1.1.3.1 Código Orgánico Monetario y Financiero
El pasado 24 de julio del 2014, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero, el cual tiene como objetivo regular los sistemas monetario y financiero así como los regímenes de valores y seguros del país para evitar futuras
crisis económicas como la ocurrida en el salvataje bancario del año 1999, colocando al ser humano por encima del capital. Su aprobación, trae consigo un impacto considerable no solamente para las instituciones que se encuentran en el sector de intermediación financiera y seguros, sino también para las organizaciones no relacionadas con esta actividad económica, puesto que por la naturaleza reguladora de la ley y la indivisibilidad de la cadena productiva, esto es banca, industria, comercio y servicios, la afectación de un sector también genera perjuicio en el resto lo que puede ocasionar un deterioro de la salud de la actividad económica en el país si las regulaciones para las instituciones dentro de esta rama son extremadamente fuertes. Los principales puntos de la ley que generan controversia a nivel empresarial son los siguientes:
La conformación de la junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera por las facultades que posee, que engloban todos los ámbitos del sector financiero, lo cual puede interpretarse como una concentración de poderes. Sus atribuciones son entre otras establecer niveles de crédito a las instituciones financieras, dirigir la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera incluyendo la de seguros y valores; establecer normas para los pagos y transferencias y regular el crecimiento de las instituciones financieras (Asamblea Nacional, 2014)
Tomando en cuenta la importancia del crédito en la economía de un país al dinamizarla, su desestimulación es otro temor que mantiene el sector empresarial, por la capacidad de la junta de establecer reservas mínimas y requerimientos patrimoniales y de liquidez, entre otras, a las instituciones jurídicas que no son parte del sistema financiero y que realizan operaciones de crédito por sobre los límites determinados, esto podría generar que aquellos individuos que no cumplen con la calificación y requisitos necesarios para ser objeto de crédito no estén en la capacidad de adquirir bienes y servicios en las casas comerciales como electrodomésticos, ropa y muebles, con lo que se complicaría el acceso a este instrumento (Revista Líderes, 2014)
En otro aspecto, con el presente código monetario existe un desincentivo hacia la apertura de sucursales de la banca extranjera en el país por lo mencionado en el numeral 7 del artículo 181 que obliga a renunciar expresamente a la reclamación por la vía diplomática y a reconocer que los derechos establecidos en cualquier tratado comercial o de protección de inversiones no limitan las facultades reguladoras del estado y la imposición de sanciones. Esta medida, afecta al sector productivo al impedirle el acceso a financiamiento de largo plazo (Revista Líderes, 2014)
1.1.3.2 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
La presente legislación aprobada en el año 2013, nace con el objetivo de potenciar, impulsar e incentivar la producción de mayor valor agregado, así como generar las condiciones favorables necesarias para incrementar la productividad que promuevan la transformación de la matriz productiva, generando empleo de calidad, y un crecimiento sostenible (Asamblea Nacional, 2010)
La necesidad del país por cambiar su matriz productiva, así como la dependencia de exportación de productos no tradicionales con alto valor agregado hacia nuevos mercados, han originado la ejecución y aprobación del presente código, que plantea diversos beneficios para las empresas nacionales incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), los cuales son presentados a continuación:
La ley obliga a las instituciones públicas a incluir en sus adquisiciones a las MiPymes, así como otorgarles de manera oportuna toda la información necesaria para participar en los concursos públicos, para esto le otorga al Instituto Nacional de Contrataciones Públicas la facultad de llevar registros actualizados del número de compras realizadas a este sector productivo. Esta medida fue planteada con el objetivo de permitir un crecimiento y
desarrollo económico de estas organizaciones y de generar fuentes de empleo y aumentar los niveles de ocupación en la población. Para finales del 2013, del total de más de USD 6.000 millones en adquisiciones, el 23% correspondió a las microempresas, el 18% a la mediana empresa, el 18% a la pequeña y el 39% a la grande empresa (Rosero, 2014)
En relación a la promoción y fomento de las exportaciones, el código monetario plantea varias opciones siendo las principales: el derecho a la devolución del impuesto al valor agregado pagado localmente por la compra de bienes y servicios empleados en la fabricación de bienes y servicios de exportación, el derecho a la devolución condicionada de impuestos pagados en la importación de materias primas añadidas a los bienes de exportación, facilitación financiera y hasta asistencia en áreas como información, capacitación, desarrollo de mercados y formación de consorcios. Estás normas son muy acertadas, puesto que para tomar la decisión de vender sus productos en otros mercados internacionales, las MiPymes necesitan de asistencia y soporte de manera que la exportación pueda ser realizable.
El seguro de crédito a la exportación también es una política adecuada que se plantea en la ley, por estar dirigida a cubrir los riesgos de no pago de los montos de los bienes y servicios
exportados, con esto, tanto el pequeño como el grande empresario no va a tener miedo de conquistar otros mercados, lo que generará un ambiente de confianza y seguridad.