niños asistan a la escuela5, o vayan a los esteros y
ríos. Además de la propia inseguridad en las rutas fluviales, caminos y carreteras en deter- minados trayectos y horas.
5 Las dos direcciones de educación intercultural bilin- güe -que agrupan, por un lado, a kichwas y shuar y, por otro, a sionas, secoyas y cofanes- vi- ven una crisis generalizada que pone en riesgo las posibilida- des educativas de niños y jó- venes. Por otra parte, la situa- ción más grave se presenta en las zonas adyacentes a los ríos San Miguel y Putumayo, don- de los estudiantes se niegan a asistir a clases por los enfren- tamientos entre el Ejército co- lombiano y grupos subversivos que ingresan en la zona; los maestros abandonan sus es- cuelas por la inseguridad y por la baja bonificación que reci- ben, optando por buscar tra- bajo en las petroleras, el pe- queño comercio y, en muchos casos, los cultivos cocaleros del otro lado de la frontera (Aldhu, informes internos de trabajo de campo, 2003).