MARTÍN
El CDH expuso en la mesa “La Trata como
Problemática Social”, en la cual se abordaron
las cuestiones sociales y económicas que coadyuvan para la captación de víctimas en situación de mayor vulnerabilidad y las obligaciones estatales ante ellas. En dicha oportunidad, se presentaron además los indicadores producidos por el CDH en Registro
Estadístico sobre de Trata de Personas y asistencia a sus víctimas en la CABA.
La exposición se realizó en el marco del Primer
Encuentro Internacional: “Unidxs contra la
Trata y Esclavitud Moderna. Grandes desafíos: Paz, inclusión y ética en protección a víctimas”, organizado por el Programa de
Estudios, Formación e Investigación sobre Trata de Personas y Explotación de la Universidad de San Martín.
En el evento, estuvieron reunidos activistas nacionales e internacionales, académicas y sobrevivientes del delito de trata de personas con el objetivo de aportar contribuciones a partir de la experiencia para el combate contra la trata y la esclavitud moderna y elevar las investigaciones realizadas a los organismos nacionales e internacionales para acciones y proyectos futuros.
Además se discutieron los principales obstáculos para el perfeccionamiento de las políticas públicas de prevención, persecución penal a los responsables y la asistencia a las víctimas, con la voz protagónica de aquellas personas que han sobrevivido al delito de trata de personas.
Asimismo, se destacó la importancia de ampliar el acceso a la justicia de las víctimas de trata, en particular de las mujeres, para que puedan ejercer plenamente sus derechos y obtener una reparación integral. En tal contexto, se resaltaron algunos avances respecto de la reparación económica de las víctimas en sede judicial, lo que todavía debe ser reforzado a partir del accionar de los actores involucrados.
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ACCESO A JUSTICIA
El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental de todo ser humano y ha sido consagrado en una diversidad de instrumentos internacionales.
Sin embargo, el ejercicio de este derecho en la práctica cotidiana puede verse impedido por la existencia de distintos obstáculos normativos, sociales o económicos que imposibilitan que una persona que sufre la vulneración de sus derechos pueda ejercer debidamente su derecho de defensa en juicio y obtenga un remedio judicial idóneo. Cabe observar que estas dificultades se agudizan aún más cuando la pobreza y la indigencia se encuentran presentes.
Respecto de estos casos de extrema vulnerabilidad social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado acertadamente en su Informe sobre “El acceso a la Justicia como garantía de los
Derechos Económicos Sociales y Culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” la
importancia no sólo garantizar un patrocinio gratuito sino también de “… reforzar los
dispositivos comunitarios al efecto, a fin de facilitar a estos grupos el acceso a instancias judiciales de protección y a una mayor difusión de información sobre los recursos dentro del sistema de justicia y sobre sus derechos”.
Cabe destacar que la dificultad que tienen los sectores más vulnerables de la sociedad para acceder a la justicia generó que en la Cumbre Judicial Iberoamericana, en 2008, se dictaran
defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables.
Las Reglas de Brasilia establecen las diversas causas de vulnerabilidad y señala, entre otras, la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad (Regla 4), dentro de los particulares contextos de desarrollo económico y social de cada país. Posteriormente se ha incluido la vulnerabilidad de los involucrados en el derecho a la vivienda, a la población sin techo y a aquellos que viven en barrios sin regularización o no urbanizados. Estas reglas han sido revisadas y actualizadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2018.
En el mismo lineamiento, la Agenda 2030 trajo a colación como uno de sus pilares fundamentales garantizar el acceso a la justicia. Así, el Objetivo de Desarrollo Sostenible nro. 16 establece que tiene por fin “promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.
En este sentido, el acceso a la justicia en el marco de la Agenda 2030 implica remover los obstáculos sociales, económicos y culturales que obstaculizan el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos a través del respecto del debido proceso legal y de la creación de mecanismos territoriales de acceso a la justicia
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El Programa de Patrocinio Jurídico Gratuito y Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables -creado por Disposición nº 81/17- tiene por objetivo principal facilitar a los habitantes de los barrios carenciados y de las villas de emergencia de la Ciudad el debido acceso a la jurisdicción, a partir de una perspectiva territorial de abordaje de las situaciones de vulnerabilidad.
La puesta en funcionamiento de este programa comenzó en la villa 1.11.14 del Bajo Flores, a partir de la celebración de un Convenio de Colaboración entre la Defensoría del Pueblo y el presbítero Gustavo Carrara, párroco de la Parroquia Santa María Madre del Pueblo. Con la concreción de este convenio de colaboración se pretendió crear un puente que permita el real y efectivo acceso a la justicia de los habitantes de las villas y los barrios carenciados aledaños.
A través del Programa se brinda patrocinio jurídico y asesoramiento legal gratuito e integral en toda materia ajena a la competencia penal. Las temáticas abordadas por este programa se relacionan en su mayoría con la materia civil, con preponderancia de las situaciones vinculadas a las relaciones de familia. Asimismo, en el marco del programa se abordan problemáticas relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de los grupos vulnerados. Tal abordaje se materializa a través de la interposición de acciones judiciales individuales mediante las cuales se persigue el restablecimiento del derecho vulnerado (derecho a la salud, acceso a la vivienda, protección contra la discriminación, entre
Entre los factores asociados a un mayor riesgo de ser víctima de violencia de género figuran un bajo nivel de instrucción, el hecho de haber estado expuestas a escenas de violencia entre los progenitores, el maltrato durante la infancia, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género. La manifiesta desigualdad entre mujeres y hombres en cuanto a los roles, los derechos y las oportunidades, junto con las actitudes y las normas sociales que toleran o naturalizan esta violencia, han convertido esta situación en un problema constante, aunque evitable. Para que el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas pueda hacerse realidad se requieren leyes que protejan a las mujeres y castiguen a los perpetradores, políticas que ayuden a reconstruir las vidas de las mujeres y medidas de prevención integral de aplicación temprana.
En el ámbito del CDH se creó, mediante Disposición nº 82/17, el programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito en materia de Violencia de Género, a fin de que pueda erigirse en una herramienta que coadyuve al abordaje integral de esta problemática y como un instrumento esencial en la tutela de los derechos de las mujeres y en la lucha por la erradicación de la violencia contra ellas.
Los ejes del programa son brindar acceso a la jurisdicción y un acompañamiento integral a las víctimas.
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ROGRAMA DE PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO Y ACCESO A LA JUSTICIA DE GRUPOS VULNERABLESP
ROGRAMA DE ASISTENCIA Y PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO que contribuyan a resolver de forma más eficazlas controversias.
Sin acceso a justicia es imposible reducir las desigualdades y, más aún, poner fin a la vulneración de los derechos de las personas.