Los vacíos institucionales Del presidencialismo meta-constitucional al poder salvaje

Ante la ausencia del poder monolítico que concentraba la figura presidencial durante el régimen autoritario, México carecía de procedimientos de regulación para la nueva realidad política. La necesidad de crear instituciones que permitieran procesar el conflicto y posibilitaran la construcción de espacios comunes para facilitar la eficiencia del gobierno, se hacía evidente en la medida en que los vacíos de poder eran cada vez mayores.

Tales espacios debían ser regulados por una nueva institucionalidad para la democracia. De lo contrario, en lugar de un régimen con centros de poder equilibrados, podían surgir fenómenos políticos no compatibles con los valores liberales de la democracia, entre ellos, la llamada mediocracia, entendida como la captura de los intereses públicos por parte de los intereses particulares de las

empresas de comunicación; la plutocracia, que ubica al poder económico como

criterio definitivo del poder político; y la feudalización del autoritarismo, en la que los gobernantes de los estados y municipios carecen de equilibrios políticos y controles ciudadanos mínimos17.

Ante la atomización del poder, los partidos políticos debían ser, en teoría, la forma natural de organización que permitiera materializar el ejercicio de la soberanía popular sobre los intereses particulares. Sin embargo, la forma en que los partidos habían sido dotados de recursos y la oportunidad que sus élites veían ante el debilitamiento de la presidencia y del partido hegemónico, producirían un fenómeno en el que no necesariamente se competía por la

17 _{A tales poderes podrían sumarse el crimen organizado, el narcotráfico y las presiones de actores internacionales,}

legitimidad de la representación de los ciudadanos, sino por los recursos económicos y políticos del Estado, antes controlados por las figuras del régimen autoritario.

La forma de ejercer tales recursos dependerá del nivel de participación que tengan los ciudadanos sobre el nuevo poder. De ahí puede configurarse un modelo elitista, en el que la participación ciudadana se reduce al plano electoral o un modelo en el que los derechos sean garantizados a través de un esquema que posibilite la participación y el control ciudadano de los partidos en un sentido amplio; es decir, sobre la transparencia de los recursos económicos que utilizan, sobre la forma en que designan a los candidatos y, en general, sobre el modelo por el cual toman decisiones respecto a su posición ante el poder.

La cuestión no es menor, pues en la medida en que los partidos políticos ofrecen mayores posibilidades de representatividad y expresión a los ciudadanos, el poder privado puede ser limitado y controlado de una forma plural, a diferencia del esquema discrecional que primaba durante el régimen autoritario. Si los ciudadanos no cuentan con tales mecanismos, los partidos pueden llegar a formar parte de un modelo en el que sus burocracias persiguen intereses cuasi-privados que les posicionan en un nivel muy similar al de los llamados poderes fácticos o salvajes. Contrario al razonamiento de corto plazo que pudieran tener algunos dirigentes partidistas, la incorporación de la ciudadanía en las decisiones de los partidos políticos fortalece su legitimidad y les refuerza para enfrentar las circunstancias de competencia política con los entes privados, les ubica en una categoría plenamente diferenciada.

La consolidación de un sistema de partidos puede considerarse como un elemento fundamental para la democracia, siempre y cuando el marco institucional establezca los recursos de equilibrio necesarios para regular su poder. Del mismo modo, deben existir válvulas que posibiliten la renovación constante para que la relación entre instituciones y actores no se vea distanciada de forma turbulenta.

Los partidos deben encontrar métodos para democratizar sus estructuras, ya que la tendencia a consolidar su poder, puede implicar la reducción del pluralismo en su interior. Si no se llevan a cabo las reformas necesarias para poder lograrlo, los partidos, más que cumplir con un interés público, corren el riesgo de convertirse en burocracias que limitan la participación de los actores o el surgimiento de otros partidos, en élites que reproducen las prácticas autoritarias del pasado.

En México, la liberalización produjo la creación de un sistema de partidos que garantizaba la participación de distintas fuerzas en la arena política con posibilidades reales de gobernar y representar a los ciudadanos. La cuestión radica en la forma en que los partidos ejercen el poder y la manera en que presentan sus planteamientos a los ciudadanos. Debe recordarse la diferencia entre pluralidad y pluralismo. Pueden existir muchos partidos, pero ello no implica que haya una multiplicidad de opciones. Para que éstas existan, debe haber una diferenciación entre las distintas alternativas al momento en que el ciudadano vota, pero también una dimensión cualitativa que le permita integrarse a un proyecto político coincidente con la defensa de sus derechos y aspiraciones.

El objetivo a continuación será determinar de qué forma, ante la ausencia de las reglas discrecionales y concentradoras del régimen autoritario, los partidos han actuado en la nueva configuración del poder. La tarea es relacionar críticamente la ausencia de un régimen institucional de Estado democrático con la forma en que los partidos políticos han podido controlar recursos y espacios de poder a partir de su creación.

Para ello, es importante revisar primero las características que se considerarán como claves para determinar si efectivamente los partidos políticos en México pueden ser claramente diferenciados de otras entidades. Lo que se busca es determinar algunas de las problemáticas que les distancian de su concepción teórica y en qué sentido se acercan a modelos que analizan las características negativas de los partidos.