La equidad es un principio comparativo, un criterio sobre la situación que la persona o grupo de personas ocupan en relación con los demás (Peter & Evans, 2002). El concepto de equidad en salud planteado por Whitehead (1990) y adoptado por la OMS, se define como la situación en la que todo individuo tenga oportunidades imparciales para lograr su plena potencialidad en salud, y en forma más pragmática, que no esté en condición de desventaja o discriminación para alcanzar ese potencial.
El punto clave de esta definición es la condición de desventaja o discriminación en las oportunidades para el desarrollo de las potencialidades de salud que cada cual tiene. Whitehead (1994) ha propuesto definir en un plano más concreto, las inequidades en salud como aquellas desigualdades que son injustas, evitables y se rigen por procedimientos imparciales. Una situación de desigualdad que no es necesaria, que es evitable y que es causada por discriminaciones o tratamientos preferenciales es injusta por lo tanto inequitativa.
Para Paula Braveman y Sofía Gruskin (2003) la equidad en salud es la ausencia de desigualdades sistemáticas en salud y en sus determinantes entre grupos con diferente nivel de ventajas o desventajas sociales en cuanto a riqueza poder y prestigio. Pragmáticamente, para la medición, es la ausencia de diferencias en salud entre los grupos menos y más favorecidos.
Las desigualdades en salud reflejan las diferencias de salud entre grupos, con independencia de cualquier posible valoración sobre la justicia de estas. La calificación de injusticia implica una valoración de si las desigualdades son o no evitables, así como la aplicación de conceptos más complejos de justicia distributiva a la salud. (Evans, Whitehead, et al. 2002).
Se identifican como injustas las desigualdades de clase, género, raza, región o de otro tipo que se originan en la estructura básica de la sociedad y que parecen ser consecuencia de la división social del trabajo que beneficia solo a los grupos más acomodados a expensas de los más desfavorecidos. Injustas porque se deben a una división del trabajo en la sociedad que coloca a determinados grupos en desventaja no solo social, económica y política, sino también en lo referente a las posibilidades de conservar la salud. (Peter & Evans, 2002).
Aunque en todas las sociedades existen disparidades de salud entre los grupos, es indispensable decir que estas pueden ser modificadas mediante políticas específicas: no son inevitables. Requiere esfuerzos enfocados a reconocer las inequidades en salud como un reflejo crítico de la injusticia social para promover la distribución de la salud como un aspecto esencial y legítimo de la política sanitaria. (Evans, Whitehead, et al 2002).
En relación con el género la equidad en salud implica vincular las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres en torno a la distribución de poderes, recursos y responsabilidades dentro de la sociedad con las características de
accesibilidad, financiamiento y gestión del sistema de salud. (Gómez-Gómez, 2002).
El género es mucho más que relaciones socializadas entre los individuos. Es una forma esencial de estratificación social que determina un acceso desigual a los recursos. Existen diferencias sistemáticas entre los géneros en cuanto a ingreso, recursos y beneficios. Estas incluyen la división del trabajo dentro de la familia y fuera de esta, los niveles de educación o de asistencia sanitaria recibida y las libertades que le permite disfrutar. La equidad entre los géneros, incluida la equidad en salud, es contingente de la imparcialidad de la distribución de los recursos, los beneficios y responsabilidades entre hombres y mujeres. (Ostlin, George, & Sen, 2002)
Las inequidades que existen en la división sexual del trabajo y del poder en la sociedad se reflejan en las desigualdades injustas e innecesarias entre hombres y mujeres en cuatro ámbitos (Gómez-Gómez, 2001):
El estado de salud
El acceso a la atención de acuerdo con necesidad
El financiamiento de la atención de acuerdo con la capacidad de pago La distribución de los recursos, las responsabilidades y el poder en la
gestión de la salud.
Este último el menos explorado. Las mujeres son las principales gestoras y proveedoras de atención dentro de la familia y de la comunidad. Más del 85% de la atención en salud ocurre fuera de los servicios formales y es provista por mujeres en el hogar y la comunidad.
Pese a esta contribución en la producción de salud, las mujeres tienen una posición de desventaja dentro del sistema de salud porque predominan en los
escaños de más baja remuneración y prestigio, permanecen sub-representadas en las estructuras de poder y desempeñan sin remuneración el trabajo informal de promoción y atención de la salud en la familia y comunidad. (Gómez-Gómez, 2001).
Además la formulación de políticas de reducción de costos, eficiencia y descentralización esconden profundos sesgos de género porque implican transferencias de costos de la economía formal a la del trabajo no remunerado de las mujeres. Con la intención de reducir costos y disminuir estancias hospitalarias se ha contado con que las familias pueden prestar los servicios que en otros escenarios brindan profesionales de salud. Para esto se cuenta con la elasticidad infinita y gratuidad del tiempo de las mujeres, con la expectativa que siempre están dispuestas, disponibles y moralmente obligadas para proveer asistencia en el hogar a las personas dependientes.
En las políticas y normas gubernamentales no se tiene en consideración el impacto que las expectativas de gratuidad, disponibilidad y obligación del tiempo sobre la situación de empleo y remuneración, y sobre el desgaste físico y emocional de las mujeres. Ausente también está la consideración de estructuras de apoyo para la provisión de atención en el hogar. Y mucho más ausente una consideración a la eficiencia y la sostenibilidad que este tipo de acuerdos traerá a largo plazo. (Gómez-Gómez, 2001).
El conocimiento profundo de los factores sociales y biológicos que provocan las desigualdades de género relativas a la salud y de la forma que éstas reflejan y mantienen la discriminación social, es un requisito indispensable para que los responsables políticos puedan corregir de manera más efectiva las diferencias de salud entre hombres y mujeres (Ostlin, George, & Sen, 2002).
La equidad de género en la salud depende de la imparcialidad de la distribución de recursos destinados a promover la salud, los beneficios y las responsabilidades entre los sexos. Alcanzarla requiere de la garantía política de que hombres y mujeres serán tratados de igual manera si comparten las mismas necesidades, a la vez que se reconocerán las necesidades diferentes que requieren atención y deberán ser tratadas de manera equitativa (Ostlin, George, & Sen, 2002).
De manera particular, en relación con la gestión de la salud, la equidad exige fundamentalmente que las responsabilidades y el costo real de la provisión de atención, sean explícitamente confrontados y justamente distribuidos entre hombres y mujeres y entre la familia, la comunidad, el Estado y el mercado.