Tomas y Ocupaciones

El M-19 utilizó como táctica de visibilización la ocupación simbólica y la toma armada de instituciones públicas y diplomáticas. La ocupación se diferencia de la toma armada, por cuanto la ocupación se caracterizaba por ser rápida, audaz y sorpresiva, el ritual de la

143 acción estaba dado por la recurrencia a símbolos nacionales y por dejar siempre proclamas en las que se expresaba el ideario y los objetivos de la acción.

La toma se caracterizó por ser armada, con un carácter de permanencia y con la búsqueda de objetivos políticos claros. Los fines políticos se presentaban como presión de demandas armadas ante el gobierno, con el propósito de forzarlo a ceder.

La toma de mayor difusión fue la embajada de República Dominicana, sin embargo el M- 19 ya había ocupado previamente otras instituciones públicas y diplomáticas. El día de su lanzamiento ocupó el Concejo de Bogotá, realizó proclamas verbales. Luego en abril de 1978, ocupó el Museo Jorge Eliecer Gaitán y dejó una ofrenda floral. En mayo de 1978, en solidaridad con la lucha del pueblo Nicaragüense, un comando del M-19 ocupó la embajada de Nicaragua. En agosto de 1979, ocupó la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta y volvió a realizar una acción simbólica, ya que se robó el bastón de mando del Libertador Simón Bolívar. El 7 de agosto de 1982, vuelve a realizar una ocupación simbólica, al ocupar la Casa de Bolívar, pintar consignas en las paredes y conversar con los asistentes. Como es recurrente en este tipo de casos, la figura de Bolívar es determinante en la generación del símbolo, al tomar el ideario bolivariano, pretender enmarcar su lucha revolucionaria en los presupuestos de la lucha independentista del siglo XIX y hacerse agentes del proceso bolivariano, como un proceso político inacabado.

La toma de la embajada de la República Dominicana es uno de los hechos histórico – políticos de mayor trascendencia informativa que han acontecido en Colombia. Haciendo la revisión de prensa se observó la magnitud noticiosa del acontecimiento, llegando a alcanzar 26 titulares por día38. Tuvo un cubrimiento permanente por parte de la prensa local e internacional, la cuál se congregó en un asentamiento frente a la Embajada de la República Dominicana, al cuál se denominó “Villa Chiva” (Arango, 1984: 3), esto permitió obtener noticias minuto a minuto y responder de manera constante a la demanda informativa que se requería.

38 _{Ver Anexo 1 Noticias Toma Embajada República Dominicana El Tiempo. Primer Mes. Febrero 28-Marzo}

27 de 1980. Anexo 2 Editoriales Toma Embajada República Dominicana El Tiempo. Anexo 3 Editoriales Toma Embajada República Dominicana El Espectador. Anexo 4 Cuantificación Temática Editoriales Febrero 28- Abril 30 de 1980 (El Tiempo) Anexo 5 Cuantificación Temática Editoriales Febrero 28- Abril 30 de 1980 (El Espectador)

144 La toma de la embajada se realizó el miércoles 27 de Febrero de 1980, a las 11:30 a.m. Un grupo de hombres y mujeres, incursionaron en la sede de la Embajada de República Dominicana, con el objetivo de realizar un asalto armado, que correspondía con la Operación Democracia y Libertad, liderada por el Comandante Uno, Rosemberg Pabón, quien en horas de la tarde estaría manifestando públicamente las condiciones que imponían al gobierno para liberar los rehenes y atribuía el hecho a “la organización político militar M-19” (Fajardo, Roldán, 1980: 11). La condición inicial fue la retirada total e inmediata de la tropa que cercaba la Embajada, como única manera de garantizar la vida de más de 50 rehenes. La segunda condición, fue la liberación de todos los presos políticos; la tercera consistía en la entrega de 50 millones de dólares y la cuarta era la publicación de un manifiesto del grupo guerrillero en la prensa nacional e internacional (Fajardo, Roldán, 1980: 11).

Ese mismo día el gobierno nacional, en cabeza de Turbay Ayala inició las acciones correspondientes para iniciar un acercamiento con el grupo guerrillero que tenía en su poder a embajadores, delegados diplomáticos, mujeres y hombres que en el instante de la toma participaban como invitados o eran trabajadores en la Fiesta Nacional de la República Dominicana39.

La toma duró 61 días. El M-19 logró con esta operación no sólo su reconocimiento y visibilización, sino que logró posicionar el tema de las violaciones a Derechos Humanos en Colombia40, ante la comunidad internacional. El balance de la operación fue positivo, alcanzaron sus demandas iniciales, aunque no lograron liberar sus presos políticos, lograron centrar la atención de la opinión pública nacional e internacional. Posicionar a la mujer combatiente como interlocutora de una guerrilla ante el gobierno nacional y

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Entre los 17 embajadores tomados como rehenes, se resalta: el embajador de los Estados Unidos en Colombia, el embajador de Costa Rica en Colombia, el embajador de México en Colombia, el embajador del Perú en Colombia, el embajador de Venezuela en Colombia y el Nuncio Papal.

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El gobierno nacional tuvo que reconocer que existían “distintas formas de torturas „todas ellas clasificables dentro de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que definen las Naciones Unidas‟”40, para 1981 la Procuraduría delegada para las fuerzas militares, investigó más de 300 casos de torturas, la mayoría interpuestos por integrantes del M-19 y se habían adelantado 1.584 detenciones de militares que habían cometido conductas delictivas y violaciones a los derechos humanos. (El Espectador, 20-IV-1980: 2A), (El Tiempo, 24-I-1981: 11A) Más de 300 casos por torturas investigó la Procuraduría delegada para las Fuerzas Militares.

145 expresar ante el país su interés en la democracia y en la posibilidad para la salida negociada al conflicto.

La toma de la embajada por parte del M-19, no fue un hecho aislado dentro del modo de operar de las guerrillas del momento, de hecho en el Diario El Espectador se hablaba de “la moda de la invasión violenta de embajadas” (El Espectador, 28-II-1980: 2A). Se puede observar que el M-19 calcó tácticas de guerra y las amoldó a su forma de operar.

La Toma del Palacio de Justicia denominada Operación Antonio Nariño, por los derechos

del hombre, fue realizada por la compañía Iván Marino Ospina, que era dirigida por Luis Otero (Behar, 1985: 405), tenía bajo su mando a 35 personas (Behar, 1985: 405), entre hombres y mujeres, que ocuparon el palacio el 6 de noviembre de 1985.

La Operación Antonio Nariño, tuvo como objetivo realizar un juicio público al presidente de la república (Gómez, Herrera, Pinilla, 2010: 311), por el incumplimiento de los acuerdos de tregua, cuestionándole su voluntad de negociación con la guerrilla del M-19. En la declaración que llevó esta guerrilla dirigida a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, se justificaba la ocupación así:

“Estamos aquí como expresión de patria y de mayorías para convocar a un juicio público contra el gobierno del presidente Belisario Betancur. Lo acusamos de traición a la voluntad nacional de forjar la paz por el camino de la participación ciudadana y la negociación, al que se comprometiera mediante el acuerdo de cese al fuego y Diálogo Nacional, el 24 de agosto de 1984” (Diario 5pm, 17-IX-1987: 3) El M-19 realizó esta ocupación, porque concebía que el gobierno colombiano y el Congreso de la República, estaban dando muestras de negligencia, agravada por la mala fe y traición a la voluntad general (Diario 5pm, 17-IX-1987: 3)41. La toma se realizó a las 11:40 de la mañana y se extendió hasta el 7 de noviembre, el M-19 no alcanzó a contemplar previamente la posibilidad de una retoma a sangre y fuego, que significaría no sólo la derrota de su operación, sino la tragedia para el país, registrada por los medios de comunicación. El desenlace de la retoma acaeció una violación desmedida a los derechos humanos y la destrucción total del Palacio de Justicia (Maya, 2006).

146 El M-19 no tuvo oportunidad de dialogar (Behar, 1985: 406), quiso replicar el caso de la embajada de República Dominicana, y en el caso del Palacio quedó sometido a la fuerza de las armas. El ejército actuó sin contemplación, a los continuos gritos de cese al fuego de los rehenes, no respondió positivamente, y de hecho en el momento que los guerrilleros tuvieron contacto con el Noticiero Todelar (Behar, 1988: 171), se logró escuchar la súplica de Alfonso Reyes Echandía42 por un cese al fuego, pero el ejército se puso en contacto con la Ministra de Comunicaciones y ordenó que se suspendieran las transmisiones públicas que hacía este medio informativo. De inmediato se inició la censura (Behar, 1988: 173-174).

El desenlace fatal de la toma al Palacio de la Justicia, arrojó un balance aproximado de cien muertos, pues los medios registraron diferentes cifras, y se deben contar las cifras de desaparecidos y de personas torturadas como fue el caso de Andrés Almarales, guerrillero del M-19, quien dirigió la toma; a quien testigos vieron salir con vida de Palacio, y al día siguiente lo encontraron asesinado y torturado dentro del mismo Palacio. Este costo político, social y moral tuvo que asumirlo el M-19, lo recibió como el momento de más baja popularidad dentro de toda su historia (Aguilera, 2009: 232).

Con esta acción pretendía vincular no sólo la atención de la opinión nacional e internacional generando un hecho político, que se le invirtió militarmente, se le salió de las manos y produjo un siniestro para el país y no sólo para la organización guerrillera. El M- 19 actuó “tomando elementos de la racionalidad de la „justicia burguesa‟, pero sin renunciar a la lógica de la „justicia revolucionaria‟” (Aguilera, 2009: 269), y cierra con este hecho el ciclo de lo que significó la justicia retaliadora para esta organización armada.

Otty Patiño plantea que el M-19 no contaba con la razón política en el momento que desarrolló la toma del Palacio (Becassino, 1989: 183). Creían que Belisario tenía más poder, y nunca contemplaron la posibilidad del golpe de estado que dieron las fuerzas militares durante un par de horas. Antonio Navarro coincide con esta apreciación, y hace relevante que esta operación, más allá de ser un desacierto militar, fue más que todo un desacierto político (Becassino, 1989: 204).

147 Adicionalmente a estos balances se le suman los hallazgos de la Comisión de la Verdad, de la Corte Suprema de Justicia, en donde se vincula directamente al narcotráfico y a Pablo Escobar como promotor de esta acción. Según la comisión de la verdad, el M-19 tuvo conexión con el Cartel de Medellín para el desarrollo de esta operación armada (Gómez, Herrera, Pinilla, 2010: 320) y según testimonios obtenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad, al M-19 le fue entregado armamento y dos millones de dólares, a cambio de obstruir la aprobación de la ley de extradición y calcinar los procesos judiciales que se estaban adelantando contra los narcotraficantes (Gómez, Herrera, Pinilla, 2010: 314).

Sin embargo, existen publicaciones que contradicen el Informe presentado por la Comisión de Verdad (Atehortúa y Vélez, 2005: 114), y plantean la existencia de vacíos y contradicciones entre la versión de Carlos Castaño, en su libro Mi Confesión, y las declaraciones dadas para la Comisión de la Verdad, por John Jairo Velásquez, alias “Popeye”, hombre de confianza de Pablo Escobar. Una de las posiciones más radicales, que pretende desvirtuar el nexo entre el M-19 y el narcotráfico, es presentada por Adolfo León Atehortúa y Humberto Veléz Ramirez, en su libro ¿Qué pasó en el Palacio de Justicia? Este es un tema aún irresuelto en la historia de Colombia.

La toma del Palacio de Justicia, se inició como una acción retaliadora, se planificó bajo la complejidad de las alianzas que se generan en el marco del conflicto armado colombiano, y se resolvió bajo los excesos de las fuerzas militares. El balance de esta acción ofensiva urbana, es desde todos los ángulos un desastre. El cubrimiento mediático sobre este hecho, logró revertir el respaldo y las simpatías que se tenían sobre el M-19, en ciertos sectores de la sociedad colombiana.